SENADO APRUEBA INFORME DE PONENCIA DE REFORMA TRIBUTARIA

La plenaria del senado aprobó con un total de 53 votos a favor y 27 en contra, el informe de ponencia que busca la aprobación de la reforma tributaria.

El debate tuvo una duración de más de 8 horas en donde se escucharon fuertes críticas no solo de parte de la oposición al Gobierno Nacional, sino también de algunos miembros de los partidos de la Unidad Nacional como el senador Juan Manuel Galán por ejemplo, quien aseguró que “la reforma tributaria se parece a la que cada administración presenta cada 18 meses y que esta no es estructural”.

Galán se mostró preocupado por los resultados que hasta ahora arrojan las medidas tomadas con las zonas francas, a los que llamó como “falsos positivos tributarios” y pidió que de manera progresiva, estas se vayan desmontando.

En la defensa se escucharon las voces del senador sucreño Julio Miguel Guerra, quien aseguró que “si no se apoya el proyecto de reforma tributaria, el Gobierno tendrá que buscar alrededor de 7 billones de pesos por la vía del endeudamiento externo”.

El senador Horacio Serpa en su intervención expuso las nuevas circunstancias que según él, hacen necesaria la búsqueda de nuevos recursos económicos. “La implementación de los Acuerdos de Paz, trae consigo la necesidad de inversiones en el territorio que no se tenían previstas”.

El jefe de la bancada liberal dejó claro que desde siempre ha pensado que lo que Colombia necesita es un cambio en el modelo económico, pero que dadas las actuales circunstancias del país, donde se requiere invertir en las regiones como medidas para implementar los Acuerdos de Paz y superar el abandono estatal en algunos territorios, “es necesario apoyar la búsqueda de nuevos recursos económicos”.

El Centro Democrático mostró su desacuerdo con el proyecto, a través de las intervenciones de algunos de sus miembros como el senador Ernesto Macías por ejemplo, quien aseguró que “la difícil situación fiscal por la que atraviesa el país es por el derroche del Gobierno Nacional”.

"LA CADENA PERPETUA Y LA PENA DE MUERTE NO SON LA SOLUCIÓN. PENSEMOS EN UNA JUSTICIA SOCIAL Y UNA POLÍTICA CRIMINAL COHERENTE": MINISTRO DE JUSTICIA

En Casa Libertad, el hogar de las segundas oportunidades para la población que ya saldó su deuda con la justicia, el Ministro de Justicia, Jorge Eduardo Londoño, acompañado por el Director del Departamento Nacional de Planeación, Simón Gaviria, lanzó la estrategia que busca la reinserción laboral y social de la población carcelaria y pospenada del país.

Con esta estrategia el Gobierno Nacional, en alianza con el sector privado, busca darle un nuevo enfoque a la política pública del sistema penitenciario y carcelario del país y así contribuir a superar la crisis carcelaria.

Durante el acto, el Ministro de Justicia aseguró que "la principal función de la pena es la resocialización, la cual hace que todos entendamos que en las cárceles no están las personas más malas de una sociedad, solo aquellas que se equivocaron".

Para el alto funcionario se hace importante que exista un Estado democrático comprometido en devolver a la sociedad personas resocializadas y, a su vez, que contribuya a garantizar la unión entre la reinserción laboral con la social.

"Proyectos como Casa Libertad deben tener una posibilidad de replicarse en diferentes zonas del país. A la fecha, 496 usuarios han llegado a este lugar", señaló el Minjusticia, quien también dio a conocer que desde el Ministerio se ha trabajado en la construcción de una política pública para la población pospenada, que busca involucrar a diferentes actores sociales, como el sector privado, entre otros.

Con las segundas oportunidades se quieren materializar proyectos productivos y de empleabilidad, que incluyan a los internos de los establecimientos de reclusión del orden nacional, en aras de disminuir la reincidencia.

CORTE ORDENA A ANTV REGULAR INCLUSIÓN DE CANALES REGIONALES EN PARRILLAS DE TELEVISIÓN POR SUSCRIPCIÓN

La Sala Octava de Revisión de la Corte Constitucional protegió los derechos fundamentales a la libre expresión e información, a participar en la vida cultural y a la identidad cultural, de una persona nativa del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina con residencia en Bogotá, que reclamaba la inclusión de todos los canales de televisión regional, en especial de Teleislas, en la parrilla de los operadores de televisión por suscripción. La Corte encontró que la ANTV faltó a sus deberes de regulación del servicio público de televisión y desconoció el interés público que condujo al Congreso de la República a ordenar la difusión de estos canales, pues dejó al arbitrio de los operadores la transmisión de los mismos, de acuerdo con sus intereses y preferencias comerciales. La Corte le ordenó, en consecuencia, ajustar la regulación al orden constitucional.

DECLARAN INCONSTITUCIONAL PREGUNTA PARA CONSULTA POPULAR

Por “carecer de neutralidad y lesionar la libertad del votante”, la Sección Quinta del Consejo de Estado ordenó revocar el aval dado a la pregunta con la que se pretendía consultar a los ciudadanos de Cajamarca – Tolima, sobre la continuidad de la actividad minera en la región. 

El texto de la pregunta que había sido avalado constitucionalmente por el Tribunal Administrativo del Tolima, en concepto de la Sala de Sección, “resulta manifiestamente caprichosa y sugestiva”. 

El texto señalaba ¿Está usted de acuerdo SI o NO con que en el Municipio de Cajamarca se ejecuten actividades que impliquen contaminación del suelo, pérdida o contaminación de las aguas o afectación de la vocación tradicional agropecuaria del municipio, con motivos de proyectos de naturaleza minera? 

