PODEROSO DEL FÚTBOL, SALPICADO POR CORRUPCIÓN EN CÓRDOBA

Juan Manuel Rogelis Ortega, presidente del club de fútbol Patriotas, es uno de los dirigentes deportivos más influyentes.

Aparece en páginas del Jet-set con exfiscales y exmagistrados, y suena para ocupar un escaño en la Federación Colombiana de Fútbol (Fedefútbol), que el próximo año renueva su dirigencia. Y su amigo, el fiscal delegado ante el Tribunal de Cundinamarca, Óscar Toro, fue elegido en enero miembro de la Comisión Arbitral, al lado del exmagistrado de la Corte Constitucional Luis Ernesto Vargas y de Carlos Camargo, del Consejo Electoral.
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Pero Rogelis también aparece en la investigación interna que la Fiscalía adelanta en torno a las acciones y decisiones del capturado Gustavo Moreno, exjefe de la Unidad Anticorrupción del ente acusador, quien intentó desviar investigaciones por corrupción que se siguen en Córdoba. 

Álvaro Burgos del Toro, uno de los condenados por el llamado ‘carrusel’ de la educación en ese departamento, le dijo a la Fiscalía, en febrero de 2016, que Rogelis le pidió 600 millones de pesos para que el fiscal Alfredo Parada, le archivara su caso.

Las consignaciones
Además de dirigente deportivo, Rogelis es abogado y ha compartido oficina con César Guzmán, dueño del equipo Patriotas. Como lo reveló EL TIEMPO en 2015, Guzmán ha representado a capos de la talla de Iván Urdinola y Francisco Zuluaga, ‘Gordo lindo’.

Y Rogelis, a su vez, asesoró a Burgos del Toro, acusado de obtener 33.000 millones de pesos en indemnizaciones para maestros de Lorica, Córdoba, acudiendo a resoluciones fraudulentas.

Pero Burgos del Toro cambió de defensa, y cuatro meses después de su captura, en octubre de 2015, entregó consignaciones que probarían el soborno.

Según él, Rogelis lo citó a una pizzería de Montería y le exigió 850 millones. 

De hecho, le aseguró al propio fiscal Parada que sabía que la plata no era para él y que tenía miedo porque “Rogelis había trabajado para gente de carteles de las drogas”.

“Yo sí asesoré a Burgos del Toro y le puse abogados que trabajan conmigo –Héider Barbosa y Manuel Cáceres–, para que lo defendieran. Pero no le pedí ningún soborno”, le aseguró a EL TIEMPO el gerente del club boyacense Patriotas.

Y dijo que tiene entendido que a Burgos del Toro se le solicitó ampliar la declaración y no ha querido.

Y, aunque admitió que en su caso no se ha retractado, aseguró que la Fiscalía no lo ha llamado a declarar.

EL 28 DE SEPTIEMBRE SERÁ LA AUDIENCIA DE ANDRÉS FELIPE ARIAS EN EE.UU.

Una Corte de Miami, Estados Unidos definirá si extradita o no al exministro de agricultura a Colombia.

La Corte Federal del Distrito Sur de la Florida (Estados Unidos) programó para el próximo 28 de septiembre la audiencia en contra del exministro de agricultura, Andrés Felipe Arias solicitado por la justicia colombiana en extradición, para que cumpla la condena de más de 17 años de cárcel, por irregularidades detectadas en el programa de subsidios, Agro Ingreso Seguro.

La Fiscalía de EE.UU. subrayó este viernes que el tribunal a cargo de la extradición a Colombia del exministro Andrés Felipe Arias tiene un margen "estrecho" para denegarla y aseguró que son "irrelevantes" desde el punto de vista de la extradición las opiniones de la defensa sobre aspectos políticos de Colombia.

En el memorando de 27 páginas presentado al tribunal, el fiscal adjunto Benjamin B. Greenberg contestó al que la defensa de Arias presentó el pasado 23 de junio en contra de la extradición.

El juez John 0'Sullivan había ampliado hasta este 21 de julio la solicitud de la Fiscalía, que representa en el juicio al Gobierno de Colombia, la presentación de este memorando en el que Greenberg expone por qué el magistrado debe dar luz verde a la extradición.

