martes, 11 de septiembre de 2018

CONSEJO DE ESTADO HACE IMPORTANTES ACLARACIONES SOBRE BASE DE LIQUIDACIÓN PENSIONAL PARA SERVIDORES PÚBLICOS


La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado determinó que los factores salariales que se deben ser incluidos en el ingreso base a la hora de realizar una liquidación para la pensión de vejez de los servidores públicos, son los valores sobre los que se hayan efectuado aportes o cotizaciones en el sistema de salud.  Esta determinación opera para el régimen de transición, según el inciso 3º. del artículo 36 de la Ley 100 de 1993.

Una sentencia de unificación proferida el 4 de agosto de 2010 en la que se ordenó la inclusión en el IBL, Ingreso Base de Liquidación, contemplando todos los conceptos devengados por el servidor, se hubiera cotizado sobre ellos o no, había sido una tesis sostenida por la Sección Segunda del Consejo de Estado, pero con esta determinación o pronunciamiento se deja en claro la rectificación.

La sentencia, con ponencia del consejero César Palomino Cortés, precisa que “el nuevo criterio pretende garantizar la debida correspondencia que en un sistema de contribución bipartita debe mantener entre lo aportado, lo que el sistema retorna al afiliado y el aseguramiento de la viabilidad financiera del sistema”.

El IBL hace parte del régimen de transición y opera para las personas que son beneficiarias del mismo, que además soliciten pensión habiendo cumplido los requisitos de edad y tiempo trabajado.  La tasa de reemplazo del régimen general de pensiones está prevista en la Ley 33 de 1985.

Si los servidores públicos están tipificados dentro de las condiciones de dicha ley, cuyo período para liquidar su pensión esté previsto en el inciso 3 del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, o del artículo 21 de la misma Ley, según el tiempo que faltaba para adquirir el derecho a la pensión a la fecha de entrada en vigor de la nueva normativa pensional.

lunes, 10 de septiembre de 2018

LA FISCALÍA LLAMA A INTERROGATORIO A LA ACTUAL SECRETARIA DE LA JEP


Durante el martes y miércoles de esta semana, la Fiscalía llamará a interrogatorio a la actual secretaria ejecutiva de la Jurisdicción Especial para la Paz JEP, Martha Lucia Zamora y sus contratistas, July Milena Henríquez y Luís Ernesto Caicedo Ramírez por presuntos actos de corrupción.

Está citación se llevo a cabo luego de que el pasado viernes Néstor Humberto Martínez, fiscal general de la nación, anunciara una investigación preliminar por posibles actos de corrupción cometidos por funcionarios de la JEP al interior de la entidad.

“Algunos funcionarios inescrupulosos estarían cocinado, en este momento, falsedades y fraudes procesales para que la JEP no actué en cumplimiento de la constitución y la ley”, aseguró el Fiscal General.

Estos interrogatorios tienen como origen la investigación de la supuesta salida masiva de reintegrados de las Farc, debido a que los exmilitantes se encontraban en zonas territoriales y dicha acción no fue advertida por la JEP, según investigaciones de la Fiscalía por orden de la secretaria ejecutiva, Martha Zamora.

Martínez también afirmó que “por esa razón, un fiscal de conocimiento abrió una indagación que deberá producir decisiones, con el fin de impedir que no se vaya a violentar el cumplimiento estricto de la ley en esa jurisdicción”.

Recordemos que desde la semana pasada, el Fiscal afirmó que la Fiscalía ‘tiene evidencia de que algunos funcionarios estarían “cocinando” falsedades y fraudes procesales. Con el propósito de que la JEP no actúe como debe actuar, cumpliendo con sus labores de ley’.
PROCURADURIA PIDE QUE NARCO CAPTURADO CON LINGOTES Y OTROS NARCOTRAFICANTES SALGAN DE LA JEP


Santos Román Narváez, capturado en el 2016 cuando movilizaba en una camioneta 28 lingotes de oro avaluados en más de tres mil millones de pesos, es otro de los colados en JEP.  La Procuraduría General de la Nación pidió que sea enviado a la justicia ordinaria. Sus actividades delictivas sucedieron en una red de traficantes quienes de 2009 a 2013 transportaron el alcaloide en rutas desde Panamá hacia Estados Unidos.

La Procuraduría dice que fueron excluidos de las listas de las FARC entregadas como requerimiento en virtud de la firma de los acuerdos.  Es el mismo caso de Osías Riascos Ocampo pedido en extradición por una corte en Nueva York y quien enfrenta 3 cargos por narcotráfico y lavado de activos.  Riascos es señalado de movilizar cargamentos desde el pacífico colombiano hacia Estados Unidos entre el 2004 y el 2016.

En el caso de Julio Armando Belalcázar Estacio, el ministerio público no lo ha acusado formalmente de rebelión, razón necesaria para pertenecer a la JEP.  Está solicitado por una corte del sur de la Florida señalado de “invertir en los cargamentos de cocaína y coordinar los despachos desde Colombia a Centroamérica”.
GOBIERNO Y ALTAS CORTES TRABAJAN SOBRE BASES DE LA REFORMA A LA JUSTICIA


Un principio de acuerdo se vislumbra entre el Gobierno y las altas cortes.   Las medidas son estudiadas por el presidente del Consejo de Estado, el magistrado Germán Bula Escobar, quien participa de la discusión con la ministra de justicia Gloria María Borrero; el presidente de la Corte Suprema de Justicia José Luis Barceló; el presidente del Consejo Superior de la Judicatura, Edgar Carlos Sanabria y el magistrado de la Corte Constitucional Luis Guillermo Guerrero.

