jueves, 21 de diciembre de 2017

FISCALÍA PIDE ÓRDENES DE CAPTURA CONTRA JEFES DEL ELN POR ASESINATOS DE LÍDERES SOCIALES


Tras la petición de la Fiscalía General, un juez emitió las primeras órdenes de captura contra los comandantes de la guerrilla del ELN por su responsabilidad en los asesinatos de líderes sociales en el departamento del Chocó.

Los cabecillas del Frente de Guerra Occidental y el Frente Guerrillero Resistencia Cimarrón estarían detrás del asesinato del gobernador indígena de la comunidad Docasina, Aulio Isarama Ballesteros, ocurrido el 24 de octubre de este año, en el municipio de Alto Baudó (Chocó).

La Fiscalía estableció que la retención y posterior asesinato del líder indígena correspondió a una decisión jerárquica y planeada en la organización guerrillera.

La investigación estableció que en el Darién y el Bajo Atrato Chocó se ha registrado una alta presencia del ELN tras desmovilización de las Farc, convirtiéndose en un nuevo factor de violencia y de conflicto armado.

Las personas afectadas con la medida son:

• Ogli Ángel Padilla Romero, alias ‘Fabián’, ‘Rosemberg’ o ‘Sandino’, comandante del Frente de Guerra Occidental del ELN.

• Emilcen Oviedo Sierra, alias ‘Martha’, ‘La Abuela’ o ‘María’, segunda comandante del Frente de Guerra Occidental del ELN.

• Levis Dairon Polo Regino, alias ‘Ricardo’ o ‘Cholo’, comandante del Frente Guerrillero Resistencia Cimarrón.

Las órdenes de captura fueron emitidas por los delitos de rebelión, secuestro extorsivo y homicidio agravado.

De la misma manera, la Fiscalía solicitó audiencia de imputación contra los tres comandantes del Frente de Guerra Occidental del ELN por secuestro extorsivo y 87 casos de reclutamiento ilícito.

Igualmente, se solicitó audiencia de declaratoria de persona ausente contra ocho autores materiales vinculados al Frente Ernesto ‘Che’ Guevara del ELN, por el secuestro extorsivo de seis personas en San José del Palmar, (Chocó), registrados en 2017.
BANCOS DEBEN ENTREGAR PAGARÉS-LIBRANZA A LA LIQUIDACIÓN DE ESTRAVAL


Un grupo de entidades financieras que compró cartera de crédito en la modalidad de libranza a Estraval no podrá cobrarla por derecho propia, pues afectaría a otras víctimas. Se trata de una suma del orden de los 62.000 millones de pesos.

En una decisión sin antecedentes, la Superintendencia de Sociedades les ordenó a los bancos que tienen en su poder pagarés-libranza de Estraval, devolverlos a la liquidación de la comercializadora. La Superintendencia les dio un plazo de 15 días hábiles a partir del 12 de enero para entregar dichos títulos.

La decisión tiene como fin no afectar al resto de víctimas de esta comercializadora, pues muchos de los pagarés fueron duplicados y hasta triplicados, es decir, los mismos papeles que tienen los bancos también están en manos de otras personas.

El grupo de entidades financieros entre los que están Sudameris, Occidente, Giros y Finanzas, Global Security, Juriscoop y Banco de la Mujer se presentó a la audiencia resolución de objeciones a la calificación de créditos que se realizó esta semana. La Superintendencia de Sociedades no aceptó los argumentos de los bancos que pretendían que se levantara la restricción y se les permitiera disponer de los pagarés en su poder para cobrarlos a los deudores. En total se trata de unos 62.000 millones de pesos. La Superintendencia en su análisis consideró que los bancos tenían mejor información y capacidad para entender el negocio de las libranzas, analizar si algo andaba mal y por lo tanto asumir el riesgo de esta cartera.

En aras de que todos los afectados estén en igualdad de condiciones, la liquidación de Estraval es la encargada de cobrar esta cartera para distribuirla posteriormente entre las víctimas de las libranzas. El juez fue tajante en afirmar que los pagarés-libranza negociados por Estraval o a través de esta sociedad deben permanecer como activos disponibles con el fin de servir como medio de pago para los afectados. Como se trata de una decisión que tiene que ver con la banca, la Supersociedades compulsó copia de la providencia a la Superfinanciera.

Dentro de la misma audiencia, algunas personas que fueron intervenidas en el proceso de captación ilegal en Estraval, pidieron ser excluidas de la lista. Sin embargo, el juez concluyó que analizados los documentos, no se logró desvirtuar su participación en la captación ilegal de recursos. El superintendente de Sociedades, Francisco Reyes Villamizar, señaló que los trámites “se han adelantado de forma eficiente, a pesar de la gran complejidad que reviste el proceso y del inmenso volumen de documentos que han debido ser analizados”. De igual forma, agregó que este proceso se está trabajando de la mano con diferentes autoridades como la Fiscalía General de la Nación.

