jueves, 31 de mayo de 2018

FISCALÍA SE OPONE A QUE CABEZA DE REFICAR SIGA 'TELETRABAJANDO'


En una audiencia ante el juez 12 con control de garantías, la defensa del expresidente de Reficar, Reyes Reinoso Yánez, solicitó que se le permita mantener un permiso de trabajo para cumplir con su horario laboral en Ecopetrol. 

Reinoso es investigado por el desfalco en la ampliación de la Refinería de Cartagena, el mayor caso de corrupción que se ha dado en el país. 

"No es justo, bajo ninguna circunstancia, que a una persona se le limite y se le cause tanto daño cuando ni siquiera es una persona condenada. Adicionalmente, la empresa ha certificado que la labor que desempeña no tiene nada que ver, ni con Reficar, ni con los hechos que dieron lugar a la imposición de la medida de aseguramiento", dijo el abogado defensor.

Así, la defensa solicitó en primer lugar que, aunque tiene una medida de aseguramiento de casa por cárcel, se le permita salir sólo para trabajar directamente en Ecopetrol, y dijo que en caso de no aceptar, se acceda a que continúe 'teletrabajando' desde su domicilio. 

"La petición principal es que se le permita trabajar en la empresa directamente, es decir, que se le dé un permiso para salir de la casa e ir al lugar de trabajo en el horario y lugar que la empresa ha certificado", dijo el abogado. .

Según la defensa, "él hasta este momento es un imputado", por lo que debe seguir conservando la posibilidad de trabajar. 

El abogado de Reinoso -quien no asistió a la diligencia en Paloquemao- dijo que tiene dos hijas y una esposa que dependen de sus ingresos, por lo que se le debe permitir seguir manteniendo su contrato como Gerente de Proyectos en Ecopetrol. 

Tal y como lo reveló este diario, desde la comodidad de su casa, en donde cumple la detención domicliaria, Reyes Reinoso recibe un sueldo de 54,7 millones de pesos mensuales pagados por Ecopetrol, firma que precisamente es la víctima del desfalco de Reficar. 

Una certificación de Ecopetrol del pasado 23 de mayo establece que Reinoso trabaja en un horario de 7 de la mañana a 4 de la tarde, “horario que lleva a cabo en su lugar de residencia”.

En la audiencia el delegado de la Fiscalía aseguró que "se opone, y se opone rotundamente, a la petición realizada por el señor defensor". 

El fiscal del caso dijo que "el hoy procesado es un riesgo, pues de acuerdo con los elementos de prueba, estaba manipulando e incidiendo en testigos en la investigación de Reficar, y por la presunta apropiación de más de 6.000 millones de pesos", aseguró. 

"Las razones por las que se pidió medida de aseguramiento era precisamente para evitar la obstrucción a la justicia y el riesgo procesal", señaló el delegado de la Fiscalía, quien dijo que en este último contrato Reinoso lleva más de 130 días laborando con Ecopetrol. 

"No es un cargo de poca monta, sus funciones son de mando, pues lidera equipos de trabajo, pero sobre todo, tiene relación funcional con los costos y gastos del proyecto que se adelantan en la Refinería", agregó el fiscal. 

El delegado de la Procuraduría aseguró que en el cargo que Reinoso ocupa "podría obstruir a la justicia. Se le debe imponer una restricción de ocupar ese cargo, que finalmente es la razón que mantuvo el juez para imponer la medida", dijo. 

El representante de la víctima en este proceso, es decir, de Ecopetrol, aseguró que por ahora el contrato con Reinoso está suspendido. “No parecería válido, y es importante aclarar, que estemos supeditando la revinculación laboral del señor Reonoso a una decisión del juez”. 

Dijo que si el juez le permite ‘teletrabajar’, esto no implica para Ecopetrol una obligación de darle trabajo en alguna modalidad.

Reinoso ha pedido que se le renueve el permiso para trabajar, a pesar de que se le impuso la medida de aseguramiento domiciliaria considerando que podía obstruir la justicia por la posibilidad de destruir, modificar, ocultar o falsificar pruebas.

Reyes Reinoso fue la cabeza de Reficar entre el 2012 y 2016, y la Fiscalía le imputó cargos porque sería parte del grupo de directivos que, a través de maniobras ilegales, habría beneficiado al contratista CB&I al modificar el contrato inicial de ampliación de la Refinería. Así, el proyecto de Reficar, que debía costar 3.777 millones de dólares, terminó costando más de US$ 8.106 millones.

Tomada de: El Tiempo
ACERO Y ALUMINIO DE COLOMBIA SE QUEDARON SIN REBAJA DE ARANCELES EN EE.UU.


El esperado anuncio de la eliminación de aranceles a los productos de acero y aluminio que exporta Colombia al mercado de Estados Unidos nunca llegó. El gobierno de Donald Trump dijo este jueves en la mañana que seguirá cobrando tasas del 25 por ciento a los productos de acero y del 10 por ciento a los de aluminio procedentes de cualquier país del mundo.

De este cobro habían quedado excluidas tres regiones: la Unión Europea, México y Canadá, con las cuales el gobierno de Estados Unidos estaba renegociando el tema. Sin embargo, la decisión anunciada hoy pone en plena ejecución la proclama presidencial hecha por Trump el 8 de marzo pasado.