7.400 EXCOMBATIENTES DE LAS FARC EMPEZARÁN A RECIBIR TARJETA DÉBITO

En la zona veredal de Policarpa, Nariño se entregaron las primeras tarjetas de ahorros por parte del banco Agrario.

Funcionario de la Oficina del Alto Comisionado de Paz y del banco Agrario empezaron a entrar tarjetas débito a los exintegrantes de las Farc. El Gobierno Nacional tiene como objetivo entrar 7.400 cuentas en las que los guerrilleros recibirán, el salario minio vigente como quedó estipulado en el Acuerdo Paz.

La primera zona en la que fueron distribuidas las tarjetas débito se dio en la zona veredal Policarpa, en Nariño. El Alto Comisionado de Paz, Sergio Jaramillo, sostuvo que al sitio viajaron funcionarios del banco Agrario inscribir a los insurgentes y de esta manera lograr su incorporación.

“Se les entregó la tarjeta para que reciba mensualmente el apoyo”, sostuvo Jaramillo.

De acuerdo con el Gobierno los excombatientes recibirán $663.945 y dinero para los proyectos productivos por $2 millones para crear microempresas.

Una de las preocupaciones del sector bancario es que si se incluyen estos 90 excombatientes de las Farc que están en la Lista Clinton de lavado de activos se podrían estar incumpliendo con las normas Basilea, las regulaciones de sostenibilidad financiera internacional. Vulnerar estos estándares tendría serias implicaciones en términos de reputación.

“Si se demuestra que Colombia incumplió con estos acuerdos, en especial los que van en contra de lavado de activos, podría no sólo tener consecuencias en términos de prestigio, sino que va a poner en riesgo sus calificaciones de inversión. Y pasaría lo mismo para el banco que le dio la cuenta a la persona con dinero ilícito, pues podrían empezar a vetarlo internacionalmente”, explicó Horacio Ayala, exdirector de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).

SANCIONAN A TRANSMILENIO POR FALTA DE BAÑOS PARA SUS EMPLEADOS

La decisión fue ratificada por el Ministerio de Trabajo debido a que el sistema no cumplió con una norma que obliga a instalar sanitarios cuando las entidades cuentan con más de 15 funcionarios.

La Dirección Territorial de Bogotá Ministerio de Trabajo impuso una sanción de 500 salarios mínimos mensuales vigentes (más de $322 millones) contra el sistema Transmilenio y Recaudo Bogotá por el incumplimiento a la resolución 2400 de 1979 en la que se establecen disposiciones sobre el higiene en establecimientos públicos y la cual obliga a construir servicios sanitarios por cada 15 empleados.

Los antecedentes de la resolución, con fecha del pasado 28 de junio, indican que el denunciante interpuso la querella al advertir que no se “implementaron acciones sanitarias y servicios de higiene para los trabajadores de las Fases I, II y III de Transmilenio”.

De acuerdo con el documento, el sistema “no ha cumplido con sus deberes, con prudencia y diligencia. Por el contrario, durante el proceso administrativo se ha observado que la empresa no tiene voluntad para procurar el cuidado y salud de los trabajadores que prestan su servicio para el concesionario, aduciendo que no es su responsabilidad”.

Tras realizar las pesquisas, el despacho no evidenció trabajos ni iniciativas relacionadas con la instalación de baterías sanitarias tanto en los portales como en las estaciones de Transmilenio para garantizar el cumplimiento de las reglas administrativas.

“La norma tiene como fin procurar el cuidado y bienestar de los trabajadores en su calidad de seres humanos, que necesitan contar con un mínimo de condiciones que permitan desempeñar sus labores en condiciones salubres, sin que se vea afectada su salud de por medio”.

El concejal Marco Fidel Ramírez, quien presentó un derecho de petición en el que solicitó un pronunciamiento sobre el incumplimiento del sistema, indicó que pedirá ante los entes de control la apertura de una investigación disciplinaria contra la gerente de Transmilenio, Alexandra Rojas, “por presunta negligencia”.

