MADRES COMUNITARIAS DEL ICBF YA NO SERÁN CONTRATADAS FORMALMENTE POR EL ESTADO

El presidente Juan Manuel Santos devolvió sin firma al Congreso el proyecto de ley que buscaba formalizar la labor de las madres comunitarias del país, que había sido aprobada por el legislativo.
Según explicó el mandatario en el informe que le envió al presidente del Congreso, Mauricio Lizcano, la norma es inconstitucional porque va en contravía de lo dispuesto en la Ley 617 del 2000, “que estableció límites estrictos a los gastos del personal”.

Indicó el presidente Santos que la norma tampoco cumple con lo establecido en la Ley 1769 de 2015, “que fijó el procedimiento a seguir para la modificación de las plantas de personal”.

Aseguró el mandatario en su reporte que la vinculación laboral de las madres comunitarias implicaría que el Icbf pasaría de tener 6.000 servidores públicos a 61.000.

La nueva ley, según Santos, “en calidad de empleadas públicas les daría derecho a recibir el pago, entre otros, de una prima de vacaciones y de bonificación cada año de servicios prestado, así como todas las asignaciones básicas mensuales previstas en la ley”.

Por ende, explicó, representaría para el presupuesto del país partidas adicionales por más de 769.000 millones de pesos al año, es decir, más del doble de lo que se destina actualmente.

MAGISTRADO JOSÉ FRANCISCO ACUÑA VIZCAYA, PRESIDENTE (E) DE LA CORTE SUPREMA

La Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia designó hoy como presidente encargado al magistrado José Francisco Acuña Vizcaya, al tiempo que encargó al magistrado José Luis Barceló Camacho como vicepresidente de la Corporación.

El magistrado Acuña Vizcaya, abogado egresado de la Universidad Nacional, es doctor en Derecho de la Universidad de la Sapienza (Roma), magister en Historia y especialista en Derecho Penal. Cuenta con una extensa experiencia académica nacional e internacional como docente, investigador, consultor, conferencista, director de equipos de competencia internacional, director de diversas publicaciones y director de diplomados, foros y otros eventos académicos. Integra la Sala de Casación Penal desde 2016. Dentro de sus obras más recientes se destacan Análisis de la doctrina italiana y el Código Penal colombiano; La medida pedagógica como sanción en el Sistema de Responsabilidad Penal de Adolescentes; Derecho Penal y guerra: Reconstrucción del sistema penal colombiano, y Derecho Penal y guerra: estudio dogmático de la pena en Colombia 1890-1936.

Por su parte, el doctor José Luis Barceló Camacho, vicepresidente encargado, es egresado de la Universidad Militar Nueva Granada con especializaciones en Derecho Penal de distintas universidades del país. Cuenta con varios diplomados en materia penal y procesal. Durante gran parte de su trayectoria profesional ha servido a la Rama Judicial, en cargos como los de notificador, escribiente, asistente de Fiscalía Superior de Bogotá, fiscal encargado de la misma, secretario de juzgado, oficial mayor de juzgado, juez de instrucción criminal, abogado asesor de la Procuraduría Segunda Delegada en lo Penal, magistrado auxiliar de la Corte Suprema de Justicia y, desde 2011, magistrado de la Sala de Casación Penal. Ha sido, además, catedrático de diversos centros universitarios de Bogotá y otras ciudades.

DECISIONES SECCIÓN QUINTA

Con el propósito de dar a conocer las decisiones que semanalmente adopta la Sección Quinta del Consejo de Estado, la Sala pone a disposición de la ciudadanía un cuadro detallado con todas las decisiones falladas.
En el cuadro podrán encontrar el número del proceso, el demandante, el demandado, el ponente y el sentido de la decisión, información que le permitirá al usuario consultar su proceso. VER MAS 

CORTE INICIÓ ESTUDIO DE PRUEBAS PARA DAR VÍA LIBRE A LA LEY DE AMNISTÍALAS CORRIDAS DE TOROS EN COLOMBIA

Pidió los conceptos de la Corte Suprema de Justicia, Consejo de Estado y el Movimiento Voces de Paz de la guerrilla.

El estudio de las pruebas da inicio al análisis automático que debe hacer la Corte Constitucional a la ley de amnistía aprobada por el Congreso, los primeros conceptos que pidió fueron los de la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado y el Movimiento Voces de Paz.

