jueves, 31 de mayo de 2018

FISCALÍA SE OPONE A QUE CABEZA DE REFICAR SIGA 'TELETRABAJANDO'


En una audiencia ante el juez 12 con control de garantías, la defensa del expresidente de Reficar, Reyes Reinoso Yánez, solicitó que se le permita mantener un permiso de trabajo para cumplir con su horario laboral en Ecopetrol. 

Reinoso es investigado por el desfalco en la ampliación de la Refinería de Cartagena, el mayor caso de corrupción que se ha dado en el país. 

"No es justo, bajo ninguna circunstancia, que a una persona se le limite y se le cause tanto daño cuando ni siquiera es una persona condenada. Adicionalmente, la empresa ha certificado que la labor que desempeña no tiene nada que ver, ni con Reficar, ni con los hechos que dieron lugar a la imposición de la medida de aseguramiento", dijo el abogado defensor.

Así, la defensa solicitó en primer lugar que, aunque tiene una medida de aseguramiento de casa por cárcel, se le permita salir sólo para trabajar directamente en Ecopetrol, y dijo que en caso de no aceptar, se acceda a que continúe 'teletrabajando' desde su domicilio. 

"La petición principal es que se le permita trabajar en la empresa directamente, es decir, que se le dé un permiso para salir de la casa e ir al lugar de trabajo en el horario y lugar que la empresa ha certificado", dijo el abogado. .

Según la defensa, "él hasta este momento es un imputado", por lo que debe seguir conservando la posibilidad de trabajar. 

El abogado de Reinoso -quien no asistió a la diligencia en Paloquemao- dijo que tiene dos hijas y una esposa que dependen de sus ingresos, por lo que se le debe permitir seguir manteniendo su contrato como Gerente de Proyectos en Ecopetrol. 

Tal y como lo reveló este diario, desde la comodidad de su casa, en donde cumple la detención domicliaria, Reyes Reinoso recibe un sueldo de 54,7 millones de pesos mensuales pagados por Ecopetrol, firma que precisamente es la víctima del desfalco de Reficar. 

Una certificación de Ecopetrol del pasado 23 de mayo establece que Reinoso trabaja en un horario de 7 de la mañana a 4 de la tarde, “horario que lleva a cabo en su lugar de residencia”.

En la audiencia el delegado de la Fiscalía aseguró que "se opone, y se opone rotundamente, a la petición realizada por el señor defensor". 

El fiscal del caso dijo que "el hoy procesado es un riesgo, pues de acuerdo con los elementos de prueba, estaba manipulando e incidiendo en testigos en la investigación de Reficar, y por la presunta apropiación de más de 6.000 millones de pesos", aseguró. 

"Las razones por las que se pidió medida de aseguramiento era precisamente para evitar la obstrucción a la justicia y el riesgo procesal", señaló el delegado de la Fiscalía, quien dijo que en este último contrato Reinoso lleva más de 130 días laborando con Ecopetrol. 

"No es un cargo de poca monta, sus funciones son de mando, pues lidera equipos de trabajo, pero sobre todo, tiene relación funcional con los costos y gastos del proyecto que se adelantan en la Refinería", agregó el fiscal. 

El delegado de la Procuraduría aseguró que en el cargo que Reinoso ocupa "podría obstruir a la justicia. Se le debe imponer una restricción de ocupar ese cargo, que finalmente es la razón que mantuvo el juez para imponer la medida", dijo. 

El representante de la víctima en este proceso, es decir, de Ecopetrol, aseguró que por ahora el contrato con Reinoso está suspendido. “No parecería válido, y es importante aclarar, que estemos supeditando la revinculación laboral del señor Reonoso a una decisión del juez”. 

Dijo que si el juez le permite ‘teletrabajar’, esto no implica para Ecopetrol una obligación de darle trabajo en alguna modalidad.

Reinoso ha pedido que se le renueve el permiso para trabajar, a pesar de que se le impuso la medida de aseguramiento domiciliaria considerando que podía obstruir la justicia por la posibilidad de destruir, modificar, ocultar o falsificar pruebas.

