DEFENSA DE LA GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA DICE QUE LYONS DEBE PAGAR CERCA DE 47.000 MILLONES DE PESOS

Por no incluir al departamento de Córdoba como víctima en el proceso adelantado contra Alejandro Lyons, la Corte Suprema de Justicia le ordenó al Tribunal repetir la diligencia, en la que avaló el principio de oportunidad que permitía que pagara 5 años de prisión y 4.000 millones de pesos para reparar el desfalco que le hizo al departamento.

Esto, dándole la razón al apoderado del ente territorial, el abogado, Guillermo González, quien puso una tutela porque el Tribunal no lo escuchó, argumentando que la Contraloría actuaba en el caso como defensa de las víctimas. Pero, la Corte encontró que la entidad no representaba realmente los intereses del departamento.

Gutiérrez se refirió a la decisión y aseguró que el desfalco fue mayor al contemplado y por ello la suma para reparar, dice, debe superar esos 4.000 millones de pesos.

“Se calcula en unos 95.000 millones de pesos, entonces si estamos hablando de un 50%, la mitad de 95, mal contados, son como 47.000 millones de pesos”, dijo.

Con esta decisión de la Corte, aseguró, que prácticamente se comienza de cero, y esto permitirá corregir otros errores como el plazo que le dieron al ex gobernador para pagar.

“Le daban 2 años y medio para él reintegrar esos 4.000 millones de pesos cuando el mismo artículo 340 dice que, por lo menos, para que se pueda adelantar y pueda ser aprobado ese principio de oportunidad, tenía que haber reintegrado por lo menos el 50% de los dinero”, aseguró.

En la sentencia, la Corte Suprema le da 5 días al Tribunal Superior de Bogotá para volver a realizar la audiencia.

NOS PERMITIMOS DAR A CONOCER COMUNICADO DE PRENSA EMITIDO POR LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO

Las Comisiones de Seguimiento y Monitoreo a la Ley 1448 y Decretos Leyes 4633, 4634 y 4635 de 2011, integradas por la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo, la Contraloría General de la República y Representantes de las Víctimas, manifestaron su preocupación por el rezago en la aplicación de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras y los Decretos Leyes Étnicos, a seis años de haber sido promulgados.

En atención a esta preocupación, las Comisiones realizaron una Sesión Ampliada de Alto Nivel a la que fueron convocados, entre otros, el Ministro del Interior, el Ministro de Agricultura y la Directora de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a Víctimas.

Lo anterior, con el fin de conocer las estrategias trazadas por las entidades gubernamentales para superar las dificultades identificadas en el financiamiento de la Ley y los Decretos Leyes, la articulación en el territorio para la implementación de la política frente a los nuevos instrumentos de desarrollo, y por último, la protección de los derechos de los líderes y reclamantes de tierras.

Vigencia y financiamiento de la Ley y los Decretos Leyes
Las Comisiones manifestaron que si bien es cierto que el Gobierno incrementó el monto de recursos destinados a la política de asistencia, atención y reparación integral a las víctimas del 1,8% (en 2011) a más del 4% del total del Presupuesto General de la Nación (a partir de 2012), el rezago es evidente.

A la fecha, solo se ha indemnizado al 7% de las víctimas; hay 79.128 familias a la espera del subsidio de vivienda que les fue asignado entre 2004 y 2007 y otras 13.211 familias tienen el subsidio pero no les han entregado la vivienda certificada, por encontrarse en proyectos que fueron declarados en incumplimiento, paralizados o no iniciados o no ejecutados.
Los análisis de la Contraloría indican además que la inversión de las entidades territoriales en la atención a las víctimas es incierta, toda vez que los Departamentos y Municipios registran serias inconsistencias en los distintos instrumentos como el “Tablero PAT” y el Formato Único Territorial (FUT-Víctimas).

Respecto a la implementaciones del acuerdo de paz no parece aclarar el panorama financiero de la política de asistencia, atención y reparación a la víctimas, por un lado, el Gobierno Nacional estimó formalmente el costo fiscal del acuerdo final en $129.5 billones de 2016, que incluyen $4.3 billones para víctimas orientados a derechos humanos y verdad, pero no ha aclarado cómo se sincronizaría la implementación del acuerdo con el requerido avance en la implementación de la Ley 1448 de 2011. Finalmente, el financiamiento del acuerdo replica la estrategia de incluir en la contabilidad los recursos del SGP y es así como el 29.2% de los recursos corresponderían a las transferencias del Gobierno Nacional a las entidades territoriales a través del SGP.