En la audiencia, el juez del concurso argumentó las razones que llevaron a la entidad a ratificar el juicio de responsabilidades contra los directivos de Estraval.

Para la preparación de esta decisión el juez analizó las más de 1.076 carpetas que comprometen el expediente y realizó un estudio individualizado de 2.320 solicitudes de exclusión de activos. En total, fueron analizados uno a uno los 60.000 pagarés identificados en las bases de datos de la liquidación.

En la audiencia se advirtió que los afectados de Estraval, fueron objeto de un engaño. Los afectados “a pesar de que pensaron hacer un negocio, en realidad estaban siendo víctimas de un esquema de defraudación”.

Actualmente avanza el proceso de consolidación del inventario de bienes y recursos, dentro de los cuales se encuentran bienes muebles e inmuebles, así como acciones y documentos que acreditan la participación de directivos y accionistas de Estraval en otras compañías.

La Superintendencia de Sociedades ratificó que continúan en liquidación judicial como medida de intervención, los bienes, haberes, negocios y patrimonio de Estrategias en Valores y de varias personas naturales entre las que se cuentan las cabezas de la firma Cesar Mondragón y Juan Carlos Bastidas. Igualmente, los funcionarios Fernando Joya, José Ignacio Alemán Cárdenas, Juan Agustín Vergara, Juan Carlos Gil y Tatiana Quintero.
PROCURADURÍA ABRE INDAGACIÓN PRELIMINAR A SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO


La Procuraduría General de la Nación determinó la apertura de indagación preliminar contra el Superintendente de Industria y Comercio, Pablo Felipe Robledo, por presunto abuso de autoridad en las indagaciones que adelanta por el supuesto desvío masivo de boletas con fines de reventa. 

Esta medida cobija también al superintendente delegado para la Protección de la Competencia, Jorge Enrique Sánchez Medina, y otros funcionarios como Francisco Melo Rodríguez, Camilo Alfredo Bustamante Ordóñez, Lina María Díaz Viera, Orlando Enrique Acosta, Nohemí Rodríguez, Óscar Fabián Ramírez Rodríguez y Andrés Camilo Capera. 

El abogado Jaime Lombana presentó una queja disciplinaria contra el Superintendente y varios funcionarios del ente de control, porque afirma sin mediar orden judicial le solicitaron a Christian Tadeo Daes, de la empresa Tecnoglass, su celular para revisar sus conversaciones privadas y ante su negativa lo “constriñeron” y lo habrían amenazado con una multa de más de 1.475 millones de pesos. 

Al final, aceptó dar su celular y al parecer también su computador. Esto, habría sucedido según Lombana, un día antes del 15 de septiembre cuando se presentaron órdenes en el caso, para tener acceso a los datos. Pero además, se habría permitido el acceso de esa información a terceros. 

La Procuraduría va a entrar a revisar si constituye una falta disciplinaria y si actuó dentro de sus competencias. Para ello, cita al abogado Jaime Lombana a declarar, a los señalados en la queja, incluidos los terceros que habrían tenía acceso a la información. Y, visitará la entidad para revisar el expediente de la indagación.
¿EN QUÉ VA LA NEGOCIACIÓN DEL SALARIO MÍNIMO?


Como todos los años, y por compromisos de Ley, en el mes de diciembre se sientan en la mesa de concertación del salario mínimo los empresarios, trabajadores (representados por los sindicatos) y el gobierno (donde está el Ministerio de Trabajo) a acordar el incremento. Una negociación que se ha alargado más de lo esperado y de la que hoy todavía no se ve un posible acuerdo.

¿Qué dicen los sindicatos?

Las propuestas de los sindicatos que se sentaron en la mesa rondan un incremento entre el 10 y el 12% al que hay actualmente, que se paga por $737.717. Mientras la Confederación de Trabajadores de Colombia (CTC) y la Confederación General del Trabajo (CGT) apelan por un aumento del 10%, la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) busca el del 12%. 

Para estos sindicatos, dentro de los argumentos para exigir este incremento en el salario mínimo están la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores debido a la reforma tributaria, para incentivar el consumo y dinamizar la economía y porque el salario mínimo no alcanza para suplir las necesidades básicas de los trabajadores.

De ese modo, el salario mínimo que buscan los trabajadores para 2018 rondaría los $826.214. 

¿Qué dicen los empresarios?

Como suele suceder en esta negociación, las propuestas de los gremios fueron mucho menos ambiciosas. La ANDI y Fenalco abogan por un incremento del 4,7%, Asobancaria por uno del 4,5% y la Acopi y la SAC buscan proponen un 4,6%. 

