MINISTERIOS DE JUSTICIA, EDUCACIÓN Y SALUD INVITAN A LA PRESENTACIÓN DEL ‘ESTUDIO NACIONAL DE CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS EN POBLACIÓN ESCOLAR-COLOMBIA 2016’

Los ministerios de Justicia y del Derecho, de Educación Nacional y de Salud y Protección Social presentarán este jueves 7 de junio los resultados del ‘Estudio Nacional de Consumo de Sustancias Psicoactivas en Población Escolar-Colombia 2016’, investigación que se realizó bajo la coordinación del Observatorio de Drogas de Colombia con el apoyo de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD) de la Organización de los Estados Americanos (OEA).

Los resultados de este estudio, que se aplicó a 80.018 estudiantes de los grados séptimo a undécimo de colegios públicos y privados de Colombia, permitirán conocer la tendencia actual en escolares respecto al consumo de sustancias psicoactivas en comparación con los años 2004 y 2011. Además, ofrecerán datos clave para la construcción de estrategias que permitan dar respuestas adecuadas a esta problemática en el ámbito nacional.

El evento estará presidido por Martha Paredes Rosero, Coordinadora del Observatorio de Drogas de Colombia del Ministerio de Justicia; Olga Zárate, Directora de Calidad para la Educación Preescolar, Básica y Media del Ministerio de Educación Nacional; y Ana María Peñuela, Asesora del Despacho del Ministerio de Salud y Protección Social. El estudio será presentado por José Francisco Cumsille, director del Observatorio Interamericano de Drogas de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD) entre 2004 y 2017.

CARGOS FISCALES A EXPRESIDENTE DE ECOPETROL Y OTROS EXDIRECTIVOS

La Contraloria imputó cargos por responsabilidad fiscal a 20 funcionarios que hacían parte de la junta directiva de Ecopetrol y de Reficar y a cinco empresas que participaron de las obras, por el detrimento patrimonial de 2.400 millones de dólares, que equivalen a 5 billones de pesos.

De acuerdo con la entidad se comprobó la existencia de daño fiscal por la pérdida de las inversiones realizadas en la Refinería de Cartagena durante los años 2011 a 2015.

"Se demostró que se vulneró la promesa de valor de las inversiones del proyecto al pagarse mayores costos por mano de obra y subcontratos, que ponen en jaque la recuperación del dinero invertido con la rentabilidad esperada por la Nación como accionista mayoritario. La Refinería inicialmente planeada por un valor de 3.777 millones de dólares, terminó costando 8.326 millones de dólares", sostiene el órgano de control.

Además se investiga la deuda y capitalización de Ecopetrol para la financiación del proyecto de la refinería de Cartagena que nunca llegó a su finalidad. De acuerdo con la Contraloría esos recursos "se esfumaron". 

Según esa entidad este sería el mayor detrimento patrimonial del Estado. Cuatro veces más que el de la EPS Salucoop 

Entre los imputados están Javier Genaro Gutiérrez,expresidente de Ecopetrol; Pedro Alonso Rosales, exvicepresidente ejecutivo del Downstream de la matriz Ecopetrol; Diana Calixto, exjefe de la unidad corporativa; Hernando José Gómez, miembro independiente como exdirector del Departamento Nacional de Planeación; Henry Medina González; Uriel Salazar; Natalia Gutiérrez Jaramillo; Astrid Martínez; y Carlos Arrieta. 

Según la Contraloría estos funcionarios habrían aprobado cambios irregulares para las inversiones en el proyecto. 

También se imputó responsabilidad fiscal solidaria, por contribuir a la pérdida de las inversiones, a los expresidentes de Reficar Orlando Cabrales y Reyes Reinoso Yánez; a la exvicepresidenta administrativa y financiera Magda Manosalva; a los exvicepresidentes de proyecto de Reficar Carlos Bustillo y Andrés Virgilio, y al director corporativo de proyectos de Ecopetrol César Barco.

