JOSÉ FERNANDO REYES, NUEVO MAGISTRADO DE LA CORTE CONSTITUCIONAL

Con 49 votos a favor, José Fernando Reyes fue elegido por el Senado como nuevo magistrado de la Corte Constitucional. El abogado caldense consiguió el respaldo de la mayoría de la Unidad Nacional luego de librar un pulso con Jhon Jairo Morales Alzate, quien tuvo el respaldo del Centro Democrático y una fracción del Partido Conservador, que sumaron 40 votos, insuficientes para acceder a la silla que faltaba de la renovación del alto tribunal. Apenas tuvo 40 votos.

Esta elección fue bastante atípica. No solo porque coincidió con la grave crisis de corrupción que salpicó a la justicia, sino porque la terna enviada por la Corte Suprema de Justicia era poco conocida para el Senado. De hecho el alto tribunal tardó nueve meses para definir los postulados.

Los tres candidatos llegaron a hacer campaña desde ceros, incluso, la aspirante Judith Bernal de Valdivieso apenas se asomó por el Congreso el martes, día de la audiencia pública. Solo hasta ese momento se dio a conocer, pero fueron pocos los senadores asistentes para escucharla. Se sabía que pocos votos iba a conquistar.

La disputa entonces se redujo al pulso entre Jhon Jairo Morales Alzate y Fernando Reyes Cuartas, ambos de línea conservadora.

La candidatura de Morales Alzate, de la línea dura del conservadurismo, contaba con el respaldo del exprocurador Alejandro Ordóñez y el exministro Fabio Valencia Cossio, de quien fue su secretario cuando se desempeñó como ministro del Interior del Gobierno de Álvaro Uribe. Morales contó con el respaldo de la bancada del Centro Democrático y de la mayoría entre los conservadores.

José Fernando Reyes Cuartas, conservador moderado, es un penalista de la Universidad de Caldas y llegó con el respaldo de algunos sectores de la Unidad Nacional y era identificado como el candidato del presidente Juan Manuel Santos.

Con la elección culminó la llamada ‘renovación’ de la Corte Constitucional -cambiaron cinco de los nueve magistrados-. El nuevo magistrado llegará a desequilibrar el empate que se venía presentando en la corte, por la presencia de cuatro magistrados de avanzada y cuatro conservadores. Su voto será definitivo para las decisiones pendientes sobre el futuro de la implementación de los acuerdos de paz con las Farc.

SUSPENDEN NUEVAMENTE JUICIO CONTRA HERMANOS URIBE NOGUERA

La Fiscalía los señala de alterar la escena del crimen de la niña Yuliana.

La audiencia preparatoria de juicio contra los hermanos Uribe Noguera en el caso de Yuliana Samboni fue suspendida y se reanudará el próximo 26 de octubre.

La decisión se tomó por petición de la defensa de Francisco Uribe Noguera, porque no alcanzó a analizar el descubrimiento de pruebas.

Tras ocho meses de investigación, en los juzgados de Paloquemao la Fiscalía alista más de 300 pruebas que indican que, el día de los hechos, los hermanos del condenado arquitecto Rafael Uribe Noguera habrían contribuido a la alteración de la escena del crimen.

La Fiscalía los acusó de haber cometido los delitos de encubrimiento por favorecimiento, y ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio.

Paralelo al juicio de los hermanos Francisco y Catalina, en el Tribunal Superior de Bogotá cursa un recurso de apelación que pide se aumente la condena que le fue impuesta al arquitecto Rafael, inicialmente de 51 años y 10 meses de prisión.

“CONTARÉ EN LA CORTE TODO LO QUE TENGA QUE CONTAR”: HERNÁN ANDRADE

Al preguntársele si Moreno lo extorsionó o le hizo algún ofrecimiento, como se menciona en las grabaciones de la DEA reveladas, no lo negó y aseguró que “ese es un tema que ya esta en manos de la Corte”.

Aseguró que lo que se dice en esas conversaciones sobre él no es cierto y que continuará en su ejercicio público respondiendo ante la justicia.

“El tema ya esta en manos de la Corte, yo les he pedido que me escuchen y allá contare lo que tenga que contar, pero nada de lo que dicen en esa conversación es cierto”, añadió.

Andrade continuará en la dirección del Partido Conservador.

