jueves, 28 de septiembre de 2017

FERNANDO BOLAÑOS SERÁ EL REEMPLAZO DE GUSTAVO MALO EN LA CORTE SUPREMA


La Corte Suprema de Justicia decidió de una vez buscar el reemplazo de Gustavo Malo, a quien le fue otorgada una licencia no remunerada durante tres meses, y por esa razón el magistrado Fernando Bolaños asumirá las funciones de inmediato.

Actualmente Bolaños es magistrado de la sala penal del Tribunal Superior de Bogotá, pero por 90 dïas pasará a la Corte Suprema por solicitud de la sala plena quien decidió que tenía todas las cualidades para estar allí.

La decisión se tomó después de que la sala plena aceptara la petición de Malo por estar serieamente comprometidonen todo el escándalo de corrupción que se ha presentado.
FERNANDO BOLAÑOS SERÁ EL REEMPLAZO DE GUSTAVO MALO EN LA CORTE SUPREMA


La Corte Suprema de Justicia decidió de una vez buscar el reemplazo de Gustavo Malo, a quien le fue otorgada una licencia no remunerada durante tres meses, y por esa razón el magistrado Fernando Bolaños asumirá las funciones de inmediato.

Actualmente Bolaños es magistrado de la sala penal del Tribunal Superior de Bogotá, pero por 90 dïas pasará a la Corte Suprema por solicitud de la sala plena quien decidió que tenía todas las cualidades para estar allí.

La decisión se tomó después de que la sala plena aceptara la petición de Malo por estar serieamente comprometidonen todo el escándalo de corrupción que se ha presentado.
PIDEN A FISCALÍA ACELERAR OTROS CASOS CONTRA RITO ALEJO DEL RIO


Es un logró que agentes del Estado compartan los beneficios de la justicia transicional, pero las víctimas de algunos casos le piden a la Fiscalía que insista en encontrar la verdad, además de identificar otros responsables.

Jorge Molano, representante de la víctimas de la masacre de Mapiripán, aseguró que es necesario mantener activos los procesos que no se incluyeron en el beneficio de libertad condicional para el general en retiro Rito Alejo del Rio.

"El señor fiscal tiene preocupación por las condenas de la Farc pero poco con agentes del Estado.... hay casos como Mapiripán, Jaime Garzón y Álvaro Gomez que terminan paralizados", dijo el abogado.

Molano le pidió a la Fiscalía un trato equilibrado con las investigaciones que siguen pendientes, incluso con diligencias ya programadas.
SANTOS Y SU TERCER INTENTO POR REFORMAR LA JUSTICIA


Aunque la Justicia colombiana atraviesa por uno de los peores momentos de su historia, el presidente Juan Manuel Santos hizo una férrea defensa de las altas cortes, durante el encuentro de la jurisdicción constitucional que se celebró este viernes, en la ciudad de Pasto. “En vez de desprestigiar las instituciones, debemos defenderlas y fortalecerlas para que puedan actuar siempre con más eficacia y contundencia”, fue uno de sus mensajes.

Sin embargo, por primera vez desde que estalló el escándalo de corrupción que tiene tras las rejas a un expresidente de la Corte Suprema de Justicia, el presidente Santos planteó salidas a la crisis institucional. “No hay que reaccionar con las vísceras. No hay que perder el norte”.

El mandatario confesó la impresión que le causó la foto del exmagistrado Francisco Ricaurte cuando fue reseñado por el Inpec en la cárcel de La Picota en Bogotá.

Pese a ello, Santos rechazó propuestas que calificó de populistas, como revocar o fusionar las cortes. “Los escándalos de corrupción tienden a lesionar la confianza de los ciudadanos en sus instituciones, y en muchos países se ha convertido en caldo de cultivo para debilitar la democracia y darle espacio a los extremismos de izquierda o de derecha”.

Por eso pidió a las ramas del poder público obrar con cabeza fría, pero con total contundencia. “Con mano de hierro y guante de seda (…). No hay que reaccionar con las vísceras. No hay que perder el norte”.

Ante los magistrados de las altas Cortes, y en general la cúpula del poder judicial, Santos propuso un gran Acuerdo Nacional para reformar la administración de justicia. Dicha reforma se concentraría en cuatro temas.

