CORTE CONSTITUCIONAL ESTUDIA DEMANDA PARA QUE LOS COLOMBIANOS SE CAMBIEN EL NOMBRE MÁS DE UNA VEZ.

La Corte Constitucional está adelantando el análisis jurídico de una demanda interpuesta por varias personas, que buscan que los colombianos puedan cambiarse el nombre en la Registraduría las veces que quiera.

Dentro de la demanda se advierte que con la restricción de la norma actual se estarían vulnerando derechos fundamentales al libre desarrollo de la personalidad y a la identidad de los colombianos y por lo tanto debería cambiarse lo estipulado.

Lo que trascendió es que este análisis lo está desarrollando el magistrado Alejandro Linares, quien también tiene en cuenta el concepto de la Procuraduría General de la Nación que advierte que el límite establecido, por una sola vez, está acorde con lo necesario.

La Procuraduría en su concepto advierte que si bien la Corte Constitucional ha emitido jurisprudencia al respecto para que los colombianos se puedan cambiar el nombre por segunda vez, en casos relacionados con la comunidad LBGTI, en el caso del interés general que pretende la demanda, es necesario que haya la intervención e interpretación de un juez de la República.

“Esto indica y corrobora la necesidad de la intervención de un funcionario judicial que, precisamente, tramite un proceso que, debe destacarse, no necesariamente ni idealmente debe ser la acción de tutela, sino un proceso ordinario que, como ya lo ha reconocido la propia Corte, no lesiona derechos fundamentales, toda vez que permite reformular la identidad del interesado pero protegiendo todos los intereses legítimos sobre el asunto”, señala el concepto.

La norma demandada es el Decreto Ley 1260 de 1970 en su artículo 94 que establece que “el propio inscrito podrá disponer, por una sola vez, mediante escritura pública, la modificación del registro, para sustituir, rectificar, corregir o adicionar su nombre, todo con el fin de fijar su identidad personal”.

LA PROCURADURÍA PROVINCIAL DE SINCELEJO CONMEMORÓ EL DÍA INTERNACIONAL DEL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

Con motivo de la conmemoración del Día Internacional de Acceso a la Información Pública, también conocido como Día Internacional del Derecho a Saber, la Procuraduría Provincial de Sincelejo realizó una intervención en la Corporación Universitaria del Caribe (Cecar) en la capital del departamento de Sucre.

La actividad se realizó con el fin de promover el conocimiento y comprensión de la Ley 1712 de 2014 de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública de la comunidad estudiantil. En el evento, la Procuraduría Provincial dispuso un espacio para difundir información relacionada con esta norma entre los asistentes.

En la intervención estuvieron presentes los funcionarios de la región quienes mostraron el interés de compartir con los universitarios y explicarles el derecho que tienen a conocer y acceder a la información pública.

ONU OFRECE COLABORAR CON MINJUSTICIA PARA PROMOVER LA RACIONALIZACIÓN DE LA PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD

Abierto a recibir toda la colaboración posible de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) para mejorar la situación de las cárceles en Colombia se mostró el Ministro de Justicia y del Derecho, Jorge Eduardo Londoño Ulloa, durante la visita que le hizo este jueves Piera Barzano, Consejera Técnica de la Sección de Justicia de ese organismo internacional.

La señora Barzano reiteró, como se lo había manifestado en días pasados a los viceministros de Promoción de la Justicia y Política Criminal, que el nivel que maneja Colombia en cuanto al diagnóstico de los problemas que aquejan a su sistema penitenciario es altísimo, y que así las cosas, lo que queda por hacer es identificar prioridades para poner en marcha proyectos de reinserción social en los centros carcelarios.

“El hacinamiento es tal vez el tema más complicado y más difícil de manejar, y está claro que no se va a solucionar solo construyendo cárceles. Esto es algo más del ámbito de la política criminal y por ello ofrecemos nuestra colaboración para que el Ministerio de Justicia presente proyectos de ley que permitan racionalizar la aplicación de la pena privativa de la libertad”, dijo al destacar la labor del Observatorio de Política Criminal, que “aporta cifras valiosas”.

La funcionaria añadió que otro de los problemas graves del sistema carcelario es el de las extorsiones que se hacen desde los centros de reclusión. “Urge identificar las vulnerabilidades de la seguridad penitenciaria y manejar una mejor inteligencia desde adentro”, puntualizó Barzano.

Por su parte, el Ministro Londoño, al agradecer el apoyo de la UNODC, manifestó que la cartera de Justicia trabaja en tres aspectos específicos: la construcción de una adecuada política criminal para combatir el hacinamiento y no tener que concentrarse solo en la construcción de cárceles; las leyes de Racionalización de la Detención Preventiva y del Procedimiento Penal Abreviado; y el trámite de la reforma al Código Penitenciario y Carcelario.

“Queremos cambiar el pensamiento que existe en Colombia de que la única solución para los problemas es la cárcel y la construcción de centros penitenciarios. Además, está claro que el aumento de las penas no soluciona nada”, explicó el alto funcionario.

CORTE ORDENA A EPS INDEMNIZAR A MUJER POR NO PRACTICARLE UN ABORTO CON SIETE MESES DE EMBARAZO

El fallo critica el mal procedimiento que se le dio al caso por parte de la Eps y ordena abstención para imponer obstáculos a los abortos en el país.

Con el argumento de que en el país no existen tiempos establecidos de gestación para practicar un aborto, la Corte Constitucional ordenó a la Eps Saludcoop pagar una indemnización por no practicar un procedimiento a una mujer con 28 semanas de gestación.

