LAS DUDAS DE LA FISCAL DE LA CPI TRAS SU VISITA A COLOMBIA

La fiscal Fatou Bensouda habló con el presidente Juan Manuel Santos, con el fiscal general Néstor Humberto Martínez y culminó su visita al país en un encuentro con el ministro de Justicia, Enrique Gil. 

Fue precisamente al ministro a quien le expuso algunas inquietudes y valoraciones que el funcionario aseguró ya estaban sobre la mesa de trabajo. 

Bensouda reiteró su preocupación por el mecanismo de juzgamiento en la Justicia Especial para la Paz, la participación de las víctimas, la función de la Procuraduría y las penas restrictivas, algo que en reiteradas oportunidades dejó sentado como una dura crítica. 

“Así mismo presentó algún comentario o pregunta respecto a las penas restrictivas de la libertad… Sobre esa inquietud se le explicó lo que corresponde a las sanciones restrictivas, es un dialogo fluido y sirvió para enriquecer los conceptos”, señaló el ministro de justicia. 

A pesar de las dudas, según el ministro, la funcionaria de ese alto tribunal expresó su apoyo irrestricto al proceso de paz y los alcances en materia de defensa de los derechos humanos. 
“Ha señalado su gran interés en colaborar o dar su consejo si se necesita u ofrecer sus servicios de manera positiva, por eso felicitó lo que se alcanzó en materia de paz”. 

El ministro le explicó como el sistema de justicia ayuda a reducir la brecha de impunidad y condenar a los responsables de graves hechos, incluso agentes del Estado. Para detallarlo mejor, entregó algunas cifras que podrían disipar las dudas de la fiscal Bensouda. 

· 1.414 condenados por homicidios atribuidos a agentes del Estado.

· 1.234 sentencias que se entregaron a la CPI que también incluye a agentes del Estado.

· 1.242 sentencias condenatorias en casos de mal llamados falsos positivos.

CORTE SUPREMA ABRIÓ INVESTIGACIÓN A ANDRADE, ASHTON Y RAMOS POR CORRUPCIÓN

La Corte Suprema de Justicia tomó la determinación de abrir investigación preliminar contra los congresistas Hernán Andrade, Alvaro Ashton y el exgobernador Luis Alfredo Ramos por el escándalo de corrupción en ese alto Tribunal que vincula a dos de sus expresidentes Leónidas Bustos y Francisco Ricaurte.

Las investigaciones se adelantarán en la sala de instrucción dos de esa corporación presidida por el magistrado Luis Hernández.

Los nombres de Ramos, Andrade y Ashton aparecieron en grabaciones telefónicas que interceptó la DEA y en las se darían cuenta del pago de dineros al exfiscal extraditable Gustavo Moreno, para resolver procesos judiciales suyos en la Corte.

DEPARTAMENTO DEL CESAR SE SALVA DE PAGAR MÁS DE $2.300 MILLONES

La Gobernación del Cesar se salvó de pagar a un contratista más de 2.300 millones de pesos, gracias a un fallo del Consejo de Estado. 

La sentencia, con ponencia del magistrado Carlos Enrique Moreno Rubio, ratificó la decisión por medio de la cual la Sección Tercera, Subsección B, había declarado nulo un contrato celebrado por el ente territorial que lo obligaba a pagar la cuantiosa suma de dinero. 

La Gobernación contrató un servicio de asesoría legal en 1999, con el propósito de hacer valer sus derechos patrimoniales por la privatización de la empresa Electrocesar S.A. ESP y por el cobro de los dineros derivados de la emisión de la estampilla ‘Universidad de Cartagena – siempre a la altura de los tiempos’. 

En octubre del 2000 el ente territorial y el contratista elaboraron un acta de liquidación del contrato en la cual se establecía que, gracias a las acciones emprendidas por este último, al departamento le reconocieron derechos patrimoniales por más de 23.000 millones de pesos, lo que obligaba al Cesar a cancelarle unos 2.300 millones, de la época. 

Sin embargo, la Procuraduría demandó el contrato ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, lo que llevó a la Sección Tercera, Subsección B del Consejo de Estado, a declarar su nulidad y la del acta liquidatoria y a ordenarle al contratista devolver a la Gobernación 22 millones de pesos, por el anticipo que esta le había concedido tras la firma del contrato. 

El contratista interpuso un recurso extraordinario de revisión ante el Consejo de Estado, alegando la nulidad originada en la sentencia. A su juicio, la Sección Tercera del Consejo de Estado no tenía la competencia para declarar la nulidad del contrato; además, consideraba que se había producido la prescripción extintiva de la acción, pues si bien al momento de la firma del contrato dicho término era de 20 años, una reforma legal posterior lo redujo a 10. 

