CAEL, HACE LANZAMIENTO DEL LIBRO SOBRE AUTONOMÍA UNIVERSITARIA

En el marco de la XIX Experiencia del Centro de Altos Estudios Legislativos -CAEL del Senado de la República; con la participación de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia-UNAD y la Asociación Colombiana de Universidades-ASCUN, se realizó el foro sobre la Autonomía Universitaria en Colombia.

Durante la instalación, el Secretario General del Senado y Director del CAEL, Gregorio Eljach Pacheco reiteró el compromiso de la entidad de participar en forma activa, constructiva y edificante a elaborar propuestas de legislación que apunten a mejorar el sector de la educación. El funcionario solicitó ayuda a los presentes para perfeccionar el producto legislativo y llevarlo a todas las regiones del país.

Asi mismo, Eljach Pacheco afirmó que la institución está comprometida con la educación virtual. “Esta manera de educar, está llegando a millones de jóvenes colombianos en forma gratuita, debe llamarse abierta y cercana a las personas; sólo la educación podrá romper los lazos de la pobreza”, 

La Vice Ministra de Educación, Natalia Ruiz, señaló que, para lograr esa autonomía, las universidades deben organizarse con sus estatutos y manejar los recursos según sus necesidades. Dijo que los principios para mantenerla son la participación, la transparencia y el seguimiento.

La presentación del libro Autonomía Universitaria, la hizo el Rector de la UNAD, Jaime Alberto Leal Afanador, quien explicó los principios constitucionales sobre la Autonomía Universitaria. “No todas las instituciones ejercen este derecho fundamental, la autonomía es la libertad de los establecimientos para desarrollar su escenario ideológico de la manera que lo consideren”. Agregó Leal Afanador que el ejecutivo no siempre interpreta que la educación es el centro del conocimiento y la ruta de la sociedad.

Así mismo, el directivo manifestó la necesidad de tener políticas públicas claras para afrontar la crisis de la educación en el país, para construir un derrotero que permita influenciar en la educación de los niños y jóvenes y de las poblaciones que no tienen acceso a la educación. “La autonomía es un escenario que debe ganarse desde la responsabilidad de quienes dirigen las instituciones, con el derrotero claro, hacia donde quiere orientar sus esfuerzos y recursos”, expresó Leal.

TOMA RUMBO LA JURISDICCIÓN ESPECIAL PARA LA PAZ, LUEGO DE SER APROBADA POR MAYORÍA ANTE LA PLENARIA DEL SENADO

Con 61 votos a favor y después de dos sesiones, la Plenaria del Senado de la República aprobó en último debate el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (SIVJRNR) cuya columna vertebral es la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

Esta jurisdicción, de competencia temporal, permitirá investigar, esclarecer, juzgar y sancionar graves violaciones de derechos humanos y graves infracciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH) en contexto y a razón del conflicto armado.

La tarea de este Sistema, cuyo centro son las víctimas, es satisfacer y proteger sus derechos a la justicia, ofrecer la verdad a la sociedad colombiana, ir en la búsqueda de las personas dadas por desaparecidas y reparar el daño causado a comunidades o territorios.

Durante el último debate, el Gobierno aprobó una proposición que deja en la Jurisdicción Especial para la Paz la competencia sobre casos de miembros de las Farc-EP que hayan sido condenados, procesados o investigados antes del primero de diciembre de 2016 aunque no estén en lista de ese grupo.

Otra de las proposiciones aprobadas hace referencia a que “el tratamiento especial de justicia se aplicará también a conductas que determinará la ley en su momento, estrechamente vinculadas al proceso de la dejación de armas desarrolladas desde el primero de diciembre de 2016 hasta el momento en que finalice el proceso de extracción de las armas por parte de las Naciones Unidas conforme a lo dispuesto en el Acuerdo Final”.

Así mismo, se aprobó que los conflictos de competencia entre la Jurisdicción Especial de Paz y la Jurisdicción Especial Indígena sean dirimidos por una sala incidental conformada por dos magistrados de la salas o secciones de la JEP no afectadas por dicho conflicto jurisdiccional y dos autoridades tradicionales del pueblo indígena que ejerció o está ejerciendo jurisdicción en el caso concreto. La decisión se adoptará en la sala incidental con mayorías simples y que en caso de no alcanzarse una minoría en aplicación del carácter preferente de la jurisdicción Especial para la Paz resolverá el presidente de esa jurisdicción.

