CORTE ORDENA MAYORES BENEFICIOS A CONDENADOS POR DELITOS GRAVES

La decisión de la Corte Constitucional se conoce al fallar una tutela en favor de un hombre condenado a 32 años por secuestro extorsivo, porte ilegal de armas, hurto agravado, falsedad personal y concierto para delinquir, quién pidió la libertad condicional pero fue negada en el 2015.

La interpretación que le dio la sala penal a las leyes es que las excepciones en todos los casos operan cuando existe una ley que es más favorable que la anterior o cuando la ley anterior es más favorable, es decir, deben aplicarse las normas que beneficien a los condenados, incluso, por delitos graves; por el respeto a la libertad, al debido proceso y a la favorabilidad.

Fuentes ya hablan de que el fallo podría poner en vilo el proyecto de ley que busca reducir los beneficios a los corruptos, pues podría alegar beneficios dependiendo de la ley que más les convenga.

NUEVO MINISTRO DE JUSTICIA TUVO CONTRATO CON EL EX FISCAL MONTEALEGRE

Enrique Gil Botero fue consejero de Estado y actualmente es representante por Colombia en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, allí fue elegido hasta 2019.

Es abogado, especialista en derecho administrativo, también árbitro de la Cámara de Comercio de Medellín y gran parte de su actividad como litigante estuvo en la jurisdicción administrativa y hasta fue conjuez del Tribunal Administrativo en el departamento Antioquía.

Pero luego de su salida del Consejo de Estado en diciembre de 2014 fue invitado por la Fiscalía a colaborar en procesos de capacitación a funcionarios de la entidad en todo el país.

“Asesorar y apoyar jurídicamente a la Fiscalía General de la Nación, en el manejo estratégico y defensivo de los asuntos de naturaleza extracontractual en los cuales la Fiscalía General de la Nación actúe ya sea como entidad demandante o demandada, y en acciones o pretensiones de repetición”.

El exfiscal Eduardo Montealegre le otorgó un contrato por 751 millones de pesos que se cumplió hasta diciembre de 2015 y de acuerdo con fuentes del ente acusador las dos partes quedaron satisfechas al terminar las capacitaciones.

“Los pagos se realizarán previa entrega de Informes de gestión mensual y final en los cuales se describirán las actividades llevadas a cabo con el equipo de trabajo, los resultados obtenidos, las dificultades encontradas para el desarrollo del trabajo y las sugerencias para superarlas”.

El contrato ocurrió durante el proceso de modernización del ente acusador y que tantos cuestionamientos le dejó al ex fiscal Montealegre.

CASOS SOBRE DEFENSORES DDHH

Consejo de Estados presenta documento sobre la Aplicación del control de convencionalidad en casos de defensoras y defensores de derechos humanos. ver completo