Reyes Reinoso fue la cabeza de Reficar entre el 2012 y 2016, y la Fiscalía le imputó cargos porque sería parte del grupo de directivos que, a través de maniobras ilegales, habría beneficiado al contratista CB&I al modificar el contrato inicial de ampliación de la Refinería. Así, el proyecto de Reficar, que debía costar 3.777 millones de dólares, terminó costando más de US$ 8.106 millones.

Tomada de: El Tiempo
ACERO Y ALUMINIO DE COLOMBIA SE QUEDARON SIN REBAJA DE ARANCELES EN EE.UU.


El esperado anuncio de la eliminación de aranceles a los productos de acero y aluminio que exporta Colombia al mercado de Estados Unidos nunca llegó. El gobierno de Donald Trump dijo este jueves en la mañana que seguirá cobrando tasas del 25 por ciento a los productos de acero y del 10 por ciento a los de aluminio procedentes de cualquier país del mundo.

De este cobro habían quedado excluidas tres regiones: la Unión Europea, México y Canadá, con las cuales el gobierno de Estados Unidos estaba renegociando el tema. Sin embargo, la decisión anunciada hoy pone en plena ejecución la proclama presidencial hecha por Trump el 8 de marzo pasado.

La noticia cae como un balde de agua fría para los gremios y empresarios colombianos que habían puesto sus esperanzas en las gestiones diplomáticas adelantadas en las últimas semanas por el gobierno para lograr que el país quedara exento de este cobro, e incluso las de empresas de Estados Unidos que compran productos colombianos y habían pedido al ejecutivo eliminar los cobros al país.

Entre los argumentos centrales está el hecho de que las ventas colombianas representan apenas el 0,5 por ciento del total de productos de acero y aluminio que importa Estados Unidos cada año. A esto se suma que Colombia ha sido por años el principal aliado en América Latina y que desde mayo de 2012 está vigente un Tratado de Libre Comercio que en principio plantea un trato preferencial.

Sin embargo, la Casa Blanca insistió en que los aranceles a estas importaciones tienen un carácter global y se adoptaron por razones de seguridad nacional.

Para la presidenta de la Cámara de Comercio Colombo Americana, María Claudia Lacouture, el país debe insistir en la vía diplomática para manejar este tema. “Colombia debe ser eximido de la medida de aranceles para el acero y el aluminio hacia Estados Unidos teniendo en cuenta que dichas exportaciones representan sólo el 0,5 por ciento del total importado por Estados Unidos, monto que no representa peligro para la seguridad nacional ni contra la generación de empleo en dicho sector. Es además, el principal aliado de Estados Unidos en América Latina”, dijo la ejecutiva.

En su opinión, el diálogo y la diplomacia comercial entre los dos gobiernos, “con el apoyo de los gremios y el sector empresarial, debe seguir para encontrar fórmulas alternativas para un acuerdo que satisfaga las necesidades de Estados Unidos y beneficie a los empresarios del sector en el país”.

Pero la preocupación no solo está en el bloqueo al ingreso de productos, también a la competencia que generarán los productos que no se vendan en Estados Unidos por estos mayores aranceles. Para el presidente de Analdex, Javier Díaz, si bien la afectación a las exportaciones colombianas en materia de exportaciones es pequeña, y alcanza los 55 millones de dólares al año, “el mayor riesgo es la llegada de productos a muy bajo precio” por eso señaló que ahora el papel de la Dian será clave para controlar estos productos y pedir la presentación de declaración anticipada.

En las últimas semanas el gobierno había aumentado su gestión diplomática e incluso la ministra de Comercio, María Lorena Gutiérrez, viajó a reunirse con altos funcionarios que manejan los temas de comercio dentro del gobierno estadounidense. El gobierno ha dicho que mantendrá su decisión de buscar acuerdos por la vía diplomática y descartó que se esté pensando en algún tipo de retaliación, como lo han pedido algunos empresarios y como lo han anunciado algunos países.

Tomada de: Semana
UNIDAD DE VÍCTIMAS PIDE AL NUEVO CONGRESO PROVEER LAS CURULES DE PAZ


La Unidad Nacional de Víctimas lamentó que por falta de tiempo no se haya podido aprobar, en el Congreso, el nuevo acto legislativo que buscaba entregar representación política a los afectados por el conflicto armado.

