LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DEBEN ESTAR AL SERVICIO DEL ACCESO A LA JUSTICIA
Así lo señaló la Viceministra de Promoción de la Justicia, Marcela Zuluaga Vélez, durante su presentación en el ‘Encuentro la Justicia Digital: Gobiernos, mejor servicio para la sociedad´, evento organizado por Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo – AECID, que en su tercera edición se realiza en la ciudad de Cartagena de Indias, del 15 al 19 de mayo.
Según indicó la Viceministra Zuluaga Vélez, el país le apuesta a lograr una justicia cercana al ciudadano, más abierta, eficiente y transparente, a través del uso y aprovechamiento de las tecnologías de información y las comunicaciones y que así quedó contemplado en el Plan Decenal del Sistema de Justicia (PDSJ) 2017-2027.
“El PDSJ, la hoja de ruta para la justicia en los próximos 10 años, cuenta con un componente específico que busca generar la transformación del sistema de justicia mediante la aplicación de nuevas tecnologías de la información y de las comunicaciones (TIC) en las relaciones con los ciudadanos y la administración de justicia”, indicó la Viceministra de Promoción de la Justicia.
Este componente busca mejorar la calidad y la gestión de la información del sistema de justicia con apoyo de las TIC, así como el fortalecimiento del uso y apropiación de las mismas.
Durante su intervención, la alta funcionaria referenció cómo desde el Ministerio de Justicia se ha avanzado en la construcción de sistemas de información y herramientas tecnológicas en ambiente web y aplicativos móviles, que buscan mejorar el acceso a los diferentes servicios de justicia por parte de los colombianos.
Es el caso de LegalApp, una herramienta web que de manera fácil, clara y sencilla, orienta a los ciudadanos sobre qué hacer y dónde acudir, a la hora de adelantar trámites de justicia a tan solo un clic.
También están el Sistema de Información de la Conciliación, el Arbitraje y la Amigable Composición –SICAAC, que da cuenta del avance de los mecanismos alternativos de solución de conflictos en el país; el Sistema de Información del Programa Nacional de Casas de Justicia y Centros de Convivencia Ciudadana, que permite monitorear el impacto de este programa bandera de acceso a la justicia; el Sistema Único de Información Normativa –SUIN-Juriscol, que permite ubicar de forma rápida y gratuita, normas, actos legislativos, leyes y decretos, para estar al día con el ordenamiento jurídico colombiano.
La Viceministra Zuluaga Vélez, destacó también los avances que han tenido los sistemas de información en materia de política criminal y justicia restaurativa, entre los que se encuentran el Sistema de Información para el Control de Sustancias y Producción de Químicos-SICOQ; el Sistema de Información de Drogas de Colombia; el Sistema de Información de Justicia Transicional, y los observatorios de drogas y de política criminal.
Así mismo, según informó la funcionaria, se encuentra activo el Sistema de Estadísticas en Justicia, que consolida la información pública del sector justicia para la formulación de la política pública. Aquí está disponible la información de más de 10 entidades del Sistema de Justicia, información con enfoque a todos los municipios del país.
La Viceministra Zuluaga Vélez fue enfática en ratificar el avance institucional en materia de información pública y Tics. “Contamos con información útil y actualizada al alcance del ciudadano y con información para orientar la toma de decisiones y la mejoría en el acceso a los servicios básicos de justicia”, dijo.
EL MAYOR CIBERATRACO EN LA HISTORIA DE MÉXICO MANTIENE EN VILO AL SISTEMA BANCARIO
Las pérdidas por el ataque cibernético que ha puesto en jaque a los bancos del país ascienden a 15 millones de dólares
El ciberataque millonario que ha puesto en jaque a los bancos de México se perpetró sigilosamente, con paciencia. Un grupo de hackers ha entrado en las entrañas del sistema de pagos electrónicos y se ha llevado alrededor de 300 millones de pesos (más de 15 millones de dólares), que después retiraron personalmente de las ventanillas bancarias con el paso de los días. "Es un ataquede una sofisticación tecnológica y logística del que no habíamos tenido ningún antecedente (...) fue de una escala que no habíamos visto", ha admitido este viernes el gobernador del Banco de México, Alejandro Díaz de León. La institución emisora ha activado un "plan de contingencia" que ha ralentizado las transacciones y ha causado molestias a miles de usuarios.