La Corte cuestionó el manejo que la Eps le dio al caso, pues la mujer se había acercado a las 20 semanas de gestación debido a que el feto fue diagnosticado con hidrocefalia, en ese momento la Eps le informó que era imposible remitirla a un centro especializado para realizar el procedimiento. “Saludcoop desconoció sus deberes mínimos para la atención de solicitudes de aborto y vulneró el derecho fundamental a la interrupción voluntaria del embarazo de la accionante”, señala la Corte.

La Corte ordena a las Eps abstenerse de imponer obstáculos a las mujeres que requieran procedimientos para interrumpir un embarazo y recuerda que en el país no existen tiempos establecidos durante el periodo de gestación para los abortos. A la Eps Saludcoop le ordena cubrir el total de los tratamientos médicos que necesite el bebé y al Icbf darle tratamiento a la mujer en caso de que quiera dar en adopción.

CONFIRMADA CONDENA A 43 AÑOS DE PRISIÓN POR DOBLE HOMICIDIO EN BOGOTÁ

La Corte Suprema de Justicia dejó en firme la condena a 43 años de prisión en contra de Germán Stick León Castaño y Jairo Humberto Latorre Correal quienes fueron encontrados responsables del concurso de delitos de homicidio agravado y porte de armas de fuego de defensa personal.

Los hechos ocurrieron el 28 de octubre de 2012, aproximadamente a la 1:30 de la madrugada,  en una vivienda del barrio Aguas Claras de Bogotá donde se celebraba una reunión familiar. Según la investigación los procesados dispararon indiscriminadamente contra las víctimas ocasionando la muerte de dos hombres y heridas a tres personas más, entre quienes se encontraba una mujer embarazada.

Al desestimar los argumentos esgrimidos en el recurso extraordinario de casación por la defensa, la Sala de Casación Penal inadmitió la demanda presentada por cuanto, en su concepto, no reúne los requisitos lógicos y la debida argumentación precisados en el artículo 184 del Código de Procedimiento Penal.

Sostuvo que en el caso en cuestión el defensor de los procesados, “en una actitud que puede lindar la lealtad profesional”, acudió a resaltar supuestas actitudes negligentes de su predecesora, a partir de conjeturas e hipótesis.

“El recurrente se dedicó a criticar a su colega por supuestas falencias en los interrogatorios a los testigos de cargo, pero sin demostrar el alcance sustancial que, en pro de la suerte de su acudido, podían tener las respuestas logradas y sin considerar que por otras vías los aspectos aludidos habían sido aclarados con suficiencia”, señaló la decisión.

Para la Corte Suprema la lectura de los fallos de primera y segunda instancia demuestran que la defensa sí participó activamente en beneficio de los acusados al presentar su teoría del caso, allegar e interrogar a testigos, intervenir en el juicio, postular pretensiones y recurrir la sentencia de primera instancia.

EN CALI, MINJUSTICIA RESTABLECE DERECHOS DE COMUNIDADES AFECTADAS POR LA VIOLENCIA

Más de 400 personas de la comunidad del barrio Potrero Grande de Cali conocieron la ruta de acceso para restablecer derechos vulnerados por hechos como violencia de género, inasistencia alimentaria, riñas entre vecinos y acceso a vivienda.

La comunidad se benefició con una jornada pedagógica denominada ‘Casa de Justicia al barrio’, actividad que lideraron el Ministerio de Justicia y del Derecho y la alcaldía de Cali, en la cual aprendió sobre derechos de las mujeres trabajadoras, elaboración de derechos de petición y casos que atiende un juez de pequeñas causas.

El Ministerio de Justicia, a través de la Dirección de Política contra las Drogas, busca fortalecer la política pública atacando el microtráfico y el consumo de sustancias sicoactivas, actividades que afectan la convivencia armónica.

Para la cartera de justicia es muy importante dar a conocer su oferta institucional a través de ‘Casa de Justicia al barrio’, ejercicio mediante el cual la institucionalidad se acerca a la ciudadanía y facilita el fortalecimiento de los liderazgos sociales.

Lo que se busca es fortalecer en los barrios la presencia de instituciones como la Policía Nacional y la Fiscalía General para mejorar y fortalecer la gobernabilidad. Así como los servicios que ofrecen las Casas de Justicia.

OTORGAN LIBERTAD AL EX PARAMILITAR ALIAS DON ANTONIO

Un juez de Bogotá determino que existe vencimiento de términos en el proceso por falso testimonio contra Silvia Gette.

Tras considerar que la Fiscalía dejó pasar más de 150 días desde la acusación y no había iniciado la etapa de juicio a Edgar Ignacio Fierro, alias Don Antonio, por el proceso de falso testimonio, el juzgado 28 de garantías ordenó su libertad por vencimiento de términos.

Sin embargo, seguirá vinculado a la investigación y deberá presentarse a las citaciones de la justicia cuando sea requerido por supuestamente faltar a la verdad cuando aseguró que la ex rectora de la Universidad Autónoma del Caribe, Silvia Gette, había ordenado el asesinato del ganadero Fernando Cepeda. Por este proceso también es investigado el ex paramilitar Johnny Acosta Garizábalo, alias 28.

'Don Antonio' ya había saldado sus deudas con la justicia en los procesos que tenía en la ley de justicia y paz. Según el Inpec no tiene ningún requerimiento que le impida disfrutar de la libertad.