miércoles, 5 de julio de 2017

LOS CHEQUES DEL PROCESO 8.000 Y OTROS SECRETOS QUE LA JUSTICIA PONE EN UN MUSEO


El celular de Otto Bula, el uniforme con el que murió el Mono Jojoy y los computadores de Alfonso Cano son algunos de los elementos que estarán en el nuevo museo de la Fiscalía que inauguró este miércoles el fiscal Néstor Humberto Martínez.

La celebración de los 25 años de la Fiscalía dejará ver al país algunos elementos muy interesantes de su historia. En el marco de ese aniversario, Néstor Humberto Martínez inauguró el Museo de la Fiscalía en el cual estarán expuestos algunas piezas clave de los principales procesos judiciales del país. Una de las secciones más peculiares es la del Proceso 8.000. Allí se exhibe el maletín Guillermo Pallomari rebosado de los cheques que el ex contador del Cartel de Cali distribuyó para comprar la clase política en los años noventa. Como se trata de centenares de estos documentos la Fiscalía planea instalar un computador que permita buscar por nombre para que así cada colombiano pueda ver a quién le giraron los narcos.

Otra sala interesante es la dedicada a la guerrilla de las Farc. Allí está, entre otros elementos, el uniforme con que murió el Mono Jojoy, y los correos electrónicos extraídos del computador de Raúl Reyes. Uno de estos mails, del año 2001, habla de una caleta que la guerrilla tendría oculta en la embajada de Cuba.

La exposición muestra también los computadores bombardeados de Alfonso Cano y el teléfono satelital con que el jefe guerrillero se comunicaba cuando fue abatido. Esta área también presenta "Amigo contabilín", el sofware con el cual las Farc llevaban su contabilidad. Se trata de un programa que les permitía tener al día sus cuentas, no solo los ingresos y egresos de cada estructura, sino también otras reservas como caletas y vehículos y hasta lotes de madera.

Otra sección del museo está dedicada al Paramilitarismo y el elemento más impactante ahí es el carro Toyota donde fueron masacrados 12 funcionarios del CTI que indagaban sobre la Masacre de La Rochela en 1989.

CON EL ABRAZO COMO SÍMBOLO DEL PERDÓN Y LA RECONCILIACIÓN, COLOMBIA CELEBRÓ EL DÍA NACIONAL DE LA LIBERTAD RELIGIOSA Y DE CULTOS


Durante la celebración del Día Nacional de la Libertad religiosa y de cultos en el país, el Ministro del Interior, Guillermo Rivera Flórez, aseguró que esta primera conmemoración es “un símbolo de paz y convivencia, porque caben todas las creencias”.

Reiteró que el Gobierno le ha apostado al fortalecimiento de la libertad religiosa y de cultos. “El Ministerio del Interior ha liderado esta conmemoración con actos en los territorios. Gracias al trabajo de gobernaciones y alcaldías se lleva a cabo un abrazatón que hace parte de nuestra campaña #Reconcíliate”. 

Agregó que “el sector religioso ha ayudado a sentar bases de una sociedad más justa. Seguiremos construyendo política pública de libertad de cultos y podremos consolidar el gran anhelo de los colombianos. Ojalá que este día sea para reconocernos como iguales y recorrer juntos el camino de la reconciliación”.

En el marco de la celebración y del Tercer Encuentro Internacional de la Libertad Religiosa, organizado por el Ministerio del Interior con el apoyo de la Alcaldía Mayor de Bogotá, se llevó a cabo un acto interreligioso que resaltó el diálogo liderado por la cartera política entre los diferentes líderes del sector en el país, donde el mensaje central fue el ser artesanos de paz, construyendo lazos de perdón y reconciliación, con el abrazo entre hermanos como símbolo.

PROCESO DE PAZ PREVINO AL MENOS LA MUERTE DE 2.796 PERSONAS, SEGÚN INFORME DE CERAC


El proceso de paz previno, al menos, la muerte de 2.796 personas, cifra que incluso puede ser mayor según el periodo con el que se compare, de acuerdo con el informe periódico del Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (CERAC).

