UBER PIERDE SU LICENCIA PARA OPERAR EN LONDRES POR PROBLEMAS DE SEGURIDAD

El alcalde de Londres, el laborista Sadiq Khan, respaldó la medida del regulador del transporte y aseguró que todas las empresas deben respetar las normas y adherirse a los estándares vigentes,

La empresa estadounidense Uber de servicios de taxi ha perdido su licencia para operar en Londres por considerarse insuficientes sus medidas de seguridad, anunció este viernes el regulador del transporte capitalino, Transport for London (TfL).

TfL ha decidido no renovar a la compañía multinacional su licencia, que expiraba el 30 de septiembre, al concluir que "no reúne los requisitos" necesarios para operar en la ciudad, debido a cuestiones de "seguridad ciudadana".
El regulador cuestiona los controles que Uber, gestionada a través de una aplicación telefónica, hace a sus conductores así como su actitud ante posibles delitos graves.

El alcalde de Londres, el laborista Sadiq Khan, respaldó la decisión de TfL, organismo que preside, y declaró que "estaría mal seguir emitiendo una licencia a Uber si esto puede suponer un riesgo para la seguridad de los londinenses".

"Quiero que Londres esté al frente de la innovación y la tecnología y que sea un hogar natural para nuevas empresas que proporcionen mejores y más asequibles servicios a los londinenses", afirmó.
"Pero todas las empresas deben respetar las normas y adherirse a los estándares vigentes, especialmente en lo que se refiere a la seguridad de los clientes", agregó.
El alcalde subrayó que "todos los servicios de alquiler privados deben respetar la normativa".

El presidente de la comisión parlamentaria sobre taxis, el también laborista Wes Streeting, alabó "la valiente decisión" de TfL, y el alcalde e incidió en que la empresa ya ha sido prohibida en otras ciudades de Europa y Estados Unidos.
Streeting recordó que, en el Reino Unido Uber, cuyos conductores son particulares que operan a través de su aplicación, no denunció apropiadamente presuntos delitos de violación y abuso sexual a pasajeros y ha sido, además, demandada por sus empleados por no garantizar los más básicos derechos laborales.

Por su parte, el gerente de Uber en Londres, Tom Elvidge, dijo que, al prohibir la aplicación, "TfL y el alcalde han cedido ante un pequeño número de personas que quieren restringir la oferta para el consumidor".
"Si esta decisión se mantiene, dejará sin empleo a más de 40.000 conductores con licencia y privará a los londinenses de un medio de transporte cómodo y asequible", advirtió.

JUEZ DE BOGOTÁ PERMITE TALA DE 350 ÁRBOLES EN CASO DEL PREDIO BAVARIA

El Juzgado 31 Civil Municipal de Oralidad falló en primera instancia en contra de la solicitud realizada por el señor Vladimir Lenin Rodríguez, quien pidió suspender la tala de 350 árboles, ubicados dentro del predio propiedad de la empresa Bavaria S.A., en la localidad de Kennedy, al sur occidente de la capital.

La tala de estos árboles, solicitada por el propietario del predio (Bavaria S.A.) a la Secretaria de Ambiente, está sustentada en los siguientes argumentos. 

• Que las condiciones físicas de los eucaliptos no son las mejores en copa y en fuste.
• Que su inclinación limita la estabilidad de los árboles en relación a su crecimiento.
• Los individuos pertenecen a una especie susceptible de volcamiento.
• El manejo del arbolado para velar por la integridad de las personas que transitan por el lugar.
• Los individuos arbóreos corresponden a la especie foránea, conocida como eucalipto, los cuales afectan el suelo de la Sabana de Bogotá.
• Su altura puede representar un peligro.
• Son árboles de avanzada edad.

Asimismo, la Secretaría Distrital de Ambiente manifestó que ha venido actuando conforme a sus competencias, por lo que sus conceptos técnicos han estado sustentados sobre los intereses de precaución, prevención y protección para la comunidad residente en este sector de la ciudad.

MATRÍCULAS DE MOTOS LLEGAN A 324.947 DURANTE ENERO Y AGOSTO DE ESTE AÑO

Los municipios en donde más se registraron estas matrículas fueron Soacha, Sabaneta, Envigado, Palmira y Girón
En el más reciente informe entregado por el Registro Único Nacional de Tránsito (Runt) se informó que entre enero y agosto de este año en el país se han realizado 324.947 matrículas de motos lo que significó una disminución de 14% respecto al mismo periodo en 2016.

