SUBDIRECCIÓN PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

El Ministerio TIC ha destinado $3.300 millones de pesos, en alianza con Colciencias, para una convocatoria que busca fortalecer la innovación de procesos mediante la adopción del modelo de gestión de calidad ISO 29110 por parte de las empresas de la industria TI colombiana.

El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC), en alianza con Colciencias, lanzó esta convocatoria, a la que se podrán postular, de manera independiente, las empresas de la industria de Tecnologías de Información (TI) del país, quienes asumirán el rol de 'Beneficiarias', y compañías de acompañamiento en la implementación y certificación de modelos de calidad, que serán las 'Ejecutoras'.

"Hemos invertido recursos para promover que las empresas de la industria TI adopten modelos de gestión de calidad especializados y reconocidos internacionalmente, con los cuales han mejorado sus niveles de competitividad a través de un portafolio de productos y servicios de alto valor agregado y con el nivel apropiado para su proyección en el exterior", señaló el Ministro TIC, David Luna.

La convocatoria estará abierta desde el 13 de marzo hasta el 12 de mayo del 2017 a las 5:00 p.m.

Las empresas del sector TI deben evidenciar que su principal actividad económica corresponde a:

• Desarrollo de software, Desarrollo de aplicaciones informáticas, Diseño y desarrollo de páginas web, Testing, entendido como los servicios orientados a la realización de pruebas a los sistemas de información, Tercerización de servicios relacionados con las tecnologías de información (ITO).Gerencia de proyectos de TI, Actividades de consultoría informática y actividades de administración de instalaciones.

Por su parte, las empresas Ejecutoras deben tener domicilio en Colombia; mínimo tres años de existencia; representación legal a la fecha de cierre de la convocatoria y evidenciar experiencia en procesos de acompañamiento en la implementación y certificación de modelos de gestión de calidad especializados para el sector de Tecnologías de la Información.

Las compañías podrán presentar sus propuestas de forma directa o a través de alianzas estratégicas con entidades nacionales o internacionales.

JEP Y JUSTICIA TRANSICIONAL SON EJES QUE GARANTIZAN IMPLEMENTACIÓN DE ACUERDOS: MINISTRO DEL INTERIOR

Luego de un intenso debate y con 83 proposiciones, en total avaladas por el Gobierno durante su trámite en el Congreso, el acto legislativo de la Jurisdicción Especial para la Paz, con 61 votos a favor y 2 en contra, pasó su último debate en la plenaria del Senado.

El Ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, afirmó que la JEP y la Justicia Transicional son ejes que garantizan la implementación correcta de los acuerdos y añadió que la aprobación de la norma garantiza la desmovilización y el desarme de las Farc y su desaparición como movimiento armado.

'El Congreso dio una demostración al país de un debate serio y responsable. Este es el último debate, se hicieron 83 modificaciones al proyecto de acto legislativo original del Gobierno, que han enriquecido y mejorado el texto', expresó el Ministro.

La reforma aprobada contempla la creación de un Sistema integral que estará compuesto por los siguientes mecanismos y medidas: la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición; la Unidad para la Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado; la Jurisdicción Especial para la Paz y las medidas de reparación integral para la construcción de paz y las garantías de no repetición.

'Hoy es un día muy importante para la Paz en Colombia, la aprobación de la Justicia Especial para la Paz garantiza la desmovilización y el desarme de las Farc el primero de junio de este año. Garantiza su desaparición como movimiento armado en Colombia, su transformación en partido político y le garantiza a las víctimas del conflicto en Colombia un Sistema Integral de verdad, justicia, reparación y no repetición', resaltó el Ministro.

La JEP permitirá que excombatientes de las Farc cuenten con la seguridad jurídica para avanzar en el proceso de reincorporación a la sociedad civil, uno de los grandes objetivos de los Acuerdos de Paz firmados en el Teatro Colón.

Así mismo, por primera vez, los miembros de la Fuerza Pública, que hayan cometido delitos en el marco del conflicto armado, se someterán a una justicia diferenciada.

'Este proyecto, sin lugar a dudas, es el más importante, más difícil de votar y de más debate dentro del procedimiento legislativo especial', finalizó Cristo.exigidos.

