LA PUJA POR EL SALARIO MÍNIMO TERMINARÍA SIN ACUERDO

Este jueves se llevó a cabo la última reunión en la que los trabajadores y los empleadores intentaron ponerse de acuerdo para fijar el aumento del salario mínimo que tendrá vigencia en 2018. Como en los años anteriores, la concertación no igualó las propuestas de las las partes, y ahora será el Gobierno el que, este viernes, fijará el incremento vía decreto.

Este diciembre, como lo indica la ley, los trabajadores, representados por la Confederación de Trabajadores de Colombia (CTC), la Confederación General del Trabajo (CGT) y la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) se sentaron en la mesa de negociaciones con los empresarios, cuya voz asumieron la ANDI y Fenalco, y el Gobierno. Las propuestas comenzaron distanciadas por más de 6 puntos porcentuales, y pese a que se acercaron con el avance de las reuniones, no hubo un consenso final.

La petición de los sindicatos estaba entre el rango de los 10 y los 12 puntos, mientras que los empleadores empezaron ofreciendo entre el 4,5 y el 4,7 por ciento. Tras las distintas rondas de negociación se empezó a cerrar la brecha. Este jueves, antes de que comenzara la reunión final, entre los trabajadores se hablaba de un incremento de 7 puntos, mientras que los empresarios no se movían del 5,1.

Dentro de los argumentos de los representantes de los trabajadores para exigir este incremento están la pérdida de poder adquisitivo debido a la reforma tributaria, la necesidad de incentivar el consumo y dinamizar la economía, y la incapacidad de suplir necesidades básicas con ese monto mensual.

Por su parte, los gremios consideran que un aumento muy alto del salario mínimo puede hacer muy costosa la contratación de nuevos trabajadores y afectar la generación de empleo. Además, creen que su propuesta es atractiva considerando la inflación proyectada (alrededor del 4 por ciento).

Los gremios también resaltan que durante los dos últimos años, el aumento del mínimo ha estado por encima de la inflación por lo que ha aumentado el poder adquisitivo.

Esos argumentos fueron expuestos durante el debate que culminó este jueves sin acuerdo. Ahora será el Gobierno el que este viernes decida en cuánto aumentarán los 737.717 pesos, monto que más de la mitad de los trabajadores del país se ganan al mes.

POR IRREGULARIDADES EN INMOVILIZACIÓN DE VEHÍCULOS INVESTIGAN A TRES CORONELES

Las irregularidades se habían presentado desde el 2014 y hasta este año según una denuncia que llegó al Ministerio Público y que dio origen a la investigación disciplinaria que ya inició la Procuraduría.

Los coroneles cobijados con la decisión son los tenientes Douglas Alejandro Restrepo Murillo y Hermes Javier Barrera Blanco, como jefes de la Seccional de Investigación Criminal de Bogotá, Sijín. Y la jefe del Área de Administración de Información Criminal de la Dijín, Digna María Castro Morales.

Al parecer, tras la inmovilización de un vehículo, presuntos miembros de la institución accedían al Sistema Operativo de la Policía Nacional que informa sobre los carros aprehendidos por orden judicial y alteraban el registro del automóvil.

Dice la Procuraduría, que se pudo determinar que quienes realizaban esas diligencias portaban la orden judicial que pesaba contra los vehículos, pero en algunas ocasiones habrían realizado el procedimiento sin tener la aprobación de una autoridad competente.

CONCEJAL DE BUGA PERDIÓ TUTELA CONTRA PERIODISTA POR UNOS MENSAJES DE FACEBOOK

El concejal del municipio de Buga, James Hernán Gómez, presentó una tutela ante la Corte Constitucional alegando que el periodista William Solano violó sus derechos a la vida, la libertad religiosa, la honra e intimidad de la familia por una publicación que hizo en Facebook. En ella mencionaba varios actos de corrupción que de hecho llevaron al concejal a adelantar una denuncia penal.

El alto tribunal revisó el caso y no vio vulnerados sus derechos, en especial porque no demostró que lo que dijo el periodista es falso.