Los municipios en donde más se registraron estas matrículas fueron: Soacha en donde se alcanzaron 27.449 matrículas, en Sabaneta se hicieron 16.538 matrículas, en Envigado 12.158, Palmira 11.477 y Girón 11.202 matrículas.

En esta plataforma tecnológica que registra, actualiza y valida la información del sector de tránsito y transporte alrededor de todo el país, también informó que a pesar de los número en rojo que presentó durante este periodo las motos continúan siendo los vehículos que más se han matriculado ya que de los 481.966 registros que se han dado 67% corresponden a los ciclomotores.

Entregaron además un informe sobre el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (Soat) en el que se evidenció que en Colombia hay más de siete millones de motos con el seguro y son los vehículos los que más evaden esta norma, pues, según el Runt cuatro millones de los carros no cumplen con esta obligación.

Dentro del informe se concluyó que los lugares que tienen la mayor cantidad acumulada de motos matriculadas son Bogotá que alcanza 472.648 matriculadas, Envigado 391.403, Girón 228.494, Cali 216.157 y Sabaneta con 204.367.

MÁS DE LA MITAD DE QUEJAS EN BANCOS SON POR TARJETAS DE CRÉDITO: SUPERFINANCIERA

La Superintendencia Financiera enregó el informe de quejas y reclamos en el sector financiero y bancario en el cuarto trimestre de 2016.

El total de quejas en este periodo ascendió a 417,132, lo que representó una disminución de 3% respecto al trimestre anterior.

De este total, el 61% correspondieron a establecimientos bancarios, es decir, se registraron 255,091 quejas en contra, lo que representó una disminución de 8% en el trimestre.

Según la SuperFinanciera, el 96 % de las quejas se relacionaron con 5 productos fundamentalmente:

•56% tarjetas de crédito
•20% cuentas de ahorro
•12% créditos de consumo y comerciales
•  7% cuentas corrientes
•  1% crédito de vivienda

Por bancos, el mayor número de quejas por tarjetas de crédito se presentaron en Bancolombia, Corpbanca y Banco Popular. Por su parte, aquellos usuarios que reportan problemas con sus cuentas de ahorro se concentraron principalmente en Citibank, Corpbanca y Banco Pichincha.

Y para créditos de consumo o comerciales, Multibank, Banagrario y Banco Falabella, fueron aquellos bancos con mayor número de quejas y reclamos en el sistema.

SERGIO FAJARDO SE PRONUNCIÓ FRENTE A ANUNCIO DEL EMBARGO DE LA CONTRALORÍA GENERAL

Luego de que se conociera que la Contraloría General de la República embargó dos inmuebles pertenecientes a Sergio Fajardo, el aspirante presidencial por la colectividad Movimiento Ciudadano; y Santiago Londoño Uribe, exsecretario de gobierno durante su estancia como gobernador de Antioquia, emitieron un comunicado en el que rechazaron la información emitida por la autoridad de control.

Según expresaron en un vídeo por Twitter, el proceso en cuestión, en el que embargaron dos bienes de Fajardo en Anapoima, en realidad se estaba llevando por la vía verbal, y hasta el momento el exgobernador no habría sido notificado formalmente. Adicionalmente, la fecha de la cual data el documento es del 18 de junio, por lo cual Fajardo y Londoño catalogaron como sospechoso que el informe aparezca cuando precisamente empieza la contienda electoral.

El proceso se relaciona con la construcción de seis estaciones de policía que se hicieron durante la gobernación de Fajardo en Antioquia, en las cuales se habrían presentado sobrecostos, por lo que hay una investigación por responsabilidad fiscal por $1.902 millones.

A LA CÁRCEL HOMBRE QUE PROVOCÓ EMERGENCIA EN CENTRO COMERCIAL PLAZA IMPERIAL, EN BOGOTÁ.

Un juez de Bogotá envió a la cárcel al hombre que ayer generó pánico en el centro comercial Plaza Imperial, del noroccidente de Bogotá, tras asegurar que tenía explosivos.

Se trata de Juan Pablo Solís Sevillano, de 29 años de edad y oriundo de Tumaco, Nariño, quien ayer ingresó al Banco Davivienda que se encuentra al interior de este centro comercial y pidió que le llenaran con maletín con dinero, mientras amenazaba con detonar explosivos. 

