miércoles, 17 de mayo de 2017

AGENTES DEL CTI VENDÍAN Y BORRABAN INFORMACIÓN DE ANTECEDENTES A $100.000


Una investigación que por meses adelantó la Unidad Contra la Corrupción en la Rama Judicial de la Fiscalía puso al descubierto una red que incluyó a funcionarios de la propia entidad que durante años se dedicaron a vender información de la base de datos de antecedentes y borrarlos, según el pago.

Entre los capturados hay tres agentes del CTI que tenían acceso a la información del Sistema Penal Oral Acusatorio (donde se guardan las sentencias, órdenes de captura y procesos pendientes que tienen personas con algún enredo en la justicia), además, otros tres funcionarios judiciales serían los encargados de ubicar los futuros clientes de la red.

Luego de conseguir a los interesados en conocer los antecedentes de ciertas personas o de borrarlos, los funcionarios exigían pagos que van desde los $100.000 a los $2 millones, de acuerdo a la gravedad de los delitos y el tiempo en la base de datos, esos pagos se hacían a través empresas de giros.

Fuentes de la Fiscalía, aseguraron que la investigación ahora se dirige a quienes utilizaron los servicios ilegales de los funcionarios capturados, “el sistema registra el día, hora y responsable de acceder y modificar los datos”.

MADURO ORDENA MILITARIZAR FRONTERA CON COLOMBIA TRAS DISTURBIOS

El presidente venezolano, Nicolás Maduro, ordenó militarizar el estado Táchira, luego de varios días de saqueos y ataques contra instalaciones policiales y militares en la ciudad de San Cristóbal y y varios municipios cercanos .

"He ordenado el traslado de 2.000 guardias y 600 tropas de operaciones especiales", informó el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López.

El responsable de la Defensa en Venezuela hizo un llamado al cese de la violencia en el país.

“Rechazamos todas las muertes. Hay disparos de metras contra los manifestantes que actúan de manera violenta”, aseguró desde el Palacio de Miraflores.

Según Padrino López, con esta medida se eleva a partir de este momento "a una segunda fase" el estado de excepción a través del empleo del llamado "Plan Zamora".

HOY SE CELEBRA EL DÍA INTERNACIONAL CONTRA LA HOMOFOBIA, LA TRANSFOBIA Y LA BIFOBIA


Cada 17 de mayo, el mundo entero se alza en el Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia para pedir la mejora de los derechos y las libertades de todas estas comunidades

La Asamblea Mundial de la Salud (OMS) eliminó de la lista de enfermedades mentales la homosexualidad el 17 de mayo de 1990. Coincidiendo con esta fecha, se celebra cada año y desde el 2005 el Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia.

te día pretende hacer pública la falta de libertades de estos colectivos, al mismo tiempo que presiona a los líderes mundiales para que mejoren los derechos de todas estas personas.

Más de 70 países criminalizan a día de hoy la homosexualidad, imponiendo para ellos incluso penas de cárcel o muerte. Por suerte, iniciativas como el Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia pretenden mejorar la situación de todos los ciudadanos del mundo, independientemente de su género o tendencia sexual.

PROYECTO DE REFORMA POLÍTICA INCLUYE LAS PROPUESTAS MÁS REITERADAS POR LOS CIUDADANOS


Las propuestas más importantes y reiteradas por los ciudadanos, a través del ejercicio #REDformaPolítica, anunciado hace tres meses por el Ministerio del Interior, fueron incluidas en el Proyecto de Reforma Política que se radicará en el Congreso de la República, en el marco de la reforma electoral, de partidos y de participación ciudadana que se desprende del Acuerdo de Paz.

Las propuestas de los colombianos que fueron incluidas en el proyecto de Reforma Política son:

1. No más curul vitalicia: nadie podrá ser elegido por más de dos periodos consecutivos en corporaciones públicas, poniendo fin al círculo vicioso de la reelección indefinida.

2. Se promoverá la renovación generacional para el Congreso de la República: La edad requerida para ser senador bajará de 30 a 25 años y para ser representante pasará de 25 a 21 años.

3. Se crearán incentivos para una mayor participación de jóvenes y mujeres: un 10% de la financiación estatal se distribuirá de manera proporcional al número de mujeres inscritas como candidatas en las listas y otro 10% en función del número de jóvenes inscritos.

4. Se promoverán soluciones tecnológicas para que TODOS los colombianos puedan votar. Se implementará la inscripción y voto a través de medios digitales, el cual iniciará con las personas residentes en el exterior.

5. Se les prohibirá a las campañas contratar transporte de electores para la fecha de las elecciones y actos y manifestaciones públicas, poniendo fin a esta práctica.

6. En aras de garantizar mayor transparencia en las elecciones, se implementará gradualmente el voto electrónico y se generalizará el sistema de identificación biométrica.

7. Se habilitará la recolección de firmas digitales para que los ciudadanos presenten iniciativas al Congreso de la República.

8. Se eliminará el origen político de los magistrados del Consejo Electoral Colombiano, respondiendo a la voluntad ciudadana de despolitizar la institución.

9. El Consejo Electoral Colombiano tendrá una unidad de Policía Judicial para controlar temas de financiación, campañas y seccionales departamentales con capacidad de investigación en el terreno, recogiendo así la propuesta que hicieron los colombianos de crear una Unidad de Fiscalización de Campañas Políticas.

10. El voto no se compra, de ninguna manera: se prohibirá a organizaciones políticas y campañas electorales entregar donaciones, dádivas o regalos a los ciudadanos.