SITUACIÓN CARCELARIA DEL PAÍS ES MUY GRAVE: CONTRALORÍA

Un duro cuestionamiento realizó la Contraloría General de la República frente al problema de hacinamiento en las cárceles del país y la incapacidad de crear nuevos cupos
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El informe señala que el esfuerzo fiscal del Gobierno en crear nuevos cupos carcelarios, fracasa ante la incapacidad de la Uspec para ejecutar los recursos presupuestados a su misión.
A esto se suma, los altos grados de hacinamiento presentes en los establecimientos de reclusión del nivel nacional, se añade la inefectividad de medidas alternativas a prisión, desde la elección de los beneficiarios por parte de los jueces, hasta las capacidades del Inpec para hacerles seguimiento.

De acuerdo con la Contraloría, el 74% de las fugas registradas por el Inpec corresponden a evadidos con ocasión de detención domiciliaria, prisión domiciliaria y vigilancia electrónica.

Añade el reporte que la labor del Inpec se limita exclusivamente a realizar revistas aleatorias, periódicas y esporádicas al lugar de residencia con el objeto de verificar su permanecía en la misma e informar de ello al juez conocedor de la causa”. Sin embargo, la Contraloría evidenció que el Inpec informa al Juez que el privado no se encontraba en su domicilio, tres meses o más después de las visitas.

Para el organismo de control fiscal, continúan las condiciones que motivaron la declaratoria de cosas inconstitucional en materia carcelaria, concluye la Contraloría en informe entregado a Presidencia, luego de la visita a 26 establecimientos a nivel Nacional.

LOS “TENTÁCULOS” DE BUSTOS EN CUNDINAMARCA

El contrato por más 80 millones de pesos que firmó Leónidas Bustos con la gobernación de Cundinamarca es apenas el capítulo en una novela de contratos que tiene el ex magistrado en el departamento; dos alcaldes municipales se apuntaron a las asesorías de quién ahora es investigado por corrupción
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En Yacopí

El alcalde John Jaime Sánchez fue denunciado por falsificar su diploma de supuesto ingeniero civil, la Veeduría Recursos Sagrados, llevó el proceso a la Fiscalía y terminó en manos del extraditable director anticorrupción, Luis Gustavo Moreno. Ahí es cuando aparece el ex magistrado Bustos y con su oficina de abogados le garantiza al alcalde un trato “gentil” en el ente acusador.

“Estas son las maniobras corruptas del ex magistrado Bustos, era el quien manejaba parte de la dirección de corrupción, impulsaron dilaciones para que el alcalde saliera de su cargo”, señaló Juan Carlos Calderón, director de la veeduría.

Aunque el alcalde reconoció falsificar el diploma de grado y aceptó los cargos que le imputó la Fiscalía, se mantiene en su puesto y firma millonarios contratos mientras los diputados y las organizaciones que denunciaron la corrupción en el municipio terminaron amenazados.

“Llevamos más de un año con este proceso y la Fiscalía nunca hizo nada contra este alcalde, el fiscal general debe revisar lo que pasa en este caso, por qué le levantan la medida de aseguramiento, por qué después de imputar cargos sigue como alcalde”.

El alcalde Sánchez recibió la asesoría de los abogados de Bustos, que en la recta final del proceso y ante la inminencia de una condenada, renunciaron. El juez de caso le advirtió al mandatario municipal que este 31 de agosto tendrá que asistir al juicio con los colaboradores del ex magistrado o con un abogado público.

En Cota

La Veeduría Recursos Sagrados puso en conocimiento de la Fiscalía al menos dos contratos por más de 47.000 millones de pesos firmados el mismo día y con mismo grupo de empresarios.

Se trata del colector de aguas y un anillo vial en el municipio de Cota que según Juan Carlos Calderón, director de la veeduría, se entregaron sin tener siquiera las autorizaciones de la CAR y ocho meses después de firmar el millonario contrato, en el caso del colector, el proyecto no arranca.

“El contrato 09 y 010 del 27 de diciembre de 2016 se firmaron el mismo día y Priar constructores aparece en los dos contratos, además el domicilio de los dos consorcios están en la misma oficina de la ciudad de Villavicencio”, dijo Calderón en la solicitud que hizo a la Fiscalía
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El denunciante asegura que después de hacer una verificación algunos asesores del alcalde de Cota, Carlos Moreno, manifestaron tener la representación legal de la oficina del ex magistrado Bustos, como garantía de un buen trato en la Fiscalía.