La noticia cae como un balde de agua fría para los gremios y empresarios colombianos que habían puesto sus esperanzas en las gestiones diplomáticas adelantadas en las últimas semanas por el gobierno para lograr que el país quedara exento de este cobro, e incluso las de empresas de Estados Unidos que compran productos colombianos y habían pedido al ejecutivo eliminar los cobros al país.

Entre los argumentos centrales está el hecho de que las ventas colombianas representan apenas el 0,5 por ciento del total de productos de acero y aluminio que importa Estados Unidos cada año. A esto se suma que Colombia ha sido por años el principal aliado en América Latina y que desde mayo de 2012 está vigente un Tratado de Libre Comercio que en principio plantea un trato preferencial.

Sin embargo, la Casa Blanca insistió en que los aranceles a estas importaciones tienen un carácter global y se adoptaron por razones de seguridad nacional.

Para la presidenta de la Cámara de Comercio Colombo Americana, María Claudia Lacouture, el país debe insistir en la vía diplomática para manejar este tema. “Colombia debe ser eximido de la medida de aranceles para el acero y el aluminio hacia Estados Unidos teniendo en cuenta que dichas exportaciones representan sólo el 0,5 por ciento del total importado por Estados Unidos, monto que no representa peligro para la seguridad nacional ni contra la generación de empleo en dicho sector. Es además, el principal aliado de Estados Unidos en América Latina”, dijo la ejecutiva.

En su opinión, el diálogo y la diplomacia comercial entre los dos gobiernos, “con el apoyo de los gremios y el sector empresarial, debe seguir para encontrar fórmulas alternativas para un acuerdo que satisfaga las necesidades de Estados Unidos y beneficie a los empresarios del sector en el país”.

Pero la preocupación no solo está en el bloqueo al ingreso de productos, también a la competencia que generarán los productos que no se vendan en Estados Unidos por estos mayores aranceles. Para el presidente de Analdex, Javier Díaz, si bien la afectación a las exportaciones colombianas en materia de exportaciones es pequeña, y alcanza los 55 millones de dólares al año, “el mayor riesgo es la llegada de productos a muy bajo precio” por eso señaló que ahora el papel de la Dian será clave para controlar estos productos y pedir la presentación de declaración anticipada.

En las últimas semanas el gobierno había aumentado su gestión diplomática e incluso la ministra de Comercio, María Lorena Gutiérrez, viajó a reunirse con altos funcionarios que manejan los temas de comercio dentro del gobierno estadounidense. El gobierno ha dicho que mantendrá su decisión de buscar acuerdos por la vía diplomática y descartó que se esté pensando en algún tipo de retaliación, como lo han pedido algunos empresarios y como lo han anunciado algunos países.

Tomada de: Semana
UNIDAD DE VÍCTIMAS PIDE AL NUEVO CONGRESO PROVEER LAS CURULES DE PAZ


La Unidad Nacional de Víctimas lamentó que por falta de tiempo no se haya podido aprobar, en el Congreso, el nuevo acto legislativo que buscaba entregar representación política a los afectados por el conflicto armado.

Yolanda Pinto, directora de la entidad, indicó que espera que el nuevo cuerpo legislativo, con el apoyo del próximo Gobierno, haga un nuevo intento para que las víctimas tengan asiento en la Cámara de Representantes. 

“Ojalá no sea la última vez que se hace el intento y que en el próximo intento, tengan las víctimas su representación en el Congreso”, señaló la líder social.

“El llamado que yo hago como víctima y como directora de la Unidad de Víctimas, al nuevo Congreso y al nuevo Gobierno es contundente y es que los derechos de las víctimas son sagrados para los colombianos”, indicó Pinto.

La Directora de la Unidad de Víctimas reveló que a la fecha han podido atender el proceso de reparación de un considerable número de víctimas.

“Hemos podido atender a 3.550.000 hogares con acompañamiento, asistencia y ayuda humanitaria. Eso ha significado una inversión de 2 billones 309 mil millones se han invertido del 2015 al 2017 en ayuda humanitaria. Hemos hecho 4.300.000 giros de ayuda humanitaria que entrega la Unidad”, manifestó.

Como el proyecto para entregar curules directas a las víctimas de la violencia es una reforma constitucional y el periodo legislativo ya está a punto de terminar, no se le pudo dar trámite y se hundió por tiempos.

Tomada de: RCN
PROCURADURÍA EVALUARÁ SI ABRE INDAGACIÓN POR DENUNCIAS DE FRAUDE ELECTORAL


La Procuraduría participará de la Comisión Nacional Electoral convocada por el Gobierno Nacional dadas las denuncias sobre un presunto fraude el pasado 17 de mayo que ha circulado en redes sociales y que pone en entre dicho el manejo de los formularios E-14.

En el encuentro el Ministerio Público espera escuchar los planteamientos de la Registraduría y del Consejo Nacional Electoral sobre el manejo de los formularios y las implicaciones de los tachones criticados en redes y señalados de sumar votos en favor del candidato presidencial Iván Duque.

Lo que ha dicho la Resgistraduría es que de lo denunciado en redes se han visto 7 ejemplos de errores y se han comparado con los otros formularios que se llenaron ese día sin hacerse visible alguna manipulación.