Después de realizar el estudio correspondiente, la Sala Especial de decisión 6ª del Consejo de Estado concluyó que no existía tal nulidad. Indicó que la Sección Tercera sí tenía competencia para declarar la nulidad tanto del contrato como del acta de liquidación y que además no podía aplicarse la prescripción de 10 años contenida en esa reforma, debido a que el contratista no le informó a la Sección Tercera su decisión de acogerse a ese término legal. Esa certeza condujo a la Sala ratificar la nulidad del contrato y reiterar la condena de devolución del anticipo.

EN EL NOMBRE DEL PADRE: LOS ENREDOS DE LA HIJA DEL MAGISTRADO MALO

Este martes la situación del magistrado de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia Gustavo Malo pasó de castaño oscuro. En la mañana, la Sala Penal de la Corte le pidió dar un paso al costado; en la tarde, cuando lo esperaban para una respuesta definitiva, Malo se excusó de asistir a la cita por un problema familiar.

La noticia que estaba recibiendo Malo para esa hora fue arrolladora. La Fiscalía General de la Nación anunció la decisión de llamar a imputación de cargos el próximo 30 de octubre a Yara Milena Malo Benítez, la hija del magistrado, para que responda por el delito de extorsión. Ella, cobijada en el poder de su padre, sería la protagonista de un ‘carrusel‘ de cargos, de los que al parecer sacaba provecho pidiendo un porcentaje del sueldo de sus víctimas.

En una declaración recibida el pasado 2 de mayo a una fiscal adscrita a la seccional Bogotá, esta admitió que fue Yara Malo quien impulsó su ingreso a la Fiscalía. Sin embargo, su ‘mentora‘ al parecer tenía detrás intereses económicos muy claros: la funcionaria tenía que darle el 20 por ciento de aproximadamente 8 millones de pesos que ganaba de sueldo. La amenaza -dijo la testigo- era que si no pagaba utilizaría sus influencias para que fuera desvinculada de la entidad o trasladada a lugares con problemas de orden público. 

El ente investigador tiene registro de al menos uno de los cobros, que habría sido efectuado por Malo Benítez en el edificio Manuel Gaona de la Fiscalía el 20 de diciembre de 2016. Ese día ingresó portando un carné de la funcionaria de policía judicial Katia Elena Espitia Negrette, quien para ese momento estaba asignada al despacho de Malo en la Corte Suprema de Justicia. Aunque por ahora a la funcionaria suplantada solo le fueron suspendidas las funciones ante el alto tribunal, esta será una nueva investigación que se desprenda del caso contra la hija de Malo.

La fiscal víctima de estos hechos fue nombrada en un despacho el 8 de junio del 2016, fecha para la cual estaba en encargo como fiscal general, Jorge Perdomo. El evento ocurre dos meses antes de que saliera electo en la Corte Suprema de Justicia el actual fiscal Néstor Humberto Martínez. 

¿Cómo pudo Yara Malo ostentar tanto poder en el nombramiento de funcionarios? Es una respuesta que dará la Fiscalía en los próximos días, cuando presente a la hija del poderoso magistrado ante un juez. Por lo pronto, el ente investigador tiene la certeza de que Mara Malo participó en los nombramientos y exigencias de dinero de otros servidores de la Fiscalía que también ingresaron para la misma época de la testigo, al igual que en cargos para otras entidades del Estado. En la lupa están cargos en Fonade y la Registraduría. 

Entre tanto, en la Corte Suprema de Justicia trabajan en la compulsa de copias de las declaraciones entregadas por el exinvestigador de la Corte José Reyes Rodríguez, quien desde Guatemala hizo graves señalamientos en contra del magistrado Gustavo Malo. En su declaración, aseguró que el magistrado sabía que sus planes eran los de abrir una investigación formal en contra del senador Musa Besaile por parapolítica, sin embargo, fue forzado a renunciar. 

Es seguro que los mencionados hasta ahora en este espectáculo judicial -Leonidas Bustos, Francisco Ricaurte, Camilo Tarquino y Gustavo Malo- no serán los únicos. Sin embargo, esta semana podría cerrar con la inédita caída de un magistrado activo del máximo tribunal de lo penal.

CORTE REVISARÁ CONVERSACIONES ENTRE MAGISTRADOS Y AUXILIARES POR ESCÁNDALO DE CORRUPCIÓN

Pese al sometimiento de esta banda delincuencial ante la justicia colombiana, estas solicitudes seguirán en firme.

El embajador de Estados Unidos, Kevin Whitaker, se refirió a las intenciones del Clan de Golfo de someterse a la justicia colombiana y aseguró que pese a solucionar su situación con el país, las peticiones de extracción seguirán en firme.