Aún no se sabe de dónde ha venido la amenaza ni si está del todo controlada, ha dicho Díaz de León a la cadena de televisión Televisa. Lo que sí ha confirmado el titular del banco central es que entre los principales afectados están una casa de bolsa, una caja popular y tres bancos, aunque no ha precisado los nombres.
El detonante de la crisis fue un ataque a una "institución pequeña y en un incidente relativamente menor" el pasado 17 de abril. Todo empezó, como se dice en México, como un "robo hormiga" que pudiera pasar como una falla común del sistema y que implicara el retiro paulatino de cantidades pequeñas en los propios bancos. Apenas unos minutos después de los ataques cibernéticos, llegaban personas a las sucursales bancarias para llevarse el dinero. La operación ha sorprendido a las autoridades no tanto por el monto, sino por la repetición de los ataques. Los retiros iban de los 200.000 pesos (10.000 dólares) hasta los 600.000 pesos (30.000 dólares), ha detallado el banco central.
Hay cientos de cuentas involucradas en al menos cinco bancos. Aunque las autoridades mexicanas ya han rastreado a los dueños detrás de las cuentas, no han querido revelar los nombres de los involucrados ni cuántos fueron. Los indicios de las autoridades mexicanas apuntan a que se trata de un grupo "con bastante tecnología", aunque nadie ha asumido la autoría ni la responsabilidad del ataque.
El siguiente atraco, el primero de mayor magnitud según el Banco de México, fue el pasado 26 de abril a un banco. Fue el primero de dos "epicentros" de la amenaza, ha dicho Díaz de León. El segundo fue el pasado 8 de mayo. El banco central ha sido sumamente cauteloso en el manejo de la crisis y en la información que ha difundido de lo sucedido, al argumentar que las investigaciones siguen en curso y con la promesa de que más adelante se harán públicas las piezas que faltan del rompecabezas. La Procuraduría General de la República (el equivalente a la Fiscalía nacional) encabeza las acciones penales para dar con los responsables.
El Banco de México ha promovido nuevas reglas para el Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI). Son protocolos de seguridad temporales que tienen el objetivo de evitar nuevos ataques. En palabras del funcionario, el sistema bancario ha dejado de transitar por unos días por "las carreteras tradicionales" y ha optado por circular por "vías alternas", mientras se normaliza la situación. Díaz de León ha afirmado que desde el año pasado ya se había introducido una nueva regulación para fortalecer la seguridad del SPEI, pero ha señalado que la revisión de que los bancos la realizaran estaba prevista para finales de 2018.
Hasta ahora, las autoridades mexicanas han repetido la promesa de que el sistema funcionará de forma regular con el paso de los días, sin mencionar una fecha exacta. Díaz de León ha dicho que más de la mitad de las transacciones ya se completan en cuestión de segundo y que el 99% se realiza con un máximo de dos horas. "Lo hemos mitigado y estamos extrayendo lecciones de cómo fortalecer el sistema", ha dicho el titular del banco central.
Los encargados de la ciberseguridad de la institución emisora aseguran que ya tienen la mayoría de "los parches" para "los agujeros" que abrieron los hackers. Las autoridades aún esperan a que concluyan los estudios forenses para dar por superado el ataque, que esfumó 300 millones, pero complicó el movimiento de muchos miles de millones más. En México, se llevan a cabo alrededor de 480 millones de operaciones electrónicas a través de SPEI, según datos de la Asociación de Bancos de México.