“Que no va a pasar nada y se me ríen diferentes asesores del alcalde en la cara, cuando dicen que están blindados, nos hemos dado cuenta que también aparece el nombre del ex magistrado Bustos o hace a través de sus abogados y amigos para que no avance en la Fiscalía las investigaciones”.

Bustos “el padrino” en Girardot

En el municipio el ex magistrado dejó con su firma en un acta de matrimonio, la constancia de su cercanía con el ex alcalde Rodolfo Serrano y el gobernador de Cundinamarca Jorge Rey.
Los “tentáculos” de Bustos en Cundinamarca

Bustos se convirtió en padrino de bodas de Adriana Serrano, la asesora de Rey e hija del considerado cacique electoral del municipio. El ex magistrado llegó hasta la Parroquia del Perpetuo Socorro, firmó el libro y quedó en las fotografías del evento.

Aunque no se conoce de contratos entre ex alcalde Serrano con Bustos, su cercanía se hizo evidente con las nupcias que zanjan al mismo tiempo las dudas de una supuesta casualidad a la hora de elegir las asesorías jurídicas del ex magistrado Bustos en la gobernación de Cundinamarca.

CORTE DE GUATEMALA SUSPENDE DEFINITIVAMENTE EXPULSIÓN DE JEFE ANTIMAFIA DE ONU

La Corte de Constitucionalidad de Guatemala resolvió hoy dejar "en suspenso definitivo" la expulsión del país del titular de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), Iván Velásquez, quien había sido declarado "non grato" por el presidente Jimmy Morales.

El pasado domingo Morales declaró "non grato" a Velásquez por su "injerencia en asuntos internos", pero su expulsión del país estaba hasta ahora en suspenso temporal por un amparo de la Corte de Constitucionalidad.

GOBIERNO PIENSA REVIVIR TRIBUNAL DE AFORADOS EN LA REFORMA POLÍTICA

La idea es aprovechar el debate que se esta dando en la Cámara de Representantes y la indignación nacional que hay por los recientes escándalos de corrupción en la justicia, para incluir en la reforma política los artículos necesarios para que crear un tribunal de aforados que juzgue a los altos funcionarios del estado.

“Claramente estoy de acuerdo con esta necesidad, el presidente me consultó al respecto y celebramos si este tema se incluye en la reforma política (…) El otro tema es quitarle las funciones electorales a las cortes (...) Sin lugar a dudas el fiscal también necesita quien lo ronde y por eso creamos mecanismos de auditoría y veeduría para la Fiscalía y son temas que deben estar en la agenda de estas reformas”, precisó.

Dijo incluso que, ante la comisión interinstitucional de justicia, los presidentes de las cortes manifestaron no tener temor del tribunal de aforados y recomendó retirar el artículo de la reforma política, que propone que las cortes nombren tres magistrados del nuevo consejo electoral.

LA JUSTICIA EN CRISIS Y LOS CONGRESISTAS NO ESCUCHAN A ASPIRANTES A LA CORTE

Tuiteros alegan que "ni el Espíritu santo" llegó al Congreso para escuchar a los ternados a la Corte Constitucional. El nuevo integrante de ese alto tribunal podría cambiar el rumbo de las decisiones clave del proceso de paz.

En medio de una crisis institucional sin precedentes para la justicia, se presentaron ante un público desalentador los tres candidatos que concursan por quedarse con un cupo en la Corte Constitucional. Fernando Reyes Cuartas, Jhon Jairo Morales Alzate y Judith Bernal de Valdivieso se pararon frente a la poco concurrida plenaria del Senado a exponer sus posiciones, lo que ocasionó de inmediato las críticas de a quienes cada vez más les preocupa la lamentable situación a la que ha llegado la justicia. 

Como ya es usual, la antesala para la llegada de cada nuevo magistrado a la Corte Constitucional está rodeada por un fallo crucial para el acuerdo de paz con las Farc. Con la elección que haga el Congreso este miércoles, esta semana culmina lo que se conoció como la ‘renovación‘ de este alto tribunal -cambiaron cinco de los nueve magistrados- y el ciclo quedará marcado por la decisión definitiva alrededor del blindaje jurídico que tendrá el proceso de paz.