El hombre fue señalado por la Fiscalía bajo los delitos de terrorismo y porte ilegal de explosivos y municiones ya que antes de ingresar al banco detonó una carga explosiva de bajo poder en los alrededores de Centro Comercial.

De igual forma se le responsabilizó de toma de rehenes en la entidad bancaria y a quienes amenazó con hacer estallar una carga explosiva que supuestamente llevaba consigo.

La Fiscalía manifestó en audiencia que “Juan Pablo Solís Sevillano generó pánico entre los empleados de la entidad bancaria, así como en los asistentes al Centro Comercial quienes debieron ser evacuados por las autoridades, además se requirió la presencia de un grupo antiexplosivos de la Policía para atender la emergencia”.

Por estas razones la Fiscalía calificó los actos como delictivos y el responsable permanecerá detenido hasta tanto se adelante el proceso penal en su contra, además su caso será asumido por un juez especializado de Bogotá, ante el cual la Fiscalía deberá presentar escrito de acusación para el respectivo juicio.

A LA CÁRCEL FUE ENVIADO EL EX PRESIDENTE DE LA CORTE SUPREMA, FRANCISCO RICAURTE, POR CARTEL DE LA TOGA

La juez 40 con función de garantías envió a la cárcel Picota de Bogotá al exmagistrado Francisco Ricaurte, medida que ha sido dictada de manera preventiva.

“Este despacho decide imponer medida de aseguramiento de detención preventiva en establecimiento carcelario en contra de el ciudadano Francisco Ricaurte con boleta de detención con destino a la cárcel Picota, patio de servidores públicos“, señaló la juez 40 de control de garantías.

Según la togada para proteger la investigación de la Fiscalía y en el marco de la gravedad del denominado cartel de la toga la medida es necesaria.

La Fiscalía imputó los cargos de concierto para delinquir, cohecho, tráfico de influencias y uso abusivo de información privilegiada contra el ex magistrado Francisco Ricaurte y además pidió prisión por considerar que puede afectar el proceso de investigación.

Respecto a las acusaciones, el ex magistrado Francisco Ricaurte dijo que, “no acepto los cargos provenientes de reconocidos testigos criminales“.

Según la Fiscalía, Ricaurte habría concretado con el fiscal, Alfredo Bettin, intervenir en una investigación contra el ex gobernador del Valle del Cauca, Juan Carlos Abadía, quien estaba siendo procesado por supuestas irregularidades.
Otro de los casos fue el ex gobernador de Córdoba Alejandro Lyons, procesado por corrupción, y a quien Ricaurte le pidió 20 mil millones de pesos para frenar las indagaciones en su contra.

A este proceso se suman los 2 mil millones de pesos que pagó Musa Besaile en la Corte Suprema, para retrasar el proceso en su contra por parapolítica. Según la Fiscalía, de esa cifra 1.800 millones de pesos fueron a parar a las arcas de Ricaurte por este proceso.
La defensa del exmagistrado Ricaurte, el abogado Álvaro Luna, había argumentado ante la juez que la Fiscalía había basado la recolección de pruebas en presunciones por lo que no se debía enviar a la cárcel a su defendido.

Momentos previos

Ante el juez 40 con funciones de control de garantías de Bogotá, la Fiscalía imputó cargos al exmagistrado Francisco Ricaurte, en las investigaciones por el escándalo del cartel de la Toga, y además solicitó la medida de aseguramiento en establecimiento carcelario al considerar a Ricaurte un peligro para la comunidad. 

La Fiscalía indicó que el exmagistrado Ricaurte, expresidente de la Corte Suprema de Justicia, habría concretado con el Fiscal Alfredo Bettin, intervenir en una investigación contra el exgobernador del Valle del Cauca Juan Carlos Abadía y quien estaba siendo procesado por supuestas irregularidades administrativas las cuales pretendía que fueran archivadas, Luis Gustavo Moreno, era el abogado de Abadía en ese proceso.

Añade la Fiscalía, que otro de los afectados fue el exgobernador de Córdoba Alejandro Lyons, procesado por corrupción, y a quien Francisco Ricaurte le pidió 20 mil millones de pesos para frenar las indagaciones en su contra. Las autoridades añadieron que parte de ese dinero estaba dirigido al exmagistrado Leonidas Bustos.

