lunes, 8 de mayo de 2017

ASÍ OFERTARÁN LA ETB A LOS PRIVADOS



La Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá (ETB), una compañía con más de 130 años de historia, comenzó su proceso de privatización. El objetivo es ofrecer a los particulares el 86,35 por ciento de las acciones del Distrito. Hace 14 años, el primer gobierno de Enrique Peñalosa había vendido el primer paquete correspondiente al 13,65 por ciento de los títulos de la compañía.

La primera etapa de venta, que comienza este 9 de mayo, se prolongará por dos meses y en ella podrán participar trabajadores y extrabajadores de la compañía, pensionados, sindicatos, fondos de pensiones y entidades cooperativas. En la segunda fase participarán los demás inversionistas nacionales y extranjeros. El mecanismo de venta aún está en estudio.

Para ello se fijó un precio mínimo por acción de 671 pesos, resultado de la valoración realizada por la banca de inversión J.P. Morgan y de un concepto de BTG Pactual. Dicho trabajo arrojó como precio base de la compañía 2,38 billones de pesos, es decir, 1,19 veces su valor en libros. A este valor se llegó con la metodología de flujo de caja descontado en la que tuvieron en cuenta los ingresos, costos de operación, niveles de endeudamiento y posibilidades de expansión, entre otros factores. Pero un análisis de la firma Casa de Bolsa no descarta que el precio de venta suba entre 10 y 20 por ciento frente al precio base, porque prevé que habrá más de un interesado en esta puja.

Según la secretaria de Hacienda de Bogotá, Beatriz Arbeláez, la intención de la administración distrital es vender la totalidad de acciones que tiene en la ETB porque no está interesada en quedarse con participación alguna, pues busca invertir dicho recursos en colegios, hospitales y jardines infantiles. El nuevo inversionista mayoritario tendrá que lanzar una oferta pública de adquisición (opa) para quedarse con las acciones en manos de los minoritarios.

DE EMPLEADOS A CAPOS DE LA DROGA



Las autoridades pana-meñas interceptaron una lancha rápida cerca a las costas de México, proveniente de Tumaco, con 700 kilos de cocaína en su interior. El cargamento y los dos hondureños que la tripulaban quedaron detenidos. La Marina de ese país detuvo en sus aguas territoriales una embarcación procedente de Colombia con 930 kilos de coca. En el barrio Boston de Cartagena un allanamiento a una vivienda terminó con el hallazgo de 238 kilos de droga lista para exportar.

Estas tres operaciones, que permitieron decomisar casi dos toneladas de coca, ocurrieron en lugares diferentes, pero el mismo día: el pasado 3 de mayo. Las coordinó el grupo especial de investigaciones de la Dijín (SIU por sus siglas en inglés), la DEA, la Fiscalía colombiana y las autoridades centroamericanas. Con estas recientes aprehensiones de narcóticos la Policía y las Fuerzas Militares llegaron a 121 toneladas incautadas solo en los cuatro primeros meses de este año. Se trata de los golpes más recientes de la guerra contra las drogas, que ha cambiado y tiene nuevos jefes: los narcos mexicanos. Ellos eran los dueños de esos alijos de narcóticos.

Desde los años setenta hasta mediados de los noventa los mexicanos fueron ‘empleados’ de los grandes carteles como Medellín, Cali o el Norte del Valle. Su labor básicamente consistía en pasar a Estados Unidos la droga que los narcos nacionales enviaban desde Colombia. En los años siguientes la muerte, captura o extradición de los principales capos colombianos, así como la desarticulación de sus estructuras sicariales y financieras, marcó el final de las organizaciones poderosas en el país.

Pequeños narcos, bandas criminales y facciones de guerrilla quedaron al frente, principalmente, de las zonas de producción y procesamiento. Sin embargo, ninguno tenía la infraestructura y mucho menos el poder económico y militar para impedir que los mexicanos se apoderaran de toda la cadena del negocio. Por eso desde hace cerca de tres años no es extraño ver a mexicanos o enviados de los carteles de ese país en las selvas de Putumayo, Guaviare o Chocó, controlando la producción en los laboratorios de coca.

HALLAN MUERTO A NIÑO DE CUATRO AÑOS EN UN COLEGIO DE CESAR



Colombia no para de llorar a sus niños. Este fin de semana se presentó otro caso lamentable, un menor de cuatro años fue hallado muerto el domingo en el Colegio Camilo Torres Restrepo, del municipio de Curumaní, Cesar.

Las autoridades buscan determinar si fue agredido sexualmente y quién sería el responsable del hecho, informaron medios locales.

La madre del menor indicó que se percató de la desaparición de su hijo en la noche del sábado pero no alertó a las autoridades.

Solamente el domingo por la mañana comenzó la búsqueda del niño, que concluyó con el hallazgo de su cuerpo, semidesnudo, en las instalaciones de la institución. Según la Policía Nacional, el menor vivía en un barrio humilde cercano al colegio.

Los habitantes del municipio manifestaron su indignación por medio de un plantón para decir "ni uno más".