Yolanda Pinto, directora de la entidad, indicó que espera que el nuevo cuerpo legislativo, con el apoyo del próximo Gobierno, haga un nuevo intento para que las víctimas tengan asiento en la Cámara de Representantes. 

“Ojalá no sea la última vez que se hace el intento y que en el próximo intento, tengan las víctimas su representación en el Congreso”, señaló la líder social.

“El llamado que yo hago como víctima y como directora de la Unidad de Víctimas, al nuevo Congreso y al nuevo Gobierno es contundente y es que los derechos de las víctimas son sagrados para los colombianos”, indicó Pinto.

La Directora de la Unidad de Víctimas reveló que a la fecha han podido atender el proceso de reparación de un considerable número de víctimas.

“Hemos podido atender a 3.550.000 hogares con acompañamiento, asistencia y ayuda humanitaria. Eso ha significado una inversión de 2 billones 309 mil millones se han invertido del 2015 al 2017 en ayuda humanitaria. Hemos hecho 4.300.000 giros de ayuda humanitaria que entrega la Unidad”, manifestó.

Como el proyecto para entregar curules directas a las víctimas de la violencia es una reforma constitucional y el periodo legislativo ya está a punto de terminar, no se le pudo dar trámite y se hundió por tiempos.

Tomada de: RCN
PROCURADURÍA EVALUARÁ SI ABRE INDAGACIÓN POR DENUNCIAS DE FRAUDE ELECTORAL


La Procuraduría participará de la Comisión Nacional Electoral convocada por el Gobierno Nacional dadas las denuncias sobre un presunto fraude el pasado 17 de mayo que ha circulado en redes sociales y que pone en entre dicho el manejo de los formularios E-14.

En el encuentro el Ministerio Público espera escuchar los planteamientos de la Registraduría y del Consejo Nacional Electoral sobre el manejo de los formularios y las implicaciones de los tachones criticados en redes y señalados de sumar votos en favor del candidato presidencial Iván Duque.

Lo que ha dicho la Resgistraduría es que de lo denunciado en redes se han visto 7 ejemplos de errores y se han comparado con los otros formularios que se llenaron ese día sin hacerse visible alguna manipulación.

La Comisión fue citada por el Ministerio del Interior de manera extraordinaria con ánimo de disipar las dudas sobre la primera vuelta.

Tomada de: Caracol
POR EMERGENCIA AMBIENTAL EN SANTANDER, PROCURADURÍA INVESTIGA A PRESIDENTE DE ECOPETROL Y SUSPENDE A DOS VICEPRESIDENTES


La Procuraduría General de la Nación abrió investigación disciplinaria contra los presidentes Ecopetrol y la Agencia Nacional de Hidrocarburos - ANH, sus antecesores, y ocho vicepresidentes de las dos entidades; por los hechos relacionados con la emergencia ambiental y social ocurrida el pasado 2 de marzo, por la emanación de crudo en el campo Lisama Profundo - Pozo 158, ubicado en el corregimiento La Fortuna, municipio de Barrancabermeja, Santander.

La decisión afecta al presidente de Ecopetrol, Felipe Bayón Pardo, y su antecesor Juan Carlos Echeverry Garzón, a quienes se les investiga por presunto incumplimiento de sus deberes legales, reglamentarios y funcionales relacionados con la normatividad, política y programas de abandono técnico de pozos en los campos que hacen parte de los convenios con la ANH para la explotación de hidrocarburos en ‘Lisama - Nutría’ y ‘Magdalena Medio’.

La Procuraduría, como medida cautelar, ordenó la suspensión por tres meses de los vicepresidentes de Ecopetrol Héctor Manosalva Rojas, de Desarrollo y Producción; Ricardo Ernesto Coral Lucero, de la Regional Central, y el Gerente de Operaciones de Desarrollo y Producción de Mares, Oscar Ferney Rincón Silva, quienes no habrían dado desarrollo a las políticas que se deben poner en marcha cuando se abandona técnicamente un pozo.

