lunes, 25 de junio de 2018

EL ARTÍCULO QUE PROPUSO EL URIBISMO PARA DESTRABAR LA JEP


El Centro Democrático le presentó oficialmente al Gobierno Nacional y a los demás partidos la propuesta para que la ley de procedimiento de la Jurisdicción Especial de Paz pueda avanzar.

Se conoció el texto del artículo nuevo que llevó el uribismo a la reunión que se adelanta en el Ministerio del Interior con el propósito de lograr un acuerdo que permita destrabar el trámite de la iniciativa.

La bancada propuso ampliar el plazo que tienen los integrantes de la Fuerza Pública para someterse a esta nueva jurisdicción, hasta tanto se reglamente su comparecencia, sin que ello implique la pérdida de los beneficios ya adquiridos.

El artículo nuevo que llevó el uribismo como propuesta dice lo siguiente:

“Se decreta una ampliación del plazo para el sometimiento a la JEP de los miembros de las Fuerzas Armadas de Colombia, mientras el Gobierno Nacional y el Congreso reglamentan el proceso para su juzgamiento. Hasta tanto exista dicho procedimiento, los miembros de las Fuerzas Armadas no estarán obligados a comparecer, sin perjuicio a que puedan acceder al tratamiento especial previsto en el acto legislativo 01 de 2017. Mientras mantengan su compromiso de comparecer a la JEP, podrán mantener las medidas provisionales decretadas a su favor, antes de la entrada en vigencia de esta ley y podrán igualmente solicitarlas y les serán concedidas de conformidad con los requisitos vigentes”.

Sin embargo, esto generó rechazo en medio de la reunión de parte del Gobierno Nacional y los ponentes de la JEP.

Argumentan que de introducirse ese artículo, la Corte Penal Internacional tendría que intervenir en Colombia por inoperancia de la Justicia en delitos de lesa humanidad.

Asimismo advirtieron que la reglamentación de la propuesta hecha por el uribismo, que implica la aprobación de un nuevo acto legislativo y otra ley estatutaria, se demoraría alrededor de un año y medio, el mismo tiempo en que quedaría congelada la comparecencia de los militares ante la Jurisdicción de Paz.

Aún se espera que el Gobierno y los partidos logren un acuerdo para salvar la JEP.

Tomada de: RCN radio
CORTE CONSTITUCIONAL ESCUCHA A COMUNIDADES RAIZALES Y LÍDERES COMUNITARIOS DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA


La crisis en el sistema de salud, la afectación que derivó el fallo de La Haya y sobrepoblación de la isla por falta de controles efectivos en el ingreso de personas sin arraigo, son algunos de los temas que expusieron los líderes comunitarios ante los magistrados Alejandro Linares, Gloria Ortiz, Diana Fajardo, Jose Fernando Reyes y el procurador Fernando Carrillo. 

Walt Reyes, vocero de autoridad raizal, aseguró que según cifras oficiales, más de 78 mil personas viven en el archipiélago y que los recursos hídricos de consumo humano pone en riesgo la vida de los pobladores. Dice que los controles de la Oficina de Control, Circulación y Residencia - OCCRE, son insuficientes.

Juan Ramírez Dawkins, vocero de autoridad raizal, dijo que esa población llega a 35 mil personas y que ahora se sienten desplazados, “aseguró que la existencia como pueblo está en peligro de desaparecer”

Miss Alice Mitchell, líder comunitaria, manifestó su preocupación por la cantidad de asesinatos en los últimos 8 años. Y es que según la Defensoría del Pueblo en lo que va corrido del año han sido asesinadas 11 personas. 
La salud es uno de los temas más preocupantes, Miss Alice Mitchell narró como el hospital Clarence Lynd Newball Memorial se queda corto para atender la cantidad de pacientes y las dificultades para el traslado a otras ciudades del país a personas con complicaciones médicas.

El presidente de la Corte Constitucional, Magistrado Alejandro Linares, expuso diferentes sentencias de la Corte en las que se han protegido derechos a la consulta previa, a la autodeterminación y la sentencia C-269 de 2014 en la que se pronunció sobre el Pacto de Bogotá y las diferencias limítrofes con Nicaragua. Aseguró que las relaciones internacionales son de competencia exclusiva del Gobierno Nacional, pero que “la Corte ha señalado que en caso de violación de derechos fundamentales, aun en el marco de tratados internacionales, el juez constitucional podrá valorarlas y ordenar su protección por la vía de la acción de tutela (sentencia C-750 de 2008)”. El magistrado Linares también explicó la sentencia C-290 de 2017 en la que se declaró exequible la inclusión de una nueva curul en la Cámara de Representantes para San Andrés, Providencia y Santa Catalina.

El Procurador Fernando Carrillo llamó la atención por la crisis sanitaria, especialmente del relleno sanitario Magic Garden, la problemática de acumulación de desechos hospitalarios y las complejidades de atención en salud. Pidió a la Gobernación doblar esfuerzos para atender las diferentes problemáticas. También pidió avanzar en un Estatuto Raizal.

Los magistrados de la Corte Constitucional tomaron nota sobre las condiciones del goce de derechos fundamentales de la población raizal que será util como contexto en diferentes procesos.