Finalmente, se avaló lo sugerido por el Fiscal General de la Nación y se determinó que será la ley la que reglamentará el tratamiento penal diferenciado en lo relativo a la erradicación voluntaria de cultivos ilícitos y la que determinará, conforme a lo establecido en el Acuerdo final, en qué casos y bajo qué circunstancias la jurisdicción ordinaria investigará el juzgamiento de los delitos de conservación y financiamiento de plantaciones cometidos por las personas investigadas por la jurisdicción especial.

SUBDIRECCIÓN PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

El Ministerio TIC ha destinado $3.300 millones de pesos, en alianza con Colciencias, para una convocatoria que busca fortalecer la innovación de procesos mediante la adopción del modelo de gestión de calidad ISO 29110 por parte de las empresas de la industria TI colombiana.

El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC), en alianza con Colciencias, lanzó esta convocatoria, a la que se podrán postular, de manera independiente, las empresas de la industria de Tecnologías de Información (TI) del país, quienes asumirán el rol de 'Beneficiarias', y compañías de acompañamiento en la implementación y certificación de modelos de calidad, que serán las 'Ejecutoras'.

"Hemos invertido recursos para promover que las empresas de la industria TI adopten modelos de gestión de calidad especializados y reconocidos internacionalmente, con los cuales han mejorado sus niveles de competitividad a través de un portafolio de productos y servicios de alto valor agregado y con el nivel apropiado para su proyección en el exterior", señaló el Ministro TIC, David Luna.

La convocatoria estará abierta desde el 13 de marzo hasta el 12 de mayo del 2017 a las 5:00 p.m.

Las empresas del sector TI deben evidenciar que su principal actividad económica corresponde a:

• Desarrollo de software, Desarrollo de aplicaciones informáticas, Diseño y desarrollo de páginas web, Testing, entendido como los servicios orientados a la realización de pruebas a los sistemas de información, Tercerización de servicios relacionados con las tecnologías de información (ITO).Gerencia de proyectos de TI, Actividades de consultoría informática y actividades de administración de instalaciones.

Por su parte, las empresas Ejecutoras deben tener domicilio en Colombia; mínimo tres años de existencia; representación legal a la fecha de cierre de la convocatoria y evidenciar experiencia en procesos de acompañamiento en la implementación y certificación de modelos de gestión de calidad especializados para el sector de Tecnologías de la Información.

Las compañías podrán presentar sus propuestas de forma directa o a través de alianzas estratégicas con entidades nacionales o internacionales.

JEP Y JUSTICIA TRANSICIONAL SON EJES QUE GARANTIZAN IMPLEMENTACIÓN DE ACUERDOS: MINISTRO DEL INTERIOR

Luego de un intenso debate y con 83 proposiciones, en total avaladas por el Gobierno durante su trámite en el Congreso, el acto legislativo de la Jurisdicción Especial para la Paz, con 61 votos a favor y 2 en contra, pasó su último debate en la plenaria del Senado.

El Ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, afirmó que la JEP y la Justicia Transicional son ejes que garantizan la implementación correcta de los acuerdos y añadió que la aprobación de la norma garantiza la desmovilización y el desarme de las Farc y su desaparición como movimiento armado.

'El Congreso dio una demostración al país de un debate serio y responsable. Este es el último debate, se hicieron 83 modificaciones al proyecto de acto legislativo original del Gobierno, que han enriquecido y mejorado el texto', expresó el Ministro.

La reforma aprobada contempla la creación de un Sistema integral que estará compuesto por los siguientes mecanismos y medidas: la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición; la Unidad para la Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado; la Jurisdicción Especial para la Paz y las medidas de reparación integral para la construcción de paz y las garantías de no repetición.

'Hoy es un día muy importante para la Paz en Colombia, la aprobación de la Justicia Especial para la Paz garantiza la desmovilización y el desarme de las Farc el primero de junio de este año. Garantiza su desaparición como movimiento armado en Colombia, su transformación en partido político y le garantiza a las víctimas del conflicto en Colombia un Sistema Integral de verdad, justicia, reparación y no repetición', resaltó el Ministro.