SE POSESIONA DIRECTORA DE LA ESCUELA JUDICIAL RODRIGO LARA BONILLA

La Presidenta del Consejo Superior de la Judicatura Doctora Martha Lucía Olano de Noguera tomó el juramento a la nueva Directora de la Escuela Judicial "Rodrigo Lara Bonilla" Mary Lucero Novoa Moreno, quien asumió el cargo

Asistieron a los actos de posesión el Presidente del Consejo de Estado Jorge Octavio Ramírez Ramírez, el Presidente de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria José Ovidio Claros Polanco, el Vicepresidente del Consejo de Estado German Bula Escobar, la expresidenta de la Corte Suprema de Justicia Margarita Cabello Blanco, el vicepresidente del Consejo Superior de la Judicatura Max Alejandro Flórez Rodríguez.

Igualmente asistieron los Magistrados del Consejo Superior de la Judicatura Gloria Stella López Jaramillo y Edgar Carlos Sanabria Melo; de la Corte Suprema de Justicia Armando Tolosa Villabona y de la Sala Disciplinaria Julia Emma Garzón de Gómez y Magda Acosta.

La doctora Novoa Moreno es Abogada especialista en Derecho Administrativo, Derecho Penal y Criminalística, Magister en Filosofía del Derecho y Teoría Jurídica.

Con experiencia en cargos de Dirección de la Administración Pública, manejo de recursos humanos y relaciones laborales, manejo de recursos financieros, dirección de proyectos, investigación disciplinaria, docencia universitaria en pregrado y posgrado en el área de derecho público. Capacidad de liderazgo en planificación, organización y trabajo en equipo.

Se desempeñó como magistrada de los Consejos Seccionales de la Judicatura del Atlántico y Risaralda, Presidenta de la Seccional de la Universidad Libre en Barranquilla.

Ha ocupado cargos de Dirección en el sector público a nivel distrital, departamental y nacional.
Es docente académica de distintas universidades del país

SENADO APRUEBA JUSTICIA ESPECIAL PARA LA PAZ

La JEP, considerada la columna vertebral de lo pactado entre el Gobierno y las FARC, estará vigente por 10 años, contados a partir de la entrada en funcionamiento de la totalidad de salas y secciones de la JEP, y un plazo posterior de 5 años más para concluir su actividad.

Estará conformada por una Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas; una Sala de Amnistía e Indulto; una Sala de Definición de Situaciones Jurídicas; una Sala de Unidad de Investigación y Acusación; un Tribunal para la Paz y una Secretaría Ejecutiva, que se encargará de la administración, gestión y ejecución de los recursos de la JEP, bajo la orientación de la Presidencia de ésta. Su composición será de magistrados colombianos, aunque podrá contar con una minoría de magistrados extranjeros.

Esta iniciativa del Gobierno Nacional sufrió un total de 83 modificaciones propuestas por diferentes congresistas, una de ellos, la del Senador Germán Varón, quien se mostró preocupado porque se iba a amnistiar a los guerrilleros de las Farc, mientras se pensaba obligar a terceros, posiblemente obligados a la fuerza a ayudar a financiar la guerra mediante actos de extorsión.

Por esta razón se dejó claro que su comparecencia ante la JEP será una decisión libre, salvo los casos que involucren delitos como violencia sexual, ejecuciones extrajudiciales, tortura, reclutamiento forzado o desplazamientos.,

Según las palabras del ministro del Interior Juan Fernando Cristo, con la aprobación de la JEP “se garantiza la desmovilización y el desarme de las FARC el próximo 1 de junio. Desaparecerán como movimiento armado y las víctimas tendrán justicia, reparación y verdad”.

Por su parte el presidente del Senado Mauricio Lizcano mostró su complacencia con los resultados de la votación, escribiendo en su cuenta de twitter, “la Paz dio un paso más en el senado al ser aprobada la ponencia que da vida a la Jurisdicción Especial para la Paz”

A su turno el senador del Partido de La U, Roy Barreras, aseguró que, “este es un eje vertebral para que la paz sea estable y duradera. Acá no había justicia y ahora sí la habrá, las víctimas tendrán verdad y reparación. El tribunal será independiente y se garantizará la seguridad jurídica para militares y civiles”.