Articulación de la implementación de la política pública de víctimas frente a los nuevos instrumentos de desarrollo territorial

Las Comisiones han evidenciado que pese a la existencia formal de espacios y mecanismos de participación para las víctimas, no hay incidencia efectiva en la toma de decisiones con respecto a la política pública, y no en todos los casos tienen la financiación que requieren para el desarrollo de sus actividades.

Frente al Espacio Amplio de Participación, no es claro cómo serán implementadas las 2.493 propuestas de la población víctima en una eventual modificación de la política pública, ni cómo se garantizará la participación de la población víctima étnica, toda vez que no fueron convocadas como colectividad a dicho espacio.

Por otro lado, no se evidencia una estrategia clara de articulación entre los procesos de restitución de tierras, los procesos de retornos y reubicación, los planes de reparación colectiva y los PDET.

Particularmente frente a los procesos de reparación colectiva étnicos y no étnicos se observa un grave rezago por cuanto a la fecha ninguno de los 522 procesos ha culminado, y los procesos que se encuentran en fase de implementación presentan dificultades en la articulación para la implementación de algunas medidas.

Protección a los líderes de víctimas y reclamantes de tierras
Para las Comisiones, es prioritario que el Estado Colombiano logre garantizar el derecho a la vida y a la integridad de las víctimas, con estrategias más rápidas y eficientes de seguridad en los territorios y la construcción de escenarios de reconciliación y convivencia.

El Informe de Riesgo 010 del 30 de marzo de 2017, emitido por la Defensoría del Pueblo, plasma el preocupante panorama nacional de amenaza, intimidaciones, homicidios y ataques en contra de defensores de derechos humanos y líderes sociales y comunitarios, así como sus organizaciones.

Este informe señaló el riesgo de vulneraciones a derechos en 255 municipios del país, y destacó los 156 homicidios registrados hasta entonces. Hoy esa cifra, según datos del Sistema de Alertas Tempranas, llega a 204 homicidios registrados en 24 departamentos.

Se insiste en la importancia de las advertencias emitidas por el Sistema de Alertas Tempranas SAT, en el que a través de sus informes de riesgo, ha descrito escenarios en los que se requieren por parte del Gobierno la coordinación de acciones preventivas y de respuesta rápida con la implementación de mecanismos de protección individual y colectiva a líderes y lideresas.

EN MEDIO DE PROTESTAS, TRUMP PLANEA RECONOCER A JERUSALÉN COMO LA CAPITAL DE ISRAEL

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó este martes que planea trasladar la embajada estadounidense a Jerusalén, a pesar de las advertencias de líderes mundiales sobre los riesgos de provocar malestar en Medio Oriente y perjudicar los esfuerzos de paz entre israelíes y palestinos.

La Casa Blanca informó este martes que Trump hará un pronunciamiento formal el miércoles sobre el estatuto de Jerusalén, en medio de una intensa oleada de reacciones críticas al controvertido gesto político.

En medio de una ronda de diplomacia telefónica, Trump dijo al líder palestino Mahmud Abas y al rey jordano Abdalá II que el proyecto profundamente controvertido, que conlleva el reconocimiento estadounidense de Jerusalén como capital de Israel, seguía en marcha, aunque no fijó una fecha para ello.

El estatuto de Jerusalén es un asunto clave en el conflicto palestino-israelí, y ambas partes reivindican la ciudad como su capital.

Las advertencias se multiplicaron este martes, entre otras la del presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, quien señaló a Trump que el estatuto de Jerusalén es una "línea roja para los musulmanes" y amenazó con cortar los lazos diplomáticos de Turquía con Israel.

El secretario general de la Liga Árabe, Ahmed Abul Gheit, expresó que los miembros de ese grupo han decidido reunirse en El Cairo ante el "peligro de esta cuestión, si esto debiera ocurrir, y a las posibles consecuencias negativas no sólo para la situación en Palestina sino también en la región árabe e islámica".

Funcionarios estadounidenses dijeron que Trump no planea trasladar por ahora la embajada a Jerusalén, una gran promesa de campaña que su gobierno ya pospuso una vez en junio.