La JEP permitirá que excombatientes de las Farc cuenten con la seguridad jurídica para avanzar en el proceso de reincorporación a la sociedad civil, uno de los grandes objetivos de los Acuerdos de Paz firmados en el Teatro Colón.

Así mismo, por primera vez, los miembros de la Fuerza Pública, que hayan cometido delitos en el marco del conflicto armado, se someterán a una justicia diferenciada.

'Este proyecto, sin lugar a dudas, es el más importante, más difícil de votar y de más debate dentro del procedimiento legislativo especial', finalizó Cristo.exigidos.

SE POSESIONA DIRECTORA DE LA ESCUELA JUDICIAL RODRIGO LARA BONILLA

La Presidenta del Consejo Superior de la Judicatura Doctora Martha Lucía Olano de Noguera tomó el juramento a la nueva Directora de la Escuela Judicial "Rodrigo Lara Bonilla" Mary Lucero Novoa Moreno, quien asumió el cargo

Asistieron a los actos de posesión el Presidente del Consejo de Estado Jorge Octavio Ramírez Ramírez, el Presidente de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria José Ovidio Claros Polanco, el Vicepresidente del Consejo de Estado German Bula Escobar, la expresidenta de la Corte Suprema de Justicia Margarita Cabello Blanco, el vicepresidente del Consejo Superior de la Judicatura Max Alejandro Flórez Rodríguez.

Igualmente asistieron los Magistrados del Consejo Superior de la Judicatura Gloria Stella López Jaramillo y Edgar Carlos Sanabria Melo; de la Corte Suprema de Justicia Armando Tolosa Villabona y de la Sala Disciplinaria Julia Emma Garzón de Gómez y Magda Acosta.

La doctora Novoa Moreno es Abogada especialista en Derecho Administrativo, Derecho Penal y Criminalística, Magister en Filosofía del Derecho y Teoría Jurídica.

Con experiencia en cargos de Dirección de la Administración Pública, manejo de recursos humanos y relaciones laborales, manejo de recursos financieros, dirección de proyectos, investigación disciplinaria, docencia universitaria en pregrado y posgrado en el área de derecho público. Capacidad de liderazgo en planificación, organización y trabajo en equipo.

Se desempeñó como magistrada de los Consejos Seccionales de la Judicatura del Atlántico y Risaralda, Presidenta de la Seccional de la Universidad Libre en Barranquilla.

Ha ocupado cargos de Dirección en el sector público a nivel distrital, departamental y nacional.
Es docente académica de distintas universidades del país

SENADO APRUEBA JUSTICIA ESPECIAL PARA LA PAZ

La JEP, considerada la columna vertebral de lo pactado entre el Gobierno y las FARC, estará vigente por 10 años, contados a partir de la entrada en funcionamiento de la totalidad de salas y secciones de la JEP, y un plazo posterior de 5 años más para concluir su actividad.

Estará conformada por una Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas; una Sala de Amnistía e Indulto; una Sala de Definición de Situaciones Jurídicas; una Sala de Unidad de Investigación y Acusación; un Tribunal para la Paz y una Secretaría Ejecutiva, que se encargará de la administración, gestión y ejecución de los recursos de la JEP, bajo la orientación de la Presidencia de ésta. Su composición será de magistrados colombianos, aunque podrá contar con una minoría de magistrados extranjeros.

Esta iniciativa del Gobierno Nacional sufrió un total de 83 modificaciones propuestas por diferentes congresistas, una de ellos, la del Senador Germán Varón, quien se mostró preocupado porque se iba a amnistiar a los guerrilleros de las Farc, mientras se pensaba obligar a terceros, posiblemente obligados a la fuerza a ayudar a financiar la guerra mediante actos de extorsión.

Por esta razón se dejó claro que su comparecencia ante la JEP será una decisión libre, salvo los casos que involucren delitos como violencia sexual, ejecuciones extrajudiciales, tortura, reclutamiento forzado o desplazamientos.,

Según las palabras del ministro del Interior Juan Fernando Cristo, con la aprobación de la JEP “se garantiza la desmovilización y el desarme de las FARC el próximo 1 de junio. Desaparecerán como movimiento armado y las víctimas tendrán justicia, reparación y verdad”.

