CERCA DEL 90% DE VÍCTIMAS DE TRATA DE PERSONAS ESTÁN ENTRE LOS 14 Y 18 AÑOS

La información más reciente de la Fiscalía indicó que en los dos últimos años cerca de 200 personas han sido víctimas del delito de trata de personas, siendo en su mayoría (86%) mujeres entre los 14 y 18 años de edad. 

Las regiones más propensas a este delito son según la Fiscalía, Magdalena, Antioquia, Valle del Cauca, Cauca, Bolívar, La Guajira, Risaralda, Caldas y Quindío.

Mientras que países como China, Argentina, México, España, Corea, Perú, Panamá entre otros, los delincuentes ofrecen trabajos ficticios para mujeres que deseen laborar como empleadas domésticas, meseras, bailarinas y modelos.

Por esta situación la Policía, la Fiscalía y el Gobierno Nacional lanzaron la campaña 'Eso es cuento', con la que se busca evitar que se siga presentando este delito en Colombia. 

Tomada de: Caracol

MARTIN LUTHER KING: EL SUEÑO, EL HOMBRE Y EL LEGADO 50 AÑOS DESPUÉS DE SU MUERTE

Cuando un disparo acabó con su vida mientras estaba en el balcón de un motel en Memphis, Tennessee, el 4 de abril de 1968, el ícono de la lucha pacífica por los derechos civiles en Estados Unidossu era, con 39 años, un hombre agotado.

Era también una figura controversial, distinta a la que se celebra hoy en día con un feriado nacional y un imponente monumento de granito en Washington.

"Quedó congelado en el tiempo, no como el hombre que era en 1968 sino por su imagen en agosto de 1963, cuando dio su discurso de 'Yo tengo un sueño'", dice David Farber, profesor de historia de la Universidad de Kansas.

"Es fácil para los estadounidenses olvidar cuán polarizadora era la figura de King en la década de 1960", asegura.

"Se había convertido en una figura realmente radical en Estados Unidos, un oponente declarado de la política exterior estadounidense, que exigía justicia no solo para los afroestadounidenses sino para todos los pobres estadounidenses", agrega.

Un momento crucial fue el discurso que dio en abril de 1967 en Nueva York contra la guerra de Vietnam, en la que ese año murieron más de 11.000 soldados estadounidenses.

"King hizo enfurecer a todo el movimiento de derechos civiles y el gobierno y buena parte de la estructura política cuando se expresó contra la guerra de Vietnam", explica Henry Louis Taylor Jr., director del Centro de Estudios Urbanos de la Universidad de Búfalo.

David Garrow, autor del libro "Bearing the Cross" sobre King, dice que su oposición a la guerra fue vista como "extremista" entonces, cuando el sentimiento contra la guerra no era "muy popular".

Para el momento de su asesinato por James Earl Ray, un hombre blanco con inclinaciones racistas, King llevaba décadas bajo la constante vigilancia del FBI, que lo había etiquetado como el hombre "más peligroso" del país.
Y su inquebrantable defensa de la no violencia como forma de llevar al cambio estaba siendo desafiada por una nueva generación de activistas negros más impacientes.

"Los últimos 12 meses de su vida, King estaba tan agotado, tan pesimista, tan deprimido", dice Garrow. "Dijo, una docena de veces o más, en sus últimos dos años: 'El sueño que tuve en Washington en 1963 se ha convertido en una pesadilla'".

"Una de las cosas que extrañamos de King es lo duro que era hacer el trabajo que él hacía", dice Jeanne Theoharis, profesora de ciencias políticas de la CUNY Brooklyn College.

"Cuanto odio, cuanta oposición enfrentó y cómo parte de eso llegó en forma de una violencia horrible", agrega Theoharis, autora de "A More Beautiful and Terrible History", sobre la historia de los derechos civiles en Estados Unidos.

CONTRALORÍA REVISARÁ IMPACTOS ECONÓMICOS DEL DERRAME DE CRUDO EN SANTANDER

El contralor general de la República, Edgardo Maya Villazón, ordenó a las Contralorías Delegadas para los Sectores de Minas y Energía y Medio Ambiente iniciar una fiscalización conjunta para determinar los impactos del afloramiento de crudo en Santander, para los recursos públicos y la riqueza natural de la Nación.