Son 11 puntos fundamentales que estructurarán la Reforma a la Justicia han sido revisados:


  1. Solo tres Cortes
  2. Eliminar el Consejo Superior de la Judicatura
  3. Gerencia fuerte
  4. Autonomía
  5. Presidencias de altas cortes por 2 años
  6. Tutelas vía electrónica
  7. Banco mundial financiará sistematización de la justicia
  8. Creación del Código de Conducta Judicial
  9. Creación de la Comisión Nacional de Ética
  10. Eliminación de la morosidad judicial llamada “corrupción pasiva de la justicia”
  11. Aumento a 50 años la edad para ser magistrado


Las modificaciones están orientadas a que haya una mejora en la “justiciabilidad” entendida como “la posibilidad de exigir a través de un mecanismo jurídico el cumplimiento o restitución de un derecho”; solo tres cortes que corresponden a la justicia ordinaria, lo contencioso administrativo y la constitucional.

Estos entes serán vigilados por la Corte Suprema de Justicia y el Senado de la República.  Para funcionarios que no son magistrados de alta corte, es decir magistrados de tribunales, jueces, funcionario y empleados, serán vinculados como en nivel ejecutivo, es decir mediante control interno.

viernes, 7 de septiembre de 2018

CONSEJO DE ESTADO MANTIENE INVESTIDURA DE EXSENADORA CLAUDIA LÓPEZ


En fallo de primera instancia proferido por una Sala Especial de Decisión de Pérdida de Investidura, el Consejo de Estado mantiene la investidura de la exsenadora del Partido Verde, Claudia López, al considerar que no incurrió en conflicto de intereses a pesar de no haber declarado el impedimento.

Este fallo se dio luego que la exsenadora Claudia López fuera demandada por supuesto conflicto de intereses, debido a que no se declaró impedida para participar en la votación y aprobación de un proyecto de ley que pretendía despenalizar la injuria y la calumnia, a pesar de que, enfrentaba procesos penales ante la Corte Suprema de Justicia por esos dos delitos.

Según el Consejo de Estado “la demandada no estaba obligada a exponer su probable necesidad de marginarse de la discusión en torno a la despenalización de esas conductas, pues cuando conformó el quórum, deliberó y votó no estaba vinculada formalmente a ninguna investigación penal por la comisión de los delitos de injuria y calumnia”.
A LA CÁRCEL PAREJA DE PRESUNTOS ESTAFADORES QUE ENGAÑÓ CON MILLONARIO NEGOCIO A FIELES DE IGLESIAS CRISTIANAS


La Fiscalía General de la Nación imputó los cargos de estafa agravada, en modalidad masa, en contra de Ana Jazmín Huertas y Miguel Charria González, señalados de cometer un número indeterminado de estafas a los fieles de diferentes iglesias cristianas en Bogotá.

De acuerdo con las investigaciones adelantadas por el CTI, estas personas pertenecerían a una organización al margen de la ley, la cual se dedica a contactar a familias con elevados perfiles económicos para ofrecerles compra y venta de vehículos, casas y apartamentos a precios llamativos.

“Se nos presentaban con ropa muy elegante, muy bien presentados, con costumbres muy refinadas, en carros lujosos blindados de alta gama y nos llevaban a restaurantes suntuosos para impresionarnos y así facilitar el cierre de los negocios”, sostuvo una de las víctimas.

“Los testimonios sobre estas estafas se registran desde el año 2011 hasta el pasado mes de agosto, las cuales dejan víctimas que pagaron desde 30, 50 y 80 hasta 550 millones de pesos, para la compra de muebles e inmuebles”, señaló la fiscal al realizar la imputación.

Igualmente se estableció que ofrecían contratos de arrendamientos de vehículos para supuestas empresas transportadoras con jugosas ganancias o que vendían los automóviles sin autorización del propietario, luego de tan solo decirle que le tenían un comprador.

Fuente: Fiscalía General

jueves, 6 de septiembre de 2018

EL PARTIDO DE LA U DECIDE UNIRSE AL CENTRO DEMOCRÁTICO


Este miércoles, 41 parlamentarios del Partido de la U pusieron a votación la unión con el Centro Democrático.

Luego de tener 25 votos a favor por convertirse en un solo partido de gobierno y 16 en contra por conservar su independencia, el Partido de la U se une oficialmente al Centro Democrático.

Por su parte, un grupo de congresistas encabezado por Armando Benedetti declararon que ‘Esos 25 parlamentarios buscan la división del partido’.

Así mismo, el senador Benedetti mencionó en su cuenta de twitter que “16 votamos por ser independientes y 25 de gobierno. Hoy arranca la extinción del @partidodelaucol ¡La mermelada funcionó! ¿O qué dicen? ¿Están obligados a votar la tributaria? ¡Qué lo sepa Colombia!”.

Con esta decisión, el Partido de la U no obstruye la posibilidad de tener representación política en el gobierno, en su lugar, le ofrece sus votos al Centro Democrático convirtiéndolo en el partido político con mayor representación parlamentaria.

En este orden de ideas, el partido de gobierno formará coalición con el Centro Democrático, los conservadores, Colombia Justa Libres, y La U; en el caso del partido de oposición este creará una alianza entre el Polo Democrático, el partido Alianza Verde y La lista de los Decentes.

Por su parte, los 14 senadores y los 35 representantes que conforman el Partido Liberal aún no se han pronunciado frente a una posible asociación con alguno de los partidos, la cual deberán definir antes del próximo viernes.