"NO HAY DERECHO QUE NUESTROS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES PIERDAN SU VIDA POR LAS DROGAS": MINISTRO GIL



Desde hoy 109 familias cuentan con herramientas para prevenir el consumo de sustancias sicoactivas. En el municipio de Patía, en el Cauca, el Ministro de Justicia y del Derecho, Enrique Gil Botero, acompañó el acto en el que se certificaron ese número de familias en el programa Familias Fuertes: Amor y Límites.

Esta es una iniciativa que apoya la cartera de Justicia en alianza con el Ministerio de Salud, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y que tiene como objetivo prevenir varias conductas de riesgo asociadas al consumo de drogas como el embarazo a temprana edad y la violencia intrafamiliar. 

Durante el evento, el Ministro Gil destacó el rol de la familia como el primer escenario de prevención del consumo y socialización de valores en el que los niños, niñas y adolescentes desarrollan hábitos para afrontar la vida en sociedad.

“La orientación que deben brindar los padres a sus hijos en cuanto los riesgos que enfrentan en la primera etapa de la vida, es fundamental para que ellos asuman retos con responsabilidad y sensatez”, declaró el Ministro.

De ahí, la importancia de impulsar programas que permitan fortalecer el núcleo familiar y disminuir los factores de riesgo de consumo de sicoactivos a través de una guía para los padres de familia. Sin embargo, el Ministro indicó que, más que reducir el consumo, el esfuerzo del programa se enfoca en acabar de manera definitiva con él.

“No hay derecho a que nuestros niños, niñas y adolescentes pierdan su vida precisamente bajo el dominio de la drogadicción”, indicó el jefe de la cartera de Justicia.

sábado, 6 de mayo de 2017

COLOMBIA E ITALIA FORTALECEN COOPERACIÓN EN TEMAS PENITENCIARIOS Y DE JUSTICIA



Con el propósito de fortalecer la cooperación entre Colombia e Italia, el Ministro de Justicia y del Derecho, Enrique Gil Botero, se reunió con la embajadora del país europeo, Catarina Bartoline, para examinar los avances que han tenido los tratados bilaterales de justicia que firmaron los dos países en 2016.

El Ministro agradeció a la diplomática el interés de su país por apoyar un proyecto que busca fortalecer la justicia colombiana a través de acuerdos, buenas prácticas e intercambio de conocimientos entre magistrados, jueces, guardias de finanzas e investigadores.

La embajadora Bartoline, por su parte, le dijo al alto funcionario que debido a la coyuntura histórica de posconflicto que vive Colombia, se debe trabajar conjuntamente en las líneas que permitan fortalecer la justicia y los asuntos penitenciarios.

“En el Ministerio estamos muy atentos a los proyectos de Justicia que cursan en el Congreso de la República”, manifestó Gil Botero, quien también se mostró complacido con el apoyo de Italia para las zonas priorizadas en el posconflicto.

viernes, 5 de mayo de 2017

MÁS DE OCHO ABUSADORES DE NIÑOS SE CAPTURAN AL DÍA


Como parte de la estrategia de priorización de delitos contra los menores de edad, la Fiscalía adelanta constantes operativos para capturar a responsables de abusos a niños.

Luis González, el director nacional de fiscalías, aseguró que tienen en lista un cúmulo de órdenes de captura, de estas hicieron efectivas 140 en sólo dos semanas.

"Un centenar de órdenes de captura y en las últimas dos semanas se han hecho más de 140 con el apoyo de la Policía y serán presentados ante el juez de control de garantías".

La fiscal María Paulina Rivero aseguró que todo hace parte de una nueva estrategia de la Fiscalía y ese resultado son las capturas.

"Hace unos meses anunciamos como política general de la Fiscalía adelantar prioritariamente las investigaciones por violencia intrafamiliar".

Los dos funcionarios aseguraron que las capturas continuarán en las próximas semanas hasta dar cumplimiento a las exigencias de justicia que hace la comunidad.

CONCEDEN LIBERTAD AL GENERAL (R) USCÁTEGUI, CONDENADO POR MASACRE DE MAPIRIPÁN


El juzgado 21 de ejecución de penas de Bogotá otorgó la libertad al general en retiro Jaime Humberto Uscátegui Ramírez, quien solicitó acogerse a la Jurisdicción Especial de Paz.

Mediante el auto 436, el juzgado concedió “el beneficio de la libertad transitoria condicionada y anticipada al condenado brigadier general Jaime Humberto Uscátegui Ramírez, por cumplir con todos los requisitos para ello, según certificación expedida por el secretario ejecutivo transitorio de la Jurisdicción Especial para la Paz, doctor Néstor Raúl Correa Henao”.

La boleta de libertad se libró esta mañana y deberá hacerse efectiva de manera inmediata en el Cantón Norte, en donde está recluido.

El general Uscátegui fue condenado en 2014 a 37 años de prisión por la Corte Suprema de Justicia por su responsabilidad en la masacre de Mapiripán (Meta), perpetrada por las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) entre el 15 y el 20 de julio de 1997.

En la sentencia, la Corte consideró que el general Uscátegui fue informado oportunamente de la toma violenta del municipio de Mapiripán y que no tomó medida alguna en favor de los habitantes de la localidad. “Debió comunicar la gravedad de la amenaza para que se coordinaran acciones dirigidas a proteger a los pobladores de Mapiripán”, dice el fallo de la Corte Suprema.