En contra de las decisiones administrativas de la Dirección Territorial de Bogotá proceden los recursos de reposición y el subsidio de apelación.

A JUICIO ATACANTE DE LA PERIODISTA PAOLA ANDREA NOREÑA

El pasado viernes, la Fiscalía General de la Nación acusó formalmente a Miguel Rozo Trujillo, el hombre señalado de atacar con un cuchillo a la periodista Paola Andrea Noreña. La joven había quedado al borde de la muerte.

Según el organismo investigador Rozo Trujillo deberá responder por el delito de feminicidio agravado en modalidad de tentativa y también reveló que como prueba presentará el testimonio de Paola Torres, así coma la declaración de varios testigos.

El pasado 6 de abril, Paola Andrea Noreña fue atacada por Miguel Rozo Trujillo cuando salía de su trabajo en la Universidad Minuto de Dios, de acurdo a las pruebas de la Fiscalía.

"Sin mediar palabra, la cogió por la espalda y la cortó […] desde el pecho hasta el cuello. Mientras ella intentaba defenderse, el tipo vuelve y la corta desde la sien hasta la parte posterior de la cabeza, cogiéndole los oídos", dijo a El Espectador Sonia Cifuentes, amiga de Noreña.

Después del ataque, la joven pidió auxilio y el conductor de un vehículo se ofreció a llevarla hasta la clínica Partenón, donde lograron estabilizarla.

Los familiares les contaron a agentes de la Policía que Paola Andrea Noreña había terminado una relación sentimental y luego de que su expareja le propusiera regresar, ella se negó.

De acuerdo con Danniela Ramírez, hermana de la víctima, se trató de un intento de feminicidio, debido a que uno de los ataques por poco corta la vena yugular. “Dos milímetros más y otra seria la historia. Está viva de milagro”.

“Ella intentó identificar al agresor y él, para que no la viera, la cortó desde la comisura del ojo hasta la parte de atrás de su cabeza y la dejó prácticamente inconsciente. Y lo único que recuerda es que ella trata de taparse sus heridas y cuando intentó ver al agresor, éste salió corriendo”, agregó.

Rozo Trujillo, no aceptó los cargos y se enfrentaría a una pena de 10 años de prisión.

PRISIÓN DOMICILIARIA PARA POLICÍAS INVESTIGADOS POR CASOS DE CORRUPCIÓN EN BOGOTÁ

Once de los 13 procesados, señalados de exigir sobornos a cambio de dinero, recibieron el beneficio de la casa por cárcel, mientras que los otros dos quedaron en libertad.

Aunque la Fiscalía asegura tener pruebas que vincularían a 13 policías con bandas de microtráfico de Bogotá, entre las que se incluyen interceptaciones telefónicas, fotografías y testimonios, un juez de Bogotá les concedió detención domiciliaria a once de ellos y dejó en libertad a otros dos, tras acoger los argumentos de la defensa de los procesados.

Entre los investigados que recibieron el beneficio se encuentra un oficial, quien al parecer trabajaba en el CAI de Las Cruces, en el centro oriente de la ciudad y diez patrulleros. A su vez, dos uniformados quedaron en libertad mientras avanza el proceso en su contra. 

Durante la audiencia de imputación de cargos, la Fiscalía reveló audios en los que, al parecer, los investigados les exigían dinero a los miembros de bandas delincuenciales del centro de Bogotá a cambio de no judicializarlos e informarles sobre los operativos que realizaban en la zona. Asimismo, los uniformados son investigados por realizar falsos allanamientos. 

La investigación, realizada por el CTI de la Fiscalía y que contó con el apoyo de miembros de contrainteligencia de la Policía, se realizaba desde hacía varios meses. En la captura participó el Gaula del Ejército. 

Los uniformados deberán responder por los delitos de concierto para delinquir, tráfico de estupefacientes, extorsión, cohecho y prevaricato por acción. 

Además de los policías, entre los investigados hay nueve civiles contra quienes el juzgado impuso medida de aseguramiento en establecimiento carcelario.

