FISCALÍA PIDE AUDIENCIA DE PRECLUSIÓN EN FAVOR DEL ESCOLTA MARIO MUÑOZ

El presidente de la República, Juan Manuel Santos, y el presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Francisco José Eguiguren Praeli, instalaron hoy el 167 Período de Sesiones del organismo, en el marco de la celebración de los 70 años de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, la cual se aprobó en 1948 en Bogotá.

El hecho destacado en este evento es la firma del acuerdo de cooperación entre la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos, a través de la CIDH, y el Estado colombiano para que la OEA cooperación para la aplicación y difusión de los instrumentos internacionales de derechos humanos. 

Según el presidente de la CIDH, esta será una herramienta en el proceso de pos conflicto porque “es muy importante que en este acuerdo (el convenio firmado) haya un capítulo específico sobre la reparación de las víctimas, justicia, verdad.  Son temas centrales para la CIDH”. Sobre el proceso de paz, anotó que este “debe suponer también no impunidad, reconocimiento y reparación a las víctimas, pero lo más importante es la reconciliación y la construcción de un país”. 

Teniendo en cuenta el momento crucial que atraviesa Colombia en materia de paz agregó que “la comisión, al laborar en estos días en el país, ofrecerá sus mejores esfuerzos y el compromiso de colaborar en lo que sea necesario y solicitado por las autoridades en este proceso de paz, con el que nos encontramos plenamente identificados y comprometidos, y le rendimos por eso también nuestro reconocimiento al señor Presidente y las autoridades por su rol decisivo de liderazgo en este proceso”.

Por su parte, el Presidente de la República agradeció el respaldo de la Comisión porque “para la implementación del acuerdo este es un elemento, para mí, fundamental que nos va a llevar a la prosperidad de la paz y si es una paz para Colombia, es una paz para la región y va a fortalecernos”. 

Acerca de la delicada situación por la que atraviesan los líderes sociales en el país mencionó que “uno de los retos que ha concentrado nuestro mayor esfuerzo, ha sido la protección a los líderes sociales, a los defensores de los DDHH; cada líder social asesinado abre una herida en el alma de Colombia y es una herida a la paz”. 

Este convenio fue firmado por el secretario ejecutivo de la CIDH, Paulo Abrão, el ministro de Justicia y del Derecho, Enrique Gil Botero y la canciller colombiana María Ángela Holguín, en el auditorio del Museo Nacional.

Las sesiones instaladas el día de hoy se realizarán en audiencias públicas y reuniones de trabajo con respecto de todos los Estados miembros de la OEA, excepto Colombia, en el hotel Tequendama a partir del lunes 26 de febrero y hasta el viernes 2 de marzo del presente año.

Serán nueve audiencias públicas distribuidas así: ‘Políticas de género y diversidad sexual en Paraguay’; ‘25 años de la Comisión de la Verdad de El Salvador’; ‘Regulación del comercio de armas y violencia social en Estados Unidos’; ‘Derecho a la alimentación y a la salud en Venezuela’; ‘Situación de derechos humanos de personas afectadas por la cancelación de los programas TPS (Estatuto de Protección Temporal) y DACA (Acción Diferida para los Llegados en la Infancia) en Estados Unidos’; ‘Situación de derechos humanos de los pueblos indígenas en Canadá’; ‘Situación del derecho a la protesta en Argentina’; ‘Derechos humanos e indulto al ex Presidente Fujimori en Perú’; ‘Empresas y derechos humanos: insumos para la construcción de lineamientos interamericanos’. 

La entrada a dichas audiencias será libre.

VERSIONES ENCONTRADAS POR EVENTO POLÍTICO DE GUSTAVO PETRO EN MEDELLÍN

El candidato presidencial Gustavo Petro y el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, protagonizan este jueves un duro enfrentamiento.

El alcalde no autorizó una manifestación suya por no haber cumplido todos los requisitos, y el candidato Petro está decidido a irse con la gente por encima de la decisión del alcalde.

