miércoles, 10 de febrero de 2016

Crisis en Rama Judicial continúa sin solución en Pasto


A pesar de la visita que se tuvo en el Distrito Judicial de Pasto, jurisdicción Civil Familia, por parte del magistrado Édgar Sanabria, aún se continúa en asamblea permanente ante las difíciles condiciones en las que se encuentran los juzgados de la región y por cuanto el togado no planteó soluciones.

El delegado del Consejo Superior de la Judicatura llegó a la capital nariñense para verificar las condiciones reales de los juzgados civiles y de familia de la ciudad de Pasto y de esta manera llevar al órgano colegiado las propuestas que los servidores judiciales de este sector del país plantearon para superar la crisis en la administración de justicia.

El cese de actividades, que ya cumple un poco más de tres semanas, afecta gravemente a la ciudadanía pues sólo se están atendiendo los servicios esenciales como acciones constitucionales de tutela y de Hábeas Corpus; así mismo el pago de títulos judiciales por concepto de alimentos pero dejando a un lado el trámite de procesos ordinarios.

Según el miembro de la Junta Directiva de la Asociación de Servidores Judiciales del Sur “Asojusur S. I.”, Freddy Aníbal Díaz Delgado, no se puede establecer un número exacto de usuarios afectados con la problemática del sector justicia en Nariño pero sí se puede evidenciar el grave perjuicio que se le está ocasionando a la ciudadaníacuando quiera que por la imprevisión de Consejo Superior de la Judicatura y del Gobierno Nacional, los servidores judiciales no pueden cumplir su función de impartir justicia dejando la resolución de los procesos en vilo.


‘’Seguimos en cese de actividades. De acuerdo a la decisión tomada en horas de la tarde de ayer, para el hoy se llevará a cabo una asamblea extraordinaria de los afiliados a Asojusur S. I., a fin de tomar decisiones después de escuchar los planteamientos del magistrado Sanabria.
De cualquier manera, la ciudadanía conoce que estamos haciendo “plantones” entre las 8 y las 9 a.m. y de 2 a 3 p.m. con el objetivo de manifestar nuestra inconformidad con las decisiones tomadas por el Consejo Superior de la Judicatura y con él ánimo también de que la comunidad de Pasto conozca de las problemáticas que se tienen en el Distrito que, en últimas, afectan es a los usuarios de la administración de justicia’’, indicó Freddy Aníbal Díaz.

A última hora, Freddy Aníbal Díaz Delgado ha informado que el día de ayer, la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pasto profirió fallo dentro de la acción de tutela interpuesta por los Señores Jueces Civiles del Circuito de Pasto y coadyuvada por funcionarios y empleados de la Rama Judicial en el que, después de tutelar el derecho fundamental al trabajo en condiciones dignas de los judiciales como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, se suspende los efectos del Acuerdo No. PSAA15-10392 que es el acto administrativo que puso en marcha el sistema de juzgamiento oral en este Distrito Judicial.

Odisea en Pasto

La altísima congestión que existe en los juzgados civiles municipales de Pasto a raíz de la terminación de las medidas de descongestión por parte de la Sala Administrativa del Consejo Superior ha generado que 16 mil procesos que se encontraban en los juzgados de descongestión y centro de acopio regresaran a los 6 juzgados civiles municipales de Pasto, una situación que según se afirma es insostenible y que hace aún más difícil pensar en la posibilidad de acoger el sistema de juzgamiento oral bajo las prescripciones del Código General del Proceso.

La crisis podría ser resuelta siempre y cuando se aplique un plan de descongestión, se garantice la construcción y adecuación de la salas de audiencia y se capacite en buena medida a los funcionarios y empleados de la Rama Judicial en Pasto. En lo referente a la descongestión, los judiciales han planteado que una posible solución, entre otras, podría ser que los juzgados promiscuos municipales que tengan menor carga laboral asuman parte de la carga que en este momento congestiona a los jueces civiles de Pasto y así puedan evacuarse los 16 mil procesos que se tienen en Pasto pero que esta es una decisión que también está en manos del Consejo Superior de la Judicatura

martes, 9 de febrero de 2016


Exmagistrado quiso revivir la reforma judicial para volver a las cortes

William Giraldo pretendía que el Consejo de Estado obligara al presidente a promulgar un acto legislativo para volver a la magistratura.