Como si fuera poco y en medio de la ola de corrupción que envuelve al exmagistrado Ricaurte, se suman los 2 mil millones de pesos que pagó Musa Besaile en la Corte Suprema, para retrasar el proceso en su contra por parapolítica. Según la Fiscalía, 1.800 millones de pesos fueron a parar a las arcas de Ricaurte por este proceso.

Finalmente, la Fiscalía responsabilizó a senadores Musa Besaile, y Bernardo Ñoño Elías de crear una empresa criminal dedicada a desfalcar al Fondo Nacional para el Desarrollo FONADE, para favorecer intereses burocráticos y personales, del cual eran extraídos recursos a fin de satisfacer intereses propios por parte de los senadores.

El ente investigador espera que se de la detención del exmagistrado Francisco Ricaurte, por estos hechos calificados como el escándalo del cartel de la toga. Tras establecer estas conductas, el exmagistrado no aceptó los delitos de concierto para delinquir, cohecho, tráfico de influencias y uso abusivo de información privilegiada.

ABREN INVESTIGACIÓN CONTRA GOBERNADORA DEL MAGDALENA POR IRREGULARIDADES EN VÍA DE LA PROSPERIDAD

La Procuraduría General de la Nación abrió investigación disciplinaria contra Rosa Cotes de Zúñiga y Luis Miguel Cotes Habeych, gobernadora y exgobernador de Magdalena, por presuntas irregularidades en la implementación y ejecución del proyecto de inversión de la Vía de la Prosperidad, al que fueron destinados más de 466.000 millones de pesos de recursos de la Nación y el Sistema General de Regalías.

La Procuraduría Primera Delegada para la Contratación Estatal cuestiona a quienes como ejecutores de este proyecto de inversión incurrieron en un posible incumplimiento de las obligaciones contenidas en el convenio 649 del 31 de mayo de 2012, sus adicionales y modificaciones, derivado del convenio 266 del 17 de septiembre de 2012, prorrogado hasta el 13 de noviembre de 2017, así como el presunto incumplimiento del Programa de Inversión para el Mejoramiento de la vía Palermo, Sitio Nuevo, Remolino, Guaimaro, proyecto que se materializó a través del contrato de obra 617 de 2013.

El órgano de control investiga la desactualización de los estudios y diseños, el aumento de los costos de transporte de materiales de terraplén que elevaron el valor del contrato, y las deficiencias que no garantizarían que el trazado de la vía se construyera como estaba inicialmente proyectado para 52.6 kilómetros, y sólo se podrían construir 26,013 kilómetros, lo que representa una disminución del 50.55%.

También busca determinar si los mandatarios incurrieron en actuaciones desapegadas del ordenamiento jurídico, quebrantado los principios de contratación estatal o la función administrativa, o actuado en detrimento del patrimonio público o para favorecer económicamente a un tercero. 

Estas irregularidades que investiga la Procuraduría tienen varias fuentes de información, entre ellas, el informe de la delegada para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública ante posibles omisiones en las acciones correctivas por las demoras en la ejecución de la obra y el informe de auditoria de la Controlaría General de la República, que advirtió un posible sobrecosto de $32.613 millones por el transporte de materiales para terraplén.

A $330 BILLONES ASCIENDEN DEMANDAS CONTRA LA NACIÓN

El director de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, Luis Guillermo Vélez, reportó que a la fecha la Nación enfrenta demandas por 330 billones de pesos detrás de las cuales estaría una industria de abogados.

“Lo que si hay es una industria de abogados, hay 27 mil abogados que pretenden que el Estado les transfiera en los próximos años 330 billones de pesos”, dijo Vélez.

Según la Agencia ya son cerca de medio millón de demandas que han sido instauradas contra diferentes entidades del Estado y la cifra sigue en aumento.

De igual forma, sostuvo que entre las entidades más demandadas se encuentran el Ministerio de Defensa, la Fiscalía General de la Nación y Colpensiones.

“El Estado juega con dados cargados hay normas hechas en contra del Estado y jurisprudencia que está cargada en contra del Estado”, dijo Vélez.

También hizo un llamado a los jueces a ser un poco más responsables en la admisión de las demandas porque no es razonable que por ejemplo, se haya admitido una demanda por 3.300 billones de pesos.

Agregó que ” Hay que cambiar la jurisprudencia y también cambiar lo más prontamente posible las normas o de lo contrario todos los colombianos tendremos que destinar menos recursos para la salud, educación, infraestructura y seguridad para transferírselo a un grupo más pequeño que no suma más de 30 mil personas que son quienes articulan esta industria”.