11. Se castigará con pérdida de investidura la violación de las normas sobre financiación de campañas, prohibición de donaciones y manejo monetario.

12. La ley establecerá la responsabilidad penal para los representantes legales de las organizaciones políticas, los directivos de las campañas electorales, candidatos y particulares que violen estas disposiciones.

PARQUEADEROS DENUNCIADOS EN BOGOTÁ POR ILEGALIDAD Y ALTAS TARIFAS


Los cabildantes que llevaron al Concejo de Bogotá la denuncia sobre ciertas irregularidades que tienen parqueaderos en la capital son Emel Rojas Castillo, José David Castellanos, Yefer Vega y Rolando González.

El debate se adelanta el día de hoy y tiene como propósito buscar una regularización justa en la tarifa, además de que la capital se vea beneficiada con el recaudo de impuestos aportado por las empresas que prestan este servicio.

Según Castellanos hay parqueaderos en Bogotá que cobran entre $28 y $47 pesos de más en la tarifa autorizada, esta cantidad, conforme a lo dicho por el cabildante, representa al año por vehículo un valor de más de $5,4 millones para los sitios de estacionamiento. En total, según el concejal, los bogotanos pagan hasta $20.000 millones de más al año por el servicio.

Dentro de las empresas que prestan este servicio y que han sido identificadas por las investigaciones de este cabildante figuran Parking, Parqueaderos Tequendama, Royal Parking, Alek y Valet Parking.

Al pliego de inquietudes presentadas por los cabildantes se adiciona la del concejal Yefer Vega, quien afirma que los parqueaderos para bicicletas existentes en estos establecimientos son insuficientes a la demanda que actualmente tienen los bogotanos.

Este cabildante afirma que la norma que establece que por cada 10 parqueaderos a vehículos en un establecimiento que presta este servicio debe existir uno destinado a bicicletas está obsoleta, ya que: “Diariamente se realizan más de 800 mil viajes en bicicleta. El número de viajes se ha duplicado en los últimos 7 años”, por lo que el concejal propone que el número de cupo para bicicletas en los parqueaderos sea aumentado.

martes, 16 de mayo de 2017

Casa por cárcel a Santofimio, condenado por el magnicidio de Galán


“Pablo, mátalo”. Según Jhon Jairo Velásquez Vásquez alias Popeye, esas fueron las palabras con las que el dirigente político del Tolima Alberto Santofimio Botero, le pidió al jefe del cartel de Medellín, Pablo Escobar, asesinar al candidato presidencial Luis Carlos Galán Sarmiento. Por el testimonio del jefe de sicarios, el exministro de justicia fue condenado a 24 años de prisión. Desde el 2011 está recluido en la cárcel La Picota, pero en las próximas horas será trasladado a su casa, luego de que un juez de Bogotá le concediera ese beneficio.

El proceso de Santofimio es uno de los más largos en la justicia. Fue sentenciado en primera instancia por un juez que lo encontró culpable de aliarse con el cartel de Medellín para cometer el magnicidio que conmocionó al país en agosto de 1989. el candidato presidencial del Nuevo Liberalismo alán fue asesinado en plena plaza pública de Soacha mientras adelantaba un acto proselitista. 

Sin embargo, el Tribunal de Cundinamarca lo absolvió años más tarde por duda razonable. En el 2011, cuando la Corte Suprema de Justicia recibió el proceso en casación, dictó una nueva orden de captura y lo encontró culpable, en calidad de coautor, del crimen de Galán. Lo condenaron por los delitos de homicidio con fines terroristas en concurso con lesiones personales y concierto para delinquir.


La clave de la sentencia contra Santofimio fueron los testimonios de ‘Popeye’ quien dijo presenciar reuniones de Santofimio con Escobar, y del asesinado exsenador Carlos Oviedo Alfaro. Este último confesó que Pablo Escobar le dio detalles, en la cárcel de La Catedral, de cómo sucedieron los hechos.

EN FIRME, PRIMER FUNCIONARIO DE LA JEP


La curva de solicitudes de libertad condicional y de amnistía de iure va en ascenso. El acuerdo de paz con las Farc dejó una gran puerta abierta en materia de interpretación acerca de quiénes pueden ser los destinatarios de los beneficios de la justicia transicional, por lo que el número de colombianos que busquen acogerse a esa nueva jurisdicción aún es incalculable. 

La preocupación de los jueces y magistrados que tienen que aplicar las normas creadas en el marco de la paz no es menor. Están concentrados interpretando con lupa los por menores de estas con el fin de definir quiénes pueden quedar en libertad y quiénes no por hechos cometidos en el marco del conflicto armado. 

Por ello, por lo menos para el sector de la justicia, el Comité de Escogencia que está conformado por cinco juristas de las más altas calidades, acaba de dar uno de los primeros pasos. Después de varias semanas de espera ratificaron a Néstor Raúl Correa como Secretario Ejecutivo de la Jurisdicción Especial para la Paz. 

El exmagistrado del Consejo Superior de la Judicatura llevaba ejerciendo funciones temporales desde el 26 de enero. De hecho, como encargado comenzó a firmar las primeras actas donde avala la libertad condicional de guerrilleros y agentes de Estado. 

Y aunque se trata de una bendición inicial que tendrá posteriores controles en la Jurisdicción Especial, casos como el del exministro de Salud Diego Palacio le costó una polvareda política por cuenta de haber hecho afirmaciones sobre los términos en que este se acogía a las reglas de paz.