EXISTE LIBERTAD PROBATORIA PARA ACREDITAR LA CONDICIÓN DE INVALIDEZ

La Sala Laboral de la Corte Suprema reiteró que si bien para acceder a determinadas prestaciones sociales del sistema general de seguridad social en pensiones y riesgos laborales, en principio, se requiere del dictamen de la junta de calificación de invalidez (JCI), en otros eventos en los que hay protección reforzada a la estabilidad laboral del trabajador, como la estatuida en el artículo 26 de la Ley 361 de 1997, existe libertad probatoria para acreditar la condición que genera la protección. (Lea: Sala Laboral se aparta de su jurisprudencia y reconoce pensión de invalidez a trabajador de régimen exceptuado)

El alto tribunal señaló que tanto el carné de que trata el artículo 5º de la Ley 361, como el dictamen pericial de las JCI son algunos de los medios de prueba, no solemnes, con los cuales se puede acreditar el grado de la limitación física, psíquica y sensorial; así mismo, en algunos casos, según la patología, el juez solo podrá verificar tal supuesto de hecho con los dictámenes de las JCI y en otros existe libertad probatoria.

Sobre la protección especial de que trata el artículo 26 de la Ley 361 de 1997, la sentencia recordó que no es suficiente por sí solo el quebrantamiento de la salud de la trabajadora o el encontrarse en incapacidad médica para merecerla, pues debe acreditarse que el asalariado al menos tenga una limitación física, psíquica o sensorial y con el carácter de moderada, esto es, que se enmarque dentro de los porcentajes de pérdida de la capacidad laboral igual o superior al 15%.

Además, agregó, el estado de salud debe ser de conocimiento del empleador, pues la sola circunstancia de que el trabajador se encuentre incapacitado para el momento de la ruptura del contrato de trabajo no acredita que tenga una limitación física y dentro de los porcentajes anteriormente mencionados, requiriéndose por tanto de una prueba científica como sería el respectivo dictamen o calificación

FISCALÍA ADVIERTE SOBRE CORREOS FRAUDULENTOS CON CITACIONES JUDICIALES

A través de un comunicado publicado por la Fiscalía General de la Nación en el cual alerta a los ciudadanos y a la comunidad jurídica para que eviten caer en el engaño provocado por correos electrónicos supuestamente remitidos por la entidad. 

Desde un supuesto correo denominado citaciones@fiscalia.gov.co se están realizando citaciones a audiencias, entre otras notificaciones de carácter judicial, que además de no corresponder con la realidad ponen en riesgo la seguridad de la información y la funcionalidad de los equipos electrónicos.

El ente investigador reiteró que este tipo de comunicaciones no hace parte de los protocolos institucionales dentro del proceso penal, por lo que solicita tener en cuenta las siguientes recomendaciones:

• No hacer clic en los enlaces indicados dentro de estos correos electrónicos.

• No responder mensajes que requieran información personal o financiera.

• No descargar archivos adjuntos de remitentes desconocidos.

LAS GRAVES DEFICIENCIAS DE LA LEY DE VICTIMAS.

En reunión de seguimiento, Procuraduría General de la Nación, Contraloría General de la República, Defensoría del Pueblo y representantes de las víctimas precisaron que la Ley se quedó corta en cuanto a las metas trazadoras para la atención, asistencia y reparación de las víctimas porque persiste una desfinanciación.

La Comisión señaló que no hay una clara conexión entre las necesidades de las víctimas y la oferta institucional de generación de ingresos y empleo.

Finalmente, el organismo aseguró que las entidades territoriales todavía no muestran un compromiso serio con las víctimas, por lo que hicieron un llamado al cumplimiento de sus obligaciones legales y así impulsar los cambios sociales que en materia de víctimas requiere el país.

ADVIERTEN QUE RAMA JUDICIAL TENDRÁ UNA REDUCCIÓN DE PRESUPUESTO EN 2017

La Presidenta del Consejo Superior de la Judicatura doctora Gloria Stella López Jaramillo denunció en el Congreso de la República la reducción del Presupuesto General de la Rama Judicial en un billón de pesos para el año 2017 teniendo en cuenta el proyecto presentado por el gobierno a las cámaras legislativas que lo sitúa en el mismo guarismo de este año.

Ante una invitación hecha por la Comisión Primera del Senado de la República, la magistrada López Jaramillo, explicó que el anteproyecto presentado por el Consejo Superior de la Judicatura al gobierno nacional afora en 4 billones 192 mil millones de pesos las inversiones y gastos de funcionamiento de la Rama de la Judicial, pero el gobierno registró 3 billones 200 mil millones de pesos dejando exactamente igual el presupuesto de este año al de la vigencia entrante.