Maya Villazón recordó que el organismo adelantó una auditoria a Ecopetrol en el año 2016, en la que se formularon hallazgos de tipo técnico y ambiental sobre el cierre de pozos, entre los cuales se incluyó el Campo Lisama.

"En dicho informe se resaltó el estado de integridad física de algunos pozos en producción del campo, encontrándose situaciones que ameritaban atención por parte de Ecopetrol respecto al cumplimiento de normas técnicas para su cierre y abandono o para dar continuidad a su operación", indicó el Contralor Maya.

Así mismo, la Contraloría puso en evidencia debilidades en la gestión de Ecopetrol, "en temas relacionados con el abandono, la inactividad y suspensión de pozos dentro de la operación petrolera a nivel nacional".

De acuerdo a la Contraloría, en sucesivas auditorías, a cada uno de los negocios de la empresa, principalmente en exploración y producción, "se han venido observando falencias no solo en la implementación de los planes de abandono de pozos sino en la disposición final de aquellos que han sido catalogados como suspendidos o inactivos y cuyas condiciones generan alto impacto en riesgos ambientales derivados de la gestión técnica, operativa y ambiental de Ecopetrol".

Se trata de informes de auditoría presentados en los años 2013, 2014, 2015, 2016 y 2017, no solo para los campos operados directamente por Ecopetrol sino también en aquellos operados en asociación.

"Las debilidades trascienden desde la falta de recursos y la provisión de los mismos para surtir un proceso de abandono técnico, las fallas en la integridad de pozos, pozos con procesos de reabandono, hasta la suspensión indefinida de pozos en algunos casos con 10 años de inactividad, como quedó registrado en el informe presentado en la vigencia 2016 y 2017", sostuvo la Contraloría.

-Hallazgos -

Cabe indicar que en cada informe de auditoría a Ecopetrol, se realizaron hallazgos por incidentes considerados ambientales y afectaciones por derrames de crudo o fluidos con causas en fallas operacionales.

"Las debilidades en materia técnica y ambiental fueron puestas en conocimiento de las respectivas autoridades, quienes habrán de adelantar sus respectivas gestiones en lo competente", apuntó la Contraloría.

Tomada de: RCN

OPINIÓN DE AUTORIDADES AMBIENTALES FRENTE AL POT ES IMPRESCINDIBLE

La Sección Quinta del Consejo de Estado confirmó la sentencia que declaró la nulidad del acto por medio del cual el municipio de La Ceja del Tambo (Antioquia) pretendió sanear la ilegalidad en la que incurrió al aprobar un Plan de Ordenamiento Territorial (POT) que no había sido puesto a consideración previa de la Corporación Autónoma Regional o autoridad ambiental respectiva.

Así las cosas, la Sala ratificó que el Acuerdo 013 del 6 de septiembre de 2006, por medio del cual se revisó y ajustó el Acuerdo 031 de 2000, que contenía el POT del municipio para la época no era adecuado como mecanismo de convalidación de la actuación del ente territorial demandado. 

Según el fallo, con ponencia del magistrado Carlos Enrique Moreno Rubio, frente al cumplimiento de los requisitos previos exigidos por la ley para la aprobación del Plan de Ordenamiento Territorial, no opera la convalidación de los actos administrativos.

La providencia señala que el cumplimiento de una formalidad sustancial para la producción del acto administrativo implica el sometimiento al ordenamiento jurídico por parte de la administración, por lo que su ausencia afecta la validez del mismo. 

En esta sentencia emitida el 22 de marzo de 2018 se resaltó que la convalidación se pretende sanear, depurar, corregir un acto que tiene vocación de anulabilidad, la cual puede acontecer por un cambio en sentido positivo de la legalidad sobreviniente, mas no cuando se trata de un acto ilegal que no se ajusta a las normas jurídicas vigentes por el incumplimiento de la concertación interinstitucional, como requisito previo para la conformación del acto demandado.

EN LA PLENARIA DEL SENADO DE LA REPÚBLICA, EN ÚLTIMO DEBATE PROYECTO DE LEY QUE BUSCA LA AMPLIACIÓN DE PLANTA DEL INPEC

Hoy, en el Congreso de la República podría ser aprobado el Proyecto de Ley Orgánica 026 de 2017 por medio del cual se exceptúa al Ministerio de Trabajo y al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) de lo dispuesto en el artículo 92 de la Ley 617 de 2000, que prohíbe el crecimiento de los gastos de personal de estas entidades. Este proyecto se encuentra en el punto sexto del orden del día.