Primero, revivir el Tribunal de Aforados. Aunque esta propuesta ya se incluyó en la reforma política que se viene debatiendo en el Congreso, probablemente pasaría a la nueva reforma que se está diseñando.

Las altas cortes y la Fiscalía, precisó Santos, estarían a favor de este tribunal, a pesar de que este se cayó precisamente en la Corte Constitucional, donde se tumbaron algunas disposiciones de la reforma al equilibrio de poderes del 2015. 

Las dudas que existen en la materia es si este tribunal de aforrados tiene relación con el conflicto armado para poder tramitarlo en la reforma política, pues podría caerse de nuevo en una revisión constitucional. “De pronto es mejor incluirlo en la reforma que estamos construyendo”, confesó Santos a los magistrados. “La idea es conservar el antejuicio político, pero fortalecer la etapa de investigación para hacerla más rigurosa y garantista”, aclaró.

El segundo punto de la reforma a la Justicia sería el rediseño de las facultades electorales de las altas cortes. Para Santos ese pudo haber sido uno de los errores de la Constitución del 91 al permitir la politización de las cortes, uno de las causas que habrían originado situaciones como las que hoy tienen en tela de juicio a la Justicia.

“Este es un punto clave. Habría que buscar el mayor consenso posible sobre una de las mil fórmulas que existen, todas con sus más y sus menos”, explicó Santos.

El tercer punto de la reforma tendría que ver con las fórmulas para la eficacia de la Justicia, y para ellos se piensa no solo en un plan de descongestión judicial, especialmente en el caso de las tutelas, así como medidas de seguimiento a la gestión de los despachos, mejoramiento de infraestructura, y transparencia.

El último eje de la reforma, según Santos, tendría que ver con la enseñanza del Derecho. “El país debe tener profesionales idóneos, no solo desde el punto de vista técnico sino también ético y moral y eso incluye a quienes trabajan en el sector público y en el privado”.

Aunque fueron dos intentos por reformar la Justicia en su Gobierno, en 2011, cuando se le colgaron micos al proyecto, y en 2015, cuando la Corte Constitucional tumbó varios artículos, Santos confía en que a la tercera será la vencida. Pero admite que a estas alturas, cuando le quedan 10 meses de mandato, solo podría tener éxito si hay pleno consenso entre las instituciones.

Por eso invitó al que llamó el Gran Acuerdo Nacional no solo a la rama judicial, a la Fiscalía, a la Procuraduría, a los partidos políticos, a las facultades de Derecho, a la sociedad en general. 

De momento, Santos admitió haber encontrado voluntad en las cortes y en los organismos de control para reformarse. Incluso el propio presidente de la Corte Constitucional, que se ha mantenido al margen de estas discusiones, está dispuesto a participar y contribuir en ese empeño. “Si logramos ese consenso sobre el fondo, pasaríamos a ver la forma más expedita de ponerla en práctica”.
JUEZ DE EE.UU. APRUEBA EXTRADICIÓN DE ANDRÉS FELIPE ARIAS


El juez federal estadounidense John O'Sullivan dio luz verde hoy a la extradición del exministro colombiano Andrés Felipe Arias, condenado en su país por peculado a favor de terceros y celebración ilegal de contratos.

A la audiencia final de extradición asistió el expresidente Álvaro Uribe, en cuyo Gobierno Arias fue ministro de Agricultura.
Arias quedó detenido inmediatamente después de concluir la audiencia, pues el juez considero que existe riesgo de fuga.

El exministro se trasladó a EE.UU. en 2014, pocos días antes de que la Corte Suprema de su país lo condenara a más de 17 años de cárcel y a una multa millonaria, y fue detenido en su casa del condado de Miami-Dade dos años después, en razón de una solicitud de extradición presentada por las autoridades colombianas
MAGISTRADO GUSTAVO MALO PIDIÓ UNA LICENCIA A LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA


Aunque al magistrado Gustavo Malo sus propios compañeros le estaba pidiendo la renuncia, decidió pedir una licencia no remunerada por un tiempo de tres meses para ejercer su defensa por los señalamientos en su contra en el escándalo de corrupción.