El miedo que genera entre la guerrilla y los seguidores del proceso que un Gobierno opositor tenga la capacidad de echar abajo lo acordado en La Habana, es uno de los temas más sensibles. Y mientras el Congreso de la República escucha y elige este miércoles al noveno magistrado en propiedad, que entrará a ocupar el cargo de Jorge Iván Palacio, en la Corte Constitucional cada voto suma en una discusión a la que llegan divididos. 

En su exposición, Judith Bernal -abogada de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, especializada en Derecho Penal- aseguró que la protección de los derechos fundamentales se deben dar a todos los ciudadanos, pertenezcan o no a una minoría. Ha sido jueza por más de 20 años y ante los parlamentarios aseguró que velará porque los acuerdos de paz con las Farc se ajusten a la ley. 

José Fernando Reyes Cuartas, abogado de la Universidad de Caldas, expresó que la defensa de las minorías es lo que caracteriza a una democracia moderna y aseguró que le interesa que se garantice la independencia de la justicia, teniendo en cuenta que se han ido cercenando de una manera muy dura las competencias del Congreso. Reyes es un reconocido miembro de la rama judicial que tiene décadas de experiencia como juez. 

El abogado graduado de la Universidad Santo Tomás Jhon Jairo Morales Alzate aseguró que la Constitución creó mecanismos de protección a minorías y que velará para que los proyectos que las afectan sean sujetos a la consulta previa. Aseguró que los acuerdos de paz deben ser ajustados a la institucionalidad.

Nuevo magistrado, clave para blindaje jurídico

Este martes, hubo sala extraordinaria para votar si aceptaban o no el impedimento de la magistrada Cristina Pardo en el estudio del acto legislativo, que le dio seguridad jurídica a lo acordado. El voto de la exsecretaria jurídica de Palacio está en discusión ya que es ella quien le entrega al presidente de la república el decreto que convoca a las sesiones extras en el Congreso, lo cual permitió aprobar mediante fast track el acto legislativo en estudio. Para unos magistrados, no se requería convocar a extras ya que el Congreso estaba haciendo uso de sus facultades extraordinarias, para otro sector la convocatoria era indispensable y Pardo revisó la constitucionalidad del decreto antes de pasarlo a firma presidencial. 

Lo que está en juego con este voto es la estabilidad jurídica de lo acordado, tema que tiene dividida a la Corte Constitucional por cuenta de la ponencia del presidente Luis Guillermo Guerrero, que propone tumbar un aparte del Acto Legislativo 2 del 2017. 

Lo que señala Guerrero es que dos expresiones del documento aprobado en el Congreso deben ser declaradas inexequibles: 1. La que indica que “las instituciones y autoridades del Estado tienen la obligación de cumplir de buena fe con lo establecido en el acuerdo final”. 2. La que asegura que las actuaciones de todos los órganos y autoridades del Estado quedan obligadas a guardar coherencia e integralidad con lo acordado, preservando los contenidos, los compromisos, el espíritu y los principios del Acuerdo Final.

Aunque para algunos analistas, los temas importantes del Acuerdo de Paz están protegidos bajo la sombrilla del Derecho Internacional Humanitario y los derechos fundamentales definidos en nuestra Constitución, intervenir el acto legislativo frente a la obligación de las entidades del Estado con el proceso, podría traer consecuencias. 

El tema en la corte no está fácil y si la división en este tribunal se mantiene frente al fallo de fondo, la conclusión será que una vez más la decisión definitiva estará en manos del noveno magistrado, que será elegido en el Congreso.

RAMA JUDICIAL IMPULSARÁ REFORMA INTERNA PARA EVITAR CASOS DE CORRUPCIÓN

La magistrada Martha Lucia Olano, presidente de la Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial, anunció una gran reforma al interior de la justicia, con el fin de evitar casos de corrupción como el que hoy salpica a dos expresidentes de la Corte Suprema de Justicia, tras su relación con el exfiscal extraditable Gustavo Moreno. 

La magistrada aseguró que "se revisarán las medidas anticorrupción y las buenas prácticas adoptadas en el sector justicia. Además, de la estrategia de control y autorregulación de la conducta de los funcionarios y empleados judiciales". 

La magistrada pidió celeridad y resultados en el corto y mediano plazo a los órganos que están adelantando las investigaciones. 