El Ministerio Público también abrió investigación disciplinaria contra Orlando Velandia Sepúlveda y Mauricio de la Mora, presidente y expresidente de la ANH, respectivamente, y otros seis directivos de la entidad, por una posible omisión en el cumplimiento de sus funciones frente a la emergencia ecológica, ambiental y social causada por la emanación del crudo.

Los funcionarios de la ANH cobijados con la decisión son Jorge Alirio Ortiz y Arnoldo Morales Delgado, quienes ocuparon en distintas fechas la Vicepresidencia de Operaciones, Regalías y Participaciones, y Nicolás Zapata Tobón, Alexandra Lozano, María Carolina Durán Chacón y Omar Mejía Tette, en calidad de vicepresidentes de Contratos de Hidrocarburos.

La Procuraduría avanza, simultáneamente, en las indagaciones contra servidores por establecer de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales -ANLA, y la Corporación Autónoma Regional de Santander - CAS, por presunta omisión en el cumplimiento de sus funciones frente a la emergencia ambiental presentada el pasado 2 de marzo en Barrancabermeja.
EXTRADICIÓN DE EXINTEGRANTES DE LAS FARC DEBE SER CONOCIDA POR LA JEP: CORTE


En virtud de la garantía de no extradición que cobija a los exguerrilleros por conductas cometidas antes del 24 de noviembre de 2016 y la competencia prevalente de la Jurisdicción Especial para la Paz, la JEP ha de conocer las solicitudes de extradición sobre exintegrantes de las FARC–EP desmovilizados en aplicación del Acuerdo de Paz.

Así lo determinó la Corte Suprema de Justicia, al remitir a la Sección de Revisión de la JEP las diligencias del trámite de extradición de un excombatiente sometido al Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (S.I.V.J.R.N.R.), requerido por el Gobierno de los Estados Unidos de América.

A juicio de la Sala de Casación Penal, la JEP es la jurisdicción “habilitada constitucional y legalmente para calificar y constatar si se dan los presupuestos materiales para afirmar su competencia, a la luz de tres factores: i) en razón de la materia –delitos cometidos antes del 24 de noviembre de 2016 , en el marco del conflicto–; ii) el personal –por integrantes de las FARC desmovilizados en razón del Acuerdo de Paz que hagan parte de los listados oficiales y que se hayan sometido a la J.E.P. – y iii) en razón del tiempo –por hechos ocurridos con anterioridad a la firma del Acuerdo”.

Aunque según la providencia en este momento la Corte carece de competencia para calificar esos factores, en el presente trámite saltan a la vista elementos fácticos indicativos de que el juez natural para continuar conociendo del pedido de extradición es la JEP, pues la acusación del país extranjero informa la pertenencia del requerido a las FARC–EP, al tiempo que “no sólo figura en los listados oficiales entregados al Gobierno por dicha guerrilla, sino que, como lo pudo constatar la Sala, se encuentra sometido a la JEP, por lo que sólo puede ser ésta quien determine si la garantía de no extradición es aplicable, atendiendo a la fecha de ocurrencia de los hechos –con anterioridad o posterioridad a la firma del Acuerdo de Paz– y si aquéllos se relacionan o no con el conflicto armado”.

En efecto, se trata del desmovilizado Pedro Luis Zuleta Noscué, alias “El Cojo”, a quien la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito sur de Nueva York acusa de concertarse para fabricar e importar a ese país grandes cantidades de cocaína entre 1985 y 2011, como líder del Frente Sexto de las desaparecidas FARC–EP.

“Por consiguiente, dada la falta de competencia para continuar con el trámite de extradición, se remitirá la actuación a la Sección de Revisión de la JEP, pues es esa jurisdicción especial la que ha de constatar y calificar si los hechos que motivan el pedido de extradición se cometieron en el marco del conflicto armado, con anterioridad a la firma del Acuerdo de Paz. De la respuesta que se dé a ello depende que la solicitud de extradición deba ser resuelta por la JEP o haya de regresar a la Jurisdicción Ordinaria”, concluye el pronunciamiento.