Tomada de: El Tiempo

JUEZ DICTA MEDIDA DE ASEGURAMIENTO CONTRA CARLOS SOLARTE Y SU HIJA

El emporio construido por Carlos Solarte ha "honrado la confianza de diez presidentes, al dar cumplimiento en todos los proyectos que le han sido encargados", como lo consagran en sus mensajes institucionales. Desde los años 80, proyectos de infraestructura en todo el país impulsados por la Nación han visto la luz de la mano de la firma CASS Constructores; hoy, según su página web, han participado en por lo menos 31 obras, como puentes, vías, sistemas de transporte masivo, reconstrucciones. 

Los constructores colombianos habían logrado hacerle el quite a los cuestionamientos en el escándalo de Odebrecht, al hacer parte minoritaria del Consorcio Ruta del Sol 2 (Consol), que tenía a su cargo la megaobra que conecta la costa con el centro del país. Desde el primer momento, los brasileños implicados y el exviceministro de Transporte Gabriel García Morales aseguraron que de las coimas no tuvieron conocimiento los Solarte, que tenían apenas un 5 por ciento de participación en la sociedad. 

Sin embargo, otro de los contratos en los que jugaron con la firma brasileña terminó explotándoles en las manos a los Solarte una década después de la adjudicación. Este miércoles, un juez de control de garantías de Bogotá decidió dictar medida de aseguramiento privativa de la liberad a Paola Solarte Enríquez, por los delitos de contratación sin cumplimiento de requisitos legales, peculado por apropiación y cohecho. Deberá ser trasladada a la cárcel El Buen Pastor. 

A su padre, el ingeniero Carlos Solarte, el juez 30 de Control de Garantías le dio medida de aseguramiento no restrictiva de la libertad, al considerar que sobrepasa los 75 años de edad y que padece de un problema cardiovascular. El ingeniero deberá responder por los delitos de contratos sin el cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación. No podrá salir del país y tendrá que suscribir un acta de buen comportamiento con la justicia. 

El caso está relacionado con las irregularidades alrededor de la firma y ejecución del contrato para la construcción del interceptor Tunjuelo - Canoas, la obra entregada por el Distrito en el año 2009. El contrato tuvo un costo de 244.000 millones y buscaba hacer realidad el sueño de los capitalinos de descontaminar el río Bogotá. En específico, las acusaciones de la Fiscalía apuntan a que el anticipo entregado por el Distrito, por 48.000 millones de pesos, habría sido desviado para pagos a beneficio personal y de terceros.

Este caso desató la preocupación de las autoridades, entre ellas, el Ministerio Público, que manifestó sus críticas dado que las directivas de CASS Constructores, la firma que lidera varias de las obras más importantes de Antioquia y Cauca, están respondiendo por presuntas conductas que mensocabaron en erario y fueron presuntamente la fuente de corrupción para funcionarios públicos. 

Aunque responden penalmente por el interceptor Tunjuelo - Canoas, la Procuraduría reveló que las autoridades avanzan en una nueva línea de investigación relacionada con el contrato para optimizar y expandir la planta de tratamiento de aguas residuales de Salitre, obra que quedó en manos del Consorcio Expansión PTAR Salitre, del que participan los Solarte. El consorcio está conformado por la española Aqualia Infraestructuras (filial de FCC), la griega Aktor y la colombiana CASS Constructores y Cía. 

"Néstor Guillermo Franco, director de la CAR, afirmó que Paola Solarte era la vocera del consorcio Expansión Salitre y de CASS Constructores y que Orlando Fajardo tuvo participación en el contrato adjudicado a FCC Constructores pese a que no era participante del trámite contractual. Misma mecánica, mismos protagonistas, cambia el decorado", aseguró el procurador delegado Manuel Fernando Alméciga Gómez durante la audiencia. 

Tomada de: Semana

INCIDENTE CON GUSTAVO PETRO EN EL CLUB CAMPESTRE DE MEDELLÍN

Un socio del Club Campestre de Medellín invitó, esta semana, al candidato presidencial Gustavo Petro a un almuerzo. El encuentro, que según dijo el ciudadano debía celebrarse en el club del que es socio y sería de carácter privado, estaba programado para este miércoles 6 de junio.