 William Giraldo el día de se posesión en mayo del 2009. Lo hizo ante el entonces presidente Álvaro Uribe. Foto: Presidencia
















La reforma judicial, en la que se acusa a algunos congresistas de buscar un salvavidas a sus líos jurídicos, sigue rondando a la administración Santos. Un exmagistrado del Consejo de Estado que anhelaba volver a esa institución buscó revivirla a través de una acción de tutela.
Con ponencia del conjuez Jesús María Lemos, la Sección Segunda de la corporación contenciosa rechazó una acción de amparo por medio de la cual el exmagistrado William Giraldo pretendía retornar a ese tribunal, a pesar de haber sobrepasado la edad de retiro forzoso.
Su intención era revivir la fallida reforma a la justicia, entre otras cosas, porque esta ampliaba el tope de longevidad de los miembros de las altas cortes.
El nombre del togado evoca la enconada discusión que han mantenido los miembros de estos tribunales por la aplicación de la norma que obliga a los servidores estatales a retirarse al cumplir 65 años.
La norma se produjo antes de 1991. Por eso, la Corte Constitucional sostiene que sólo es aplicable a los magistrados del Consejo de Estado y la Corte Suprema de Justicia –que son las instituciones que nacieron antes de la actual Carta Política– y no a la Corte Constitucional y al Consejo Superior –que vieron la luz con nuestro vigente texto constitucional–. En momentos en que William Giraldo estaba próximo a ser apartado de la magistratura por haber cumplido la edad de retiro, el Congreso estaba por aprobar una reforma a la justicia que elevaba a los 70 años el rango de edad máximo para ejercer funciones en las altas cortes.
En su momento, esa decisión política para reestructurar la justicia le sirvió a Giraldo para seguir siendo consejero de Estado. Lo hizo gracias a una acción de tutela del Consejo Superior, en la que se planteó que ante la inminencia de la entrada en vigencia de una nueva norma de retiro forzoso, el togado tenía derecho a seguir siendo magistrado.
Al final, todas las herramientas jurídicas que le permitían a William Giraldo seguir ejerciendo se cayeron, lo que lo obligó a abandonar su puesto en el Palacio de Justicia. El presidente decidió objetar la reforma y convocó a sesiones legislativas extras para hundir el acto legislativo. Además, la Corte Constitucional revocó el fallo que mantenía al jurista en la magistratura y lo forzó a dar un paso al costado.
El abogado nunca se rindió y por eso interpuso una acción de tutela ante el Consejo de Estado. Buscaba –ni más ni menos– que la corporación obligara al presidente Juan Manuel Santos a promulgar la reforma a la justicia. Por esa vía pretendía ser reintegrado a las altas cortes y recibir todos los salarios que dejó de percibir desde febrero del 2013 (descontando lo recibido por el pago de su mesada), cuando fue marginado.
Para Giraldo, era claro que si la convocatoria a los debates legislativos en los que fue archivada la reforma a la justicia fueron anulados, se debía obligar al jefe de Estado a promulgar el controvertido proyecto. Para probarlo, utilizó un fallo del propio Consejo de Estado que, años después de la fallida reforma, declaró ilegal la convocatoria a extras.
La sala de conjueces que resolvió la tutela dijo que no. Para ellos, no resulta lógico que el exmagistrado estuviera sufriendo la violación sus derechos fundamentales y, no obstante ello, hubiera esperado tres años para interponer la acción de tutela.

Además, aclaró que la decisión de ese organismo judicial de anular la convocatoria a los debates que enterraron la reforma no le daba vida a ese acto legislativo.
Así las cosas, el Consejo de Estado rechazó la tutela y le negó a Giraldo el reintegro y el derecho a los salarios que ha dejado de percibir desde su vinculación.