El presidente de la Corte Suprema Rigoberto Echeverry, aseguró que la sala plena decidirá este jueves si se acepta o no esa petición, pero que sin duda es un alivio que salga del alto tribunal por el daño que se le puede hacer a la institución.

“En aras de facilitar las investigaciones el doctor Gustavo Malo manifestó que se apartará de sus funciones judiciales y pedirá una licencia no remunerada por máximo tres meses. Es un alivio para la Corte definir este punto porque teníamos previsto modificar el reglamento así que con esta licencia se alivia la tensión que hay”.

Malo quien está metido en todo este enredo de grandes sumas de dinero a cambio de beneficios jurídicos dijo a sus compañeros que tomaba esa decisión para pensar con cabeza fría y para defenderse en la Comisión de Acusación en donde ya hay un proceso formal y está citado a indagatoria el próximo martes 3 de octubre.

Echeverry contó que los procesos que tenía Malo en su despacho serán reasignados y que desde que estalló este escándalo se pensó en modificar el reglamente para sacarlo de la Corte Suprema.
LOS "COLADOS" PODRÍAN GENERAR RESPONSABILIDAD PENAL A LAS FARC: RODRIGO RIVERA. 


Un total de 249 "colados" en la lista de integrantes de las Farc fueron retirados y no tendrán los beneficios contemplados en los acuerdos de La Habana, reiteró este miércoles el comisionado de paz del Gobierno, Rodrigo Rivera Salazar.

En entrevista, Rivera dijo que de la lista de miembros entregada por las Farc, hubo una minuciosa revisión, uno por uno, y se detectó que estas 249 personas no hicieron parte del grupo guerrillero, ahora desmovilizado y en transición a la vida civil. “249 nombres que hemos revocado ya no hacen parte del proceso, no pueden ser cobijados con el proceso de paz”, abundó Rivera.

Las Farc aceptaron retirarlos y no han sido acreditados, aceptaron que no hicieron parte de la organización, dijo el funcionario y añadió que de estos 249 colados hay 19 implicados en narcotráfico que son pedidos en extradición. A ellos se les reanudaron los procesos para enviarlos al país que los solicita, apuntó.

Cuando se le preguntó si las Farc deben responder por estos "colados", Rivera dijo que hay una posible responsabilidad penal y la Fiscalía está en su derecho de actuar. "Las Farc tienen la obligación de proporcionar información exacta y veraz", explicó.
Y resaltó que a diferencia de procesos de paz anteriores, esta vez se estableció un proceso de verificación que ha dado los resultados señalados.

Y añadió que hay una responsabilidad política del grupo. Si las Farc pasan la lista y luego reconocen que no, esto mina la credibilidad y además puede haber responsabilidad penal, insistió
COLOMBIA CONTESTÓ DEMANDA DE NICARAGUA ANTE LA HAYA


Tras la demanda presentada por Nicaragua ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya solicitando que se le conceda una plataforma continental extendida, el Gobierno colombiano respondió, punto por punto, los argumentos planteados por ese país. 

En dicha demanda, que fue elevada ante la CIJ el 16 de septiembre de 2013, el país centroamericano alega que tiene derechos sobre el suelo marino más allá de las 200 millas náuticas desde su costa, una pretensión rechazada por Colombia.

Fuentes del Gobierno manifestaron que los argumentos de Colombia se basan en que se está defendiendo la soberanía del país y a los habitantes del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, ya que si se concede la plataforma continental extendida a Nicaragua, se vería afectada la población de esta región.

Según un comunicado de la Cancillería, la respuesta se dio en cumplimiento de los plazos establecidos por la Corte “luego de que esta se declarara competente para el caso”, sin embargo “no significa que hoy se haya tomado ninguna decisión frente a este caso”. 

El caso se remonta a noviembre de 2012 cuando la CIJ redefinió la frontera marítima entre ambos países, con la que Nicaragua ganó territorio en el Caribe.

Esa decisión fue considerada “inaplicable” por Colombia porque los límites del país no pueden ser modificados por terceros sino por el Congreso.

Tras ese fallo, el país centroamericano presentó en 2013 dos nuevas demandas contra Colombia, una de las cuales es la pretensión de la plataforma continental extendida más allá de las 200 millas náuticas, y la otra, del 26 de noviembre del mismo año, argumentando que se ha incumplido el fallo que redefinió los límites marítimos entre ambos países.