Al parecer, la junta directiva del club decidió llamar al socio cuando se enteró de la cita que este había pactado con Petro. Según un comunicado emitido por la misma junta, el evento fue cancelado luego de que se analizaran la opinión del socio y las condiciones de seguridad y de orden que implicaba la presencia del candidato presidencial en el club.

“Se procedió a entrar en contacto con el socio, con quien se analizaron las circunstancias y los factores de conveniencia de la reunión, dando como resultado que él mismo desistiera del almuerzo en el club, en aras de conservar la tranquilidad y evitar alguna del orden de cualquier índole interna o externa”, informa el comunicado de la junta directiva.

No es la primera vez que el candidato de la Colombia Humana tiene problemas de esta índole en la capital antioqueña. En febrero pasado, mientras hacía campaña para la primera vuelta presidencial, entró en una confrontación directa con el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, luego que este le expresara que su campaña no había cumplido con los requerimientos para celebrar un evento público en el sector de Carabobo Norte.

Petro insistió en hacer su acto público, en el que dio un discurso rodeado por sus seguidores. A pesar de que el alcalde lo responsabilizó de los desórdenes que podrían ocurrir durante la manifestación, la reunión transcurrió entre los discursos del candidato y una total calma.

Por el momento, el Club Campestre no se ha referido al tema indicando que el vocero autorizado ha estado todo el día en medio de reuniones.

De igual forma, tampoco se ha conocido respuesta por parte de la campaña de Petro. 

Tomada de: El Tiempo

A LA CÁRCEL ABOGADO DE CARLOS MATTOS

Por petición de la Fiscalía, un juez decidió dictar medida de aseguramiento en contra del abogado Luis David Durán, quien representó al empresario Carlos Mattos en la cuestionada demanda que interpuso contra Hyundai Motor Company de la República de Corea pidiendo que se le reconocieran los perjuicios causados por la decisión de la multinacional de terminar su contrato con Hyundai Colombia Automotriz S.A.

El abogado reconoció que participó del entramado que adelantaron con ex funcionarios de la rama judicial, incluido Edwin Fabián Macías Castañeda quien también fue enviado a la cárcel, para lograr que el sistema de reparto de los jueces determinara que la demanda de Mattos cayera en las manos del juez Reinaldo Huertas para que todo saliera a su favor.

Para eso se habría comprado a los funcionarios y es por eso que ya se emitió una orden de captura contra el empresario quien finalmente habría puesto el dinero para manipular el sistema.

Durán y Macías fueron enviados a la cárcel Modelo mientras se adelantan las investigaciones.

Tomada de: Caracol 

CONSULTA ANTICORRUPCIÓN IRÁ A LAS URNAS A MÁS TARDAR EL 02 DE SEPTIEMBRE

El balón de la consulta anticorrupción ya pasó a la cancha del Gobierno Nacional, que deberá definir la fecha en la que se convocará a los ciudadanos a las urnas para votar esta iniciativa.

El ministro del Interior, Guillermo Rivera, anunció que el proceso electoral se llevará a cabo a más tardar en septiembre. 

“Lo que dispone la ley es que luego de esta decisión del Senado, el Gobierno cuenta con 8 días para hacer la convocatoria a esta consulta, que debe hacerse dentro de los tres meses siguientes, con lo cual la fecha límite sería el 02 de septiembre”, señaló.

“Una vez el Senado nos remita el acta de la decisión, empezarán a correr los 8 días que tiene el Gobierno para convocar la consulta”, añadió.

Aunque algunos congresistas han advertido que la consulta anticorrupción le costaría al país alrededor de 300 mil millones de pesos, esa cifra no es oficial.

“Aún no tenemos oficialmente la estimación de los costos de la consulta, yo halé con el registrador, quien nos expresó que ellos vienen adelantando las evaluaciones para establecer a cuanto puede ascender el costo de esta consulta. Pero más allá del costo de la misma, el Gobierno cree que la realización de esta consulta significa un fortalecimiento de nuestra democracia y no estimamos que sea un gasto, sino una inversión”, agregó.