Dijo que hoy el Consejo Superior de la Judicatura ocupa una serie de inmuebles en arriendos que generan un gasto superior a los 70 mil millones de pesos y se pretendía adquirir bienes inmuebles que ingresaran a la propiedad de la Rama Judicial.

PRIMERA CUMBRE NACIONAL DE LA RAMA JUDICIAL

El próximo lunes 22 de agosto se realizará "Primera Cumbre Nacional de la Rama Judicial: Una reflexión colectiva para la transformación de la justicia". Con el fin de evaluar los desafíos del poder judicial en el siglo XXI, los problemas, alternativas de solución, los principios de la función, el perfil del juez y su rol en el proceso de paz.

El encuentro reúne a representantes de las altas cortes de justicia, jurisdicciones ordinaria y contencioso administrativa y organizaciones gremiales y sindicales, quienes presentarán propuestas, inquietudes, sugerencias y preocupaciones frente al sistema judicial.

Entre las temáticas a tratar se encuentran los problemas cotidianos y estructurales de la justicia, propuestas y alternativas de solución a corto, mediano y largo plazo.

ESTOS SON LOS NUEVOS FISCALES DELEGADOS ANTE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

El fiscal general presentó a los nuevos funcionarios de la Unidad de Fiscales Delegados ante la Corte Suprema, quienes reactivarán más de 1400 procesos contra aforados y ellos son:

Jaime Camacho Florez: abogado de la universidad Externado, especializado en ciencias penales y criminológicas con doctorado en derecho Universidad Alfonso X de España.

Luz Mabel Parra: abogada de la Universidad Libre, se desempeñaba como procuradora judicial en las unidades de la lucha contra la corrupción, de activos antinarcóticos, terrorismo, derechos humanos y derecho internacional humanitario. 

Jorge Hernán Díaz: abogado de la Universidad Católica de Colombia con maestría en ciencias penales y Criminológicas de la universidad Externado, magistrado auxiliar de la sala de casación penal de la Corte Suprema de Justicia y procurador judicial.

Jorge Velásquez Niño: cuenta con más de 37 años el servicio de la justicia penal y la rama judicial, fue magistrado de la sala casación penal de la Corte Suprema de Justicia, de la sala disciplinaria del Consejo seccional de la judicatura, fiscal delegado del tribunal y profesor de derecho penal.

Sandra Patricia Ramírez: cuenta con 22 años de experiencia en la Fiscalía General de la nación, destacada como la mejor fiscal auxiliar de los delegados ante la Corte Suprema justicia, es abogada egresada de la Universidad Santo Tomás, especialista en derecho penal, derecho financiero y cursos de maestría en derecho penal de la universidad externado.

CORTE CONSTITUCIONAL TENDRÁ CINCO RELEVOS EN POCOS MESES

Aunque los ojos del país han estado enfocados en elecciones como la ya realizada de Fiscal General y las que vienen de Defensor y Procurador, otros cinco cargos claves para la justicia están a meses de cambiar de dueño, el próximo año terminarán su periodo de ocho años la actual presidenta del alto tribunal, María Victoria Calle, y los magistrados Luis Ernesto Vargas, Jorge Iván Palacio, Gabriel Eduardo Mendoza y Jorge Ignacio Pretelt.

Vargas, Palacio y Mendoza terminan el periodo en febrero del 2017, y en abril saldrá Calle y termina el periodo de Pretelt. Fuentes aseguran que, en caso de que Pretelt quede suspendido del cargo, podría reemplazarlo como encargada la exmagistrada auxiliar de la Corte, Catalina Botero

César Rodríguez, director de Dejusticia y quien destaca decisiones de la actual Corte que han mantenido la “Constitución ecológica”, velando por los derechos de la salud, de los presos, los desplazados y la justicia transicional, afirma que la renovación de la Corte no implica que vaya a darse un cambio en la tendencia de los fallos. Esto porque “la posición progresista no es de los jueces sino que es la letra y el espíritu de la Constitución del 91, y los magistrados lo que deben hacer es aplicarla”.

Igualmente indica que la transformación de la Corte puede ser una oportunidad “para reforzar el principio de que a ese alto tribunal solo lleguen personas con altas calidades jurídicas y personales”. Sin embargo, indica que el riesgo es que los encargados de nominar a los nuevos magistrados “vean esto como una especie de oportunidad para influir en la composición de la Corte, de tal manera que primen razones personales de alineación partidista, o cercanía personal con sectores del Gobierno”.

La nueva Corte dependerá de los nominadores para ocupar las sillas que quedan libres. Así, las ternas para reemplazar a Calle y a Pretelt tendrán que ser enviadas por el presidente Santos. La silla de Gabriel Eduardo Mendoza dependerá de la terna que envíe el Consejo de Estado, mientras que la Corte Suprema podrá ternar a los candidatos para ocupar las vacantes de Vargas y Palacio