En la sentencia se lee que “más allá del rechazo de los contenidos publicados y de desmentir algunos de sus apartes, el actor no precisó cuál es el sustento que le permite descalificar esta información, ni demostró que las publicaciones de William Solano contengan información falsa, inexacta o errónea”.

Y agrega: “Por el contrario, en su escrito de contestación, Solano fue quien presentó algunos de los soportes documentales con base en los cuales respaldó varias de sus afirmaciones, amplió los señalamientos realizados en contra del Concejal por presuntos actos de corrupción y violación al régimen de inhabilidades e incompatibilidades. En todo caso, advirtió que en el curso del proceso penal demostraría, de ser necesario, la veracidad de cada una de las manifestaciones realizadas en los mensajes”.

Por lo tanto, negó la tutela, le recordó al concejal las implicaciones de ser funcionario público y las críticas a las que se puede ver expuesto por esa condición y el derecho a la libertad de expresión que tiene Solano.

COALICIÓN URIBE-PASTRANA ENVIÓ AL CNE SOLICITUD DE CONSULTA INTERPARTIDISTA PARA ELEGIR CANDIDATO

La coalición de derecha liderada por los expresidentes Álvaro Uribe y Andrés Pastrana elegiría candidato presidencial y vicepresidencial a través de una consulta interpartidista.

El Centro Democrático, el movimiento de Marta Lucía Ramírez y el de Alejandro Ordóñez, enviaron la solicitud al Consejo Nacional Electoral para poner en marcha este mecanismo el mismo 11 de marzo, día de las elecciones parlamentarias.

LAS MUJERES MANEJAN UN 41% DE LOS CARGOS PÚBLICOS CON “MÁXIMO NIVEL DECISORIO”

La participación de la mujer colombiana en los cargos de decisión públicos ha venido aumentando en los últimos años y, gracias a diferentes medidas, su papel es cada vez más preponderante en el manejo del Estado.

Si bien ha sido una lucha constante para lograr este espacio en la esfera del poder, la cual por supuesto ha tenido altibajos, los distintos estudios que se han realizado sobre el tema demuestran que aún hacen falta más acciones contundentes para acabar del todo con la brecha de desigualdad que aún persiste en algunos sectores.

El más reciente de estos documentos lo acaba de presentar el Departamento de la Función Pública, que se dio a la tarea de verificar qué tanto se cumple en el país la llamada ley de cuotas y cuál es la participación real de la mujer en los cargos oficiales con poder de decisión.

La entidad se dio a la tarea de analizar la información suministrada por 1.302 entidades del orden nacional (192) y territorial (1.110) relacionada con qué tanto mando tienen las mujeres en las mismas y, por supuesto, qué tanto cumplen con la norma que exige tener por lo menos un 30 por ciento de participación femenina.

Una de las conclusiones del estudio es que de un total de 6.157 cargos con un máximo nivel decisorio, 2.504 están comandados por mujeres; eso representa un 41 por ciento. Esto, valga la claridad, responde a cifras reportadas en lo corrido del 2017.

Y, tras analizar el mismo periodo, se encontró que 7.631 cargos de “otros niveles decisorios”, 3.443 de ellos los ocupan mujeres, lo cual significa un 45 por ciento.

“En el máximo nivel decisorio se cumplió con un 41% en participación de la mujer durante el 2017, lo que indica que se superó en 3 puntos porcentuales los resultados de la vigencia 2016; de igual forma, para los otros niveles decisorios se cumplió con el 45% de participación femenina, de esta manera se incrementaron 4 puntos porcentuales frente a la misma medición del año 2016”, precisa el informe de la Función Pública.

Si bien en términos porcentuales el avance frente al 2016 puede no leerse como muy alto, no se puede desconocer que es una avance que en la práctica es mucho más que notorio. Por lo menos así lo ve la Función Pública y de esa forma lo consignó en este informe, el cual fue enviado para su análisis la Procuraduría y al Congreso.

“Teniendo en cuenta los indicadores anteriores, en la presente vigencia se ve marcada por un incremento importante en el aporte de las mujeres en los cargos directivos con poder decisorio, esto ha disminuido, por supuesto, la brecha de participación entre hombres y mujeres en el Estado colombiano”, se precisa en el documento.