El ministro Rivera aseguró que si los siete puntos de la consulta son aprobados por la ciudadanía, serán de obligatorio cumplimiento para el próximo Gobierno.

“Si los colombianos que acudan a las urnas en su mayoría votan favorablemente estos siete aspectos y si acude el número mínimo de ciudadanos, el próximo gobierno y el Congreso tendrán la obligación de darle cursos a esas iniciativas para incorporarlas a nuestro ordenamiento jurídico”, sostuvo.

Los promotores de la iniciativa han explicado que se necesitan más de 12 millones de votos por el Sí a los 7 puntos de la consulta anticorrupción, para que ésta sea una realidad.

Estos son los temas de la propuesta:

1. Reducir el salario de los congresistas y altos funcionarios del Estado.

2. Cárcel a corruptos y prohibirles volver a contratar con el Estado.

3. Contratación transparente obligatoria en todo el país.

4. Presupuestos públicos con participación de la ciudadanía.

5. Congresistas deben rendir cuentas de su asistencia, gestión y votación.

6. Hacer públicas las propiedades e ingresos injustificados de políticos y extinguirles el dominio.

7. No más atornillados en el poder: máximo tres periodos en corporaciones públicas.

Tomada de: RCN

CORTE CONSTITUCIONAL PROTEGE DERECHO A ESCOGER PROFESIÓN U OFICIO

La Sala Sexta de Revisión de tutela amparó el derecho fundamental de 13 menores de edad, representados por sus padres, quienes argumentaron que no estaban de acuerdo que los estudiantes fueran vinculados a una institución educativa con enfoque agropecuario, ya que venían cursando en otra institución de carácter técnico. Para la Corte Constitucional, se debe garantizar la continuidad del derecho a la educación y a la libre escogencia de profesión u oficio.

El caso concreto ocurrió en el corregimiento Tajumbina del municipio de La Cruz, Nariño. Después de 9 años fue suspendido el servicio de transporte escolar de los 13 menores que a diario se desplazaban hasta el corregimiento La Estancia, lugar donde se encuentra la Institución Educativa de Bachillerato. La Alcaldía informó a los padres que no extendía el servicio de transporte ya que en la zona donde habitan los niños está ubicado otro centro educativo, pero de carácter agropecuario.

Los menores seguían desplazándose, a pie, durante dos horas, desde sus casas hasta el colegio donde estudiaban. Los padres de familia se opusieron al traslado de institución, ya que manifestaron el deseo de que sus hijos continuaran en un plantel de carácter técnico. Solicitaron a la Corte Constitucional que revisara el fallo de segunda instancia que inicialmente los desfavoreció.

La Corte considera que se debe proteger el derecho a escoger una profesión u oficio y ordenó a la Alcaldía Municipal de La Cruz, Nariño, que en 15 días, contados a partir de la notificación de la sentencia, ofrezca un cupo a cada uno de los estudiantes afectados y la prestación del servicio de transporte escolar.

A SEGUNDO DEBATE PROYECTO DE LEY QUE BUSCA FORTALECER LA INVESTIGACIÓN Y JUDICIALIZACIÓN DE ORGANIZACIONES CRIMINALES

El pasado martes, en la Plenaria del Senado de la República las comisiones primeras conjuntas de Cámara de Representantes y Senado aprobaron el proyecto de ley que busca facilitar el sometimiento a la justicia de grupos armados organizados y así garantizar la terminación del actuar delictivo de dichas organizaciones criminales. Según lo dio a conocer el Ministro de Justica y del Derecho, Enrique Gil Botero, esta iniciativa fue socializada y avalada por el Consejo Superior de Política Criminal.

