MINJUSTICIA COLABORA DECIDIDAMENTE EN LA CONSTRUCCIÓN DE POLÍTICAS INTERNACIONALES CONTRA LAS DROGAS.

Con el fin de discutir cuál será el rol de Colombia en el ‘Programa de Cooperación entre América Latina, el Caribe y la Unión Europea en Políticas sobre Drogas (COPOLAD II)’, el Ministerio de Justicia y del Derecho participó en el ‘I Comité Interinstitucional de Cooperación Internacional en Materia de Drogas’, en el que contó con el apoyo del Ministerio de Relaciones Exteriores y la Agencia de Cooperación Internacional de Colombia (APC).

“El propósito de COPOLAD II es, sobre todo, fortalecer la cooperación entre los países de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) y los estados miembros de la Unión Europea (UE), aplicando políticas públicas para el manejo, formulación, implementación y evaluación de una política de drogas equilibrada e integral,  basada en la evidencia, y por ende, más eficaz”, expresó Martha Paredes, Directora (e) de Política contra las Drogas y Actividades Relacionadas del Ministerio de Justicia.

Desde 2013, esta cartera viene trabajando en el Sistema de Alertas Tempranas (SAT), el cual nació de COPOLAD I y se ha venido consolidando. Dicha labor ha arrojado resultados contundentes para la detección de nuevas sustancias sicoactivas en Colombia.

Otra de las misiones de COPOLAD II tiene que ver con el manejo técnico a la hora de evaluar, en términos de prevención, los programas de reducción de consumo de drogas. Paredes explicó además que la metodología utilizada en este programa de cooperación servirá para evaluar los proyectos relacionados con la prevención y reducción del consumo de drogas a través de evidencia científica, principalmente en los programas de desarrollo alternativo. Lo que se pretende es intercambiar experiencias en cuanto a buenas prácticas, y que Colombia socialice con los demás países que hacen parte de dicha iniciativa.

“Queremos fortalecernos mutuamente en lo relacionado con alternativas al encarcelamiento en asuntos de drogas. Como país debemos aplicar planes y desarrollar sistemas, e ir calificando su eficacia de manera continua para que cuando se presente, quede en evidencia la reducción del consumo de sustancias sicoactivas”, añadió la funcionaria.

En este encuentro de cooperación interinstitucional, el Ministerio de Justicia destacó que una de las mayores fortalezas en cuanto a reducción y prevención del consumo de drogas en Colombia lo constituye el Observatorio de Drogas (ODC), un referente a nivel nacional e internacional en lo relacionado con el fortalecimiento de la política de drogas. A finales de 2016 el ODC expondrá en Jamaica la experiencia que ha tenido el país durante los últimos años.  

XXII ENCUENTRO DE LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO “UNA JUSTICIA MÁS CERCANA AL PAÍS”

Desde el día de hoy 19 de octubre hasta el próximo viernes 21 de octubre en la ciudad de Ibagué, Tolima se realizara el XXII encuentro de la jurisdicción de lo contencioso administrativo “Una Justicia Más Cercana Al País”. Donde se tocaran temas como: “Cultura de legalidad y seguridad jurídica en las regiones”, “cultural y gastronómica”, “Conflicto y justicia administrativa”, entre otros.

SANCIÓN POR INTERPONER MÁS DE 120 TUTELAS POR LOS MISMOS HECHOS

Con multa de tres (3) salarios mínimos legales mensuales vigentes sancionó la Corte Suprema de Justicia a un ciudadano quien ha interpuesto más de 120 acciones de tutela, sustentadas en los mismos hechos, las cuales han sido rechazadas.

Se trata de Jorge Eduardo Rubiano quien, según la decisión, ha incurrido en un “obstinado e inconcebible abuso de la acción de tutela”, que va en contravía de la naturaleza de dicho mecanismo constitucional, por lo que su pretensión fue rechazada por la Sala de Casación Laboral del máximo tribunal de la justicia ordinaria que ya había decidido sobre el asunto materia de la acción judicial.

“De acuerdo con lo anterior, es evidente que entre la acción de tutela que fue resuelta por esta Corporación, el 8 de junio de 2016, las que han sido rechazadas y la que ahora se vuelve a presentar por el tutelante, existe identidad de partes, de objeto y de pretensiones, realidad que no se desdibuja por el sólo  hecho de que el accionante altere el orden de los hechos o haga más minucioso su relato a medida que incrementa el número de acciones instauradas”, señala el fallo.

La Corte Suprema de Justicia enfatizó que se considera que este tipo de conductas son temerarias al ser presentada la misma acción de amparo en varias oportunidades o en dos o más despachos judiciales sustentándolas con los mismos fundamentos fácticos y jurídicos, lo que afecta principios como la economía procesal, la eficacia, la eficiencia y la lealtad procesal, entre otros.

Así mismo origina varios pronunciamientos judiciales respecto a un mismo asunto lo que entorpece el aparato judicial.

MERCADO CAMPESINO EN LA PLAZA DE BOLÍVAR

El día de hoy en la ciudad de Bogotá se realiza el tradicional mercado campesino el cual concentra a más de 325 productores de Cundinamarca, Boyacá, Meta, Tolima, y por supuesto, la capital del país. Alimentos como verduras, frutas frescas, hortalizas, mezclas típicas, café y productos procesados con miel natural son vendidos hasta con un 20% de descuento en comparación con el mercado.

