UNIDAD MÓVIL DE ATENCIÓN Y ORIENTACIÓN A LAS VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO INICIA SU RECORRIDO POR 61 MUNICIPIOS

A partir del dia de hoy lunes 13 de marzo, el Ministerio de Justicia y del Derecho, la Defensoría del Pueblo y la Unidad para las Víctimas iniciarán la ruta con la Unidad Móvil, estrategia que busca brindar atención y orientación sobre los beneficios que trae la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras a población víctima del conflicto armado en Colombia.

La Unidad Móvil de Atención y Orientación a las Víctimas del Conflicto Armado recorrerá este año 11 departamentos y llegará hasta 61 poblaciones de toda Colombia. Los primeros beneficiarios serán los municipios magdalenenses de Sabanas de San Ángel y El Retén, cuyos habitantes contarán con un servicio oportuno, digno y gratuito.

El equipo de la Dirección de Justicia Transicional de la cartera de Justicia establecerá las directrices respectivas y capacitará sobre procesos de paz, beneficios de las víctimas y dignificación de los derechos constitucionales.

Cabe recordar que a la fecha, la Unidad Móvil ha atendido a 64.808 víctimas del conflicto en 269 municipios de 26 departamentos, y que desde agosto de 2012 (cuando se puso en marcha) se ha venido fortaleciendo el trabajo interinstitucional con la Defensoría del Pueblo y la Unidad para Víctimas en diversos temas.

Los más importantes: la toma de declaraciones a víctimas para ser incluidas en el Registro Único de Víctimas; la orientación sicojurídica individual y la asesoría legal para la elaboración de recursos como acciones de tutela y derechos de petición o de reposición; y el apoyo personalizado en asuntos relacionados con atención humanitaria, programación de citas con el fin de conocer la situación actual de los hogares, oferta institucional, actualización de datos y notificaciones.

El trabajo del equipo de esta Unidad Móvil del MinJusticia, de la Defensoría del Pueblo y de la Unidad para las Víctimas, y el apoyo de la Fundación Panamericana para el Desarrollo (FUPAD) harán que la atención a las víctimas del conflicto armado en zonas apartadas sea oportuna y adecuada. Así se sigue cumpliendo con la Ley 1448 de 2011 o Ley de Víctimas y Restitución de Tierras.

URIBISTAS PIDEN EN EE.UU. ASILO POLÍTICO PARA ANDRÉS FELIPE ARIAS

Los senadores Alfredo Ramos Maya y Daniel Cabrales Castillo manifestaron ante el Departamento de Justicia de los Estados Unidos que el exministro es un perseguido político.

Los senadores Alfredo Ramos Maya y Daniel Cabrales Castillo solicitaron formalmente ante el Departamento de Justicia de los Estados Unidos que se le permita al exministro de Agricultura, Andrés Felipe Arias Leyva argumentar su solicitud de asilo político en dicho país en un tiempo razonable, con el fin que presente todos los documentos y evidencias para sustentar su solicitud.

En declaraciones a medios internacionales, el congresista Ramos aseguró que debido a la complejidad del caso el exministro necesita que se le dé un tiempo considerable para preparar toda su documentación y exponerla ante las autoridades judiciales de los Estados Unidos. “Arias merece que se le permita probar que es un perseguido político”.

Para los dos congresistas es evidente que existen presiones del Gobierno de Juan Manuel Santos para afectar el asilo político el exprecandidato presidencial. Consideran que desde hace michos meses Arias Leyva se convirtió en un “trofeo político”, situación que representa una violación a todas luces de sus derechos fundamentales y procesales.

Cuestionaron además la petición de extradición hecha por el Gobierno en contra de Arias, acudiendo que el mismo presidente Juan Manuel Santos y otros funcionarios reconocieron en el pasado que no existía un tratado de extradición vigente entre Colombia y los Estados Unidos.

Este hecho representa que existe una verdadera persecución por parte de Santos en contra del exministro de Agricultura quien llegó a los Estados Unidos en julio de 2014 argumentando falta de garantías procesales en el juicio que se le adelantaba en la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia por el denominado escándalo de Agro Ingreso Seguro.

Desde su llegada inició el trámite de un asilo político argumentando que se le ha vulnerado su derecho a la defensa y al debido proceso. Un juez del Estado de La Florida analiza actualmente esta petición y en el mes de abril citó a las partes para continuar con el debate probatorio y argumental frente a esta petición.

La defensa de Arias sostiene que el tratado de extradición entre EE.UU. y Colombia no fue ratificado por la Corte Suprema de Justicia hecho por el cual no se encuentra vigente. Estos argumentos no fueron de buen recibo por parte del juez John O’ Sullivan que rechazó la petición para anular la petición de extradición.

En septiembre de 2014, la Corte Suprema de Justicia por unanimidad condenó a 17 años de prisión al exministro de Agricultura por los delitos de peculado por apropiación a favor de terceros e interés indebido en la celebración de contratos. Esto por las irregularidades en la entrega de subsidios agrícolas por parte del IICA a personas que no cumplían con los requisitos exigidos.

CONTRIBUIR EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL ACUERDO DE PAZ, LUCHAR CONTRA LA CORRUPCIÓN Y ACERCAR LA JUSTICIA AL CIUDADANO: LOS GRANDES RETOS DEL NUEVO MINISTRO DE JUSTICIA

Este jueves tomó posesión de su cargo como Ministro de Justicia y del Derecho, el jurista Enrique Gil Botero. Durante el acto de posesión, el Presidente de la República, Juan Manuel Santos Calderón, destacó la necesidad de consolidar una justicia moderna, eficiente y transparente para asegurar la paz y mantenerla en el tiempo.

