viernes, 24 de noviembre de 2017

RAFAEL URIBE NO TENDRÁ REBAJA DE PENA: DEFENSA FAMILIA SAMBONÍ


Ante el anuncio de una solicitud de revisión en la Corte Suprema de Justicia a la condena de Rafael Uribe Noguera, a través del recurso de casación, la defensa de la familia Samboní aseguró que por ahora es imposible.

La condena que aumentó el Tribunal de Bogotá el pasado 2 de noviembre y que ordenó 58 años de prisión para el confeso asesino, ya quedó en firme según fuentes cercanas al proceso.

Los términos que tenía Uribe Noguera o su abogado para interponer cualquier recurso en contra del aumento de la pena, se vencieron y ahora solo le resta cumplir la detención.

Según la defensa de la familia Samboní, pasaron cinco días hábiles para que apelara el aumento de la condena y no lo hicieron, por tanto se descarta, hasta el momento, cualquier rebaja de pena al asesino.

DERECHO A LA COMUNICACIÓN DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD


Las empresas encargadas de la prestación de los servicios de comunicación para las personas privadas de la libertad y las autoridades que deben velar por la eficiencia de dichos servicios, vulneran su derecho a la comunicación con el mundo exterior cuando no brindan a los internos información sobre las modalidades del servicio postal a que tienen derecho y cuando el servicio de comunicación implementado resulta ineficiente, costoso o inadecuado frente a sus condiciones (el servicio telefónico en este caso, por ejemplo).

Así lo señaló la Sala Séptima de Revisión de la Corte Constitucional al estudiar dos casos de internos a quienes se les vulneró el derecho a la comunicación telefónica y por cartas a la que tienen derecho con sus familias y seres queridos.

Respecto del servicio postal, la Sala ordenó al INPEC que en el término de 48 horas, tome las medidas adecuadas y necesarias para informar a todos los internos de los Establecimientos a su cargo, las modalidades del servicio de correo a que tienen derecho bajo la modalidad de franquicia. Segundo, ordenó al INPEC que en el término máximo de 72 horas, y en concordancia con la empresa Servicios Postales Nacionales S.A 4-72, tome las medidas necesarias para adecuar los formatos de recepción de correspondencia a fin de que en ellos se pregunte por la modalidad de correo seleccionada por cada persona en situación de privación de la libertad, en cada uno de los Establecimientos a su cargo. Y tercero, ordenó a la empresa Servicios Postales Nacionales S.A. 4-72, que garantice una periodicidad suficiente en la prestación del servicio, en lo que corresponde a las visitas para la recepción y entrega de correo, que no podrá ser menor a dos veces por semana para todos los Establecimientos Penitenciarios y Carcelarios del País.

En cuanto al servicio de comunicación (en este caso el de telefonía) ordenó al INPEC y al Ministerio de Tecnologías para la Información y las Comunicaciones, que tomen las medidas adecuadas y necesarias para modificar el sistema actual de telefonía o la tecnología equivalente de comunicación, de manera que en el término máximo de seis (6) meses, se implementen los cambios requeridos para garantizar que el servicio sea (i) más accesible (que permita, de ser posible, llamadas entrantes), (ii) ajustado económicamente a las ofertas del mercado y a la condición económica de los reclusos, (iii) que se garantice la eficiencia del servicio, y (iv) que permita el control adecuado para evitar su uso en actividades ilícitas. 

También se ordenó al INPEC y al Ministerio de Tecnologías para la Información y las Comunicaciones, tomar las medidas adecuadas y necesarias para evitar la propagación de los abusos y la corrupción que facilita el actual sistema de tarjetas prepagadas.

Finalmente, la Corte constató que los problemas fácticos encontrados en los expedientes acumulados hacen necesario avanzar en una política pública sobre la implementación de tecnologías de comunicación más ágiles y seguras, que minimicen costos y garanticen los derechos de los internos, sin imponer barreras y obstáculos irrazonables. Por lo tanto y tomando en cuenta el buen resultado de los programas desarrollados por el Ministerio de las Tecnologías para la Información y las Comunicaciones en cuatro (4) establecimientos penitenciarios del país, que permiten constatar los importantes efectos que la implementación de la tecnología puede tener para la resocialización de los internos, se ordenó, en complemento con las órdenes dictadas por esta Corporación en desarrollo del Estado de Cosas Inconstitucional en la materia, que dicho Ministerio participe activamente en el diseño de la política pública en materia penitenciaria y carcelaria del país, a fin de que el derecho a la comunicación y acceso a la información, sea garantizado a la población privada de la libertad, y que también puedan ser cobijados con los beneficios del desarrollo y de la tecnología.
“VISITÉ A LEONIDAS BUSTOS ENTRE CINCO U OCHO VECES”: FISCAL NÉSTOR HUMBERTO MARTÍNEZ


Se trata de un cuestionario de 11 preguntas que fue enviado por la defensa de Leonidas Bustos al fiscal General Néstor Humberto Martínez, a través de la Comisión de Acusación para que sea incorporado en la investigación que allí se adelanta en contra del exmagistrado por presunta corrupción.