Dentro de sus argumentos, los gremios consideran que un aumento muy alto del salario mínimo puede hacer muy costosa la contratación de nuevos trabajadores y afectar la generación de empleo. Además, consideran que su propuesta es atractiva considerando la inflación proyectada (alrededor del 4 por ciento) y que la productividad de este año fue negativa (-0,24 por ciento). 

Los gremios también resaltan que durante los dos últimos años, el aumento del mínimo ha estado por encima de la inflación por lo que ha aumentado el poder adquisitivo.

Así, la propuesta de salario mínimo de los empresarios estaría por los $770.914, es decir una diferencia de $55.329 respecto a lo que piden los sindicatos de trabajadores.

Las negociaciones continúan

El pasado 15 de diciembre se cumplió el primer vencimiento para que las partes llegaran a un acuerdo. Sin embargo, el plazo máximo legal para la expedición del decreto con el incremento del salario mínimo es el 30 de diciembre.

En los últimos 20 años sólo se ha llegado a un acuerdo en cinco oportunidades. Por tanto, solo hay un 25 por ciento de probabilidades de que se llegue a un acuerdo.
EDWARD RODRÍGUEZ Y ANGÉLICA LOZANO, LOS MEJORES REPRESENTANTES DEL 2017, SEGÚN SUS COLEGAS


Infortunadamente la medición de los mejores Representantes a la Cámara se enmarca inicialmente con quienes asistieron a todas las sesiones del Congreso de la República porque una de las razones que ha seguido empañando al órgano legislativo es el alto ausentismo que puso en peligro importantes proyectos de ley y reformas constitucionales como las de la implementación de los acuerdos.

En un sondeo realizado entre los representantes a la Cámara se establecieron varios puntos a resaltar en la búsqueda del mejor representante, como por ejemplo, las bancadas más juiciosas en la Cámara de Representantes fueron las del Polo Democrático, Alianza Verde y el Centro Democrático.

En los últimos años de este periodo legislativo se ha resaltado la labor del representante a la Cámara del partido de la U por Caldas, Hernán Penagos, un experto en constitucional quien ha sido el ponente de los proyectos de ley más importantes que ha debatido esta corporación.

Las mujeres han tenido gran importancia en esta legislatura, es el caso de las representantes Clara Rojas – Liberal, Olga Lucía Velásquez – Liberal, Ángela María Robledo – Alianza Verde, María Fernanda Cabal – Centro Democrático, y Angélica Lozano – Alianza Verde, entre otras congresistas. 

Los representantes que se han destacado en sus partidos por ser propositivos y defender los ideales de sus colectividades han sido, Samuel Hoyos del Centro Democrático, Alirio Uribe del Polo Democrático, Víctor Correa del Polo Democrático, Inti Asprilla de la Alianza Verde, Carlos Chacón del liberalismo, Jack Housni del Partido Liberal y Telésforo Pedraza del Conservatismo.

La Cámara de Representantes le hace un reconocimiento a dos representantes: Germán Navas Talero, por ser una de las autoridades en Derecho de las plenarias de la Cámara y la Comisión primera de ese mismo órgano legislativo y Rodrigo Lara, que pese a que para el Gobierno y un gran grupo de congresistas fue ‘piedra en el zapato’ de varios proyectos de ley y actos legislativos, al final del periodo sacó adelante los compromisos del órgano legislativo con la implementación del acuerdo de paz.

Los congresistas de la Cámara resaltaron la labor en este año de uno de los representantes que se convirtió en el vocero de su partido que es oposición al gobierno del presidente Santos y por su gestión en la Comisión de Acusación dentro del proceso del peor escándalo que ha vivido la Justicia, se ha ganado la admiración de muchos en la Cámara; es el representante Edward Rodríguez del Centro Democrático.

Al tiempo, los congresistas encuestados eligieron a Angélica Lozano de la Alianza Verde como la mejor mujer en la Cámara de Representantes por ser propositiva en los debates más álgidos tanto en plenaria como en su comisión primera. Ha sido ponente de varios proyectos de acto legislativo y ha denunciado la corrupción dentro del Congreso.
ORDENAN RECAPTURA DEL GENERAL (R) HENRY TORRES ESCALANTE


Se trata del primer oficial llamado a juicio por casos de falsos positivos y ahora se convertirá en el primer beneficiado por la Justicia Especial para la Paz en ser recapturado.

El general en retiro Henry Torres Escalante es investigado por la muerte de dos campesinos: Roque Julio Torres y Daniel Torres Arciniegas, que al parecer trataron de pasar de guerrilleros muertos en combate.

Hace dos meses la defensa del oficial solicitó la libertad tras acogerse a los compromisos de la justicia transicional, la Fiscalía apeló el beneficio tras considerar que en ese momento no estaba vigente la jurisdicción especial.

Este miércoles se conoció la respuesta a esa apelación de la Fiscalía y llegó por cuenta del Tribunal Superior de Yopal que ordena la recaptura del oficial tras validar los argumentos de los fiscales que lo investigan.