Gutiérrez acaba de responsabilizar a Petro por cualquier alteración del orden público.

“Si así es como candidato, cómo sería de Presidente”, trinó el alcalde Gutierrez, para poner de presente la decisión de Petro de no acatar la autoridad ni la ley.

“Con permiso o sin permiso, nos vemos en Carabobo”, trinó Petro, alentando a sus seguidores a ir a la manifestación, así el alcalde no haya autorizado la concentración

A esto, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, manifestó: “Lo responsabilizo de cualquier alteración al orden público. Le hago un llamado a cumplir la ley”, trinó Gutiérrez.

La manifestación estaba prevista para las 3 de la tarde. La tensión en estos momentos es muy alta por el desenlace que pueda haber.

Según el equipo de campaña de Petro, ellos solicitaron los respectivos permisos el pasado 20 de febrero. Es decir, 48 horas antes de que se llevara a cabo, como dicta la norma.

Sin embargo, la Alcaldía de Medellín emitió un comunicado en el que indicó que no se cumplieron los requisitos para realizar este evento político.

Argumentó la Alcaldía que el evento no cumplió con los requisitos establecidos en las leyes 13 de 1997, 1493 de 2011, 1801 de 2016 y el decreto municipal 1199 de 2011 “por medio de los cuales se reglamentan la realización de espectáculos públicos y demás actividades que impliquen la concentración de personas con fines lúdicos, recreativos, deportivos, académicos o de manifestarse públicamente”. 

Entre lo requerido, se evidencia lo siguiente:

1. Incumplimientos en la normativa de seguridad humana, matriz de riesgos (tarima y sonido), servicio de logística y plano de evacuación.
2. No se presentó a la Alcaldía de Medellín la póliza de responsabilidad civil extracontractual exigida por la ley.
3. No se entregó la documentación requerida que diera cuenta del pago a derechos de autor (música fonograbada y en vivo) bien sea por entidades de gestión colectiva o individual.
4. No se entregó la documentación del grupo de aseo y servicios sanitarios para garantizar el buen desarrollo del evento.
5. No se tramitó adecuadamente y en los tiempos necesarios el eventual cierre de vías y el servicio de apoyo en movilidad.
6. No se tramitó adecuadamente el cumplimiento de requisitos para el uso del Espacio Público.

Por su parte, los organizadores del evento, aseguraron que sí cumplieron todos los requisitos de Ley que regula la realización de concentraciones políticas “que son distintas a las concentraciones culturales, que tienen otro tipo de requisito (...) Ambulancias con operador de la firma Ciudad Frecuencia, 250 vallas, baños públicos portátiles, 300 unidades de policía, acompañamiento de la Personería, matriz de riesgo, etc. Hay documentación que certifica esto”.

Tomado de: El tiempo

LYONS DELATOR, ¿UN GRAN NEGOCIO PARA QUIÉN?

El aval que la Corte Suprema le dio al acuerdo entre la Fiscalía y Alejandro Lyons dejó a varios inconformes y terminó en un choque entre los pesos pesados de la justicia y los organismos de control. A cambio de que exponga al cartel de la toga y a la red de corrupción que se conformó —y de la que fue protagonista— para arrasar con las arcas públicas de Córdoba, el exgobernador de ese departamento fue condenado a 5 años y 4 meses de prisión, y a devolver 4.000 millones de pesos que le arrebató al erario.

Para el contralor Edgardo Maya y el procurador Fernando Carrillo, la sentencia —especialmente en el monto económico— se queda corta frente a un desfalco que en todas sus líneas puede superar los 66.000 millones de pesos. En el fondo de la controversia, los expertos consultados leen las falencias del sistema penal.

Los responsables de los organismos de control fueron duros al referirse al acuerdo: "Significa que aquí se puede delinquir, ¿cometer los actos de corrupción más atroces y luego pagar penas irrisorias y devolver sumas insignificantes de lo que desfalcaron?”, sostuvieron en un comunicado conjunto en el que calificaron la condena como un "mal ejemplo". Carrillo y Maya dejaron entrever también que se opondrán por vías legales a la decisión: “Acudiremos a todos los recursos que nos ofrece la Constitución y la ley para defender el patrimonio de los colombianos”.