Tomada: El País
SI SANTOS NO SE OPONE, POR FIN LE PAGARÍAN A MÉDICOS RESIDENTES
Ser médico en Colombia es difícil y en parte esto se debe a los altos costos que deben sufragar estar personas para su preparación académica. Según un estudio de la Universidad Nacional la tasa de retorno en una entidad pública es de17 años y en una privada, de 34 años. “Si lo miro desde lo económico es cero rentable ser médico”, dice Rafael Baquero, presidente del Colegio Médico. Si se añadía una residencia, recuperar la inversión era aún más difícil. La especialización de un profesional de la medicina era especialmente dura pues como debían trabajar para aprender. Y no solo eso. Asumían matriculas muy altas para lograrlo. Para algunos esta situación era un ejemplo de dominación, esclavitud y explotación en donde varios actores se lucraban porque la falta de regulación.
Pero eso está por terminar gracias a una legislación aprobada este jueves en el Congreso de la República, por inicativa del senador Jorge Iván Ospina (Alianza Verde), también médico de profesión. Se trata de la ley de Residencias que busca regular las matriculas para que su valor corresponda solamente a los costos mínimos administrativos y operativos del programa.
Actualmente ningún residente recibe salario por el trabajo que realiza en las clínicas y hospitales pese a que ofrecen servicios que las IPS facturan al sistema de salud, y en cambio deben pagar matrículas muy costosas que ascienden a los cuarenta millones de pesos anuales.
Así las cosas, ser médico especialista en Colombia puede costar más de doscientos millones de pesos. Con la nueva ley, que está lista para la sanción presidencial, se espera que se abaraten estos estudios y que muchos médicos que antes no podían acceder a estos programas por el costo, se gradúen como especialistas. Esta decisión tendrá impactos no solo para los médicos sino para toda la sociedad.
Los principales cambios
La remuneración de los residentes: se estableció que los residentes recibirán tres salarios mínimos que estarán a cargo del estado. Para esto se creó un fondo que sería financiado con recursos públicos de la salud. “Estos pagos se harán con el reconocimiento de las prestaciones que establece la ley”, señala Carolina Corcho, miembro de la Gran Junta Médica.
Regulación de matrículas: La ley prevé que la matricular se reducirá a los mínimos costos administrativos y operativos. Esto implica la prohibición de que los hospitales les cobren a las universidades recursos monetarios para que los residentes hagan sus rotaciones. Esta era una de las razones por las cuales estaban disparadas las matrículas. En otras palabras, los hospitales les cobraban a las universidades para que el residente fuera a trabajar. “Era inexplicable porque el residente aporta al hospital”, explica Corcho. .
Los beneficios para los médicos
Según Roberto Baquero H, Presidente de Colegio Médico Colombiano, el gran beneficio de la nueva norma es que asegura que los que quieran acceder a estas especializaciones no tengan como primera traba tener recursos económicos. “Todos sabemos que si ponemos como rasero para hacer una especialización al dinero muy pocos tendrán la oportunidad”, dice. Una investigación de la Universidad Nacional sobre cuánto vale ser médico general en Colombia, mostró que la tasa de retorno en una universidad pública era de17 años y en una privada era de 34 años. “Si lo miro desde lo económico es cero rentable ser médico”. Si se añadía una residencia, recuperar la inversión era aún más difícil. “Muchos no podían”.
El otro gran beneficio es que quien se entrena se podrá dedicar a hacer su especialización porque tendrá la tranquilidad de que podrá pagarlo. Tal como estaban las cosas había una alta deserción debido a los costos. Como estos se reducirán, los estudiantes se podrían dedicarse a aprender. “Esto dignificará el ejercicio del personal que se entrena”, dice Baquero, puesto que ya el estudiante no tendrá que correr a trabajar para poder subsistir sino que podrá dedicarse a su especialización.
El costo
Según los cálculos, la universidad para un médico cuesta alrededor de 200 millones de pesos y esto incluye no solo la matricula sino los recursos para subsistir. Una especialización estaría del orden de los 40 millones de pesos anuales. Con la nueva ley, esta cifra baja. “Los cálculos es que quedará entre 3 y 4 millones de pesos que se dan por costos administrativos, pero no es una matrícula”, dice Baquero.