La Comisión fue citada por el Ministerio del Interior de manera extraordinaria con ánimo de disipar las dudas sobre la primera vuelta.

Tomada de: Caracol
POR EMERGENCIA AMBIENTAL EN SANTANDER, PROCURADURÍA INVESTIGA A PRESIDENTE DE ECOPETROL Y SUSPENDE A DOS VICEPRESIDENTES


La Procuraduría General de la Nación abrió investigación disciplinaria contra los presidentes Ecopetrol y la Agencia Nacional de Hidrocarburos - ANH, sus antecesores, y ocho vicepresidentes de las dos entidades; por los hechos relacionados con la emergencia ambiental y social ocurrida el pasado 2 de marzo, por la emanación de crudo en el campo Lisama Profundo - Pozo 158, ubicado en el corregimiento La Fortuna, municipio de Barrancabermeja, Santander.

La decisión afecta al presidente de Ecopetrol, Felipe Bayón Pardo, y su antecesor Juan Carlos Echeverry Garzón, a quienes se les investiga por presunto incumplimiento de sus deberes legales, reglamentarios y funcionales relacionados con la normatividad, política y programas de abandono técnico de pozos en los campos que hacen parte de los convenios con la ANH para la explotación de hidrocarburos en ‘Lisama - Nutría’ y ‘Magdalena Medio’.

La Procuraduría, como medida cautelar, ordenó la suspensión por tres meses de los vicepresidentes de Ecopetrol Héctor Manosalva Rojas, de Desarrollo y Producción; Ricardo Ernesto Coral Lucero, de la Regional Central, y el Gerente de Operaciones de Desarrollo y Producción de Mares, Oscar Ferney Rincón Silva, quienes no habrían dado desarrollo a las políticas que se deben poner en marcha cuando se abandona técnicamente un pozo.

El Ministerio Público también abrió investigación disciplinaria contra Orlando Velandia Sepúlveda y Mauricio de la Mora, presidente y expresidente de la ANH, respectivamente, y otros seis directivos de la entidad, por una posible omisión en el cumplimiento de sus funciones frente a la emergencia ecológica, ambiental y social causada por la emanación del crudo.

Los funcionarios de la ANH cobijados con la decisión son Jorge Alirio Ortiz y Arnoldo Morales Delgado, quienes ocuparon en distintas fechas la Vicepresidencia de Operaciones, Regalías y Participaciones, y Nicolás Zapata Tobón, Alexandra Lozano, María Carolina Durán Chacón y Omar Mejía Tette, en calidad de vicepresidentes de Contratos de Hidrocarburos.

La Procuraduría avanza, simultáneamente, en las indagaciones contra servidores por establecer de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales -ANLA, y la Corporación Autónoma Regional de Santander - CAS, por presunta omisión en el cumplimiento de sus funciones frente a la emergencia ambiental presentada el pasado 2 de marzo en Barrancabermeja.
EXTRADICIÓN DE EXINTEGRANTES DE LAS FARC DEBE SER CONOCIDA POR LA JEP: CORTE


En virtud de la garantía de no extradición que cobija a los exguerrilleros por conductas cometidas antes del 24 de noviembre de 2016 y la competencia prevalente de la Jurisdicción Especial para la Paz, la JEP ha de conocer las solicitudes de extradición sobre exintegrantes de las FARC–EP desmovilizados en aplicación del Acuerdo de Paz.

Así lo determinó la Corte Suprema de Justicia, al remitir a la Sección de Revisión de la JEP las diligencias del trámite de extradición de un excombatiente sometido al Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (S.I.V.J.R.N.R.), requerido por el Gobierno de los Estados Unidos de América.

A juicio de la Sala de Casación Penal, la JEP es la jurisdicción “habilitada constitucional y legalmente para calificar y constatar si se dan los presupuestos materiales para afirmar su competencia, a la luz de tres factores: i) en razón de la materia –delitos cometidos antes del 24 de noviembre de 2016 , en el marco del conflicto–; ii) el personal –por integrantes de las FARC desmovilizados en razón del Acuerdo de Paz que hagan parte de los listados oficiales y que se hayan sometido a la J.E.P. – y iii) en razón del tiempo –por hechos ocurridos con anterioridad a la firma del Acuerdo”.

Aunque según la providencia en este momento la Corte carece de competencia para calificar esos factores, en el presente trámite saltan a la vista elementos fácticos indicativos de que el juez natural para continuar conociendo del pedido de extradición es la JEP, pues la acusación del país extranjero informa la pertenencia del requerido a las FARC–EP, al tiempo que “no sólo figura en los listados oficiales entregados al Gobierno por dicha guerrilla, sino que, como lo pudo constatar la Sala, se encuentra sometido a la JEP, por lo que sólo puede ser ésta quien determine si la garantía de no extradición es aplicable, atendiendo a la fecha de ocurrencia de los hechos –con anterioridad o posterioridad a la firma del Acuerdo de Paz– y si aquéllos se relacionan o no con el conflicto armado”.