Para darle fondo a su disgusto, la Contraloría hizo un balance de los procesos en los que Lyons está involucrado. El más grande es el cartel de la hemofilia, tasado en unos 54.000 millones de pesos. En ese caso, se presume que el exgobernador dejó que durante su mandato se efectuaran pagos desde la Gobernación para la atención de 117 enfermos que en realidad estaban sanos, y cuyas falsas dolencias fueron usadas para sonsacar el dinero de sus tratamientos.

En el acervo de la Contraloría hay 4 procesos más que involucran a Lyons —quien por estos días concurre a sus diligencias ante la justicia desde Miami— y que suman más de 8.000 millones de pesos. Se trata de irregularidades en varios rubros de la salud del departamento, especialmente en pagos por pacientes con síndrome de Down, y también en el uso de los recursos de las regalías destinados a la ciencia y la tecnología.

La Corte Suprema de Justicia respondió a los cuestionamientos de los entes de control a través de Twitter. Aseguró que durante la audiencia que se llevó a cabo este martes, en la que se avaló el acuerdo, el representante de la Procuraduría compartió la decisión. Y también señaló que el trato solo tiene que ver con una parte de los delitos endilgados a Lyons —concierto para delinquir— y que esta conducta "no causó detrimento al patrimonio público".

En efecto, el futuro de Lyons frente a los otros delitos de los que está acusado aún está por resolverse. El exgobernador también está negociando otras conductas con la Fiscalía, y del trato que logre concretarse, o no, dependen las condenas que podría enfrentar y que se sumarían a la que ya se le impuso esta semana.

El ente investigador tampoco tardó en manifestarse y, en ese punto, la decisión de la Corte se volvió una discusión entre pesos pesados. Aseguró que esta es apenas una primera condena contra el exgobernador, quien este jueves será imputado por enriquecimiento ilícito y lavado de activos. Por tanto, dice la Fiscalía, "se induce a error a la opinión pública cuando, infundadamente, se afirma que la responsabilidad del señor Lyons quedó reducida a una pena de 5 años y al pago de 4.000 millones de pesos".

En cuanto al acuerdo firmado, el ente aclaró que para cumplirlo y conservar los beneficios, Lyons tendrá que declarar sobre el cartel de la toga, especialmente en cuanto a los supuestos actos corruptos de los expresidentes de la Corte Suprema Francisco Ricaurte, Leonidas Bustos y Gustavo Malo, además de las actuaciones turbias del exfiscal Gustavo Moreno.

Sobre el desfalco a Córdoba, el exgobernador tendría que dar su testimonio contra un congresista activo, un gobernador, un secretario departamental y un abogado que hizo parte de ese concierto para delinquir.

El nivel de los personajes a los que puede delatar, precisamente, es la razón de que la Fiscalía busque la negociación con él a toda costa. Lyons, justamente, fue quien destapó el cartel de la toga, uno de los escándalos más grandes en la historia de la rama judicial colombiana, al prestarse para grabar sus conversaciones con el abogado Leonardo Pinilla, en las que se expusieron los detalles del corrupto entramado.

Por esa colaboración, la Fiscalía suspende la acción penal en 10 conductas que involucran a Lyons, que incluyen al cartel de la hemofilia, el del síndrome de Down, irregularidades en la educación departamental y también le frena el proceso por el asesinato de Jairo Zapa, el exdirector de regalías de Córdoba. La lista es larga pero también lo son las investigaciones contra el exgobernador, quien enfrentará más procesos ante la justicia colombiana, y también la gringa.