El impacto para la sociedad
Los pacientes podrán esperar mejorar calidad de sus médicos. El alto costo de la especialización hacia que solo un grupo muy exclusivo lograra culminar sus estudios. Otros lo intentaban, pero tenían que desertar en el camino por falta de recursos. Es el caso de muchos médicos generales que no pudieron especializarse porque se les acabó el dinero. “Eso bajaba el nivel porque restringía esa posibilidad al que tenía plata y no al mejor”, explica Baquero. Con la nueva ley se garantizará que habrá más especializados que ahora, con las nuevas condiciones, podrán cumplir más fácilmente con sus estudios. Así, estarán mejor preparados para atender a los pacientes colombianos. Habrá menos fuga de médicos que antes viajaban a otros países a especializarse y se quedaban en el exterior.
El impacto para las universidades y hospitales
Los hospitales argumentaban que los residentes les generaban gastos. Aunque esto es cierto, la ley logró que reconocieran que este estudiante, que es un médico graduado que les labora y les da productividad, tuviera un salario. “No tenía sentido que trabajara para la IPS y además le tuviera que pagar”. La ley logró quitar de tajo esa traba para que los médicos se puedan formar y desarrollar. Las universidades, por su parte, aceptaron solo cobrar por los costos administrativos de la residencia de sus estudiantes. La calidad de las universidades también mejorará porque el interés no estará centrado “en el lucro y el negocio sino en la calidad de los programas”, dice Corcho. Los hospitales tendrán trabajadores que aportarán, como lo venían haciendo, pero con justicia social, gracias a que ahora estará remunerado. “el residente no es un trabajador cualquiera, es un investigador que produce conocimiento”, dice Corcho.
Tomada: Semana
A SANCIÓN PRESIDENCIAL, PROYECTO DE LEY QUE BUSCA LA AMPLIACIÓN DE PLANTA DE PERSONAL DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO
En el Congreso de la República fue aprobado el informe de conciliación del Proyecto de Ley Orgánica número 169 de 2017 Senado, 026 de 2017 Cámara, por medio de la cual se exceptúa al Ministerio del Trabajo, al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), al Congreso de la República, a la Unidad Administrativa de Aeronáutica Civil (UAEAC) y al Departamento Administrativo para la Prosperidad Social (DPS), de lo dispuesto en el artículo 92 de la Ley 617 de 2000, y autoriza el crecimiento del personal de las entidades.
Esta excepción se realiza con el fin de fortalecer la política pública orientada a la protección de los derechos y garantías de los colombianos, y para dar cumplimiento a los compromisos internacionales suscritos por el país en materia laboral.
Con este proyecto de ley también se busca atender la necesidad de mejorar el funcionamiento del sistema penitenciario y carcelario, y cumplir con los fallos judiciales de la Corte Constitucional en esta materia así como también garantizar los derechos de las personas privadas de la libertad.
Según lo ha informado el Ministro de Justicia y del Derecho, Enrique Gil Botero, con la aprobación de este proyecto se está buscando transformar la política carcelaria. “Es de vital importancia mantener actualizada la relación guardias internos en el sistema penitenciario y carcelario; tenemos más de 117.000 personas privadas de la libertad, de las cuales 60.000 están en detención domiciliaria y sólo tenemos 12.800 funcionarios para cuidar a estar población”, señaló el jefe de la cartera de Justicia.
Esta iniciativa contempla la creación de 2.800 nuevos cupos distribuidos de la siguiente forma: 2.300 para el personal de custodia y vigilancia y 500 cargos para el área administrativa. Con la entrada en vigencia de esta ley se espera que la modificación de la planta de personal se efectúe durante las vigencias de 2019 y 2020.
“Las cárceles están hacinadas es verdad, recibí el sistema penitenciario con un 52% de hacinamiento. Estos cambios que buscamos no son para este Gobierno, serán para el que viene y es muy importante advertir que es una necesidad mantener la buena relación entre los guardias y las personas que saldan su deuda con la justicia”, manifestó Gil Botero.
La aprobación de este proyecto de ley se hizo bajo la condición de que el próximo Gobierno dentro del año siguiente a la publicación de la ley presente ante el Congreso la reforma estructural del manejo del sistema carcelario y penitenciario, teniendo en cuenta los lineamientos de política criminal.