"El presidente ha sido claro: no es una cuestión de ‘si‘, sino una cuestión de ‘cuándo‘. Pero no será adoptada ninguna decisión hoy" (lunes), dijo un portavoz de la Casa Blanca, Hogan Gidley.

Trump llamó por teléfono al rey Abdalá II de Jordania el martes por la tarde y le informó de "su intención de seguir adelante con el traslado de la embajada de Estados Unidos a Jerusalén", informó el palacio real jordano en un comunicado.

Proceso de paz 
Trump ha dicho que quiere relanzar las congeladas conversaciones de paz entre Israel y los palestinos en busca de un "acuerdo definitivo", pero su reconocimiento de Jerusalén como capital de Israel podría destruir tal esfuerzo, advirtió un funcionario palestino.

"Ya no aceptaremos la mediación de Estados Unidos, no aceptaremos la mediación de Trump. Será el final del papel desempeñado por los estadounidenses en ese proceso", dijo Nabil Chaath, un alto consejero del presidente palestino, Mahmud Abas.


La presidencia palestina dijo que Trump informó a Abas sobre "su intención de transferir la embajada de Estados Unidos" en Israel, durante una conversación telefónica entre ambos dirigentes.

Durante este diálogo Abas advirtió a Trump de las "peligrosas consecuencias de tal decisión sobre el proceso de paz, la seguridad y la estabilidad en la región y en el mundo", añadió la Autoridad Palestina en un comunicado.

Abas reafirmó su "posición firme sobre que no puede haber Estado palestino sin Jerusalén Este como capital, conforme a las resoluciones y a la ley internacionales y a la iniciativa de paz árabe", dijo el texto.

En tanto el secretario general de la Organización para la Liberación de Palestina, Saeb Erakat, señaló que el cambio de la embajada estadounidense a Jerusalén provocará un desastre.

A su vez, el palacio real de Jordania emitió una nota donde advirtió sombre medidas "de graves consecuencias". Para el grupo palestino Hamas, la modificación del estatuto de Jerusalén traspasa "todas las líneas rojas" y abre las puertas a "una peligrosa escalada" de violencia.

La Liga Árabe llamó a Washington a reconsiderar su decisión, mientras Arabia Saudita, un aliado de Estados Unidos en la región, expresó su "seria y profunda preocupación" por el eventual traslado.

"Este paso tendrá serias implicancias y nuevas complicaciones en el conflicto palestino-israelí", dijo la agencia de prensa oficial saudita, citando una fuente del Ministerio de Relaciones Exteriores.

"Además, obstruirá los esfuerzos en curso para revivir el proceso de paz", añadió.

Por su lado, el presidente francés Emmanuel Macron advirtió a Trump que el estatuto de Jerusalén debe ser decidido "en el marco de las negociaciones de paz entre israelíes y palestinos". 

Israel ve una "oportunidad histórica" 
En medio de desacuerdos internos en la Casa Blanca, varios funcionarios estadounidenses no han podido precisar qué decidirá finalmente Trump.

El ministro de Defensa israelí, Avigdor Lieberman, instó al presidente estadounidense a aprovechar esta "oportunidad histórica".

Todas las embajadas extranjeras en Israel están localizadas en Tel Aviv, con representaciones consulares en Jerusalén.

ESTO NO SERÁ UNA CACERÍA DE BRUJAS: SANTOS SOBRE LA COMISIÓN DE LA VERDAD

Advirtió que esa instancia, que trabajará por tres años e iniciará labores formales en 2018, pretende contribuir a esclarecer lo ocurrido, a ayudar al reconocimiento de las víctimas y a promover un reconocimiento voluntario de responsabilidades, entre otras funciones.

"En el pasado no hubo Jep ni comisión de la verdad, solamente se silenciaron los fusiles (...) todo está encaminado a cerrar el conflicto no a dejar heridas abiertas (...) las víctimas son protagonistas y las principales beneficiarias. Estas víctimas exigen más que reparaciones, verdad (...) antes solo podíamos aspirar a una verdad judicial, esto no será una cacería de brujas, como algunos han insinuado", expresó el presidente.

La comisión es presidida por el padre Francisco de Roux. La integran Alejandra Miller, Alejandro Valencia, Alfredo Molano, Carlos Bernstein, Maria Ángela Salazar, Maria Patricia Tobón, Marta Ruiz; el mayor retirado Carlos Ospina, Saul Alonso Franco y Lucía Gonzalez.

