SENADORA TERESITA GARCÍA SOLICITA AL GOBIERNO AGILIZAR EL TRATADO DE REPATRIACIÓN

Tras la ejecución al colombiano Ismael Arciniegas Valencia, por el gobierno de la República Popular China, la senadora Teresita García Romero (Opción Ciudadana) reiteró una vez más, al Gobierno Nacional, la importancia de acelerar, con la mayor prontitud, el Tratado de Repatriación de los colombianos condenados en el país asiático, para evitar más ejecuciones.

La senadora manifestó que las 161 familias de colombianos ruegan porque se activen los canales diplomáticos, para que se suspenda este tipo de condena.

García Romero dijo que ha solicitado respetuosamente al Gobierno Nacional, en cabeza de la Canciller, que agilice el cierre de negociaciones del Tratado de Repatriación, para así asegurar que no haya una sola ejecución más. Sostuvo que durante dos años se ha comprometido con la intermediación ante el Ministerio de Justicia y Cancillería, de cientos de familias colombianas, sufren por la difícil situación que representa el tener a un ser querido privado de la libertad, en un país con drásticas condenas.

“He estado muy pendiente a fin de lograr un acuerdo que permita la repatriación de los condenados, para que éstos colombianos puedan regresar a su país,
resarcir el error cometido y cumplir la pena en su país de origen”, anotó muy preocupada la senadora García Romero.

COMISIÓN DE BÚSQUEDA DE PERSONAS DESAPARECIDAS

sesionó en pleno la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas, con el propósito de continuar alentando las acciones estatales tendientes a hacer frente al flagelo de la desaparición forzada de personas.

Hemos acordado mayoritariamente persistir en la necesidad de robustecer esta Comisión entendida como órgano rector en la materia que, además de abarcar las desapariciones forzadas no acontecidas en el marco del conflicto, es de carácter permanente.

Saludamos que el Gobierno nacional y las Farc EP hayan logrado un Acuerdo Final de paz y que el mismo haya reconocido el drama por el que trasiegan las víctimas de este crimen internacional.

Esta Comisión reconoce la importancia de crear la Unidad Especial para la Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas en el Contexto y en Razón del Conflicto Armado como eje operativo de las demandas de las acciones humanitarias con las que se pretende dar respuesta a las demandas de las víctimas de esta grave violación a los derechos humanos acontecida durante el periodo del conflicto. La Comisión pone a disposición toda su experiencia y recorrido para el proceso legislativo que se avecina para su creación.

CONDENADO A 33 AÑOS DE CÁRCEL PROFESOR DE MÚSICA POR SECUESTRO DE UN NIÑO

La Corte Suprema de Justicia condenó a 33 años de prisión, por secuestro extorsivo, a un profesor de música luego que se pudiera determinar que aprovechó su condición de docente de un menor, durante varios años, para facilitar el delito.

Los hechos se registraron el día 16 de abril de 2010, en el municipio de Aguazul, Casanare, cuando fue raptado el adolescente de 17 años, por tres individuos quienes ingresaron arbitrariamente a su vivienda portando armas de fuego. Allí intimidaron al joven y a dos personas más que se encontraban en el inmueble y procedieron a llevarse a la víctima.

Los captores, quienes se identificaron como miembros de las autodefensas, exigieron $500 millones so pena de atentar contra la vida del joven. Sin embargo, fue rescatado por efectivos del Gaula de la Policía el día 23 de abril de ese mismo año, en área rural del municipio de Aguazul, en un operativo en el que las autoridades dieron muerte a una de las personas que se encontraban en el lugar, capturaron a otra y recuperaron un arma de fuego.

Sin embargo, la Corte Suprema decretó la nulidad parcial de la actuación en lo referente a fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, en favor del condenado, y dispuso la ruptura de la unidad procesal al advertir que aunque en la acusación se hizo mención de ese delito, no aparece que se haya discutido en el juicio. En consecuencia, continúa el proceso por este hecho.

“…no hubo debate frente al mismo, petición alguna por parte de la Fiscalía, ni tampoco sentencia de primer grado, de tal modo que era necesario, insoslayable, que (…) se pronunciara cumplida en debida forma aquella fase en uno u otro sentido con relación a este ilícito para así dar cabida al interés jurídico de quien resultase perjudicado con su determinación, en pos de la interposición del recurso de apelación y, dado el caso, de la casación”, enfatiza la sentencia.

ULTIMÁTUM DE LA PROCURADURÍA A FUNCIONARIOS PÚBLICOS QUE HAGAN POLÍTICA

Quienes deseen ser candidatos y no renuncien serán investigados y se exponen a una inhabilidad de hasta 20 años.