“Si tienen cargos en EE.UU. en su contra van a tener que pagar. Vamos a seguir pidiendo extradiciones para que esa gente se enfrente a la justicia norte americana“, señaló Whitaker.

La extradición consta de dos partes, quien lo pide y quién accede, por lo que enfatizó que será coordinada con la justicia colombiana.

Finalmente, reconoció la labor del Gobierno y en particular del vicepresidente, general Óscar Naranjo, ya que “ha estado por varios meses buscando la entrega a la justicia de alias Otoniel“.

Por otra parte, el Gobierno Nacional prepara varias reuniones con la Fiscalía y otros voceros de la Rama Judicial, con el fin de empaparse bien sobre el marco jurídico que regiría en una posible negociación con la banda criminal, la cual expresó recientemente su intención de someterse a la justicia.

El vicepresidente Naranjo sostuvo que el encuentro con la Fiscalía será fundamental para saber qué se puede ofrecer y qué no a este grupo criminal, de cara a un cese su actividad criminal.

“Lo que podemos decir es que hemos sido muy prudentes para no afectar la ley vigente con este proceso, el cual podemos dar toda la seguridad de que estará ajustado a las normas. Por ahora no hemos ofrecido nada y estamos instruyéndonos lo mejor que se pueda“, dijo el Vicepresidente.

Óscar Naranjo indicó que los temas de extradición y rebaja de penas aún no han sido tratados con esa banda criminal, y que incluso se asesorarán con las autoridades norteamericanas para no cometer errores en estas negociaciones que por ahora solo están en encuentros previos.

“Hay unos puntos que ellos plantearon inicialmente como importantes para tener en cuenta de cara a un sometimiento a la justicia, pero queremos dejar en claro que de allí no ha pasado nada, primero nos ajustaremos a la ley, ya que se debe tener en cuenta que hablamos de una organización criminal“, dijo Naranjo.

Recientemente, la Fiscalía indicó que es necesario conocer las intensiones del Clan del Golfo cuando plantea su sometimiento a la justicia, por lo que se reunirá con el vicepresidente Óscar Naranjo, quien ya ha sostenido encuentros con voceros de esta banda criminal luego de ser autorizado por el Gobierno.

CORTE REVISARÁ CONVERSACIONES ENTRE MAGISTRADOS Y AUXILIARES POR ESCÁNDALO DE CORRUPCIÓN

La Corte Suprema, dentro del escándalo de corrupción en la justicia, revisará las conversaciones de celular y las reuniones entre magistrados.

Además, el alto tribunal evalúa escuchar en declaración al excongresista Otto Bula, por solicitud de la defensa del senador Musa Besaile, quien pidió que se realice esa diligencia en los próximos días.

Entretanto, la defensa del congresista Besaile presentó ante los magistrados de la Corte Suprema un documento de tres folios, en el que pretende dejar sin piso la supuesta responsabilidad del senador en el pago fuertes sumas de dinero para evitar una captura en su contra por un proceso de parapolítica.

Sin embargo, la Corte revisará las conversaciones de celular y las posibles reuniones durante el 2014 y 2015 entre el exmagistrado auxiliar José Reyes y los entonces magistrados y expresidentes de del alto tribunal Francisco Javier Ricaurte y Leónidas Bustos.

La importancia de Reyes radica, según fuentes cercanas al proceso, en que habría proyectado una decisión de orden de captura en contra de Besaile, la cual habría sido modificada por el magistrado Gustavo Enrique Malo.

MAGISTRADO DEL TRIBUNAL DE BOLÍVAR, A IMPUTACIÓN POR MANIPULAR SISTEMA DE REPARTO DE TUTELAS

La Fiscalía anunció que imputará cargos por prevaricato y pedirá medida de aseguramiento contra el magistrado Taylor Ivaldi Londoño Herrera, de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bolívar.

Los hechos por los cuales será imputado el magistrado el próximo 21 de septiembre en el Tribunal Superior de Bogotá, tienen que ver con el trámite de una acción de tutela en el año 2015.

De acuerdo con las investigaciones, cuando Taylor Ivaldi Londoño Herrera asumió el conocimiento del caso, se produjo la suspensión ilegal de las órdenes de captura en contra de un hombre que estaba condenado por homicidio y secuestro.

La Fiscalía estableció que posteriormente el magistrado supuestamente dilató por más de cuatro meses la decisión sobre la acción de tutela.

Los investigadores encontraron que en este caso se manipuló el sistema de reparto de tutelas, para que Londoño Herrera fuera el magistrado ponente, a pesar de que él había tomado decisiones sobre el proceso y no era competente.