DEFENSORÍA DEL PUEBLO VERIFICÓ LA MUERTE DE 13 PERSONAS EN MAGÜÍ PAYÁN Y EXIGE AL ESTADO GARANTÍAS DE SEGURIDAD PARA POBLADORES DEL ANDÉN PACÍFICO

El Defensor del Pueblo, Carlos Alfonso Negret Mosquera, lamenta y rechaza los hechos del pasado lunes 27 de noviembre de 2017 en las veredas Juanchito y Pueblo Nuevo, del municipio de Magüí Payán (Nariño), donde se registró la muerte de 13 personas.

Debido a la gravedad de los hechos y a las diferentes versiones que circularon en medios de comunicación, una comisión humanitaria de la Defensoría del Pueblo se trasladó hasta ese municipio con el fin de verificar los hechos y brindar acompañamiento a la población civil afectada.

Según información obtenida con personas que presenciaron directamente los hechos, el día 27 de noviembre en las Veredas Juanchito y Pueblo Nuevo, ubicadas al margen del Rio Patía, sobre las 5 de la tarde, integrantes del ELN llegaron a las dos poblaciones con el fin de someter al grupo armado denominado “Resistencia Campesina”.

Los hermanos Álvaro y Nilson Samuel Cuero, integrantes de la línea de mando de este grupo que estaban en Pueblo Nuevo, se negaron a someterse. Las versiones de la comunidad manifiestan que Álvaro empezó a disparar y que los integrantes del ELN respondieron contra todas las personas, sin importar que había población civil.

Según el reporte de los ciudadanos el enfrentamiento dejó 13 muertos. La comisión de la Defensoría verificó con la población que en la vereda Pueblo Nuevo fueron hallados cuatro cadáveres, dos de ellos oriundos de dicha vereda e integrantes de “Resistencia Campesina”, los hermanos Álvaro Cuero y Nilson Samuel Cuero. El tercer cuerpo corresponde presuntamente a alias Uriel, proveniente de una vereda del río Tapaje en el Municipio del Charco. El último de estos cuerpos pertenecería a Héctor Segundo Borja Estupiñan, que, según la información de la comunidad, padecía una discapacidad mental. 

Así mismo, otros dos cuerpos fueron sepultados el día miércoles 29 de noviembre en horas de la tarde en la vereda Ricaurte y, según información de la comunidad, eran miembros de la población civil. Los restos corresponden a Yensi Carolina Orobio Arboleda, de 22 años de edad y en embarazo, y Dubán Maquines Ordoñez.

También se verificó con la población civil que en la vereda Playón fueron sepultados Milton Mauricio Quiñones y Yenson Bernardo Quiñones Hurtado, declarados como civiles. Sin embargo, algunos miembros de la comunidad aseguran que eran disidentes de las Farc.

Otros dos cadáveres fueron sepultados en la vereda Panga del municipio de Roberto Payan, pertenecientes a Hugo Alfredo Preciado y Jorge Leonardo Pastrana y un cuerpo sin vida, que no pudo ser identificado, fue llevado a la vereda Punta de Barco. 

En la vereda las Cruces del Municipio de Barbacoas fue sepultado un cadáver identificado como Jesús Orfilio Landazury Quiñones, y un último cuerpo fue hallado el día sábado 2 de diciembre que pertenece a Édinson Ortiz Bolaños, quien era el Representante legal del Consejo Comunitario Manos Amigas.

La comunidad también reportó a la Comisión de la Defensoría que Wilman Haney Ortiz Bolaños fue retenido por el ELN. Según la información de la población, hacía parte de las disidencias y es conocido con el Alias de Gavilán, hermano del fallecido Édison Ortiz Bolaños. Por lo anterior, el Defensor Negret Mosquera anunció que elevará ante las autoridades competentes las denuncias sobre la violación al cese fuego y hostilidades que representa esta acción por parte de miembros de esa guerrilla.

Toda la población a la que obtuvo acceso la Defensoría manifestó sentir temor ante posibles nuevos enfrentamientos. La población se expresó preocupada por las restricciones a la movilidad, lo que se constituye en confinamiento. “La Entidad hace un llamado para que se protejan las autoridades civiles y líderes sociales de la zona quienes han manifestado esta amenazados por tratar de proteger la población y denunciar hechos violentos.”, señaló Negret Mosquera. 

