GOBIERNO HARÁ PROCESO DE AUDITORÍA CON RECURSOS DEL POSCONFLICTO

Los dineros del posconflicto están a salvo. Ese fue el mensaje que envió este viernes el Gobierno Nacional, en voz del vicepresidente Óscar Naranjo, luego de que en los últimos días se denunciaron cuestionamientos por la transparencia y la diligencia en la ejecución de los recursos para implementar el acuerdo de paz.

La primera alerta surgió en una carta de los embajadores de Noruega, Suiza y Suecia, países donantes del posconflicto, en la que manifestaron su preocupación por la lentitud y falta de transparencia en la adjudicación de contratos.

Luego fue el fiscal general, Néstor Humberto Martínez, en una misiva al presidente Juan Manuel Santos denunció la existencia de “beneficios económicos indebidos” en la adjudicación de contratos.

“De acuerdo con las evidencias obtenidas mediante controles técnicos y seguimientos legales se advierte la existencia de una red de intermediarios que estarían interesados en adjudicación de proyectos a determinados empresarios o contratistas, a cambio de beneficios económicos indebidos que se traducen en porcentajes sobre el valor de los mismos”, dice la carta.

Al respecto, Naranjo aseguró que una vez se conozcan los resultados de las investigaciones el Gobierno va a tomar decisiones, con el fin de que se “depuren” responsabilidades.

“Actuaremos sin contemplaciones para que, una vez se depuren responsabilidades, todo el peso de la ley caiga sobre los funcionarios que hayan querido introducir conductas que signifiquen violación de la ley”, anunció el Vicepresidente. 

Una de las peticiones de los embajadores de los países donantes del posconflicto, quienes se reunieron este viernes con Santos, es tener acceso a la información de una manera más abierta. 

Por ello, a partir de ahora será la Vicepresidencia la entidad encargada de servir de punto de contacto con la comunidad internacional. 

Otra de las medidas que tomó el Gobierno es la de hacer un proceso de auditoría de los recursos de la paz. 

“Esta labor deberá realizarse por empresas expertas en el tema. Esperamos hacer una rendición de cuentas de lo que signifique esa auditoría”, dijo Naranjo. 

Más temprano, la canciller María Ángela Holguín había asegurado que “no va a haber corrupción” o “malos manejos en los fondos para la paz”.

Tomada de: El Tiempo

2 MILLONES HABRÍA RECIBIDO FALSO FISCAL QUE LOGRÓ LA FUGA LÍDER CAMIONERO

Tras la captura de José Edilberto Parada Barbosa, el falso fiscal que participó en el proceso de libertad del líder camionero Pedro Aguilar, se conoció que habría recibido dos millones de pesos por esta suplantación de identidad.

Fuentes del caso aseguran que la confesión la entregó ante la defensoría pública, a quien dijo que se encontraba pasando por una complicación económica.

La Fiscalía y la Policía avanzan en las investigaciones para vincular a otras personas que estarían relacionadas con este caso. En las próximas horas se llevará a cabo la audiencia de judicialización de la abogada de Aguilar, Diana Zárate y el falso fiscal.

Tomada de: Caracol

ANULAN SANCIÓN CONTRA EXFUNCIONARIO DE COLPUERTOS

El Consejo de Estado confirmó la nulidad de la sanción fiscal emitida por la Contraloría en contra del ciudadano Pedro Miguel Vicioso Cogollo, quien se desempeñó como director de Relaciones Industriales de la Empresa Puertos de Colombia (Colpuertos) en Santa Marta (Magdalena) en 1992.

Lo hizo al confirmar un fallo del Tribunal Administrativo de Magdalena por medio del cual se dejó sin efectos la determinación, debido a que el órgano de control fiscal adelantó el proceso con base en una norma que había sido derogada.

El fallo de la Sección Quinta, con ponencia de la magistrada Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez, señala que el demandante fue víctima de violación a su derecho al debido proceso, pues la Contraloría aplicó para su caso normas que, para entonces, ya habían dejado de surtir efectos legales (Resolución Orgánica 14500 de 1992).

Para el Consejo de Estado, la actuación debió adelantarse siguiendo los parámetros del proceso fiscal contenidos en la Ley 42 de 1993, que ya había empezado a regir para esa época y que, entre otras cosas, señalaba que empezaría a operar desde el mismo momento de su promulgación.

Para la Sala resultó innegable que la Ley 42 de 1993 fijaba mayores garantías para el investigado, como la posibilidad de presentar recurso de reposición ante el auto de apertura de juicio fiscal (artículo 79), lo que constituyó razón suficiente para confirmar la declaratoria de nulidad de los actos de la Contraloría.

La decisión de la Sección Quinta se produjo con fundamento en el Acuerdo No. 357 del 5 de diciembre de 2017, que estableció el plan de apoyo de descongestión de la Sección Primera.