En sus breves respuestas, Martínez aclara que conoció a Bustos en 2015 cuando fue presidente de la Corte Suprema de Justicia y reconoció que hubo varios encuentros, pero de carácter social.

“Visité la residencia del doctor Leónidas Bustos, no tengo registros que me permitan decir con exactitud el número de veces que estuve en su residencia entre los años 2015 y 2017, pero estimo que entre cinco u ocho veces”.

La intención de la defensa de Bustos es desvirtuar la tesis de que Martínez y Bustos son grandes amigos y que el último ejerce gran influencia sobre el primero. Por esa razón el fiscal en una de sus respuestas asegura que nunca recibió por parte de Bustos una sugerencia o recomendación para favorecer a alguien y por supuesto nunca el exmagistrado le ha hecho ofrecimientos económicos para hacer favores judiciales.

Finalmente Martínez afirma que él tampoco ha solicitado favor alguno y que la relación con Bustos solamente fue de carácter social. Ahora con este cuestionario la defensa de Bustos continuará entregando pruebas a la Comisión de Acusación para que se incorporen en el proceso de su defendido que está salpicado por todo el escándalo de corrupción en la justicia.
¿QUE SE HA REALIZADO LUEGO DE UN AÑO DE LA FIRMA DEL ACUERDO DE PAZ?


El acuerdo Final de Paz fue firmado el pasado 24 de noviembre del 2016 por el presidente Juan Manuel Santos y Rodrigo Londoño, integrante de las Farc, en el teatro Colón de Bogotá. Las propuestas generales sobre el acuerdo fueron recogidas en el documento con el fin de legitimar la paz en el país; sin embargo, un año después de la firma, la evaluación de los avances del proceso ha generado dudas e inquietudes al respecto.

Pues los ciudadanos aún no tienen del todo claro las condiciones y los acuerdos firmados aquel día, actualmente a rastras y regañadientes lo aceptan más no lo apoyan en su totalidad.

Durante este año se legalizo a las FARC “Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común” como partido político y se aprobó para que exguerrilleros puedan presentarse como candidatos en cargos políticos.

Se creo y comenzó a funcionar los tribunales de la JEP “Justicia Especial para la Paz”, con ratificación por parte de la Corte Constitucional, a la fecha han salido de las cárceles 3.491 exguerrilleros y 1.714 miembros de la Fuerza Pública que no se han sometido a la justicia. Lo insólito es que la JEP es solo una de las 588 disposiciones que, según el Instituto Kroc de Estudios Internacionales de Paz, contiene el acuerdo firmado hace un año.

Para implementar los acuerdos se han expedido y sancionado 94 normas, entre ellas siete actos legislativos, 36 decretos-ley, cinco leyes aprobadas en el Congreso por el procedimiento fast track, y 46 decretos ordinarios.

De igual manera durante este año se han tenido inconvenientes y presentado falencias en ambas partes, es allí donde se confunde a la ciudadanía hasta llegar al punto de no saber quién está diciendo la verdad, si el gobierno del presidente Santos o nuestro nuevo partido político.
“ESTÁN DESTRUYENDO LA COLUMNA VERTEBRAL DE LA JUSTICIA”: TIMOCHENKO


“Siento una serie de emociones encontradas. (...) Yo tenía un sueño desde niño y lo estoy cumpliendo en este momento: conocer una cabina de radio. La radio era fundamental en mi pueblo, uno nació y se crió escuchando la radio, entreteniéndose con (...) Arandú, el rey de la selva y radionovelas”, expresó Rodrigo Londoño, en entrevista con Caracol Radio, antes de agregar que el atentado cometido en contra de la emisora en 2010 no debió haber sucedido nunca.