Procurador pide tumbar fallo que creó protocolos para atención de víctimas de la violencia sexual


El procurador General, Alejandro Ordóñez Maldonado presentó un recurso de nulidad en contra de la sentencia C-754 de 2015 que le ordenó al Ministerio de Salud la creación de un protocolo para atender a las víctimas de la violencia sexual. 
En el recurso presentado por el jefe del Ministerio Público se indica que las EPS y los hospitales privados pueden objetar la práctica de los procedimientos establecidos por el alto tribunal, entre los que se encuentran el aborto, atención integral y prueba del VIH, entre otros.
Es decir, más allá de la objeción de conciencia que presenten los profesionales de la salud, la Entidad como tal puede negarse a practicar todos o algunos puntos del protocolo. Ante esto se señala que pueden presentar, según sus ideales, decidir qué puntos aplica o cuáles no.
En el fallo emitido el pasado 11 de diciembre la Sala Plena de la Corte Constitucional determinó que las Empresas Prestadoras de Salud (EPS) tienen la obligación de adoptar los protocolos emitidos por el Ministerio de Salud para la atención y protección de las mujeres que han sido víctimas de algún tipo de violencia sexual.
El alto tribunal tumbó parcialmente el artículo 23 de la ley 1719 de 2014 indicando que no es una facultad sino una obligación de las EPS otorgar una atención integral, prioritaria y gratuita a estas víctimas. La Corte consideró que la revisión de los protocolos es tarea del Ministerio anteriormente citado.
El Protocolo y el Modelo de Atención Integral de Salud para las Víctimas de la Violencia Sexual contempla los procedimientos de interrupción voluntaria del embarazo, así como la asesoría de la mujer para continuar o interrumpir voluntariamente su embarazo.
La Corporación señaló que las EPS deben reportar al Ministerio de Salud y las diferentes direcciones departamentales y municipales los casos deinterrupción voluntaria del embarazo que se practiquen en los casos de violencia sexual.
Igualmente se establece que los casos atendidos con este protocolo se deben realizar ante el Registro Individual de Prestación de Servicios de Salud (RIPS). Además de informe a las respectivas autoridades para que sea el encargado de determinar si existe una punibilidad o no.  

Denuncian ante CIDH la falta de segunda instancia para aforados en Colombia

La exparlamentaria colombiana Lucero Cortés denunció hoy ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la falta de segunda instancia para aforados en Colombia, un derecho al que, asegura, no pudieron acceder unas 280 personas condenadas en la última década en el país.

Washington, 8 feb (EFE).- La exparlamentaria colombiana Lucero Cortés denunció hoy ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la falta de segunda instancia para aforados en Colombia, un derecho al que, asegura, no pudieron acceder unas 280 personas condenadas en la última década en el país.
"Estamos a punto de firmar una paz de perdón y olvido con las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia), los guerrilleros van a poder presentarse para cargos electos, mientras que muchas personas como yo, que ya han pagado sus condenas, no podemos volver a aspirar a un cargo electo", explicó Cortés a Efe en Washington.
Cortés, representante en la Cámara entre 2006 y 2011 por el Partido de la U (Unidad Nacional), acaba de cumplir una condena de cinco años de prisión domiciliaria por tráfico de influencias, un delito del que ella insiste en su inocencia.
La exparlamentaria, que trabajaba en comunicación antes de entrar en la política, presentó hoy ante la CIDH una demanda contra Colombia por la falta de segunda instancia para los aforados con el objetivo de que se reforme este punto en la Constitución colombiana.
Cortés pidió también medidas cautelares para poder volver a presentarse a un cargo electo, algo que le gustaría hacer de cara a las elecciones legislativas de 2018.
"Cuando se firme la paz, los exguerrilleros sobre los que pesan duras condenas por homicidios y violaciones van a poder ser congresistas, mientras que muchas personas inocentes como Cortés no van a poder volver nunca a la política", dijo a Efe el abogado Víctor Mosquera, que representa al Centro Democrático, el partido del expresidente colombiano Álvaro Uribe, a nivel internacional.
Según el letrado, que acompaña a Cortés en este caso, la mayoría de las 280 personas a las que se les negó la segunda instancia en Colombia en la última década por su condición de aforados enfrentaban delitos de corrupción que, asegura, en algunos casos respondían a venganzas personales o represalias políticas.
"Hemos visto a la CIDH muy receptiva con este caso y esperamos que se le dé prioridad al tratarse de una vulneración de los derechos humanos", sostuvo Mosquera.
El derecho a "recurrir el fallo ante un tribunal o juez superior" está previsto en el artículo 8.2 de la Convención Americana de Derechos Humanos.
La CIDH es un organismo autónomo de la Organización de Estados Americanos (OEA), con sede en Washington. EFE