El Ministro Gil señaló que a través de dos estrategias se busca ponerle fin a los actos delictivos. “Fortaleciendo el sistema específico de normas, mecanismos procesales y de investigación que permitan a fiscales, jueces y servidores de policía judicial enfrentar oportuna y eficazmente a Los Grupos Delictivos Organizados (GDO) y a los Grupos Armados Organizados (GAO) y en segundo lugar, definiendo un procedimiento especial para la sujeción a la justicia de los GAO, sin que esto signifique en ningún momento, su reconocimiento político o la aplicación de mecanismos de justicia transicional”, dijo.

Así mismo, el alto funcionario aseguró que el proyecto de ley es un instrumento complementario y urgente para facilitar la implementación del Acuerdo Final de Paz, suscrito entre el Gobierno Nacional y la guerrilla de las FARC, y el desarrollo del posconflicto. “Buscamos fortalecer la investigación de hechos punibles cometidos por bandas criminales a través de un acercamiento colectivo y una judicialización de los miembros de las mismas, los beneficios que contempla este proyecto son para la sociedad colombiana”, señaló.

Dicha iniciativa esta estructurada sobre tres títulos: 1. el ámbito personal de aplicación de la ley, 2. las medidas de fortalecimiento de la investigación y la judicialización de los grupos y organizaciones criminales y 3. Establece un procedimiento especial para la sujeción de los grupos criminales en este orden. En ningún caso la sujeción a la justicia impedirá la extradición.

"Este proyecto tiene vectores que estructura en 58 artículos toda una política de sujeción y el sometimiento al poder del Estado, los grupos armados que colaboren con la justicia, que entreguen los menores entre otras cosas tendrán derecho a una rebaja del 50% de la pena. No estamos creando en ningún momento actos de impunidad ni acuerdos políticos" dijo el Ministro Gil.

Sólo a través de un representante que designe el grupo armado organizado se le manifestará de manera escrita al Gobierno Nacional la voluntad de sujetarse colectivamente. Dicha solicitud deberá contener la manifestación expresa, libre y voluntaria del grupo, información precisa que señale su estructura y las conductas delictivas que serán reconocidas.

Además de una relación detallada de sus bienes, información que conduzca a relacionar a los menores que hagan parte de esa organización e identificar las víctimas que serán reconocidas junto con un plan para repararlas.

Junto con estos documentos, el grupo armado organizado deberá remitir las respectivas actas de sujeción individual de cada uno de los miembros que se van a someter a la justicia, especificando su nombre, documentación, firma y huella. En ella, cada persona deberá especificar la fecha de ingreso a la organización, el rol o roles que asumió, las zonas geográficas donde cometió actividades delictivas, un compromiso para no volver a cometer conductas punibles y una exposición detallada de su participación en cada una de las conductas sobre las que reconoce responsabilidad.

Una vez iniciado el proceso de sujeción a la justicia, la Fiscalía podrá suspender las órdenes de captura a los miembros del grupo armado organizado siempre que exista una solicitud previa del Consejo de Seguridad Nacional. Esta suspensión se aplicará exclusivamente en el territorio definido para los acercamientos y podrá ser revocada en el momento en el que el individuo cometa nuevos delitos o incumpla con las normas de conductas colectivas.

En cuanto a los delitos que no se encuentren en el acta de sujeción individual, es decir, que no hayan sido reconocidas expresamente por el individuo cuando manifestó su voluntad de someterse a la justicia, serán investigados y juzgados bajo las normas del Código de Procedimiento Penal.

Una vez se surta lo anterior, será posible adelantar procesos de judicialización y acusación. El fiscal, según propone el proyecto, elaborará un escrito de acusación colectivo únicamente sobre los hechos cuya responsabilidad fue reconocida en el acta de sujeción individual.

Si al momento de la audiencia en la que el juez debe imponer fallo condenatorio y medidas privativas de la libertad, el acusado decide no aceptar su responsabilidad, se dará por terminado su proceso de sujeción a la justicia y será judicializado con las normas previstas en el Código de Procedimiento Penal. 

El jefe de la cartera concluyó asegurando que este es un gran avance que se está haciendo en aras de construir una política criminal que responda a las necesidades de un país con unos índices altos de organizaciones criminales.