Así inició el diálogo emprendido por el ex jefe guerrillero y actual candidato presidencial por el movimiento Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC) a un año de que se cumpla la firma de los acuerdos de paz y poco antes de encontrarse con el Presidente de la República, en el que presuntamente hablará de la difícil situación que vive el acuerdo de paz y de la manera en que se van a tratar de superar los obstáculos juntos con el presidente de Colombia.

"Somos socios de esa empresa, la paz de Colombia, y esa paz tiene dificultades en este momento. Estamos remando en el mismo barco, tenemos que llegar a puerto seguro y eso no se va a poder si remamos en diferentes sentidos", dijo, acerca del acercamiento que ha adelantado con el mandatario.

Pero también habló de los obstáculos que según él, en este momento impiden el desarrollo del acuerdo. "Yo siento que hay unos sectores que están defendiendo sus intereses e intereses muy ligados a la guerra que no han querido entender el momento que estamos viviendo", agregó.

Uno de estos, aclaró el candidato presidencial son los tropiezos que ha sufrido la implementación de la JEP en el Congreso. "La justicia en Colombia se construyó en función de la guerra, para acabar con el adversario, entonces no da garantías. Lo que no queremos nosotros, lo que aparentemente está tratando de suceder es que le quieren destruir la columna vertebral a la JEP", expresó.

En el mismo rubro de justicia, otro tema álgido del diálogo fue la violencia sexual y los crímenes graves que se cometieron en medio del conflicto.

Acerca del primero, afirmó que la violencia sexual era uno de los delitos que se castigaban más duramente en las FARC y que si se le comprobaba un solo caso, renunciaría inmediatamente a la candidatura presidencial, pero que los crímenes también tenían que considerarse dentro del marco de un conflicto que inició por motivos políticos y que no podía juzgarse como si hubiese ocurrido en una situación común.

"Me arrepiento de no haberme preparado más para ir a la guerrilla antes", expresó, cuando se le preguntó por su principal remordimiento. Aunque luego aseguró que uno de sus principales lemas sería no dirrimir las diferencias políticas a través de la guerra.

Sobre ese nuevo trámite a la vida civil y política, Timochenko aclaró que el no quería ser candidato presidencial, pero que sus compañeros los designaron para el puesto durante un encuentro en Ecuador y que siguiendo los resultados de una encuesta interna, a pesar de que tampoco votó por mantener el nombre de FARC para el movimiento político, asumió la decisión de la mayoría. “No es la candidatura de Rodrigo Londoño, Timo. Es la candidatura de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común”, puntualizó.

“Yo apuesto a que voy a contar con los votos necesarios para lograr ser presidente de Colombia”, explicó cuando se le preguntó sobre la posibilidad de realizar alianzas, lo cual dio paso a la presentación de su proyecto político al que definió como concertado y centrado en propuestas entre las que destacan la creación de un gobierno de transición, que había anunciado durante una alocución en el Teatro Colón, y el estudio del sistema de salud, así como la alianza de las fuerzas productivas del país.

Finalmente, Londoño habló de su paso a la vida civil y de la visita que había realizado a su hermana en el pueblo el que también reposa la tumba de sus padres, a la que no pudo visitar.

“Nosotros renunciamos al uso de las armas, y así nos vamos a mantener. Necesitamos reconciliarnos (...) para sacar adelante a la nueva Colombia”, concluyó, en espera del encuentro que sostendrá próximamente con el presidente Juan Manuel Santos, en el que discutirá justamente de las dificultades que han tenido para llevar a cabo el proceso de paz.
LA NOSTÁLGICA DESPEDIDA DEL TÍA


La tradicional cadena de tiendas por departamento, fundada en 1940 en Bogotá, cerró sus puertas debido a problemas económicos. La noticia ha causado conmoción en miles de colombianos que crecieron visitando estos almacenes.

La noticia del cierre de Almacenes Tía ha causado conmoción en los colombianos. Durante más de 40 años, la cadena acompañó con sus promociones y rebajas a sus clientes. Sin embargo, la fuerte competencia internacional, junto con una profunda crisis económica hicieron que se anunciara este jueves su cierre.

La tesorera del Sindicato Nacional de Trabajadores de Almacenes Tía (Sintratía), Luz Mary Sánchez, explicó a Caracol Radio que los propietarios le comunicaron la decisión a los empleados, quienes fueron citados a las diferentes sedes.

"Somos una empresa en donde la mayoría estamos como cabeza de familia y en donde dependen de nosotros entre tres y cuatro personas", advirtió Sánchez, según declaraciones difundidas por Caracol.

