LA ALCALDÍA DE NEIVA NO PUEDE PROHIBIR EL INGRESO A PERSONAS EN CHANCLAS

Daniel Francisco Polo iba en chanclas y bermudas cuando ingresó con su señora madre a la Alcaldía de Neiva a realizar una diligencia, pero, la seguridad del edificio le negó la entrada por una circular que prohíbe el ingreso de: “personas que vistan con pantalonetas, camisetas sin mangas, franelillas, bermudas, chanclas o gorras”.

Esa circular, por orden de la Corte Constitucional, deberá ser modificada en mínimo 48 horas, dado a que no cumple –según el alto tribunal-, con los objetivos que tiene de mantener una buena presentación personal, ayudar a las medidas de seguridad y generar buenas relaciones interpersonales.

Para la Corte “no se observa de qué forma portar prendas de uso común que, adicionalmente, se identifican plenamente con las condiciones climáticas de la ciudad de Neiva, pueda condicionar la seguridad y las relaciones interpersonales, y en consecuencia, afectar el decoro, el respeto o la solemnidad que caracteriza al servicio público”.

Así pues, los intereses de la Alcaldía son loables para la Corte, pero reitera que se debe servir a la comunidad sin afectar su libre desarrollo de la personalidad y a la igualdad.

EX DIRECTORA DEL SENA RATIFICÓ SUS DENUNCIAS

Cinco horas completó en la Fiscalía la doctora Nieto, tiempo que le dedicaron los delegados ante la Corte Suprema de Justicia para que explicara las denuncias, que según ella, dejan al descubierto los nombramientos políticos y las aparentes irregularidades en la contratación del Sena, particularmente en materia de infraestructura.

A la salida de la diligencia aseguró que se ratificó en sus denuncias y que dejará en la Fiscalía y los entes de control la revisión de esas pruebas.

"Se entregaron todos los documentos, es lo que verificará la Fiscalía y son ellos quienes tendrán que revisarlos esperemos que nos respondan".

Con esa diligencia, la Fiscalía abrió formalmente la investigación y pasará a indagar en los presuntos hechos de corrupción al interior del Sena.

Se le informa a la opinión publica comunicado de prensa emitido por el magistrado Eugenio Fernández Carlier presidente de la sala penal de la Corte Suprema de Justicia :

“A ustedes les pido disculpas por molestarlos con mis explicaciones, pero mi inocencia no puedo dejarla mancillar por afirmaciones que no corresponden a la verdad. Soy víctima de afirmaciones falsas que desmiento: no era magistrado de la corte cuando le archivaron el proceso a la congresista Liliana Rendón y jamás recomendé ante Néstor Humberto Martínez a Gustavo Moreno ni si quiera esa idea estuvo presente en mi imaginación. Anexo documentos que prueban lo anterior"

Los hechos hablaran por si solos.

EL ROBO DE CELULARES EN EL PAÍS CORRESPONDE EL 60% DE LOS ATRACOS CALLEJEROS

El experto en seguridad, Andrés Nieto, advierte que los celulares robados cuestan 10 veces más en el exterior que en el país, por eso bandas organizadas están detrás de este delito.

"La importación de las partes de repuestos como la placa madre, botones y todo lo que tiene que ver con conectividad no se ha dado de la forma más abierta, logrando que todas las partes originales y accesorios sean costos. El usuario final decide acceder a estos elementos hurtados por costos. Cuando ocurre esto en Colombia cuesta $450.000, mientras que fuera cuesta $4.5000.000", explicó.

Niego advierte que los celulares que se roban en ciudades como Bogotá, Medellín y Cali son trasladados para comercializar en Lima, Quito, Asunción y Buenos Aires.

El experto manifiesta que cuando se roban un celular, la víctima debe reportar no solo el número, si no el IMEI, la marca y la gama

RESPIRAR EN NUEVA DELHI ES COMO FUMARSE 50 CIGARRILLOS AL DÍA

Una alerta de emergencia de salud pública fue emitida esta semana en la ciudad de Nueva Delhi, la más poblada de India, debido a los altos niveles de contaminación del aire que hacen que en sus calles sea casi imposible respirar.

La situación se hace más grave en los meses de octubre y noviembre, debido a la temporada climática y a la quema de residuos de cultivos en estados limítrofes, y hace que la ciudad sea más contaminada que las grandes metrópolis de China. Esta alcanzó niveles de 999 microrganismos por metro cúbico en el Índice de Calidad del Aire, que es 30 veces mayor a los límites establecidos como seguros por la Organización Mundial de la Salud.