En efecto, se trata del desmovilizado Pedro Luis Zuleta Noscué, alias “El Cojo”, a quien la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito sur de Nueva York acusa de concertarse para fabricar e importar a ese país grandes cantidades de cocaína entre 1985 y 2011, como líder del Frente Sexto de las desaparecidas FARC–EP.

“Por consiguiente, dada la falta de competencia para continuar con el trámite de extradición, se remitirá la actuación a la Sección de Revisión de la JEP, pues es esa jurisdicción especial la que ha de constatar y calificar si los hechos que motivan el pedido de extradición se cometieron en el marco del conflicto armado, con anterioridad a la firma del Acuerdo de Paz. De la respuesta que se dé a ello depende que la solicitud de extradición deba ser resuelta por la JEP o haya de regresar a la Jurisdicción Ordinaria”, concluye el pronunciamiento.

miércoles, 30 de mayo de 2018

INTERINIDAD EN SALA DISCIPLINARIA DE JUDICATURA AFECTA SU LEGITIMIDAD


La Corporación Excelencia para la Justicia y Dejusticia le pidieron al Ministerio de Justicia y al Consejo Superior de la Judicatura que tramiten de forma urgente la regulación que se necesita para convocar a los magistrados que deben conformar el nuevo órgano disciplinario de la Rama Judicial. 

"La Rama Judicial necesita tener un sistema disciplinario transparente, legítimo y estable, no uno en provisionalidad y en transición indefinida", dice la comunicación de estas organizaciones en las que hacen la solicitud. 

Aunque la Comisión Nacional de Disciplina Judicial fue creada hace tres años por la Reforma al Equilibrio de Poderes, y fue de lo poco que se salvó de esa ley tras el examen de la Corte Constitucional, aún no ha entrado a operar. 

Esa entidad debía reemplazar a la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, que es la que se encarga de investigar disciplinariamente a los funcionarios judiciales, y que ha seguido operando en interinidad y con magistrados que superaron el tiempo de su periodo porque el nuevo órgano no ha sido creado. 

La nueva Comisión de Disciplina Judicial no ha sido creada porque hubo errores en la reglamentación para elegir a sus miembros, lo que llevó a que el Consejo de Estado anulara esa convocatoria a comienzos de este año. 

Por eso, a pesar de que desde hace por lo menos dos años debía entrar en operación esta Comisión, los magistrados no han sido convocados ni elegidos. "El proceso está paralizado porque hace falta que el Congreso expida una ley que reglamente la convocatoria para elegir a sus miembros", dicen las ONG. 

Como el nuevo órgano no existe, la Sala Disciplinaria de la Judicatura está en interinidad con el agravante de que la mayoría de sus magistrados están en provisionalidad y algunos con su periodo constitucional vencido.

Así, cinco de los siete magistrados de la Sala Disciplinaria son provisionales y los dos restantes que están en propiedad (el presidente Pedro Alonso Sanabria, y la vicepresidenta Julia Emma Garzón) tienen el periodo vencido y llevan casi 10 años ejerciendo el cargo, cuando el tope máximo es de 8 años. 

"Esto afecta la legitimidad de la Sala que sigue siendo la máxima autoridad disciplinaria de los jueces", dicen las ONG judiciales. 

Por estas razones la Corporación Excelencia para la Justicia y la ONG Dejusticia se unieron para pedirle al Minjusticia y al Consejo Superior de la Judicatura que tramiten ante el Congreso la regulación que debe dar las pautas para convocar a los nuevos magistrados "lo más pronto posible e informar sobre los avances realizados en este tema". 

También le solicitaron al Congreso que "active su iniciativa legislativa y regule este asunto con urgencia". 

Según la Corporación Excelencia en la Justicia y Dejusticia este órgano es muy importante "porque conoce de las faltas disciplinarias e impone sanciones en el sistema judicial. Estas faltas pueden ser incumplimientos de los deberes legales y actuaciones irregulares o ilícitas, que incluyen conductas asociadas a actos de corrupción y comportamientos antiéticos o desleales". 

Este órgano, además, puede imponer sanciones como multas, la suspensión del cargo, la destitución e inhabilidades para ejercer cargos públicos por un tiempo determinado, según el caso. 

Tomada de: El Tiempo
COMISIÓN ARCHIVÓ PROCESO CONTRA SANTOS POR CASO ODEBRECHT


El pleno de la Comisión de Acusación decidió archivar el proceso que se adelanta contra el presidente Juan Manuel Santos, por el escándalo de Odebrecht, tras no encontrar méritos en el caso de la supuesta financiación de sus campañas en 2010 y 2014.

La Comisión de Acusación logró hacer quórum para que se pudiera tomar la decisión sobre la ponencia del representante investigador del caso, Nicolás Guerrero, en la que argumenta que no hay méritos para que se inicie un juicio de indignidad contra el presidente Santos. 

Se espera que el representante Álvaro Hernán Prada, denunciante de este proceso, presente el recurso de reposición contra la decisión.

De acuerdo a la ponencia de archivo se debe “declarar la extinción de la acción disciplinaria por prescripción del investigado, doctor Juan Manuel Santos Calderón, por las razones expuestas en el presente auto”, en el caso de la campaña Santos Presidente 2010.

Según el informe de ponencia, en el caso de la campaña presidencial de 2014, no se encontró evidencias para declarar una falta disciplinaria y “en consecuencia se ordena el archivo definitivo de lo actuado”.