Mediante esta iniciativa, el Gobierno Nacional busca fortalecer la política pública orientada a la protección de los derechos y garantías de los colombianos, atender la necesidad de mejorar el funcionamiento del sistema penitenciario y carcelario, dar cumplimiento a los fallos judiciales de la Corte Constitucional en esta materia y garantizar los derechos de las personas privadas de la libertad.

Con esta iniciativa, se busca la creación de 2.800 nuevos cupos distribuidos así: 2.300 para el personal de custodia y vigilancia y 500 cargos para el área administrativa. Se espera entonces que la modificación de la planta de personal se ponga en marcha durante las vigencias 2019 - 2020 y luego de la entrada en vigencia de esta ley.

Con el fin de contribuir al problema de hacinamiento y buscar mejores condiciones que dignifiquen a las personas que saldan su deuda con la justicia, el Gobierno Nacional he hecho entrega de 2.417 nuevos cupos carcelarios distribuidos de la siguiente forma: 408 cupos en la Cárcel de Bellavista (Antioquia), 768 cupos en el Establecimiento Penitenciario y Carcelario del Espinal (Tolima), 576 cupos en el Complejo Carcelario y Penitenciario de Ibagué – Picaleña “Coiba” y 665 cupos en el Establecimiento Penitenciario de Tuluá (Valle del Cauca). 

Adicionalmente, está en obra lo que será la cárcel del municipio de Yarumal, Antioquia un espacio que el Ministerio de Justicia, junto con la Gobernación de Antioquia y la Alcaldía de Medellín busca convertir en colonia agrícola que cuente con programas de trabajo, estudio y enseñanza, con fines de tratamiento y con opción de redención de pena para aproximadamente 2.000 internos.

La meta es entregar 6.400 cupos más entre 2020 y 2022. Esta cartera, de la mano con el INPEC y USPEC, trabaja mancomunadamente para construir una infraestructura penitenciaria y carcelaria que tenga los más altos estándares del derecho internacional en materia de Derechos Humanos.

“Resulta satisfactorio y esperanzador que el sistema penitenciario colombiano cuente con un escenario idóneo para lograr la efectiva resocialización de quienes han entrado en conflicto con la ley penal, hombres y mujeres que pese a haber defraudado las expectativas de nuestra comunidad, merecen del Estado, y en general de la sociedad, la oportunidad de reincorporarse a la vida en libertad como ciudadanos productivos”, Ministro Enrique Gil Botero.

COMISIÓN SÉPTIMA APRUEBA PROYECTO QUE BUSCA REMUNERACIÓN A MÉDICOS RESIDENTES

En Comisión Séptima de Senado se llevó acabo el primer debate del Proyecto de Ley 261/2017 Senado, que crea el fondo nacional de residencias médicas y reglamenta el sistema de estas en Colombia, es de autoría de la Representante Sara Elena Piedrahita Lyons.

El Senador del Partido Alianza Verde, Jorge Iván Ospina Gómez, ponente de esta iniciativa, aseguró que en el país tenemos 1.43 médicos por 1000 habitantes, además hay un déficit en profesionales de las ciencias médicas, esto dificulta la prestación del servicio de salud en Colombia.

Según el proyecto, la intención es otorgarle derechos a los residentes en el sentido que estos se vean beneficiados en sus salarios, jornada laboral, condiciones de bienestar, matrículas de universidades entre otros. “El número de jóvenes que ingresan a ser especialistas es realmente pequeño. La idea es potencializar el talento joven de Colombia, además de vencer las dificultades que tenemos en nuestro país para cumplir la ley” precisó Ospina Gómez ponente del proyecto.

La autora del proyecto argumentó que no es cierto que en la mayoría de países del mundo no se pague a residentes con recursos públicos. “Este proyecto no puede quedarse con un concepto del gobierno que diga que es loable, pero no hay presupuesto, pido hoy a esta comisión que apruebe este proyecto” aseveró la representante Sara Piedrahita del partido de la U.

El Proyecto también contempla que como mínimo todos los jóvenes tengan tres (3) salarios mínimos legales vigentes y 15 días de vacaciones, además del acompañamiento del Hospital Universitario, su universidad y un contrato especial para las prácticas formativas de médicos residentes.

Finalmente, el proyecto conto con el aval de once de los catorce senadores y fue aprobado para continuar su tránsito a Plenaria de Senado.