Las autoridades les han pedido a los habitantes que se queden en sus casas, más de 6.000 colegios ha sido cerrados durante la semana y fue establecido un plan para restringir el tráfico en toda la ciudad, como lo hacen otras capitales en el mundo.
Según las imágenes publicadas por los habitantes, en Nueva Delhi ya no hay visibilidad y el ambiente se ha convertido en una espesa nube de humo gris. Esto llevó también a restricciones en las operaciones de sus aeropuertos.

El jefe de gobierno de la ciudad, Arvind Kejriwal, comparó la situación con una cámara de gas, mientras les piden a los menores de edad, a los mayores de 60 años y las personas con graves enfermedades que utilicen máscaras de aire. Estos aseguran que sufren de molestias respiratorias, constante ardor en los ojos y otros síntomas.

Algunos medios internacionales retoman la opinión de los médicos que aseguran que respirar el aire, con gases tóxicos es equivalente a fumar 50 cigarrillos al día. Es por esto que se han hecho más populares las máscaras purificadoras del aire entre las personas que pueden pagarlas, mientras que otros recurren a tapabocas o pañuelos.

GOBIERNO PAGARÁ US $ 12 MILLONES POR BLOQUEO EN CÁRCELES QUE ES GRATIS

En 12 días se cierra oficialmente la licitación para dotar con un nuevo sistema de telecomunicación a 137 penales del país. Pero esta vez no está incluido el servicio de bloqueo de llamadas, vital para evitar las extorsiones desde prisión. 

El bloqueo funciona en 15 cárceles del país, y en 11 de ellas lo ofrecen de manera gratuita los actuales operadores. Aunque a ellos les cuesta cerca de 12 millones de dólares, lo aportan como un plus por los cerca de 21.000 millones de pesos que reciben anualmente por el servicio de telefonía.Pero el 2 de octubre pasado, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) les anunció que el Gobierno asumiría de su bolsillo el bloqueo.

La exclusión llamó la atención de los ofertantes porque no hay ninguna licitación andando para ello y en marzo se quedarán sin bloqueo las cárceles de Valledupar, Picaleña, Cali, Pereira, Pedregal, Puerto Triunfo, Acacías, Bucaramanga, La Modelo, Cúcuta y Barranquilla. 

En la cárcel de Cómbita, el bloqueo fue donado por una empresa de telefonía celular, como compensación social; y en Itagüí (Antioquia) lo asumió la Alcaldía. 

El Gobierno solo tiene a su cargo el servicio en La Picota (que presenta fallas) y requiere extenderlo a 12 penales más, obedeciendo tres directrices: en el 2011, se expidió el Decreto 4768 y, tres años después, la Ley 1709 del 2014, en los que se urge al Inpec a tomar medidas en la materia

INDAGAN A EX-CTI POR TRÁFICO DE PROCESOS EN LA CORTE SUPREMA

Al despacho del fiscal general, Néstor Humberto Martínez, llegó la semana pasada una información según la cual, en el 2011, hubo un extraño remezón en el equipo de investigadores del CTI adscritos a la Corte Suprema, que integraban la unidad especial de ‘parapolítica’.

En efecto, dos de los mejores investigadores, incluida la encargada del caso del exsenador Mario Uribe, fueron trasladados a la división de automotores en el complejo judicial de Paloquemao, luego de que los señalaran de estar gestionando un soborno para obtener información sobre un expediente que ya completa 9 años sin que la Corte lo resuelva.
Según se supo, abogados de un senador costeño, investigado por su presunta participación en la ‘cumbre del Caramelo’ con el jefe paramilitar Salvatore Mancuso, ofrecían una cuota inicial de 150 millones de pesos para que les dieran acceso al expediente.

“El propósito era que los tuvieran al tanto de la lista de testigos, desplazamientos de los investigadores y decisiones que tomara el alto tribunal en contra de ese político”, le explicó un investigador.

La información es clave porque para la Fiscalía es claro que una de las líneas de investigación del ‘cartel de la toga’ pasa por la unidad del CTI apostada en la Corte. Esta terminó llena de recomendados de magistrados, como Leonidas Bustos, que buscaban tener el control total de las investigaciones.

Y el caso del senador costeño parece ser hasta ahora el más sólido debido a las personas que fueron testigos del episodio. 

Todo se destapó cuando la investigadora Inés Castañeda, experta analista en cruce de llamadas telefónicas, buscó al jefe de esa unidad especial del CTI, Rafael Castiblanco, punta de lanza en la Corte de las investigaciones de ‘parapolítica’.

Según dijo Castañeda, a través de una de sus compañeras de la Corte y de un ingeniero investigador, le había llegado el mensaje de que había 100 millones de pesos para ella si ponía a disposición el expediente, cuya investigación lideraba. El resto de la plata, 50 millones de pesos, era para los intermediarios dentro del alto tribunal.

