martes, 18 de abril de 2017

51 ASESINATOS EN 108 DÍAS EN TUMACO




Tumaco, Nariño, sigue atrayendo la atención de la Fuerza Pública en el país. A los continuos bloqueos, vías obstaculizadas, cocaleros financiados por narcotraficantes al mando de 3.600 kilómetros de coca en límites con la frontera con Ecuador, se suma un nuevo cáncer para esta ciudad de Nariño: los asesinatos.

En los primeros 108 días de este año, 51 personas han sido asesinadas en Tumaco, cifra considerada alta porque en 2016, la zona más cocalera de Colombia registró 147 crímenes y en 2015 más de 130.

La personera de Tumaco, Any Mercedes Castillo, le informó a Caracol Radio “que Tumaco está viviendo una situación bastante complicada en materia de orden público. Esa una situación que preocupa”.

Solo el domingo 16 de abril, 10 personas fueron asesinadas en Tumaco. “Ocurrieron, en su mayoría en zona rural, en áreas muy cercanas a la cabecera municipal. Cuatro personas fueron asesinadas en un mismo sitio, en hechos que son materia de investigación. Actualmente, Tumaco presenta indicadores de homicidios por encima de los presentados en 2015 y 2016, años también complicados”, expresó la personera.

La mayoría de los asesinatos han sido producidos por sicarios que cruzan en motocicletas y disparan a sus víctimas, en algunos casos con antecedentes penales y vínculos con grupos armados que operan en esta región del país.

Hoy, la localidad se alista para las elecciones de alcalde el próximo domingo, no hay toque de queda, los cocaleros no están obstruyendo carreteras, pero algunos siguen a la expectativa, con la intención de atacar si la Policía Antinarcóticos avanza en su erradicación de las plantaciones de coca en cultivos financiados por narcotraficantes en la zona con Ecuador.

PROCURADURÍA ABRE INDAGACIÓN PRELIMINAR POR TRAGEDIA DE MOCOA




La Procuraduría busca determinar quiénes fueron los responsables de las presuntas irregularidades en las que, por acción o por omisión, pudieron haber incurrido al no adoptar las medidas tendientes a mitigar la catástrofe ocurrida el 1 de abril, en el municipio de Mocoa, cuando se desbordaron los ríos Mocoa, Mulato y Sangoyaco, ocasionando una avalancha que dejó más de 300 personas muertas y miles de familias damnificadas.

Las Procuraduría se basa en los registros en medios de comunicación en los que se señala que la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonía (Corpoamazonía), al parecer, ya había advertido de la tragedia, como resultado de estudios en donde “alertaba que este tipo de acontecimientos podrían pasar”.

El Procurador Segundo Delgado para la Vigilancia Administrativa, Giancarlo Marcenaro Jiménez, inició la recaudación de pruebas en la Alcaldía Municipal de Mocoa, la Gobernación del Putumayo, Corpoamazonía, la Universidad Nacional, el Departamento Nacional de Planeación, el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios ambientales (Ideam), el Ministerio del Medio Ambiente, y Unidad Nacional del Gestión del Riesgo de Desastre.

Al mismo tiempo, solicitó a la Alcaldía y la Gobernación del Putumayo informar si el municipio y el departamento atendieron las advertencias realizadas por la Procuraduría Delegada para Asuntos Ambientales y Agrarios, a través del memorando 0017 del 5 de junio de 2014 y el oficio 379 del 7 de marzo de 2016, concernientes en la adaptación al cambio climático e incorporación de dicha variable en las políticas locales, en especial en el proceso de construcción de los Planes de Desarrollo Municipal.

CANCILLERÍA PIDE A AUTORIDADES ITALIANAS CELERIDAD EN INVESTIGACIÓN POR ASESINATO DE COLOMBIANA




El Ministerio de Relaciones Exteriores lamenta la muerte de la connacional Nidia Lucía Loza Rodríguez, ocurrida en la ciudad italiana de Camisano Vicentino, y expresa sus sinceras condolencias a sus familiares y allegados.

Desde el momento en que se conoció el caso la Cancillería colombiana ha venido prestando asistencia a los familiares de la connacional y velando, junto al servicio social italiano, por el bienestar y protección de la hija de la señora Loza, menor de edad de nacionalidad italiana, quien se encuentra actualmente al cuidado de sus abuelos paternos por disposición de las autoridades italianas.

A través del Consulado de Colombia en Milán, el Ministerio ha estado en permanente contacto con las autoridades a quienes ha pedido celeridad en la investigación tendiente al esclarecimiento de los hechos y judicialización del responsable.

Los restos mortales de Nidia Lucía Loza Rodríguez se encuentran a disposición de la autoridad judicial italiana, que adelanta la respectiva investigación. La repatriación del cuerpo está sujeta, en principio, a la autorización que den las autoridades competentes. La situación de la menor será definida por las autoridades italianas, en cuyo proceso el Consulado realiza seguimiento al desarrollo del proceso, manteniendo informada a la familia en todo momento.

PIDEN A LA CORTE SUPREMA NEGAR LA INCLUSIÓN A LA JEP DEL GENERAL (R) ARIAS CABRALES




El abogado Jorge Molano defensor de las víctimas del Palacio de Justicia, radicó ante la secretaría de la Corte Suprema de Justicia una solicitud de negación a la petición del general (r) Jesús Armando Arias Cabrales, para ser acogido por la Justicia Especial para la Paz (JEP).