Esta discusión revela un debate de fondo en la rama judicial colombiana. Los expertos consultados coinciden en que la justicia que otorga beneficios a los delatores es necesaria en un país con un panorama criminal tan amplio y complejo. "De qué otra manera desarticular las bandas si no es con la delación. El Estado no puede investigar todo por su cuenta, está demostrado que es limitado", dijo Gloria Borrero, directora de la la Corporación Excelencia en la Justicia.

Sin embargo, para ella vale la pena revisar el código penal, incluso repensarlo integralmente, pues puede estar siendo muy benigno con los delincuentes. Algo similar cree el abogado y columnista Ramiro Bejarano: "Debe haber una legislación clara. Por ejemplo, que las personas devuelvan anticipadamente parte del objeto del delito (los recursos robados). La negociación con los delincuentes da resultados, pero no puede ser tan desigual para el Estado".

Por ahora, la primera condena contra Lyons se basa en la promesa de lo que puede contar. Si sus delaciones no llegan a ser eficaces, el acuerdo puede revocarse en el camino. Lo concreto es que con una pena de cinco años sobre la espalda, el ventilador de la corrupción asistirá este jueves, desde Miami y por teleconferencia, a la imputación de otros dos delitos, en los que intentará nuevamente negociar con la justicia.

LA MILLONARIA FORTUNA “ESCONDIDA” DE HUGO AGUILAR

La famosa foto que retrató al ex gobernador y coronel retirado de la Policía, Hugo Aguilar, en un lujoso vehículo convertible por las calles de Bucaramanga, puso en evidencia algo que la Fiscalía tenía confirmado, el ex mandatario, según los investigadores, mintió sobre sus bienes. 

En el rastreo la Fiscalía se encontró, como primera fase de la investigación, con 33 propiedades avaluadas en 15.000 millones de pesos, un suntuoso patrimonio que el ex mandatario no pudo justificar. 

Según los fiscales de extinción de dominio, Aguilar trató de esconder parte de esas propiedades a través de sus familiares y amigos cercanos, por eso terminaron capturados: su ex esposa Mónica María Barrera; su ex suegra, Socorro Carreño de Barrera y Yeison Albeiro Sáenz, una persona a quien la Fiscalía acusa de servir de testaferro. 

De acuerdo con los reportes el ex gobernador tendría bajo su propiedad: 

- Dos consultorios
- Seis oficinas
- Dos parqueaderos
- Dos casas
- Cuatro apartamentos
- Seis lotes
- Un depósito
- Cuatro predios rurales 

Las bienes, que suman además cuatro vehículos de alta gama, incluye el Porche que se convirtió en el retrato de su fortuna, pasarán a ser objeto de extinción de dominio porque en criterio de la Fiscalía fueron adquiridos con los recursos y ganancias de sus nexos con grupos paramilitares.

Tomada de: Caracol 

DECLARAN EXTINCIÓN DE DOMINIO A BIENES DE LA FAMILIA DE 'POPEYE' Y PABLO ESCOBAR

La Fiscalía ordenó la extinción del derecho de dominio sobre 16 bienes muebles e inmuebles que figuraban a nombre de familiares de alias Popeye, y de esposa de Pablo Emilio Escobar Gaviria.

El Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Extinción de Dominio de Antioquia, ordenó la extinción del derecho de dominio sobre 16 bienes muebles e inmuebles que figuraban a nombre de la mamá y una hermana de Jhon Jairo Velásquez Vásquez, alias Popeye, y de Victoria Eugenia Henao Vallejo, esposa del abatido jefe del Cartel de Medellín, Pablo Emilio Escobar Gaviria.

Entre los bienes afectados con la decisión judicial figuran un apartamento y una casa ubicada en el barrio El Poblado de Medellín, así como dos bodegas ubicadas en el barrio Cristo Rey y dos vehículos, uno de ellos de servicio público. Estas propiedades estaban en cabeza de Aura Ofelia Vásquez de Velásquez, madre de alias Popeye. 