El representante Nicolás Guerrero, investigador del caso, aclaró que la decisión que se tomó es eminentemente disciplinaria y sobre las actuaciones únicamente del presidente Juan Manuel Santos.

El representante Guerrero recordó que sobre este caso existen varias líneas de investigación que se llevan en otras instancias judiciales, “por ejemplo en lo que tiene que ver con las decisiones que están tomando otras autoridades judiciales especialmente con el caso de Roberto Prieto, pero en la Comisión de Acusación se estaba llevando acabo la investigación previa con lo que tenía que ver con la presunta infiltración de recursos por parte de Odebrecht y la responsabilidad directa de la forado constitucional que es el Presidente de la República“

“En el caso de la campaña Presidencial de 2010 los hechos se pusieron en conocimiento en 2017 en la Comisión y ya ahí entra a actuar la prescripción del caso”, reiteró el congresista.

Tomada de: RCN radio. 
PRECISAN INHABILIDADES PARA ALCALDES DESIGNADOS


El Consejo de Estado advirtió que quienes sean designados alcaldes para suplir las faltas temporales o absolutas del titular del cargo no están sometidos a todas las inhabilidades previstas en el artículo 37 de la Ley 617 de 2000.

Con ponencia del consejero Carlos Enrique Moreno Rubio, la Sección Quinta precisó los alcances de las prohibiciones aplicables a quienes acceden al cargo en virtud del nombramiento hecho con motivo de la vacancia temporal o definitiva del cargo.

La corporación destacó que respecto de quienes son designados para llenar  las faltas temporales o absolutas en el curso del periodo constitucional, la Ley Estatutaria 1475 de 2011 introdujo un cambio significativo en materia de inhabilidades para el cargo.

Explicó que al hacer la remisión al artículo 37 de la Ley 617 de 2000, en el caso de los alcaldes encargados o designados, la nueva regulación de la Ley 1475 de 2011 únicamente contempló como inhabilidades aquellas previstas en los numerales 1, 4 y 5.

Esto implica que las inhabilidades establecidas en los restantes numerales de la norma, es decir 2 y 3, fueron excluidas en su aplicación a quienes vayan a ser encargados o designados alcaldes para llenar las vacantes ocurridas en el cargo.

La corporación señaló que esas dos (2) causales de inhabilidad y las demás fijadas en el artículo 37 de la Ley 617 de 2000 siguen vigentes para quienes aspiran a ser alcaldes en los procesos de elección por voto popular.

Este criterio sobre la restricción de las inhabilidades para quienes son designados fue adoptado por la Sección Quinta al confirmar una sentencia que negó las pretensiones contra el nombramiento del alcalde del municipio de Pamplona, Norte de Santander, demandado por la supuesta inhabilidad derivada de la celebración de un contrato con el municipio durante el año anterior a la designación.
FISCAL PIDE A LOS INDÍGENAS NASA LA LIBERACIÓN INMEDIATA DE FUNCIONARIO DEL CTI 


En la mañana de este miércoles 30 de mayo, en el municipio de Suarez (Cauca) fue secuestrado el funcionario del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), Leonel Mora Beltrán, tras operativo realizado por las autoridades donde incautaron varios kilos de clorhidrato de cocaína y se dio captura en fragancia a supuesto indígena perteneciente a la comunidad Nasa.

El fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, solicito al Gobernador de la comunidad Nasa que disponga de manera inmediata la entrega del funcionario. Al igual informo que la comunidad indígena estaría solicitando un canje para la liberación de este.

“Luego de la incautación del clorhidrato y la captura en flagrancia, fueron objeto nuestros funcionarios y miembros del Ejército de una verdadera asonada. Como resultado, en este momento se encuentra secuestrado un funcionario del CTI, Leonel Mora Beltrán. Los señores de la comunidad, del resguardo indígena, plantean a la Fiscalía hacer un canje”, dijo Néstor Humberto Martínez.
FISCALÍA ENTREGA INFORMES SOBRE CONDUCTAS COMETIDAS POR LAS FARC-EP A LA JEP


Hoy 30 de mayo, la Justicia Especial para la Paz (JEP) llevo a cabo una rueda de prensa en la cual participó el fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez y la presidenta de la JEP Patricia Linares.

Durante los dos últimos años la Fiscalía se dio a la tarea de recopilar información de las acciones ilegales del desmovilizado grupo de las FARC-EP, la cual fue entregada en 16 informes que se suman a la jurisdicción y las organizaciones de víctimas y derechos humanos. entre ellos entregaban información de la Unión Patriótica y el Centro Nacional de Memoria Histórica.

Al igual informaron que la justicia va en camino a la reconciliación, ya que los excombatientes de las FARC-EP han aportado a la verdad plena y a la jurisdicción.

La Fiscalía seguirá mostrando procesos de incautación de activos e invita a los grupos armados a relatar su versión de los hechos, los cuales serán verificados por medio de un estudio evaluativo.

martes, 29 de mayo de 2018

ADVIERTEN RIESGOS POR MODELO COMO SE PIENSA RECUPERAR GALEÓN SAN JOSÉ


Un estudio técnico interdisciplinario hecho por la Universidad de Antioquia encontró una serie de consecuencias negativas en la recuperación de los restos del Galeón San José, por lo menos de la forma como hoy se plantea.