“Una Colombia Justa, en la que la justicia le llegue a todos y llegue con prontitud, es lo que necesitamos para que la paz se mantenga en el tiempo. No hay paz sin justicia”, puntualizó el alto mandatario quien además señaló que no habrá reconciliación sin un sistema que combata la impunidad y que proteja los derechos ciudadanos.

El Presidente Santos le encomendó al nuevo titular de Justicia avanzar en un sistema en el que los jueces se dediquen a impartir justicia, la lucha frontal contra la corrupción, particularmente en materia de contratación estatal, y contribuir a la efectiva implementación de los acuerdos de paz.

​El Jefe del Estado, destacó las calidades profesionales y la trayectoria del nuevo Ministro de Justicia y del Derecho. Enrique Botero Gil es abogado de la Universidad de Antioquia, especialista en derecho administrativo de la Universidad Pontificia Bolivariana y en derecho constitucional de la Universidad de Salamanca. Exmagistrado, expresidente del Consejo de Estado y miembro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA.

CESE DE ACTIVIDADES JUZGADOS DE PENAS Y MEDIDAS

En los juzgados de penas y medidas de Bogotá desde el pasado lunes se encuentran en cese de actividades por falta de personal en el centro de servicios, impresoras y falta de tintas en los despachos judiciales, pues el centro de servicios solo cuenta con 60 personas para manejar 29 juzgados de penas que tienen a su cargo más de 15.000 procesos compreso. Argumentan los jueces y el coordinador del centro de servicios que el personal no alcanza para dar trámite a los autos, libertades y demás son pronunciados.

Dicen que es una forma de protestas para ver si el consejo superior de la judicatura se compadece, los escucha y da solución a esta situación. ¿Si esto es así como serán con los procesos de la justicia de la JEP que vienen en camino y los amnistiados del proceso de paz?, estas son las cosas inéditas en la justicia de nuestro bello país Colombia.

Día Internacional de la Mujer: 8 de marzo de 2017

El Día Internacional de la Mujer Trabajadora, también llamado Día Internacional de la Mujer, conmemora la lucha de la mujer por su participación, en pie de igualdad con el hombre, en la sociedad y en su desarrollo íntegro como persona. Se celebra el día 8 de marzo. Es fiesta nacional en algunos países. Ver Más....

PROCURADURÍA CREA AGENCIA ESPECIAL PARA EL CASO GALÁN

La comisión creada por el procurador general Fernando Carrillo para hacer seguimiento en el proceso penal por el crimen de Luis Carlos Galán estará conformada por dos procuradores y un asesor.

Es un agencia especial tripartita de la hará parte un Procurador Delegado ante la Corte Suprema de Justicia para la Investigación del caso y el Juzgamiento Penal, un Procurador Judicial II Penal y el asesor que ya ha intervenido y conoce del proceso.

Además de hacer seguimiento al proceso penal, ellos analizarán la posibilidad de adelantar los procesos disciplinarios a los que haya lugar en contra de los servidores públicos implicados en el caso teniendo en cuenta que la Corte Suprema ya declaró el homicidio de lesa humanidad y no tiene prescripción.

El Ministerio Público también garantizará el seguimiento a los procesos que por compulsa de copias adelante la Corte Suprema de Justicia y demás autoridades para dar con todos los responsables de este hecho, en búsqueda de la verdad, justicia y reparación, garantizando la intervención que en derecho corresponda.

REVOCAN CONDENA DE REPARACIÓN QUE FAVORECIÓ A EXSENADOR ÓSCAR SUAREZ MINA

Tras la reparación de más de 160 millones de pesos que el Tribunal Administrativo de Antioquia le concedió al exsenador Óscar Suárez Mira hace siete años, el Consejo de Estado revocó esa determinación y absolvió a la Nación – Fiscalía General del daño por privación injusta de la libertad que se le había imputado.

El ente investigador había sido condenado en el 2010 por haber impuesto una medida de aseguramiento al exparlamentario, en un proceso penal que terminó siendo archivado en favor del dirigente y que se originó por supuestas irregularidades en dos contratos que el municipio celebró con la Corporación Bello Fútbol Club, cuando Suárez Mira era alcalde de esa población.

La Fiscalía le impuso una medida de aseguramiento al exburgomaestre entre el 7 de enero y el 31 de marzo del 2000, por considerar que los contratos celebrados entre el municipio a su cargo y este club deportivo, para la promoción del fútbol aficionado en 1995, habían dado lugar a la comisión de los delitos de peculado por apropiación a favor de terceros y falsedad ideológica en documento público.

Sin embargo, la investigación fue archivada a favor de Suárez Mira un año después, porque si bien este llegó a tener la doble condición de alcalde de Bello y socio del club bellanita, no se comprobó que hubiera cometido un ilícito, porque delegó a la Secretaría de Educación y a la Junta Municipal de Deportes para vigilar el cumplimiento de los contratos.

Dado que la Fiscalía no logró comprobar la responsabilidad penal del político, este interpuso una demanda de reparación directa, que le fue concedida por el Tribunal Administrativo de Antioquia en el 2010.