Por acoso laboral, Asonal Judicial adelantará plantones en todo el país



En oposición a una serie de determinaciones que han sido tomadas desde la Fiscalía General de la Nación, los trabajadores de la rama judicial adelantarán este miércoles a partir de las 10 de la mañana un plantón con el que pretenden denunciar acosos a funcionarios del ente acusador con más de 20 años de servicio.
Según Freddy Machado, presidente de Asonal Judicial, empleados y funcionarios de la Fiscalía y del Cuerpo Técnico de Investigaciones- CTI- que llevan más de dos décadas al servicio de la institución, han sido trasladados a sitios distantes de la geografía nacional, lo que se considera como una solicitud indirecta para que abandonen el cargo.
“Este es un plantón denuncia, debido a que finalizando el periodo de este fiscal todos los compañeros que tienen más de 20 años y otras personas han sido trasladadas a sitios o regiones de la geografía nacional como Chocó, La Guajira, es decir, intercambios que básicamente son pedirle la renuncia al funcionario para que deje el cargo. Y muchas personas están atormentadas, quizás como buscando la vacancia de esos puestos para después nombrar a personas del interés de la actual administración”, explicó Machado.
El sindicalista crítico también la forma como la Fiscalía ha manejado los procesos de “priorización y contextualización”.
Según el funcionario de la judicatura, “700 procesos por hurtos de celulares se han unificado en una misma cuerda y con el argumento de que no se cuenta con los elementos de juicio suficientes, se ordena la preclusión de estos procesos, entonces se ordena que se archive un proceso, no los 700, para, presuntamente, no revelar los verdaderos índices de la criminalidad en Colombia”.
Según el presidente de Asonal, lo que se esconde detrás de estas decisiones de la Fiscalía es una campaña del hoy vicefiscal Jorge Fernando Perdomo para “tener ventajas en las elecciones de Fiscal General encargado, a la salida de Eduardo Montealegre del cargo”.

lunes, 8 de febrero de 2016

Los 13 pereiranos presos que anhelan ser repatriados de China

Debido a largas jornadas de trabajo y a los maltratos a los que son sometidos, los connacionales están sufriendo graves problemas de salud, según la Defensoría.

El trabajo es mucho. Todos los días desde las 6:00 a. m. hasta las 6:00 p. m., a 13 pereiranos, que están presos en China por narcotráfico les toca elaborar zapatillas y auriculares sin tener descanso.
Ese no es el mayor problema. A las extenuantes jornadas laborales hay que sumarles los maltratos que reciben diariamente y que han sido denunciados por sus familiares a la Defensoría del Pueblo.
A uno de ellos, según manifestaron, le pusieron una bolsa plástica en la cabeza para asfixiarlo y torturarlo con descargas eléctricas y golpes. Maltratos que, evidentemente, violan sus derechos humanos.
Las condiciones en que trabajan y las agresiones han hecho que estos connacionales sufran, según la Defensoría, problemas arteriales, de riñones, de columna y en sus extremidades. Otro de ellos, que desde niño tenía problemas de visión, se está quedando ciego y no ha recibido la atención médica necesaria.
Y mientras ellos viven su calvario en el país asiático, sus familiares en Risaralda piden ayuda a las autoridades colombianas para que revisen los procesos judiciales de los detenidos y puedan ser repatriados a Colombia, como sucederá con Sara María Galeano, otra pereirana presa en China que regresará al país por su grave estado de salud. 
La Defensoría del Pueblo ha liderado el tema y, según informó, envió información de los últimos hechos ocurridos a la Cancillería y al Ministerio de Justicia, para que sean ellos quienes revisen los procesos judiciales y pidan el respeto a los derechos humanos de los colombianos.
Sin embargo, fuentes de la Cancillería aseguraron a Semana.com que, hasta este jueves, no ha llegado ningún informe por parte del órgano defensor. Aún así, manifestaron, la gestión por los colombianos presos en China viene desde hace años y continuarán en ello. 
Que las autoridades revisen los casos es indispensable para establecer si hubo o no violación al debido proceso, pues –de acuerdo con la Defensoría- los pereiranos fueron juzgados en el idioma mandarín y no en español, sin tener un traductor presente.
Ellos hacen parte de un grupo de alrededor de 56 connacionales que se encuentran privados de la libertad en el país asiático, según los consulados nacionales en China.

El espaldarazo de la Procuraduría al coronel (r) Sánchez Rubiano


El Ministerio Público también apeló la condena que se impuso al mayor (r) Óscar William Vásquez por la desaparición de civiles del Palacio de Justicia y pidió su absolución.