La Función Pública reportó que, por ejemplo, en 131 entidades de la Rama Ejecutiva hay 521 cargos provistos y considerados como de “máximo nivel decisorio”, de los cuales 190 los ocupan mujeres, es decir hay una participación del 36 por ciento. Aquí, entre otros puestos, se analizan los ministerios (hay 5 liderados por mujeres) y los Departamentos Administrativos. Las actuales ministras son: María Ángela Holguín (Cancillería); María Lorena Gutiérrez (Comercio); Mariana Garcés (Cultura); Yaneth Giha Tovar (Educación); y Griselda Restrepo (Trabajo).

Además, en los cargos con rango de “otros niveles decisorios” se encontró que de los 1.734 que existen, 699 son liderados por mujeres (un 40 por ciento).

“Respecto a la región de origen, el 35% de las mujeres son de Bogotá, seguida por la región Centro Occidente con un 17%. La región de origen con el porcentaje más bajo es Sur Oriente, con un 3%”, se indica en el documento que analiza los dos tipos de cargos de la Rama Ejecutiva y, que, entre otros ítems, detalla que por lo menos el 60 por ciento de ellas domina un segundo idioma.

En la Rama Legislativa (Cámara y Senado) se encontró que de 9 cargos provistos como “máximo nivel decisorio”, hay 5 ocupados por mujeres. Y de 25 puestos calificados como “otros niveles decisorios”, 13 los lideran también mujeres. Eso sí, vale la pena recordar que los actuales presidentes de ambas corporaciones son hombres.

Y en la Rama Judicial las cifras son las siguientes: de 165 cargos de “máximo nivel decisorio”, 60 son liderados por mujeres; y de 38 provistos como “otros niveles decisorios”, 9 los manejan mujeres.

A nivel territorial también analiza a fondo la participación femenina en los cargos con poder de decisión. Un ejemplo de esto es el apartado dedicado a Bogotá, ciudad cuya Administración Distrital la componen 52 entidades. Allí, de 455 cargos provistos como “máximo nivel decisorio”, 210 los lideran mujeres.

Todo este trabajo de la Función Pública es un aporte para buscar más y nuevas estrategias para acabar con la brecha de desigualdad en el país, especialmente en el Estado y en sus puestos de mando. Como dice el documento, “este insumo da un horizonte para conocer cómo la mujer ha tenido una posición cada vez más fuerte en los cargos que conforman el nivel decisorio en el sector público del país”.

NO SE PUEDE DESPEDIR A UNA MUJER MIENTRAS ADELANTA PROCESO DE ADOPCIÓN DE UN MENOR

La Corte Constitucional revisó el caso de una mujer que fue contratada de manera temporal en la Secretaría de Minas de la Gobernación de Antioquia y fue despedida pese a haber informado la fecha en la que le iban a entregar a la menor.

Su despido se dio bajo el argumento de que la niña no había sido entregada formalmente y que la protección que rige para las mujeres embarazadas aplica para las adoptantes solo cuando ya se materializa la adopción. 

El Alto Tribunal aunque no pudo ordenar el reintegro de la mujer a su trabajo por las características del mismo, ordenó el pago del sueldo que dejó de recibir desde que la despidieron hasta la fecha en la que debía haber terminado su licencia de maternidad.

“Asimilar la fecha del parto a la fecha de la entrega del niño, niña o adolescente en el proceso de adopción, para efectos de extender el fuero de maternidad a las madres adoptantes, implica que, así como la protección especial de la madre biológica incluye tanto el período de gestación como la época del parto y las semanas siguientes al nacimiento del hijo, lo propio debe ocurrir en el caso de la madre adoptante”, se lee en la sentencia de la Corte. 

El Alto Tribunal, sin embargo, aclara “al igual que ocurre con el embarazo, el período previo al parto que se asimila al de la entrega del niño, niña o adolescente en el proceso de adopción no puede ser indefinido, pues esta indeterminación conduciría a una ventaja injustificada para un solo tipo de familia”, por lo cual asegura que se deben revisar las condiciones de cada caso.