La Sala, al amparar el derecho al debido proceso de la ciudadanía en general y en particular de los interesados en la actividad minera, consideró que la interpretación dada por el Tribunal al avalar dicho texto “(…) es inconstitucional, toda vez que desconoce la importancia de garantizar la neutralidad de las preguntas de los mecanismos de participación ciudadana, por cuanto, en los términos expuestos por la Corte Constitucional, la falta de neutralidad lesiona la libertad del votante”. 

Recordó que dicha Corporación “construyó unas subreglas” que permiten formular preguntas para los referendos y consultas populares para garantizar el principio de libertad del votante, excluir notas introductorias que induzcan a una respuesta y cumplir con la exigencia de lealtad.

TESTIGO DEL CARRUSEL DE LA EDUCACIÓN NO DECLARÓ EN INDAGACIÓN CONTRA EL SENADOR BENEDETTI

Vistiendo una camisa, un saco de lana color azul y un jean se presentó sobre las 9:00 de la mañana a la sala de audiencias de la Corte Álvaro Burgos del Toro. A su lado los guardias del Inpec y los miembros de la Policía que lo escoltan para garantizar su seguridad.

Burgos del Toro, abogado de profesión, llevaba una carpeta tamaño oficio, pero se le dificultaba sostenerla por las esposas que le habían puesto luego de descender del camión del Inpec en el que había sido trasladado desde la Cárcel La Picota.

A la diligencia, que usualmente realizan los auxiliares, se presentó el propio magistrado Fernando Castro Caballero, a quien Burgos del Toro después de identificarse le dijo que se acogía a su derecho de no auto incriminarse y le pidió no tener en cuenta la versión que ya había entregado a la fiscalía dentro de la negociación que buscaba que él se convirtiera en testigos del carrusel de la educación en Córdoba a cambio de beneficios judiciales.

Caracol Radio habló con el abogado de Burgos, el exmagistrado Álvaro Luna Conde quien reveló además que se defendido está próximo a aceptar cargos.

“El doctor Burgos del Toro se acoge a su derecho a no auto incriminarse, poniendo muy en claro y de presente que algunas manifestaciones hechas, en diferentes sentidos y muy generales, se hicieron en desarrollo de un principio de oportunidad fallido que tenía más de ocho meses desde que se planteó y por lo tanto no pueden ser tenidos en cuenta en ningún otro proceso de carácter judicial”.

Sobre la posibilidad de un nuevo principio de oportunidad con la Fiscalía, Luna Conde considera que esa puerta está cerrada “ya está prevista, seguramente porque se ha anunciado al señor juez de conocimiento, un probable allanamiento a cargos”, donde Burgos aceptaría cargos por los delitos de peculado, prevaricato y falsedad.

EE.UU. DICE QUE EXTRADICIÓN ESTÁ VIGENTE Y PIDE OTRA AUDIENCIA EN CASO DE ANDRÉS FELIPE ARIAS.

La Fiscalía de EE.UU. insistió que el tratado de extradición con Colombia está "vigente" y pidió una nueva audiencia en el caso del exministro colombiano Andrés Felipe Arias, solicitado por la Justicia colombiana.

Documentos judiciales, a los que Efe tuvo acceso, señalan que "tanto Colombia como Estados Unidos acordaron que el Tratado está en vigor" para responder a una moción de Arias, en la que alega que no lo está.

El exministro, que enfrenta un juicio de extradición en Estados Unidos, fue arrestado en agosto pasado en Miami y dejado en libertad bajo fianza el pasado 17 de noviembre.

"La posición oficial de Colombia de que el Tratado está en vigor ha sido emitida por el Ministerio de Relaciones Exteriores, que es la contraparte de Colombia al Departamento de Estado de Estados Unidos", señala la Fiscalía en respuesta a la moción y a la petición del juez a cargo, John O'Sullivan.

Este domingo, la Cancillería colombiana indicó que "el Tratado de Extradición entre la República de Colombia y Estados Unidos de América, suscrito en 1979, está en vigor en cuanto ninguno de los dos Estados ha manifestado su intención de darlo por terminado".

ADMITEN DEMANDA CONTRA PLEBISCITO POR LA PAZ

El día de ayer 19 de diciembre de 2016 a partir de las 11:00 a.m. 5 piso Sala Plena del Consejo La Sección Quinta del Consejo de Estado, estableció que el hecho de que ganara el NO en el plebiscito “Para la refrendación del acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera” fue el producto de la violencia por engaño a que fueron sometidos los colombianos por parte de quienes impulsaron dicha campaña. 

Mediante auto de ponente, la Magistrada Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez, admitió la demanda de nulidad electoral y decretó medidas cautelares de urgencia: ordenó al Congreso de la República y al Presidente de la República, “Avanzar con la implementación del actual “Acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera” disponiendo para ello –aún en sesiones extraordinarias convocadas para tal fin– de los mecanismos especiales de creación normativa establecidos en el Acto Legislativo 01 de 2016 (Fast Track) (…)”. 

Adicionalmente exhortó “a la Corte Constitucional para que priorice la resolución de las demandas de constitucionalidad en las que deba pronunciarse expresamente sobre la vigencia del acto legislativo 01 de 2016 y en especial sobre el artículo 5° de dicha preceptiva.” 

La Consejera estudió cada uno de los hechos que precedieron dicha jornada electoral y algunos conocidos con posterioridad, y dio pleno valor probatorio a la entrevista dada al diario la República por el señor Juan Carlos Vélez Uribe, en su condición de Gerente de la Campaña del NO del Centro Democrático, en la que dio cuenta de cómo crearon y divulgaron mensajes alejados de la realidad, con los que ejercieron violencia por engaño contra el electorado, lo que produjo el resultado conocido.