Por su parte el presidente del Senado Mauricio Lizcano mostró su complacencia con los resultados de la votación, escribiendo en su cuenta de twitter, “la Paz dio un paso más en el senado al ser aprobada la ponencia que da vida a la Jurisdicción Especial para la Paz”

A su turno el senador del Partido de La U, Roy Barreras, aseguró que, “este es un eje vertebral para que la paz sea estable y duradera. Acá no había justicia y ahora sí la habrá, las víctimas tendrán verdad y reparación. El tribunal será independiente y se garantizará la seguridad jurídica para militares y civiles”.

La senadora de la Alianza Verde Claudia López, quien presentó una ponencia alternativa proponiendo un tratamiento que desde su punto de vista otorgaba una mayor paridad, con un tratamiento diferencial a los guerrilleros de las Farc y a miembros de las Fuerza Pública investigados por actos relacionados con el conflicto armado, dejó en claro que su voto fue a favor de la JEP, pero que en todo caso, le hubiese gustado “que se diera una mayor seguridad jurídica a los militares”.

Luego de aprobada esta iniciativa, se espera que se dé tramite a una ley estatutaria que permitirá reglamentar la JEP y que determinará, cuándo los delitos relacionados con el narcotráfico serán de competencia de la justicia ordinaria y cuándo de la justicia especial de paz.

NACIÓN SE SALVA DE PAGAR CONCILIACIÓN POR MÁS DE $23.000 MILLONES

El Consejo de Estado decidió no aprobar un acuerdo conciliatorio que había celebrado la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) con la Sociedad Davimed S. A. por 23.900 millones de pesos por el supuesto incumplimiento de un compromiso de pago por una obra de infraestructura de los Juegos Suramericanos Medellín 2010.

El acuerdo estuvo precedido por una condena de 21.200 millones de pesos que el Tribunal Administrativo de Antioquia le había impuesto a la ANI el 29 de octubre del 2014, lo que pone en evidencia que el monto por el cual este organismo pretendía conciliar superaba en más de 2.000 millones de pesos el valor de la condena.

El litigio se inició porque la sociedad accionante, al no recibir remuneración en contraprestación a la terminación y posterior entrega del proyecto de la doble calzada vía 'San Juan de Dios' interpuso una demanda ante el Tribunal Administrativo de Antioquia, que concedió la reparación. Para evitar que el caso llegara a una segunda instancia, las partes fijaron a un acuerdo conciliatorio que fue sometido a examen de la Sección Tercera del Consejo de Estado.

Además de que la suma pactada era superior al monto de la condena, la máxima instancia contenciosa evidenció numerosas contradicciones en el proceso, como por ejemplo, el que el estudio pericial haya arrojado un costo total del proyecto de 33.700 millones de pesos, a pesar de que la pruebas demuestran que la suma de las ofertas presentadas por las subcontratistas de la obra no superan los 13.500 millones de pesos.

Adicionalmente, en el expediente obra una comunicación en la que el accionante admite estar ejecutando el proyecto sin que mediase la firma de un contrato. En otro documento aportado como prueba el INCO informó que carecía de recursos para adicionar este contrato de obra a la concesión. Esos dos elementos demostrarían que la accionante adelantó una tarea para la cual no habría sido contratada, por su propia cuenta y riesgo.

A ello se suma que no hay prueba que certifique la fecha de terminación de las obras, lo que pone en duda que la acción se haya presentado dentro de los términos legales de dos años que tenía la supuesta afectada para exigir ser reparada.

Por si fuera poco, la Sala estableció que el INCO no podía hacerse responsable del presunto daño infligido al concesionario, pues de haberse producido el perjuicio, este no sería imputable a esa entidad sino a un tercero, que podría ser el municipio de Rionegro. Eso sin contar que la sociedad Davimed pretende someter a examen un convenio interadministrativo en el que no tiene parte, como el celebrado por el INCO y la administración municipal con el propósito de asegurar la financiación del proyecto.

Ante las numerosas inconsistencias y la incertidumbre frente a cuáles eran realmente los compromisos de las partes, y con el fin de evitar una lesión tan cuantiosa para el patrimonio público, la Sala decidió no aprobar el acuerdo conciliatorio por 23.900 millones de pesos, lo que lleva el caso a una segunda instancia que deberá ser resuelta por el propio Consejo de Estado próximamente