Así mismo insistió en la necesidad que el Estado llegue con oferta institucional a todo el Andén Pacífico en donde la Defensoría ha evidenciado el confinamiento que sufren los campesinos, que por acción de grupos violentos no pueden desplazarse, realizar sus actividades de campo o estudio. “Necesitamos al gobierno dando asistencia a todas la veredas más recónditas”, puntualizó Negret Mosquera

COMISIÓN PRIMERA APROBÓ PROYECTO QUE CONVOCA ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE PARA REFORMAR LA JUSTICIA

Con un reconocimiento de los partidos de la U, el Centro Democrático, el Partido Liberal, el Partido Conservador y la Alianza Verde, la Comisión Primera aprobó el proyecto de ley –de origen parlamentario- que abre la puerta a la creación de una Asamblea Nacional Constituyente, que estudiará de manera exclusiva la crisis de la rama judicial.

Con ponencia y autoría de la senadora Viviane Morales (Partido Liberal) fue aprobado por 12 votos a favor y 0 negativos. ”La iniciativa le da respuesta a los ciudadanos frente a su preocupación y solicitud abierta de fortalecer la justicia frente al delinto, la violencia y el narcotráfico. Es decir, de cerrarle el paso a la impunidad”, comentó la legisladora.

En este sentido, varios estudios públicos y privados al cierre del 2017, dan cuenta del caos en el sector de justicia, uno de las instancias del poder público en el país, con mayor desprestigio, como consecuencia de los casos de corrupción, que involucran a varios ex presidentes de las Altas Cortes.

De acuerdo con las estadísticas, en el Congreso de Colombia se han tramitado hasta ahora 46 propuesta de la reforma a la justicia, sin alcanzar “humo blanco”, dejando un sinsabor entre los 48 millones de colombianos, frente a la urgencia de fortalecer un sector clave, para la marcha del Estado, bajo el marco de la implementación del posconflicto, tras la firma del Acuerdo Final de La Habana entre el Gobierno el presidente Juan Manuel Santos y las Farc.

“Es indispensable fortalecer la rama judicial a través de una Asamblea Nacional Constituyente. La Asamblea deliberaría por 3 meses. Estaría conformada por 30 delegatarios. 70 por ciento postulados por los partidos políticos y los grupos significativos de ciudadanos. Y 30 por ciento postulados por las Universidades con Facultades de derecho con alta acreditación. De lo que se trata, es que se cree un escenario técnico alrededor del estudio de la justicia”, dijo la senadora Viviane Morales.

Quienes se postulen como delegatarios y resulten elegidos, tendrán las mismas facultades e inhabilidades de los congresistas. Que se normatiza en el artículo 376 de la Constitución de 1991, se estipula que “la Asamblea Nacional Constituyente tendrá una facultad de competencia, que dedicará exclusivamente al estudio y debate de la reforma a la justicia”.

A la iniciativa le quedan 3 debates y tiene el apoyo de bancadas como la Alianza Verde, el Partido de la U, quienes consideran que “es a partir del fortalecimiento a la justicia, que permitirá enfrentar con retos y oportunidades que tiene Colombia en el siglo XXI, además tiene un punto de inflexión, gracias al proceso de paz entre el Gobierno y las Farc, en una fase de implementación”.

PASA A SEGUNDO DEBATE PROYECTO QUE REGULA COBROS POR DERECHO DE GRADO

A segundo debate pasó el Proyecto que regula el cobro de derechos de grado y derechos complementarios, la senadora Nadia Blel Scaff del Partido Conservador, autora del proyecto, argumentó que la iniciativa responde al clamor de los estudiantes del país, dado que no cuentan con los recursos necesarios para pagar cobros adicionales a la matricula. “Los derechos de grado deben ser inherentes a la culminación del plan académico, no deben ser un obstáculo más en el grado y formación de los alumnos” señaló.

la congresista Sandra Villadiego, del partido de la U, aseguró que el objetivo es que los derechos de grado se cobren únicamente por concepto de papelería, en lo correspondiente a diplomas, y que de aprobarse definitivamente se sancionará a las entidades de educación superior que no adopten la medida.