Este miércoles inicia formalmente el año electoral para las elecciones parlamentarias y presidenciales del 2018, por eso desde la ya la Procuraduría lanzó una advertencia a los funcionarios públicos que deseen ser candidatos.

El procurador general, Fernando Carrillo advirtió que quienes hagan política bajo sus cargos públicos serán investigados disciplinariamente y se exponen a una inhabilidad de hasta 20 años para ejercer cargos públicos.

Los servidores públicos, con aspiraciones políticas deben inhibirse de:

1. Utilizar su cargo para participar en las actividades de partidos o movimientos políticos o en etapas pre electorales, o electorales.

2. Usar su cargo para hacer proselitismo o desempeñar en cualquier actividad política o electoral.

3. Usar con fines electorales o partidistas la información reservada a la cual tengan acceso.

4. Exonerarse del cumplimiento de sus deberes constitucionales y legales con el pretexto de ejercer el derecho de participación en política

5. Disponer del tiempo de servicio u horario de trabajo para gestionar intereses electorales o partidistas.

El Ministerio Publico habilitó la línea telefónica nro. 5878750, extensión 10490, y el correo electrónicocontrol.electoral@procuraduria.gov.co, para atender y recibir las quejas y denuncias.

NIEGAN DETENCIÓN DOMICILIARIA A ALBERTO SANTOFIMIO

El excongresista seguirá privado de la libertad en la cárcel La Picota por la muerte de Luis Carlos Galán.
El juzgado de ejecución de penas de Bogotá notificó a la defensa del excongresista Alberto Santofimio de la decisión que niega la solicitud de detención domiciliaria. 

El abogado de Santofimio decía que él ya había cumplido las tres cuartas partes de la condena de 24 años impuesta por la Corte Suprema de Justicia por el crimen de Luis Carlos Galán, pero para el juzgado no se ha cumplido ese término. 

Así las cosas Santofimio continuará recluido en la cárcel La Picota de Bogotá pagando la condena, aunque el pasado 16 de enero otro juez le otorgó una rebaja de un mes y seis días en la pena.

DENUNCIAN PENALMENTE A CRISTINA PLAZAS POR MUERTE DE INDÍGENA WAYÚU

El senador Alexander López asegura que advirtió de la grave desnutrición de esta mujer y el ICBF se negó a ayudarla.

El caso fue denunciado la semana pasada durante una audiencia pública en el Congreso, en la que se alertó sobre la difícil situación de salud de Luz Marina Pushaina y sus tres hijos, todos afectados por enfermedades ligadas a la desnutrición.

La madre cabeza de hogar, oriunda de La Guajira, murió este lunes 27 de febrero, en la madrugada, luego de varios inconvenientes para su atención en hospitales de Uribia, Maicao y Riohacha.

“En la Audiencia del pasado jueves denuncie que la señora Pushaina y sus tres hijos estaban en grave peligro de muerte por su avanzado estado de desnutrición y solicité acciones urgentes a la directora del ICBF, de la Procuraduría y el Ministerio de Salud, pero, infortunadamente, no sirvieron porque esta madrugada perdió la vida la señora Luz Marina, en un hecho verdaderamente trágico que ratifica, además, el grave riesgo en que se encuentran sus hijos, el menor de ellos, Wilder José menor de un año y hospitalizado en Maicao” señaló.

Pide al ICBF hacerse cargo de los menores y responder por este caso que según el congresista pudo haberse evitado.

CORTE FALLA A FAVOR DE ESTUDIANTES DE PROGRAMA “SER PILO PAGA”

La Sala Octava de Revisión de la Corte Constitucional concedió la tutela a cinco estudiantes beneficiarios del programa institucional “Ser Pilo Paga”. Cuatro de ellos solicitaron la protección de los derechos fundamentales a la igualdad, la educación y el debido proceso, presuntamente vulnerados por el ICETEX, en atención a que a pesar de haber sido reconocidos como beneficiarios, les fue negado el pago del subsidio de sostenimiento por no encontrarse registrados en la base de datos del Sisbén. En el quinto caso se alegó la violación de los derechos fundamentales de un menor por parte del ICETEX, al que le fue negado el otorgamiento del crédito condonable establecido en el programa “Ser Pilo Paga 2”, fundando su decisión, en que a la fecha de la solicitud, no se encontraba inscrito en la base de datos del Sisbén con los puntajes de corte establecidos en la convocatoria.