Rafael Castiblanco calificó el caso como grave, al punto que decidió ponerlo en conocimiento de la jefe del CTI de ese entonces, Carmen Maritza González, actual procuradora delegada para la vigilancia judicial. 

La versión de Inés Castañeda incluso escaló hasta la fiscal delegada ante tribunales, Amparo Cerón, quien se encargaba de investigar a los funcionarios judiciales y ahora es la ‘fiscal de hierro’ del caso Odebrecht.

González y Cerón insistieron en que se instaurara la denuncia formal para llegar a los abogados y luego al senador, hoy en ejercicio y cuyo nombre se reserva. 

Pero la investigadora Castañeda se negó argumentando que una de las funcionarias del CTI enteradas del ofrecimiento del dinero era una de sus mejores amigas: Mónica Novoa.

Entonces, la decisión del CTI fue sacar del alto tribunal a dos de los supuestos implicados: Novoa y un analista. 

Sin embargo, averiguaciones internas posteriores establecieron que no se contó toda la verdad de ese episodio. Y luego, aparecieron testigos que vieron a los abogados del senador reunidos con otra investigadora del CTI, que no era Novoa.

“Mónica Novoa creyó que la habían trasladado porque llevaba casos sensibles y tan solo se enteró dos años después de que la habían involucrado sin pruebas y sin que ella siquiera llevara el caso del político costeño. Por eso, tras recuperar la confianza del ente acusador, ahora ocupa un cargo clave en investigaciones por corrupción”, dijo una fuente de la Fiscalía.

Este diario llamó a Inés Castañeda, quien dijo que quería ser oída en persona. Y alegó que en ese momento, 2011, no se contaba con elementos probatorios. Pero al cierre de esta edición no se había comunicado.

DESALOJOS DE INQUILINOS INCUMPLIDOS, DOLOR DE CABEZA PARA LA JUSTICIA

Para el mes de agosto del 2020 quedó programada la diligencia de desalojo de un inmueble ubicado en el norte de Bogotá, cuyo arrendatario dejó hace meses de pagar la cuota mensual y la administración del conjunto.

Aunque ante un juez civil de la ciudad ya se cumplió el proceso de restitución o de entrega del bien, la alcaldía local agendó la diligencia de desalojo para esa fecha, y, entre tanto, el arrendador incumplido seguirá viviendo en el apartamento gratis y el propietario no podrá acceder a su predio.
El proceso de restitución de los bienes nunca ha sido rápido; una vez se emitían los fallos de los jueces, las inspecciones de policía daban cita para la diligencia entre tres y seis meses después. Ahora, afirman abogados, los plazos se ampliaron hasta dos años.

Solo en Bogotá, según cifras del Consejo de la Judicatura, hay hoy 20.000 despachos comisorios que salieron de los jueces y están en proceso de ejecución.

“Aunque hay juzgados muy juiciosos, siempre hay un inconveniente, un recurso interpuesto, que termina dilatando los plazos”, indicó el abogado Enrique Rafael Gutiérrez.

Expertos, demandantes e inmobiliarias consultados señalaron que esa problemática se viene repitiendo en todo el país tras la entrada en vigor del Código de Policía el pasado 30 de julio. 

La abogada experta en derecho inmobiliario, Carolina Carvajal, sostuvo que el Código les quitó a los inspectores de policía la facultad para hacer efectivas las órdenes de los jueces civiles frente a procesos de restitución o entrega de bienes. “Quedó un vacío porque se le quitó esa facultad a los inspectores, pero no se dijo ahora quién cumpliría esos despachos comisorios. Nos tocó acudir al código general del proceso, el cual dice que los alcaldes del lugar en el que se encuentre el predio podrían ser encargados de ese tipo de diligencias”, explicó la abogada.

Empezaron a llegar entonces a las alcaldías locales cientos de procesos para que los mandatarios se dedicaran a cumplir con esas diligencias, lo que los ha obligado a destinar parte importante de su tiempo y contratar personal para la realización de los desalojos.

Incluso, señalaron abogados consultados, algunos jueces interpretaron que en casos como el de Bogotá al referirse a los alcaldes se trataba del mandatario de la ciudad y no de los alcaldes locales.

“Tengo ya diligencias programadas en las que los jueces ordenan que el que debe hacer el desalojo es el alcalde Enrique Peñalosa. Se le pidió al juez que comisionara al alcalde de la localidad, pero insistió en que quien tenía que restituir el bien era el alcalde de la ciudad”, señaló otro abogado de fianzas.