El documento expone los riesgos y es el resultado de una solicitud hecha por la Procuraduría General de la Nación en abril de 2018. Este evidencia los altos niveles de afectación que supondría para el patrimonio de la Nación, el hecho de rescatar los vestigios arqueológicos de la embarcación, hundida por piratas ingleses en el mar Caribe, cerca de Cartagena, en el año 1708. 
Aunque la decisión de extraer del fondo del océano las piezas del barco se tomó para recuperar parte importante del patrimonio cultural del país, el estudio muestra que el modelo de contratación a partir de una Alianza Público Privada (APP), que el gobierno busca adoptar a través del Ministerio de Cultura, es inadecuado.

Según el estudio, los 69 millones de dólares que vale la recuperación de los vestigios no se cubrirían con recursos públicos, sino con dineros del sector privado. Esto pone en peligro el patrimonio, pues el valor cultural quedaría a merced de las expectativas de ganancia económica de los inversionistas. Se piensa que los hallazgos, en oro y plata, tienen un valor de 320 millones de dólares.

Si bien la Constitución Nacional estipula que los bienes que hacen parte del patrimonio arqueológico son propiedad de la Nación y están por fuera del mercado, si lo que se logre recuperar no se considera de esa manera, advierte el documento, el Estado podría perder esa riqueza.

"Desde la Universidad de Antioquia hemos considerado necesario realizar un análisis en perspectiva del proceso actual de contratación que contempla la extracción, venta y especulación financiera de los vestigios del Galeón San José; llamando la atención a las autoridades nacionales, a los entes de control y el público en general, acerca de los riesgos que por cuenta de esta decisión corre el país y su patrimonio cultural”, se lee en el informe.

Los expertos solicitaron evaluar la situación. "Hacemos un llamado categórico al actual gobierno para que reconsidere y cancele dicho proceso de contratación".

Otro punto por el cual el grupo de profesores e investigadores llamaron la atención tiene que ver con los procesos posteriores a la extracción de los restos del Galeón San José. Una vez las piezas de la embarcación dejen de estar a unos 600 metros de la superficie marina y sean extraídos con alta tecnología, es necesario idear un plan de conservación, investigación y difusión para protegerlas.

El afán extractivo y mercantilista que rodea el asunto pone en peligro el patrimonio que, hasta ahora, permanece sumergido en las aguas caribeñas, pero que podría convertirse en un tesoro perdido.

Tomada de: El Tiempo
JOSÉ ROBERTO PRIETO, EXGERENTE DE LA CAMPAÑA SANTOS PRESIDENTE, A LA CÁRCEL


El juzgado 45 de garantías de Bogotá acaba de enviar a la cárcel a José Roberto Prieto, exgerente de la campaña Santos Presidente, por el supuesto lobby que realizó ante la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) para lograr una adición al contrato Ruta del Sol III. Esa concesión quedó en 2010 a cargo de Yuma Concesionaria S.A., liderada por la empresa Impregilo Spa sucursal de Colombia, y la adición en la que habría influido Prieto fue la relacionada con la construcción del puente Plato. Además, por su presunto conocimiento de los dineros que entraron a la campaña del entonces candidato Juan Manuel Santos de parte de Odebrecht.

“Estos elementos y estas hipótesis permiten establecer que, en efecto, el señor Roberto Prieto Uribe estaba en la capacidad de direccionar y de dirigir una serie de actos o actuaciones orientadas a que los testigos (…) logren variar su versión”, sostuvo el juez, quien, además, manifestó que Prieto podría obstruir a la justicia al ocultar o destruir información para favorecer sus intereses. Igualmente, el juez citó las interceptaciones realizadas al móvil de Prieto, en donde notaba un supuesto interés en modificar las versiones y eliminar pruebas que lo podrían comprometer. 

De acuerdo con el ente investigador, la gestión como intermediario habría estado condicionada a que los estudios y diseños del puente Plato quedaran a cargo de la empresa Consultores Unidos S.A., del empresario Eduardo Zambrano, como efectivamente ocurrió. Por esta gestión, según la investigación, el exgerente de la campaña Santos habría recibido un soborno de $650 millones, cobrados por medio de una factura supuestamente ficticia expedida por la empresa Megaland S.A.S. 

En este caso, el expresidente de la ANI, Luis Fernando Andrade, rechazó que el presunto lobby de Prieto haya sido esencial para a aprobar la decisión y que, en cambio, se tomó con base en “en conceptos externos y decisiones colegiadas” y bajo parámetros legales. No obstante, el juez manifestó que efectivamente Prieto sí habría influenciado a Andrade para que lograr la adjudicación del contrato para favorecer a la firma Consultores Unidos.

Por otro lado, las investigaciones de la Fiscalía también evidenciarían un supuesto conocimiento sobre los aportes de Odebrecht a la campaña de entonces candidato presidencial Juan Manuel Santos. Al respecto, el ente investigador aseguró que la multinacional brasileña pagó US$450.000 a María Fernanda Valencia, entonces candidata a la Cámara de Representantes a través de la empresa Impressa Group “con las indicaciones que le hiciera Roberto Prieto”. Esta empresa, creada por Valencia en asocio con su exesposo Otto Rodríguez, recibió la asesoría de la firma panameña Mossack Fonseca. 