La senadora de la Alianza Verde Claudia López, quien presentó una ponencia alternativa proponiendo un tratamiento que desde su punto de vista otorgaba una mayor paridad, con un tratamiento diferencial a los guerrilleros de las Farc y a miembros de las Fuerza Pública investigados por actos relacionados con el conflicto armado, dejó en claro que su voto fue a favor de la JEP, pero que en todo caso, le hubiese gustado “que se diera una mayor seguridad jurídica a los militares”.

Luego de aprobada esta iniciativa, se espera que se dé tramite a una ley estatutaria que permitirá reglamentar la JEP y que determinará, cuándo los delitos relacionados con el narcotráfico serán de competencia de la justicia ordinaria y cuándo de la justicia especial de paz.

NACIÓN SE SALVA DE PAGAR CONCILIACIÓN POR MÁS DE $23.000 MILLONES

El Consejo de Estado decidió no aprobar un acuerdo conciliatorio que había celebrado la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) con la Sociedad Davimed S. A. por 23.900 millones de pesos por el supuesto incumplimiento de un compromiso de pago por una obra de infraestructura de los Juegos Suramericanos Medellín 2010.

El acuerdo estuvo precedido por una condena de 21.200 millones de pesos que el Tribunal Administrativo de Antioquia le había impuesto a la ANI el 29 de octubre del 2014, lo que pone en evidencia que el monto por el cual este organismo pretendía conciliar superaba en más de 2.000 millones de pesos el valor de la condena.

El litigio se inició porque la sociedad accionante, al no recibir remuneración en contraprestación a la terminación y posterior entrega del proyecto de la doble calzada vía 'San Juan de Dios' interpuso una demanda ante el Tribunal Administrativo de Antioquia, que concedió la reparación. Para evitar que el caso llegara a una segunda instancia, las partes fijaron a un acuerdo conciliatorio que fue sometido a examen de la Sección Tercera del Consejo de Estado.

Además de que la suma pactada era superior al monto de la condena, la máxima instancia contenciosa evidenció numerosas contradicciones en el proceso, como por ejemplo, el que el estudio pericial haya arrojado un costo total del proyecto de 33.700 millones de pesos, a pesar de que la pruebas demuestran que la suma de las ofertas presentadas por las subcontratistas de la obra no superan los 13.500 millones de pesos.

Adicionalmente, en el expediente obra una comunicación en la que el accionante admite estar ejecutando el proyecto sin que mediase la firma de un contrato. En otro documento aportado como prueba el INCO informó que carecía de recursos para adicionar este contrato de obra a la concesión. Esos dos elementos demostrarían que la accionante adelantó una tarea para la cual no habría sido contratada, por su propia cuenta y riesgo.

A ello se suma que no hay prueba que certifique la fecha de terminación de las obras, lo que pone en duda que la acción se haya presentado dentro de los términos legales de dos años que tenía la supuesta afectada para exigir ser reparada.

Por si fuera poco, la Sala estableció que el INCO no podía hacerse responsable del presunto daño infligido al concesionario, pues de haberse producido el perjuicio, este no sería imputable a esa entidad sino a un tercero, que podría ser el municipio de Rionegro. Eso sin contar que la sociedad Davimed pretende someter a examen un convenio interadministrativo en el que no tiene parte, como el celebrado por el INCO y la administración municipal con el propósito de asegurar la financiación del proyecto.

Ante las numerosas inconsistencias y la incertidumbre frente a cuáles eran realmente los compromisos de las partes, y con el fin de evitar una lesión tan cuantiosa para el patrimonio público, la Sala decidió no aprobar el acuerdo conciliatorio por 23.900 millones de pesos, lo que lleva el caso a una segunda instancia que deberá ser resuelta por el propio Consejo de Estado próximamente

UNIDAD MÓVIL DE ATENCIÓN Y ORIENTACIÓN A LAS VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO INICIA SU RECORRIDO POR 61 MUNICIPIOS

A partir del dia de hoy lunes 13 de marzo, el Ministerio de Justicia y del Derecho, la Defensoría del Pueblo y la Unidad para las Víctimas iniciarán la ruta con la Unidad Móvil, estrategia que busca brindar atención y orientación sobre los beneficios que trae la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras a población víctima del conflicto armado en Colombia.

La Unidad Móvil de Atención y Orientación a las Víctimas del Conflicto Armado recorrerá este año 11 departamentos y llegará hasta 61 poblaciones de toda Colombia. Los primeros beneficiarios serán los municipios magdalenenses de Sabanas de San Ángel y El Retén, cuyos habitantes contarán con un servicio oportuno, digno y gratuito.