La Comisión la integra los presidentes de la Corte Suprema de Justicia, la Corte Constitucional, el Consejo de Estado y el Consejo superior de la Judicatura. Además, del fiscal General, el procurador y el presidente del sindicato

FISCALÍA EXIGE QUE EXMINISTRAS DECLAREN EN COLOMBIA

Ni el viernes 18 de agosto ni tampoco este lunes, las exministras Gina Parody y Cecilia Álvarez asistieron al búnker de la Fiscalía para la citación a interrogatorio que tienen pendiente con la justicia. 

Ambas fueron requeridas por un fiscal delegado ante la Corte para que expliquen las condiciones que rodearon la entrega del contrato para la construcción de la vía Ocaña - Gamarra, a través de un otrosí con el Consorcio Ruta del Sol tramo dos, del que hacía parte Odebrecht, y no por medio de una licitación. 

Este proceso tiene su origen en una denuncia del Centro Democrático por tres presuntos delitos: celebración de contratos sin requisitos legales, interés indebido e inhabilidad legal. Para los uribistas, a la Ruta del Sol tramo 2 se le adicionó irregularmente la vía Ocaña - Gamarra, y con ello Álvarez habría favorecido a su pareja y compañera de gabinete, Gina Parody. Esto en razón a que la familia de Parody es socia de la empresa Sociedad Portuaria de Cartagena, que proyectaba construir un puerto en Gamarra sobre el río Magdalena, que quedaría a tres kilómetros del final de la carretera. Los denunciantes sostienen que en el asunto se presentaron varias irregularidades.

Fuentes de la Fiscalía confirman que sin mediar explicación, las exministras no se presentaron este lunes, por lo que la cita tuvo que ser reprogramada. Al parecer las exfuncionarias estarían por fuera del país en actividades académicas por lo que el ente investigador informó que su comparecencia tendrá que ser personal. 

El contrato Ocaña - Gamarra es uno de los principales casos judiciales de la corrupción de Odebrecht en Colombia. La Fiscalía documentó millonarios sobornos que en principio alcanzaron los 4,6 millones de dólares, pero que a través de contratos simulados ya llegan a los casi 40.000 millones de pesos adicionales que habrían ido a parar a bolsillos de políticos y colaboradores de la firma en Colombia. 

El ex viceministro Gabriel García Morales dio una declaración en torno a la cual en ese momento la regla en el mundo de la infraestructura era que las obras que no estuvieran dentro del área del corredor no podían ser construidas a través de una adición. Se requería licitación, es su versión. Y mencionó la existencia de un concepto del Consejo de Estado que lanzó esta advertencia. 

“Ese proyecto (otrosí) no surge en la ANI ni en Planeación por ser un tema de competitividad, ese proyecto surge del Fondo de Adaptación. Se contrataron diseños preliminares con una coincidencia y es que la doctora Álvarez era la directora del Fondo y después era la ministra en el momento en que se hizo la adición”, dijo el exfuncionario, quien admitió haber recibido USD 6.5 millones de sobornos para la entrega de la Ruta del Sol tramo 2 al Consorcio en el que estaba Odebrecht.

La exministra ha salido a explicar en múltiples escenarios su intervención en este caso. Ha dicho que las decisiones de inversión que se toman en el Fondo de Adaptación se gestionan una vez los ministros hacen las solicitudes. Señala que las acusaciones en su contra vienen de las múltiples mentiras que ha dicho el Centro Democrático y que no tuvo nada que ver con la cancelación de ese contrato cuando llegó al Ministerio de Transporte, pues era un asunto de competencia exclusiva de la ANI. 

Parody y Álvarez también tendrán que explicar las razones por las cuales suscribieron el documento Conpes 3817 de 2014 que autoriza la construcción de la vía Ocaña-Gamarra. Ese documento fue firmado por todo el gabinete, incluido el hoy fiscal general, quien en ese momento era el superministro de la Presidencia.

En el caso de Parody, se busca establecer es si la exministra de Educación estaba impedida o se encontraba en conflicto de intereses al suscribir el Conpes. Puntualmente, se investiga si al ser su familia parte de la Sociedad Portuaria Regional de Cartagena S.A., la exministra debió dar un paso al costado en el Consejo Nacional de Política Económica y Social.