Además, se expondrán productos artesanales como, cuadros, esculturas y elementos decorativos que han sido hechos por indígenas, afrocolombianos y demás etnias. Dicho mercado se esta realizando desde las 7 am y va hasta las 5 pm.

CORTE CONSTITUCIONAL ESTUDIA DEMANDA PARA QUE LOS COLOMBIANOS SE CAMBIEN EL NOMBRE MÁS DE UNA VEZ.

La Corte Constitucional está adelantando el análisis jurídico de una demanda interpuesta por varias personas, que buscan que los colombianos puedan cambiarse el nombre en la Registraduría las veces que quiera.

Dentro de la demanda se advierte que con la restricción de la norma actual se estarían vulnerando derechos fundamentales al libre desarrollo de la personalidad y a la identidad de los colombianos y por lo tanto debería cambiarse lo estipulado.

Lo que trascendió es que este análisis lo está desarrollando el magistrado Alejandro Linares, quien también tiene en cuenta el concepto de la Procuraduría General de la Nación que advierte que el límite establecido, por una sola vez, está acorde con lo necesario.

La Procuraduría en su concepto advierte que si bien la Corte Constitucional ha emitido jurisprudencia al respecto para que los colombianos se puedan cambiar el nombre por segunda vez, en casos relacionados con la comunidad LBGTI, en el caso del interés general que pretende la demanda, es necesario que haya la intervención e interpretación de un juez de la República.

“Esto indica y corrobora la necesidad de la intervención de un funcionario judicial que, precisamente, tramite un proceso que, debe destacarse, no necesariamente ni idealmente debe ser la acción de tutela, sino un proceso ordinario que, como ya lo ha reconocido la propia Corte, no lesiona derechos fundamentales, toda vez que permite reformular la identidad del interesado pero protegiendo todos los intereses legítimos sobre el asunto”, señala el concepto.

La norma demandada es el Decreto Ley 1260 de 1970 en su artículo 94 que establece que “el propio inscrito podrá disponer, por una sola vez, mediante escritura pública, la modificación del registro, para sustituir, rectificar, corregir o adicionar su nombre, todo con el fin de fijar su identidad personal”.

LA PROCURADURÍA PROVINCIAL DE SINCELEJO CONMEMORÓ EL DÍA INTERNACIONAL DEL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

Con motivo de la conmemoración del Día Internacional de Acceso a la Información Pública, también conocido como Día Internacional del Derecho a Saber, la Procuraduría Provincial de Sincelejo realizó una intervención en la Corporación Universitaria del Caribe (Cecar) en la capital del departamento de Sucre.

La actividad se realizó con el fin de promover el conocimiento y comprensión de la Ley 1712 de 2014 de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública de la comunidad estudiantil. En el evento, la Procuraduría Provincial dispuso un espacio para difundir información relacionada con esta norma entre los asistentes.

En la intervención estuvieron presentes los funcionarios de la región quienes mostraron el interés de compartir con los universitarios y explicarles el derecho que tienen a conocer y acceder a la información pública.

ONU OFRECE COLABORAR CON MINJUSTICIA PARA PROMOVER LA RACIONALIZACIÓN DE LA PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD

Abierto a recibir toda la colaboración posible de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) para mejorar la situación de las cárceles en Colombia se mostró el Ministro de Justicia y del Derecho, Jorge Eduardo Londoño Ulloa, durante la visita que le hizo este jueves Piera Barzano, Consejera Técnica de la Sección de Justicia de ese organismo internacional.

La señora Barzano reiteró, como se lo había manifestado en días pasados a los viceministros de Promoción de la Justicia y Política Criminal, que el nivel que maneja Colombia en cuanto al diagnóstico de los problemas que aquejan a su sistema penitenciario es altísimo, y que así las cosas, lo que queda por hacer es identificar prioridades para poner en marcha proyectos de reinserción social en los centros carcelarios.

“El hacinamiento es tal vez el tema más complicado y más difícil de manejar, y está claro que no se va a solucionar solo construyendo cárceles. Esto es algo más del ámbito de la política criminal y por ello ofrecemos nuestra colaboración para que el Ministerio de Justicia presente proyectos de ley que permitan racionalizar la aplicación de la pena privativa de la libertad”, dijo al destacar la labor del Observatorio de Política Criminal, que “aporta cifras valiosas”.

La funcionaria añadió que otro de los problemas graves del sistema carcelario es el de las extorsiones que se hacen desde los centros de reclusión. “Urge identificar las vulnerabilidades de la seguridad penitenciaria y manejar una mejor inteligencia desde adentro”, puntualizó Barzano.

Por su parte, el Ministro Londoño, al agradecer el apoyo de la UNODC, manifestó que la cartera de Justicia trabaja en tres aspectos específicos: la construcción de una adecuada política criminal para combatir el hacinamiento y no tener que concentrarse solo en la construcción de cárceles; las leyes de Racionalización de la Detención Preventiva y del Procedimiento Penal Abreviado; y el trámite de la reforma al Código Penitenciario y Carcelario.

“Queremos cambiar el pensamiento que existe en Colombia de que la única solución para los problemas es la cárcel y la construcción de centros penitenciarios. Además, está claro que el aumento de las penas no soluciona nada”, explicó el alto funcionario.