A su turno Senén Niño Avendaño del Polo Democrático, confirmó su respaldo al proyecto, expuso que el cobro de los derechos de grado debe analizarse teniendo en cuenta que son muchas las universidades que tienen incluido estos costos en la matricula, “si la educación es un derecho propio de la condición humana, ésta se considera como una mercancía” anotó el senador Niño Avendaño.

Por su parte el senador Andrés García Zuccardi, afirmó que el país necesita este proyecto y propuso la creación de una superintendencia de educación; la autonomía universitaria, y la responsabilidad de todos los claustros para informar de manera previa el total de los costos de las carreras.

Al concluir la sesión, Mauricio Aguilar del Partido Opción Ciudadana, sentó su posición a favor del proyecto, a través de una proposición y argumentó que los costos deben ser regulados únicamente para estudiantes de estrato 1, 2 o quienes pertenezcan al programa Ser Pilo Paga; ésta comisión negó la proposición del senador Aguilar con cinco votos en contra y tres a favor, mientras la senadora Susana Correa, del Centro Democrático, declaró que el proyecto debe regir para todas las universidades sin excepción alguna.

ACTORES COLOMBIANOS NO PARTICIPARÁN EN EL FESTIVAL IBEROAMERICANO DE TEATRO DE 2018

La Asociación Colombiana de Actores (ACA), el principal sindicato del sector en el país, hizo saber que ninguno de sus afiliados participará en la decimosexta edición del Festival Iberoamericano de Teatro de Bogotá (FITB), que se celebrará entre el 16 de marzo y el 1 de abril del año próximo.

"La comunidad teatral no encontró respuestas satisfactorias a sus inquietudes y reconoce no estar alineada con los principios actuales del FITB, cuyo objetivo fundamental es el lucro y el rescate financiero del festival", reza un comunicado difundido este martes por la ACA y firmado por cerca de 150 grupos teatrales y actores.

Asimismo, expresaron su inconformidad con "los mecanismos que hasta el momento ha definido el Instituto Distrital de las Artes (Idartes) y el Ministerio de Cultura para apoyar el festival" que, indicaron, está "sumido en una profunda crisis por la gestión de la junta directiva".

El director de la compañía La Maldita Vanidad, Jorge Hugo Marín, uno de los firmantes, destacó que en las últimas ediciones del festival el teatro colombiano ha enriquecido la programación del evento pero, cada vez cuentan con menos derechos y privilegios.

En ese sentido, detalló que para la decimosexta edición encontraron una menor participación de grupos colombianos, no hay unos "parámetros claros" de curaduría que permitan establecer por qué se escogen determinados grupos y no cuentan con el mismo acceso a boletería y actividades académicas del festival, entre otros.

El comunicado de la ACA menciona además "la falta de claridad por parte de la nueva administración del FITB acerca de la manera como ejecutarán el presupuesto entregado por el Ministerio de Cultura".

El Ministerio de Cultura indicó en una carta que "la Corporación Festival Iberoamericano de Teatro no participó en el Programa Nacional de Concertación" con el cual entidades culturales y artísticas del país acceden a recursos de esa cartera.

Por esa razón, la cartera de Cultura e Idartes propusieron una fórmula financiera para esta edición, que contemplaba que la administración la asumiera la Fundación Julio Mario Santodomingo y la dirección estuviera a cargo de Ramiro Osorio, uno de los creadores del evento junto a la recordada Fanny Mickey.

Sin embargo, "la junta del Festival decidió entregar la operación del Iberoamericano a la entidad de carácter privado con ánimo de lucro Tu Boleta, que es hoy la gestora del proyecto" y no está facultada legalmente para recibir recursos directos del Ministerio.

Ante esta situación la solución que encontró la cartera de Cultura fue que el Teatro Colón destinara recursos para la programación del Festival, por lo que se realizarán tres obras en el recinto cuyo montaje suma "500 millones de pesos (unos 166.829 dólares) que serán asumidos con recursos del orden nacional".

Además, se cuenta "con otros 500 millones de pesos que en un principio estarían destinados a la programación de teatro de calle y para la cual la organización del Iberoamericano ha entregado dos propuestas", agregó la entidad.

A pesar de los puntos en conflicto entre el Festival y la ACA, el sindicato afirmó que está dispuesto a dialogar para solucionar el estado actual de la situación y "lograr que el teatro colombiano tenga el lugar que se merece".