Piden a la Corte que sea excluido de cualquier trámite y beneficio relacionado con la Jurisdicción, teniendo en cuenta que "no ha contribuido a la verdad y reparación de las víctimas del holocausto, por lo tanto continúa en la práctica el delito de desaparición forzada".

Señala el abogado que el general fue condenado por los hechos relacionados al Palacio y de ser acogido pondría en riesgo el reconocimiento de la verdad y el derecho de las víctimas, "existe una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del 2014 en la que ordena que los procesos por la toma y retoma del Palacio no pueden salir de la jurisdicción ordinaria".

Cabrales elevó la solicitud de sometimiento a la secretaria de la JEP y hasta el pasado 4 de abril la remitió a la Corte Suprema para que defina la situación.

CORTE TUMBA FALLO DE MADRES COMUNITARIAS




El fallo de la Corte Constitucional que por proteger los derechos laborales de 106 madres comunitarias amenazaba la quiebra del ICBF, acaba de caerse en la Sala Plena de este tribunal.

En una decisión mayoritaria, los magistrados eliminaron la posibilidad de que se reconozca que entre el Bienestar Familiar y las madres existe un contrato realidad desde el día de su vinculación a la entidad, y que por ende se les deben reconocer salarios, prestaciones sociales y pensión de manera retroactiva.

Esta postura abría un boquete de reclamaciones de miles de madres que han pasado por la entidad; según las cuentas iniciales del ICBF, las implicaciones de esta decisión podría superar los 20 billones de pesos.

El gobierno, en cabeza del ICBF, pidió la nulidad de la sentencia. En un nuevo y último round de esta discusión, la corte tumbó la mayoría de la sentencia. En reconocimiento a la dignidad, a la seguridad social y al mínimo vital, el alto tribunal ordenó que las 106 madres sean cobijadas con la Ley 1450 del 2011, que precisamente reconoció beneficios económicos para las madres que no alcanzaran las condiciones para ser pensionadas.

En el artículo 164 de esta norma, se reconoció que las personas que dejen de ser madres comunitarias y no reúnan los requisitos para acceder a la pensión, ni sean beneficiarias del programa de asignación de beneficios económicos periódicos (BEPS) del régimen subsidiado en pensiones, tendrán acceso al subsidio de la subcuenta de subsistencia del Fondo de Solidaridad Pensional.

El decreto reglamentario de esta ley establece que el ICBF asumirá la diferencia entre lo otorgado por el Programa de Protección Social al Adulto Mayor y el valor que se establece a continuación: quienes lleven entre 10 y 15 años, $220.000; entre 15 y 20 años $260.000 y más de 20 años $280.000.

De manera que la decisión que hoy adoptan los magistrados en Sala Plena permitirá que las 106 madres cobijadas por el fallo accedan a este “subsidio” que les corresponde por ley.

LAS COSAS CURIOSAS DE LA VIDA 




Juan Carlos Galindo registrador actual y por segunda vez en su receso como litigante era el abogado del partido político alas equipo Colombia, el partido político del exsenador y actor de la serie escalona y condenado por parapolítica Álvaro Araujo. 

Pues Galindo fue el abogado que presento la demanda en el consejo de estado y la medida cautelar que revivió este partido político y comenzara a participar en las próximas elecciones.

TRUMP FIRMARÁ DECRETO QUE ENDURECERÁ VISAS PARA TRABAJADORES INMIGRANTES




El presidente de EE.UU., Donald Trump, firmará este martes una orden ejecutiva que continúa su línea proteccionista hacia los trabajadores y productos estadounidenses, lo que podría resultar en el endurecimiento de requisitos para algunos visados y la revisión parcial de acuerdos comerciales.

Trump visitará una fábrica de herramientas en Kenosha (Wisconsin) para hablar sobre su lema "Compra estadounidense y contrata a estadounidenses", y firmará allí un decreto dirigido a avanzar en ese objetivo, según adelantaron hoy fuentes de la Casa Blanca.

La orden ejecutiva tiene un doble componente y está destinada en primer lugar a revisar el sistema de visados para evitar que pueda beneficiar a trabajadores extranjeros en detrimento de los estadounidenses, según explicó un funcionario de la Casa Blanca, quien pidió el anonimato, en una conferencia de prensa.

Trump instruirá en el decreto a los departamentos de Trabajo, Justicia, Seguridad Nacional y Estado a "actuar rápidamente para castigar el fraude y los abusos en el sistema de inmigración con el fin de proteger a los trabajadores de Estados Unidos y sus condiciones económicas", precisó el funcionario.

Además, pedirá a esos cuatro departamentos que "emprendan reformas para asegurar que los visados H-1B se conceden a los solicitantes más cualificados", dado que, según la fuente, el 80 % de los beneficiarios de esa visa "cobran menos del salario medio en sus respectivos campos" de trabajo.

El visado H-1B permite contratar temporalmente a extranjeros -85.000 al año- en puestos de alta cualificación y relacionados sobre todo con ciencias, ingeniería y tecnología, y la Casa Blanca considera que contribuye a "traer al país a trabajadores menos cualificados y peor pagados que aquellos a los que reemplazan".