El equipo de la Dirección de Justicia Transicional de la cartera de Justicia establecerá las directrices respectivas y capacitará sobre procesos de paz, beneficios de las víctimas y dignificación de los derechos constitucionales.

Cabe recordar que a la fecha, la Unidad Móvil ha atendido a 64.808 víctimas del conflicto en 269 municipios de 26 departamentos, y que desde agosto de 2012 (cuando se puso en marcha) se ha venido fortaleciendo el trabajo interinstitucional con la Defensoría del Pueblo y la Unidad para Víctimas en diversos temas.

Los más importantes: la toma de declaraciones a víctimas para ser incluidas en el Registro Único de Víctimas; la orientación sicojurídica individual y la asesoría legal para la elaboración de recursos como acciones de tutela y derechos de petición o de reposición; y el apoyo personalizado en asuntos relacionados con atención humanitaria, programación de citas con el fin de conocer la situación actual de los hogares, oferta institucional, actualización de datos y notificaciones.

El trabajo del equipo de esta Unidad Móvil del MinJusticia, de la Defensoría del Pueblo y de la Unidad para las Víctimas, y el apoyo de la Fundación Panamericana para el Desarrollo (FUPAD) harán que la atención a las víctimas del conflicto armado en zonas apartadas sea oportuna y adecuada. Así se sigue cumpliendo con la Ley 1448 de 2011 o Ley de Víctimas y Restitución de Tierras.

URIBISTAS PIDEN EN EE.UU. ASILO POLÍTICO PARA ANDRÉS FELIPE ARIAS

Los senadores Alfredo Ramos Maya y Daniel Cabrales Castillo manifestaron ante el Departamento de Justicia de los Estados Unidos que el exministro es un perseguido político.

Los senadores Alfredo Ramos Maya y Daniel Cabrales Castillo solicitaron formalmente ante el Departamento de Justicia de los Estados Unidos que se le permita al exministro de Agricultura, Andrés Felipe Arias Leyva argumentar su solicitud de asilo político en dicho país en un tiempo razonable, con el fin que presente todos los documentos y evidencias para sustentar su solicitud.

En declaraciones a medios internacionales, el congresista Ramos aseguró que debido a la complejidad del caso el exministro necesita que se le dé un tiempo considerable para preparar toda su documentación y exponerla ante las autoridades judiciales de los Estados Unidos. “Arias merece que se le permita probar que es un perseguido político”.

Para los dos congresistas es evidente que existen presiones del Gobierno de Juan Manuel Santos para afectar el asilo político el exprecandidato presidencial. Consideran que desde hace michos meses Arias Leyva se convirtió en un “trofeo político”, situación que representa una violación a todas luces de sus derechos fundamentales y procesales.

Cuestionaron además la petición de extradición hecha por el Gobierno en contra de Arias, acudiendo que el mismo presidente Juan Manuel Santos y otros funcionarios reconocieron en el pasado que no existía un tratado de extradición vigente entre Colombia y los Estados Unidos.

Este hecho representa que existe una verdadera persecución por parte de Santos en contra del exministro de Agricultura quien llegó a los Estados Unidos en julio de 2014 argumentando falta de garantías procesales en el juicio que se le adelantaba en la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia por el denominado escándalo de Agro Ingreso Seguro.

Desde su llegada inició el trámite de un asilo político argumentando que se le ha vulnerado su derecho a la defensa y al debido proceso. Un juez del Estado de La Florida analiza actualmente esta petición y en el mes de abril citó a las partes para continuar con el debate probatorio y argumental frente a esta petición.

La defensa de Arias sostiene que el tratado de extradición entre EE.UU. y Colombia no fue ratificado por la Corte Suprema de Justicia hecho por el cual no se encuentra vigente. Estos argumentos no fueron de buen recibo por parte del juez John O’ Sullivan que rechazó la petición para anular la petición de extradición.

En septiembre de 2014, la Corte Suprema de Justicia por unanimidad condenó a 17 años de prisión al exministro de Agricultura por los delitos de peculado por apropiación a favor de terceros e interés indebido en la celebración de contratos. Esto por las irregularidades en la entrega de subsidios agrícolas por parte del IICA a personas que no cumplían con los requisitos exigidos.