La declaración que hizo el vicefiscal de la Corte Penal Internacional, James Stewart, en la OEA alentó la discusión sobre el punto de víctimas que se selló en La Habana. ¿Cuál es el alcance que tiene el organismo en el proceso de paz?
James Stewart, vicefiscal de la Corte Penal Internacional. Foto: Archivo SEMANA
Cuando parecía que ya los ánimos se habían calmado por cuenta del acuerdo de justicia que pactaron el Gobierno y las FARC, una declaración que hizo el vicefiscal de la Corte Penal Internacional, James Stewart, alborotó nuevamente el avispero.
“La oficina del Fiscal tiene que quedar satisfecha de que la lucha para acabar con la impunidad en los crímenes más serios se está librando de manera legítima. En lo que respecta a Colombia, la pregunta será si las sentencias impuestas en el contexto del proceso de justicia transicional han servido a este propósito en lo que se refiere a los crímenes más graves”, dijo el jurista.
Durante su intervención en un foro de la OEA, Stewart resaltó los esfuerzos que hace el Gobierno por fijar un acuerdo que cumpla los estándares internacionales de justicia, deje a las víctimas satisfechas y que al mismo tiempo acepten las FARC.
“El proceso de paz es de un gran significado y esperamos que su final sea exitoso. Sin embargo, es un proceso que también debe contemplar asuntos de responsabilidad para quienes cometieron los crímenes de guerra y lesa humanidad”, agregó.
Para terminar de levantar ampollas, durante un encuentro con los militares en retiro, el principal asesor jurídico de las FARC, Enrique Santiago, “van a reconocer lo que es obvio y aburrido” (...) “todo podrá ser amnistiable” salvo los delitos que los tratados y acuerdos internacionales prohíban.
La advertencia que lanzó el vicefiscal de la CPI prendió una vez más los ánimos entre Ordóñez y al ministro de Justicia, Yesid Reyes. Mientras el primero alegaba que el Gobierno está tratando de hacerse el de las gafas con las exigencias del organismo respecto a la proporcionalidad de la pena, el jefe de la cartera respondió que el procurador había malinterpretado la advertencia que hizo Stewart.
El procurador Alejandro Ordóñez fue uno de los primeros en salir al ruedo. Para el jefe del Ministerio Público el Gobierno está desconociendo las exigencias de proporcionalidad de la pena para guerrilleros desmovilizados.
Y es que la Corte siempre ha dado de qué hablar en Colombia. Desde cuando el país ratificó su competencia, hace más de diez años, ese organismo internacional se ha convertido en el verdadero ‘coco‘ de los procesos de negociación con la guerrilla.
Sin embargo, hasta ahora ese no ha sido el caso. La única que había tomado la vocería fue la fiscal general de la CPI, Fatou Bensouda, quien explicó que "revisarían en detalle y analizarían cuidadosamente las disposiciones acordadas como parte de su continuo examen preliminar sobre la situación".
El mensaje de James Stewart este miércoles, tampoco fue comprometedor. Se trata de una visión preliminar que no alerta al Ejecutivo ni pone a patinar las disposiciones acordadas entre el Gobierno y las FARC para la creación de una Jurisdicción Especial para la Paz en Colombia.
“Son declaraciones importantes. Lo que hace la CPI es recordar cuáles son las reglas del juego internacional a las que se tiene que ajustar el proceso de paz. Lo están haciendo porque saben perfectamente que el acuerdo de justicia transicional es parcial. Simplemente esperan que en la versión final haya una concordancia entre los compromisos internacionales y el acuerdo de justicia”, le dijo a Semana.com la analista y panelista de Blu Radio, Sandra Borda.
En esa orilla también se para Raúl Eduardo Sánchez, jurista de la barra de abogados de la CPI, para quien la intervención del vicefiscal en la OEA no fue más que un mensaje "práctico". La Corte no deja pasar de agache la situación, pero la observa desde la tribuna y sus voceros hacen las advertencia necesarias. “No se van a meter por una sencilla razón: ellos sólo se involucran cuando el Estado o no pueda o no quiere investigar”, explicó.
La palabra final se conocerá una vez los acuerdos se lleven a la práctica, porque la Corte opera solamente cuando la justicia de un país no funciona, sea por incapacidad o por falta de voluntad. Apenas en un hipotético caso en el que el país no tenga una buena administración de justicia en la que “los jueces se vayan a paro once de los doce meses del año, las investigaciones no avancen, la Fiscalía no funcione”, dice Sánchez, entraría a intervenir el organismo.
Es decir, cuando las reglas de juego que finalmente pactaron el Gobierno y las FARC sean aceptadas e incorporadas dentro del ordenamiento institucional y se apliquen en terreno el organismo empezará a fijarse con mayor detenimiento en qué va a pasar. "Hasta que ellos no vean realmente cómo se va llevar a la práctica no se van a meter”, dice Sánchez. En ese sentido, Sandra Borda asegura que "si ellos piensan que esas normas están en contradicción con las internacionales de derechos humanos sí podrían buscar una intervención de la CPI".
Muchos expertos en justicia internacional ven poco probable que la Corte decida, como se ha especulado, meterle el diente a este país. En la teoría el caso colombiano sería difícil. Solo hay tres formas de que un Estado pueda ser analizado en ese tribunal: el primero es que este remita su problema como lo han hecho Uganda, la República Democrática de Congo, la República Centroafricana y Mali. Esta vía es casi imposible porque de alguna manera sería el equivalente a reconocer que Colombia es un Estado fallido donde la Justicia no funciona.
La segunda vía es que el Consejo de Seguridad de la ONU lo remita. O en tercera medida que civiles se organicen para demandar la aplicación de la norma porque ven que no se les está garantizando la defensa de los derechos y que hay impunidad. En un panorama como ese pueden pedirle a la Corte que empiece oficialmente una investigación. La fiscal del caso evalúa las denuncias y decide si el tribunal abre o no una investigación.
Las declaraciones hasta ahora son preventivas, evitando que las partes no se salgan del margen de error contemplado en el propio Estatuto de Roma, que le da jurisdicción a la CPI.