En interrogatorio, Otto Rodríguez mencionó, entre otras cosas, que habló directamente con Prieto, con quien cuadró la logística para el pago de unos afiches. El contrato, dijo el exesposo de Valencia, se hizo de manera verbal –porque en el campo de la política los acuerdos verbales son normales– y acordó la elaboración de dos millones de afiches. El ente investigador le cuestionó a Prieto que haya dicho a varias autoridades que no sabía nada de los afiches cuando, en realidad, sí estaba enterado. Por ejemplo, tomó la declaración bajo juramento que el exgerente de la campaña rindió el 24 de mayo de 2017 ante la Procuraduría, en donde expresó que no sabía nada de los aportes a la campaña de hoy mandatario.

Como prueba, la Fiscalía también tiene la declaración de Eduardo José Zambrano, en la que declaró que Prieto lo llamaba para darle instrucciones sobre lo que debían declarar los brasileños sobre la campaña presidencial. “El indiciado elabora un documento y en un sobre cerrado se lo entrega a Zambrano para que este lo haga llegar a Eleuberto Antonio Martorelli”, sostuvo la Fiscalía. “Ciertamente a todas luces las actividades realizadas por el aquí indiciado fueron claramente dirigidas a obstaculizar la tarea de la justicia”, agregó. La Fiscalía y la Procuraduría apelaron la decisión, mientras que la defensa de Prieto apeló la decisión tomada por el juez.

Tomada de: El Espectador
DESEMPLEO EN COLOMBIA FUE 9,5 EN ABRIL


De acuerdo con el Dane, en el mes de abril la tasa de desempleo total nacional llegó a 9,5 por ciento, cuando el país registró 22,6 millones de personas ocupadas, históricamente la cifra más alta para este mes. Pero este resultado es más malo que el reportado en el mismo mes de abril de 2017, cuando el porcentaje de desempleados en el país fue de 8,9 por ciento.

En el trimestre móvil de febrero a abril también se nota un crecimiento en el porcentaje de personas que no tenían empleo: este año en el total nacional era de 9,9 por ciento, mientras que en el mismo periodo del año pasado llegaba a 9,7 por ciento.

La peor parte se observó en las 13 principales ciudades y áreas metropolitanas, donde el desempleo registró una tasa más alta: 10,7 por ciento solo para el mes de abril. Para el trimestre móvil febrero a abril, en estas 13 ciudades el desempleo fue de 11 por ciento, mientras que un año atrás había alcanzado una tasa de 10,8 por ciento.

Las actividades que más contribuyeron este año a impulsar el empleo en el último trimestre son agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca y servicios comunales, sociales y personales, de acuerdo con el Dane.

Los datos de los últimos 12 meses móviles, es decir de mayo de 2017 a abril de este año indican que el desempleo total fue de 9,4 por ciento.

Tomada de: Semana 
NIEGAN LIBERTAD A GENERAL HENRY TORRES, PROCESADO POR FALSOS POSITIVOS


La Corte Suprema de Justicia dejó en firme proceso por falsos positivos contra el general retirado Henry Torres Escalante.

Y lo hizo al fallar una tutela, en donde el oficial retirado pedía que se le otorgara la libertad y con la cual buscaba que el alto tribunal anulara la orden de captura que había sido emitida en su contra.

La Corte le respondió al general Escalante que este no era el mecanismo para pedir la libertad y le dijo que cuenta con otros recursos para que se revise la decisión emitida por el Tribunal Superior de Yopal.

"Motivo suficiente para la improcedencia de la tutela, puesto que dentro de dicho proceso penal cuenta con medios idóneos para reclamar el amparo de las garantías que considera conculcadas y agotar los recursos pertinentes", señaló la Corte.

Es de recordar que el general está siendo procesado por haber ordenado, al parecer, la detención y posterior ejecución de los campesinos Daniel Torres y su hijo, Julio Torres, en hechos registrados en el municipio de Aguazul, Casanare el 6 marzo de 2007.

Tomada de: Caracol
CAMBIO RADICAL ADMITE ERRORES EN LA CAMPAÑA PRESIDENCIAL 


El director del partido Cambio Radical Jorge Enrique Vélez reconoció que esa bancada cometió varios errores durante la campaña para la primera vuelta de las elecciones presidenciales, y dijo que por el momento no han definido a quién apoyarán en segunda vuelta. 

En comunicación, el dirigente político explicó que las consultas interpartidistas fueron claves durante las campañas puesto que significaron un mayor apoyo en las urnas para los candidatos ganadores, y señalo que no tiene inconveniente en dar un paso al constado si se lo solicitan. 

"Tengo que reconocer nos equivocamos, y yo no tengo ningún problema en dar un paso al costado, he estado en el sector privado y en el sector público y en los dos me desempeño bien siempre y cuando le pueda servir al país", manifestó Vélez. 

Tras la derrota de Germán Vargas Lleras, el director de Cambio Radical afirmó que lo importante para el partido en este momento es definir una plataforma política para la próxima legislatura, a partir del plan de gobierno que presentó el candidato de la colectividad.