En caso de ser hallados culpables, los uniformados purgarían penas que superan los ocho años de prisión.

EN BOGOTÁ HAY UN BAÑO PÚBLICO POR CADA 70.619 HABITANTES

Si usted está en la calle, en un parque público o en un bus de Transmilenio y necesita entrar al baño con urgencia, ¿qué suele hacer? Encontrar uno es todo un suplicio, y no es para menos: en Bogotá hay 113 baños públicos, de los cuales 11 están en Transmilenio, seis en Cades y Supercades, 60 administrados por el IDRD, 32 por el IPES y cuatro por el Idipron. Es decir, en la ciudad hay un baño público por cada 70.619 habitantes.

Además de que la cifra es irrisoria, pocos ciudadanos los usan porque desconocen su paradero y para acceder a ellos se paga un precio mínimo de $1.000, como los que están en portales de Transmilenio o los que operan dentro de los parques. Esos son los más visibles. No sucede lo mismo con aquellos que se encuentran en vías públicas o bajo los puentes: no son conocidos ni se identifican con facilidad. 

La situación más crítica se vive en las localidades de Suba y Bosa, donde hay un baño por cada 178.676 y 141.807 personas, respectivamente. Los que funcionan tienen una capacidad de operación de hasta 25.000 personas al mes. En el centro histórico el panorama no es menos complejo: hay 19 baños (uno por cada 89.881 habitantes) y lo más grave es que la población flotante es de 1’707.745 personas.

Con este panorama, los ciudadanos no tienen más opción que acudir a establecimientos privados, como tiendas de abarrotes, centros comerciales o restaurantes, donde pueden encontrarse con varias posibilidades: que estén ocupados, que les cobren por lo menos $500 o incluso que estén fuera de servicio. En otras ocasiones, los usuarios tienen que adquirir un producto del local, que no necesitan, para ingresar..

Cansado de esta situación, un bogotano decidió, en 2008, recurrir a un juzgado para defender los intereses de la ciudadanía. A través de una acción popular, le pidió al Distrito que supliera el déficit en la oferta de baños públicos en la capital. El despacho no sólo le halló la razón al demandante, sino que la decisión fue ratificada en segunda instancia por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca en 2011. A pesar de que el fallo obligaba a la administración a tomar medidas para mitigar esta problemática, al parecer esto no ocurrió.

En 2016, luego de que se hiciera viral el video en el que se veía a una mujer orinando dentro de un articulado de Transmilenio, el concejal Jorge Torres interpuso un incidente de desacato, porque, según afirmó, luego de cinco años el Distrito no avanzó en el tema.

“El Juzgado 35 Administrativo de Bogotá aceptó nuestra petición el pasado 16 junio y obligó a la administración que en un plazo de seis meses se tomen las acciones correspondientes para ver dónde ubicar baños públicos en la ciudad”, asegura el cabildante.

Durante el proceso, según la decisión, la Defensoría del Pueblo será veedora del cumplimiento del fallo. De acuerdo con la entidad, aún no han sido notificados.

Medidas frente al fallo
Para cumplir con lo dispuesto por el juzgado, el Distrito nombró como responsables a al menos seis entidades, entre ellas las secretarías de Planeación y Ambiente, así como el IDU y el Acueducto. Si bien la Secretaría de Planeación considera que la instalación de baños en la ciudad es urgente, indica que, para suplirla, la primera tarea consistirá en cambiar la reglamentación. “La actual norma restringe los lugares donde se puedan construir baños públicos”, dice la entidad.

Para esto, sería necesario modificar el Plan Maestro de Espacio Público y la cartilla de Mobiliario Urbano, en los cuales la construcción de los baños únicamente está contemplada dentro de mobiliarios con funciones articuladas como cicloestaciones, cafés y estands de información institucional y ventas.

Lo cierto es que, hasta que la reglamentación esté lista, los sanitarios de los establecimientos privados seguirán supliendo las necesidades de los bogotanos. Aunque Planeación asegura que la cambiarán, hasta ahora no hay un plan esbozado para la construcción de más baños públicos, una orden judicial que ya no da más espera.