La Procuraduría demostró una vez más que no está dispuesta a quedarse cruzada de brazos ante las condenas que se han impuesto a los militares que participaron en la recuperación del Palacio de Justicia tras el asalto que protagonizó el M-19 en 1985. Esta vez, pidió que se revoque la condena a 40 años de prisión que se le impuso al coronel (r) Edilberto Sánchez Rubiano.

El Ministerio Público le pidió al Tribunal Superior de Bogotá que absuelva a este oficial retirado y a su exsubalterno Óscar William Vásquez. Ambos fueron considerados copartícipes de la desaparición de los civiles Carlos Augusto Rodríguez y Bernardo Beltrán Hernández. Al mayor (r) se le adjudicó también la desaparición de la guerrillera Irma Franco.
El coronel (r) Edilberto Sánchez Rubiano comandaba el B-2 de la Brigada 13 del Ejército en 1985. De ahí que participara en las tareas de inteligencia desarrolladas en el operativo de recuperación del Palacio de Justicia.
Dado que su tarea y la de sus hombres era tratar de identificar a quienes se considerara sospechosos de haber colaborado con los insurgentes, fue acusado de participar en los casos de desaparición forzada, junto a varios de sus exsubordinados, entre ellos el mayor (r) Óscar William Vásquez.
Tras casi ocho años de juicio, los oficiales fueron hallados responsables de estas conductas. Un juez de Bogotá los condenó a 40 años de cárcel. Para el operador judicial, fue crucial su papel en la identificación de las personas que supuestamente fueron trasladadas a guarniciones militares donde, se dice, fueron torturadas y desaparecidas.
Para la Procuraduría, no existe certeza de que los oficiales (r) hayan cometido los delitos. Según el escrito en el que apela la sentencia, no es claro que el coronel (r) Edilberto Sánchez Rubiano haya recibido órdenes concretas de desaparición. A su juicio, es dudable que en los diálogos entre el condenado y el coronel (r) Luis Carlos Sadovnick (jefe del Estado mayor conjunto) se hubiera escondido ese tipo de directriz.
Mientras el juzgado considera que el testimonio de los estudiantes Eduardo Matson y Yolanda Santodomingo compromete al Ejército y a sus cuerpos de inteligencia, la Procuraduría lo niega. Dice que si estas supuestas víctimas de tortura dijeron haber sido trasladadas a estamentos policiales en automóviles de esa misma institución, no se explica por qué responsabilizar al Ejército.
"Las anteriores declaraciones, lejos de comprometer la responsabilidad de los procesados, demuestran que las personas fueron trasladadas a estaciones de la Policía Nacional en carros de la Policía y por miembros de dicha institución. Entonces, ¿cómo llegar a la conclusión de que los presuntos desaparecidos fueron desaparecidos necesariamente en la Escuela de Caballería y por miembros necesariamente del Ejército Nacional?", se pregunta la Procuraduría.
Frente al caso del mayor (r) Vásquez, la Procuraduría señala otras inconsistencias. Advirtió que si parece darse por sentado que las desapariciones se dieron en la Escuela de Caballería, no se entiende por qué atribuirle la conducta delictiva por sus actuaciones dentro de la Casa del Florero.
En consecuencia, el organismo de control no se explica cómo el juez le reprochó no haberse opuesto a las supuestas torturas que se produjeron en la Casa del Florero y al mismo tiempo considerar el hecho como una prueba de un ilícito que se produjo en otro lugar: el de la desaparición.
No es la primera vez que la Procuraduría se expresa en favor de los militares que han sido citados a los estrados judiciales por los excesos cometidos durante la toma del Palacio de Justicia. De hecho, su papel en la absolución del coronel (r) Luis Alfonso Plazas fue más decisivo que el de su propio defensor. Al menos así lo refleja la sentencia de la Corte Suprema.
Y, pese a las molestias que pueda despertar esta postura, nadie puede dudar que el Ministerio Público ha sido consistente y coherente. No se puede olvidar que aun cuando ha sido reiterativo en reconocer la ocurrencia de casos de tortura y desaparición forzada, ha expresado que no hay cómo demostrar qué personas fueron las responsables.Enviado desde mi smartphone Samsung Galaxy.