Tomada de: RCN
DÍA INTERNACIONAL DEL PERSONAL DE PAZ DE LA ONU


En el 2018 se celebra el 70 aniversario de las operaciones de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas, un mecanismo único y dinámico diseñado para ayudar a los países desgarrados por conflictos a crear las condiciones para una paz duradera. La primera misión de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas se estableció el 29 de mayo de 1948, cuando el Consejo de Seguridad autorizó el despliegue de algunos observadores militares en el Oriente Medio con el fin de formar el Organismo de las Naciones Unidas para la Vigilancia de la Tregua (ONUVT), para supervisar el Acuerdo de Armisticio entre Israel y sus vecinos árabes.

Durante siete décadas, más de un millón de hombres y mujeres han prestado servicio en nombre de la bandera de las Naciones Unidas en 71 operaciones de mantenimiento de la paz y han tenido una repercusión directa en las vidas de centenares de personas al proteger a los más vulnerables y salvar innumerables vidas. Nuestro personal de paz se sacrifica enormemente, a menudo para servir bajo condiciones de peligro y alto riesgo para ellos mismos. Las familias del personal de mantenimiento de la paz y sus gobiernos comparten este sacrificio.

La conmemoración de este día nos da la oportunidad de reconocer el sacrificio de todos los hombres y mujeres que han perdido su vida realizando operaciones de mantenimiento de la paz y a la vez reconocer su valiosa contribución a la labor de la Organización.

Desde Sierra Leona hasta Camboya, pasando por Timor-Leste, Namibia, El Salvador, llegando a cualquier país afectado por la guerra, el Departamento de Operaciones de Mantenimiento de la Paz de las Naciones Unidas ha contribuido a la transición de una situación bélica a una pacífica en numerosos países. La Misión de las Naciones Unidas en Liberia (UNMIL) ha completado su mandato con éxito en marzo de este año, convirtiéndose en la operación de mantenimiento de la paz número 57 que lo consigue. El cierre de UNMIL también puso final a más de dos décadas de operaciones de mantenimiento de la paz de la ONU en la cuenca del Río Mano en África Occidental.

A día de hoy, el mantenimiento de la paz de la ONU cuenta con más de 100 000 miembros de su personal militar, policial y civil desplegados en 14 operaciones de mantenimiento de la paz llevadas a cabo en cuatro continentes. Actualmente, las operaciones de mantenimiento de la paz de la ONU reciben contribuciones del personal militar y policial y el equipo necesario para mantener nuestras operaciones de 124 Estados Miembros. Las operaciones de mantenimiento de la paz son fruto de una alianza mundial y esta cifra refleja el alto grado de confianza mundial en el valor de las funciones insignia de las Naciones Unidas. Asimismo, estas operaciones de mantenimiento de la paz han demostrado ser una sólida inversión en los temas de paz, seguridad y prosperidad mundiales. A pesar de la envergadura y del alcance de sus operaciones, la cifra ligeramente inferior a 7000 millones de dólares al año del presupuesto anual destinado al mantenimiento de la paz no supone ni un uno por ciento del gasto militar global.

El mantenimiento de la paz de la ONU es un mecanismo flexible y en evolución que reúne instrumentos políticos, técnicos y de seguridad puestos a su disposición para ayudar a los países a llevar a cabo la difícil transición del conflicto a la paz. En marzo de este año, el Secretario General puso en marcha una nueva iniciativa, denominada «Action for Peacekeeping» (Acción por el Mantenimiento de la Paz), cuyo cometido era la mejora del desempeño y la garantía de que las operaciones de mantenimiento de la paz fueran las adecuadas ante unos campos de operaciones cada vez más complejos y peligrosos. La iniciativa realiza un llamamiento a los Estados Miembros, al Consejo de Seguridad y a los países que aportan contingentes y fuerzas de policía para que reorienten las operaciones de mantenimiento de la paz basándose en expectativas realistas, ofreciendo un mayor apoyo en soluciones políticas y haciendo que las misiones de mantenimiento de la paz sean más sólidas y seguras mediante el despliegue de fuerzas bien equipadas y capacitadas, con la inclusión de más mujeres en sus operaciones.

Aunque el Día Internacional del Personal de Mantenimiento de la Paz de las Naciones Unidas es el 29 de mayo, la Sede de la ONU de Nueva York lo celebrará este año el 1 de junio. El Secretario General presidirá una ceremonia de colocación de una ofrenda floral en honor a todos los miembros del personal de mantenimiento de la paz que han perdido la vida sirviendo a las Naciones Unidas. Además, se otorgará la Medalla Dag Hammarskjöld a título póstumo al personal de mantenimiento de la paz que perdió la vida en 2017 mientras prestaba servicio en defensa de la paz.

Se invita por tanto a todos los Estados Miembros, las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, las organizaciones no gubernamentales y las personas en general a que celebren como corresponda el Día Internacional del Personal de Paz de las Naciones Unidas para rendir homenaje a los más de 3700 miembros del personal de mantenimiento de la paz que han perdido la vida mientras defendían los valores de la bandera de la ONU desde 1948, incluidos los 129 que fallecieron el año pasado.