viernes, 3 de agosto de 2018

ABOGADOS DE ÁLVARO URIBE PIDEN ANTE LA CIDH MEDIDAS CAUTELARES


La firma Víctor Mosquera Marín Abogados presentó en Washington ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos medidas cautelares en favor del ex presidente Álvaro Uribe con la intención de “salvaguardar sus garantías judiciales”.

En el documento entregado en la CIDH dice que en el caso de Uribe ante la justicia se debe obrar cumpliendo el principio de la legalidad y la ley, lo que significa que “quienes desarrollen las actuaciones sean competentes, independientes e imparciales”.

Agrega que “se permita en condiciones de igualdad en acceder a la doble instancia, interrogar testigos, conocer las pruebas oportunamente y se garantice el derecho a defenderse”. Afirmando que esto surge de una investigación que abrió la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia “sin temer competencia para ello e inobservando lo dispuesto en el Acto Legislativo 01 del 18 de enero de 2018”.

Los abogados del ex presidente piden a la CIDH que se adopten medidas por parte de la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema para “reforzar las garantías judiciales mínimas del Senador y expresidente”, así como la competencia, igualdad e imparcialidad.

En el comunicado aseguran que las medidas cautelares son de carácter tutelar y “buscando evitar un daño irreparable y preservar el ejercicio de los derechos humanos”.

Piden también que la CIDH informe sobre las acciones utilizadas para investigar la situación por parte de las autoridades competentes y que se “adopten las medidas necesarias para preservar el derecho a la defensa”.

Tomada de: Caracol Radio
SUSPENSIÓN DE TÉRMINOS EN LA SALA ESPECIAL DE PRIMERA INSTANCIA


Desde este jueves y durante 7 días más, la Corte Suprema de Justicia mantiene la suspensión de las actuaciones y términos en el trámite de los procesos contra altos funcionarios del Estado (aforados constitucionales) sin detenido, a cargo de la Sala Especial de Primera Instancia.

Así lo dispone el Acuerdo 06 emitido por la Sala Especial de Primera Instancia, tras explicar que a la fecha ha recibido 65 de los 133 expedientes que le serán remitidos por competencia.

La prórroga de la suspensión se adoptó debido a este alto número y volumen de expedientes, puesto que, como se indicó en el Acuerdo 01, la Sala todavía no cuenta “con la logística necesaria, ni con el personal suficiente para iniciar el desarrollo de los procesos, tanto de los tramitados por la Ley 600 de 2000 como los impulsados bajo el Sistema Penal Acusatorio (Ley 906 de 2004)”.