Sánchez indicó que Almacenes Tía contaba con más de 550 trabajadores. Además, según su página web, la cadena cuenta con 19 almacenes en diez ciudades de Colombia y atiende alrededor de 75.000 clientes al día. 

Algunos clientes de la cadena Tia expresaron su opinión ante el cierre de los almacenes. Tal como le expresó un cliente a Caracol Radio: "Qué tristeza esto cogió por sorpresa a los empleados muchos se quedaron sin trabajo justo ahora que llega diciembre; toda la vida he sido cliente de este almacén me tomó por sorpresa este cierre; que lastima así de mal está la economía de este país".

El primer almacén Tía fue inaugurado el 14 de octubre 1940 en Bogotá por los inmigrantes europeos Federico Deutsch y Kerel Steuer.

Ambos tenían negocios similares en Yugoslavia, Rumania y su natal Checoslovaquia, según la reseña en su web la cadena en Ecuador, donde los empresarios llevaron este negocio así como a Argentina, Uruguay y Perú.

Debido a su tradición, las redes sociales se hicieron eco del anuncio de cierre de la cadena y Almacenes Tía se situó hoy entre las tendencias en Twitter.
EL "SOCIO" DE ÑOÑO ELÍAS QUE BUSCA PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD CON LA FISCALÍA


Una escena se empieza a repetir con mucha frecuencia en el caso Odebrecht, los que antes eran investigados ahora son testigos y su memoria, por arte de magia, se volvió prodigiosa.

Pasó con el empresario Federico Gaviria que en sus declaraciones enredó a ocho congresistas del llamado "Grupo Bulldozer" y hasta el contralor de Bogotá, Juan Carlos Granados.

Ahora es el socio de Gaviria, otro empresario, Eduardo Zambrano, quien pide pista en un proceso de colaboración a cambio de beneficios jurídicos a través de un principio de oportunidad.

La colaboración de Zambrano tiene un interés particular para la Fiscalía, Roberto Prieto, el ex gerente de la campaña Santos Presidente 2014. Sin embargo fuentes cercanas al proceso descartaron que las declaraciones que entregué el empresario estén relacionadas con el capítulo de campañas políticas en Odebrecht.

Eduardo Zambrano, junto con Federico Gaviria, los dos capturados, diseñaron, según la Fiscalía, una estrategia para darle apariencia de legalidad a los sobornos que Odebrecht destinó al senador Bernardo Miguel ñoño Elias, también capturado.

La Fiscalia tiene en su poder una conversación entre Roberto Prieto y Eduardo Zambrano en la que detallan la gravedad de las implicaciones en este caso y para el ex presidente de Agencia Nacional de Infraestructura, Luis Fernando Andrade y para alguien a quien identificaron como “Cecilia”; además de la necesidad de implicar a los “brasileros”.
POR CASO ODEBRECHT, EN EL CONCEJO PIDEN LA RENUNCIA DEL CONTRALOR DE BOGOTÁ


En el Concejo de Bogotá pidieron la renuncia del Contralor Distrital, Juan Carlos Granados por las investigaciones que se adelantan en su contra por parte de la Fiscalía General por su presunta participación en el escándalo de Odebrecht.

Además desde el cabildo distrital solicitaron que Granados sea citado de manera urgente a un debate de control político, para que dé explicaciones sobre los escándalos de corrupción en los que ha sido vinculado la entidad de control fiscal.

El concejal de Bogotá, Jorge Torres -quien pidió el debate de control político- manifestó que los señalamientos que han recaído sobre el contralor distrital, Juan Carlos Granados es otra arista de la grave crisis institucional de la entidad enlodada desde el “carrusel de la contratación”.

“La continuidad de Granados es insostenible, hay ausencia de autoridad ética para que esté al frente de la entidad. Por respeto al cargo debe renunciar y por eso le solicitó que se aparte de la Contraloría para que se dedique a defenderse”, sostuvo el cabildante.

En los últimos días se conoció que Yara Malo, hija del magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Gustavo Malo, salpicado por el escándalo del cartel de la toga, recibió honorarios por un contrato en la Contraloría de Bogotá por $25 millones de pesos.

De acuerdo con el contrato el cual fue autorizado por el Contralor de Bogotá, Juan Carlos Granados, era para adelantar una asesoría en la entidad de control fiscal.

Contrato que tenía como finalidad “apoyar el proceso de vigilancia y control fiscal de la dirección de fiscalización del sector hábitat y ambiente”, el cual fue suscrito el pasado 6 de junio con una ejecución de 150 días el cual finalizó el 8 de noviembre.