También pidió conceptos a la Procuraduría y los ciudadanos que quieran participar tienen 10 días para allegar sus opiniones. La Cámara de Representantes y el Senado deberán entregar copia de las sesiones de los debates para la aprobación de la ley.

La ley de amnistía es la primera que estudie la Corte con el nuevo reglamento que reduce los tiempos de debate de 120 días a la tercera parte.

GOBIERNO PRESENTARÁ PROYECTO DE LEY PARA PROHIBIR LAS CORRIDAS DE TOROS EN COLOMBIA

Se formulará el texto con organizaciones de animalistas y congresistas que lideren el tema en el Legislativo.

Al término de una reunión con organizaciones protectoras de animales en Colombia, el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, confirmó que unificarán criterios con algunos senadores y representantes para construir una iniciativa que buscará prohibir las corridas en Colombia.

Según explicó, "nos hemos puesto de acuerdo con unos delegados de las organizaciones y con congresistas que han presentado distintos proyectos de ley en el Congreso encaminado a la prohibición de las corridas de toros en Colombia".

La propuesta es que "nos sentemos a trabajar la semana entrante para unificar posiciones y el 20 de marzo presentar una sola iniciativa, que permita que en Colombia no volvamos a tener corridas de toros".

Las organizaciones por su parte se comprometieron a evitar las infiltraciones en las manifestaciones, para evitar situaciones como las registradas el pasado domingo en la Plaza de Toros de Bogotá.

LA FISCALÍA PONE FIN A LAS COMISIONES ESPECIALES EN EL EXTERIOR

Según el fiscal general, Néstor Humberto Martínez, los funcionarios que se desempeñaban como consejeros judiciales fuera del país no contribuían a dar fluidez a los trámites de la entidad.

El fiscal general, Néstor humberto Martínez, puso fin a una de las políticas que implementó en la Fiscalía Eduardo Montealegre cuando estaba a cargo de la entidad. Se trata de las comisiones en el extranjero de los funcionarios, quienes en diferentes países se desempeñaban como ‘consejeros judiciales’.

Esas oficinas fueron creadas en el 2014 y tenían como función atender "situaciones especiales de carácter transitorio" en las misiones diplomáticas.

Además, allí se encargaban de "mantener vínculos en materia de investigación y facilitar el flujo de intercambio de información relevante para los procesos penales que se adelantaban en el país". Para esto, la Fiscalía mantuvo abiertas cuatro oficinas en España, Alemania, Reino Unido y Estados Unidos.

No obstante, para Martínez estas figuras no eran necesarias porque "no contribuían a dar fluidez a los trámites del ente acusador en el exterior". También porque, según él, en la práctica los temas de cooperación judicial "fluyen mejor directamente con los delegados de los ministerios o departamentos de justicia".

Al terminar las consejerías especiales, según la Fiscalía, se ahorrarán millonarios recursos que ahora serán reservados para ampliar la planta de fiscales en el país.

AUMENTAN PENA DE 18 A 24 AÑOS DE CÁRCEL A SAMUEL MORENO

Un nuevo golpe recibió el exalcalde Samuel Moreno. Desde su sitio de reclusión, en la estación de Policía de Carabineros en el oriente de la capital, le notificaron que el Tribunal Superior de Bogotá subió de 18 a 24 años la condena por hechos derivados del conocido ‘carrusel‘ de contratos.

Este miércoles, cuatro años después de haber sido enviado a prisión, Moreno enfrenta a la justicia por las irregularidades en el millonario contrato para el servicio de ambulancias de la capital, cuyos dineros fueron a parar a bolsillos de concejales y contratistas.

En ese sentido, el Tribunal Superior de Bogotá, en un fallo de segunda instancia, le aumentó la pena al exfuncionario con base a varias pruebas que apuntan a que Samuel Moreno habría incidido en la petición de una coima del 9 % sobre el valor del contrato para garantizar su entrega.

Se le responsabiliza de participar de las irregularidades del contrato 1229 firmado el 30 de septiembre del 2009 por $67.000 millones. Celebrado entre el Fondo Financiero Distrital de Salud y Transporte Ambulatorio Médico de Bogotá para la prestación del servicio de ambulancias en la capital. Ese contrato terminó entregándose a dedo con la injerencia del concejal Hipólito Moreno.