Además, aparecen otra bodega ubicada en el barrio Guayabal de la capital antioqueña, a nombre de Luz Marina Velásquez Vásquez, hermana del jefe de sicarios del Cartel de Medellín, y una casa de 868 metros cuadrados que figuraba a nombre de Óscar Diego Jaramillo Fernández, exesposo de la anterior.

El fallo de primera instancia también afectó un terreno y dos locales comerciales de un establecimiento de grandes superficies conocido como Domo Centro Comercial, ubicado también en un exclusivo sector de El Poblado y cuya propietaria era la viuda de Escobar Gaviria. 

También se ordenó la extinción de dominio a un vehículo Mercedes Benz modelo 1977, de placas LX 1865 de propiedad del desaparecido capo.

Noticia en desarrollo...

Tomada de: RCN

‘BRASIL RATIFICA AYUDA PARA COLOMBIA EN MATERIA DE DESMINADO HUMANITARIO’: MINDEFENSA

El ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, firmó junto a su homólogo, Raul Belens Jugmann, un acuerdo de entendimiento que corrobora la ayuda de Brasil para Colombia en materia de desminado humanitario.

“Tuvimos una reunión sobre seguridad muy importante donde se ratificó la ayuda de Brasil en materia de desminado. Este es un país que ha sido generoso, donando 12 millones de dólares en los últimos años, para los procesos de desminado en Colombia”, explicó el ministro Villegas, quien agregó que las Fuerzas Armadas brasileras van a enviar a Colombia a 15 oficiales para que entrenen con “nuestros hombres la labor de desminado”.

El Ministro de Defensa dijo que se espera que en 2021, Colombia se declare un país libre de minas antipersona.

Esta visita que se llevó a cabo en el Palacio de Itamaraty, en Brasilia (Brasil), contó con la asistencia de la canciller colombiana, María Ángela Holguín y su homólogo, Aloysio Nuenes Ferreira; y el ministro de Justicia y Seguridad Pública brasilero, Torquato Lorena Jardim.

Villegas manifestó que en la reunión bilateral también se habló de las experiencias en materia migratoria, haciendo referencia a la grave crisis con Venezuela y asimismo, cómo será el intercambio entre las dos naciones para la lucha contra el narcotráfico.

“Hablamos de tener una mayor interdicción de drogas en nuestros ríos, de poder perseguir con mayor contundencia la minería ilegal y poder reportar una muy buena relación, cooperación y diálogo político entre Brasil y Colombia”, manifestó.

El Ministro de Defensa concluyó con un reporte satisfactorio entre Brasil y Colombia, donde hay proyectos futuros que salvaguardan los intereses de las dos naciones.

DERECHO A LA CONSULTA PREVIA DE LA COMUNIDAD INDÍGENA YUKPA.

La Sala Cuarta de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los Magistrados Antonio José Lizarazo Ocampo, Gloria Stella Ortiz Delgado y José Fernando Reyes Cuartas, le ordenó al Gobierno nacional, hacer una evaluación de la ubicación y el funcionamiento del Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR) de La Paz, Cesar, que le permita tomar decisiones acerca de su modificación, supresión o prórroga, teniendo en cuenta las reclamaciones formuladas por los representantes de la comunidad indígena Yukpa, en relación con los posibles impactos negativos sobre sus derechos territoriales, de autogobierno y autodeterminación.

Además, precisó que en el evento de comprobar que el ETCR se encuentra ubicado en territorio ancestral Yukpa, se deberá realizar la consulta previa de dicha comunidad indígena respetando los estándares constitucionales e internacionales. Lo anterior, al concluir que se desconoce el derecho fundamental a la consulta previa de un pueblo indígena con ocasión de la transformación de una Zona Veredal Transitoria de Normalización (ZVTN), en Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR), en el marco de la implementación del Acuerdo Final, cuando se verifica que este espacio tiene incidencia en territorios ancestrales de una comunidad indígena que ha sido declarada como una etnia amenazada en su pervivencia física y cultural, y, pese a ello, no se adelanta la consulta previa de acuerdo con los estándares constitucionales e internacionales.