En agosto de 2014 el Estado colombiano presentó excepciones preliminares en el proceso indicando que la Corte no tenía competencia y que la demanda no era admisible.

Sin embargo, el 17 de marzo de 2016 la CIJ rechazó esas objeciones y se declaró competente para juzgar las dos demandas de Nicaragua en una votación que terminó empatada con ocho jueces a favor y ocho en contra, lo que hizo necesario el voto ponderado del presidente de la Corte, algo que hasta entonces había ocurrido únicamente dos veces.

La Corte dio entonces plazo a Nicaragua hasta el 28 de septiembre de 2016 para sustentar su demanda y a Colombia hasta mañana para presentar su defensa.

Desde que Nicaragua presentó las nueva demandas, el presidente colombiano, Juan Manuel Santos, ha enfatizado que “los colombianos pueden estar seguros” de que juntos defenderán “hasta el último centímetro” del territorio nacional.
LA INVESTIGACIÓN QUE PUSO FIN A LA MAFIA DE LA REGISTRADURÍA DE MAGANGUÉ


En la registraduría de Magangué hay pruebas de que las cosas andan mal desde hace por lo menos 15 años. En el 2003, el registrador Tulio José Rodelo Ramírez fue capturado junto con su primo por participar en el “ocultamiento, retención y posesión ilícita” de 136 cédulas de ciudadanía. Aunque el juicio no aclaró cuál era la utilidad que pretendían dar a esos documentos, otros hechos posteriores incrementaron las sospechas al respecto.

Tres años después, el Consejo de Estado anuló la elección al Senado de 2006 en la región, por “manejo indebido de formularios y anomalías en inscripciones” que ocurrieron en los municipios de Mompox y Magangué, entre otros.

Casi diez años despuésm en octubre de 2015, el portal LaSillaVacía registró que las cédulas dadas de baja en Magangué por el Consejo Nacional Electoral nunca fueron sacadas del censo físico y se permitió votar a todos los trashumantes en aquel municipio.

A pesar de estos escándalos, la institución permaneció prácticamente intacta durante todo ese tiempo, hasta que en 2016, una auditoría decretada desde la Registraduría Nacional dio pie a la investigación de la Fiscalía que culminó con la captura de 5 funcionarios este martes.

Según el ente acusador, las pruebas recolectadas por la Dijin evidenciaron que el exregistrador de Magangué, Ernesto Gutiérrez de Piñeres, y 4 de sus auxiliares y técnicos administrativos inscribieron, autorizaron y expidieron registros civiles de nacimiento irregulares, además de cobrar recursos no autorizados a nombre de la institución.

Lo que atrajo la atención de la Registraduría en un inicio fue que cerca de 400 registros civiles creados en Magangué habían sido firmados por un único testigo en una práctica similar a la que ha sido detectada y denunciada en otras regiones por el órgano nacional.

De acuerd Reinaldo presuntamente habrían utilizado la documentación que les fue depositada por ciudadanos de Magangué para falsificar sus firmas y convertirlos en testigos múltiples a favor de connacionales y de extranjeros.

Por ese motivo, los capturados serán imputados por los cargos de falsedad ideológica en documento público, falsedad material en documento público, prevaricato por omisión, concierto para delinquir y usurpación de o con la información presentada por la Fiscalía 53 de Bolívar, Ernesto, Lisbeth, Fredy, Ramón yfunción pública.

La modalidad delictiva no es nueva, pero solo hasta ahora las autoridades procedieron a desmantelar varias mafias que acapararon algunas registradurías del a costa.

Hace apenas unos meses, ocho funcionarios de la registraduría de Riohacha fueron capturados por la misma modalidad realizada con 700 registros de nacimiento falsos y el año anterior eso ocurrió en la sede de Malambo.

Según explicó en su momento la oficina de migración, la llegada de numerosos cubanos y venezolanos tratando de huir de su país ‘alborotó el avispero’, dando paso al jugoso negocio de los falsos nacimientos que en esta ocasión encontró su epílogo gracias a la actuación conjunta de la registraduría, la fiscalía general y la Dijin.