En el Monitor del Cese el Fuego Bilateral y de Hostilidades correspondiente al período comprendido entre el 29 de agosto de 2016 al 27 de junio de 2017, el centro privado de investigación señala que “el ininterrumpido cese el fuego bilateral entre el Gobierno y las FARC, que completó diez meses, y la entrega y almacenamiento de las armas de los integrantes de las FARC, consolida el fin del conflicto con dicha guerrilla y lo hace irreversible”.

El estudio anota que “el inicio del posconflicto con las FARC trae consigo drásticas reducciones del riesgo de seguridad y del riesgo humanitario en Colombia, con poca probabilidad de aumento futuro en ambas”.

“Si bien el cese el fuego sigue vigente hasta el 1º de agosto, con la dejación de armas, se reduce a niveles nulos el riesgo de nuevas violaciones, lo cual permite afirmar que se dio la terminación del conflicto con las FARC”, subraya la entidad.

Así mismo, indica que “el cumplimiento del cese el fuego bilateral fue casi completo, en tanto que la prohibición de entrar intencionalmente en contacto armado con la contraparte no ha sido violada”.

Los investigadores explicaron que “durante el cese el fuego bilateral, se redujo más la violencia que durante el periodo en el que se pusieron en vigor las medidas de desescalamiento bilateral: durante el cese se dejaron de perder por lo menos 673 vidas en un periodo de tan solo diez meses”.

SANTA MARTA SE SALVA DE PAGAR $ 2.400 MILLONES


El Consejo de Estado dejó sin efectos una decisión judicial que ordenaba continuar un proceso ejecutivo contra el Distrito de Santa Marta por más de 2.400 millones de pesos, dentro de un litigio que mantiene ese ente territorial con la sociedad Recaudos y Tributos (R y T). 

La decisión se produjo al ponerse en evidencia que los derechos fundamentales de ese ente territorial se vieron afectados por un fallo del Tribunal Contencioso Administrativo del Magdalena en el cual se ordenaba dar mérito ejecutivo a una supuesta deuda que contrajo esa ciudad durante la ejecución de un contrato para la modernización del sistema tributario y la gestión del recaudo. 

En el 2002, la sociedad R y T firmó el contrato con ese Distrito, a partir del cual esperaba obtener, además de la contraprestación al cumplimiento de las tareas que le fueron asignadas, el reembolso de los dineros cancelados a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) por concepto de Impuesto al Valor Agregado (IVA). 

Dado que entre enero del 2008 y diciembre del 2010 Santa Marta dejó de cancelar los valores equivalentes al IVA, la contratista presentó una demanda ejecutiva en contra del ente territorial, a fin de obtener mandamiento de pago por casi 2.400 millones de pesos más intereses de mora. 

Aunque las pretensiones de esta sociedad no se materializaron en primera instancia, el Tribunal Administrativo del Magdalena emitió un fallo en septiembre del 2016 que ordenaba seguir adelante con la ejecución en contra del Distrito Turístico.

PROCURADURÍA PIDE A LA CORTE TUMBAR LIMITANTES QUE EL CONGRESO LES PUSO EN LA JEP


El viceprocurador Juan Carlos Cortés expuso las posiciones del Ministerio Público frente a la creación de la Jurisdicción Especial para la Paz que está siendo estudiada por la Corte Constitucional.

En su intervención el viceprocurador manifestó una preocupación que tienen por unos limitantes que les puso el Congreso en el trámite del acto legislativo.

“La Procuraduría llama la atención en que el Acto Legislativo condiciona su actuación a la solicitud de los magistrados de la Justicia Especial para la Paz, exclusivamente en defensa de los derechos fundamentales de las víctimas y para las diligencias que el magistrado establezca (artículo 12). Este esquema de intervención limitada del Ministerio Público afecta considerablemente la defensa de los derechos de las víctimas y además plantea inquietudes sobre la vigencia de normas esenciales en cuanto a la estructura del Estado, en lo que respecta a la configuración y alcance del Ministerio Público, como órgano constitucional autónomo, vocero de la sociedad y responsable de defender el orden jurídico, así como la materialización de los derechos de los individuos”.

Pese a esa advertencia la Procuraduría pidió declarar exequible la Jurisdicción Especial para la Paz por considerar que será fundamental para la implementación del acuerdo de paz.