LAS MUJERES DE LA PROCURADURÍA

Catorce funcionarias componen la cúpula del Ministerio Público. Junto con su jefe, Fernando Carrillo, tienen la dura tarea de darle una nueva cara a la entidad y adelantar procesos disciplinarios en medio de una altísima percepción de corrupción en el país.

Lo primero que hizo el procurador desde su despacho fue llamar a una firma cazatalentos. Decidió seleccionar a su número dos, el viceprocurador, y respaldarlo en la escogencia de un equipo de apoyo que terminó siendo mayoritariamente femenino. Hoy lo rodean 12 profesionales con trayectorias destacadas en el sector público y en el privado.

1) Laura Ospina: Procuradora Auxiliar para Asuntos Constitucionales. 
2) Paula Andrea Ramírez: procuradora delegada III para la Casación Penal en la Corte Suprema. 
3) Elena Ambrosi: Procuradora Delegada para el apoyo a las víctimas del conflicto armado y los desmovilizados.
4) Adriana Sanclemente: Delegada para Asuntos Civiles y Laborales 
5) Carmen Maritza González: Procuraduría Delegada para la Vigilancia y Policía Judicial
6) Gloria Elena Blandón: Procuraduría Delegada para la Investigación y el Juzgamiento Penal.
7) Bertha Patricia Alemán: Oficina de Cooperación y Asuntos Internacionales. 
8) Myriam Méndez: Procuraduría Delegada para la Descentralización y las Entidades Territoriales. 
9) Sonia Patricia Téllez: delegada para la Defensa de los Derechos de la Infancia, la Adolescencia y la Familia. 
10) Clemencia Yepes: Encargadas del control interno y la gestión humana, administrativa y financiera. 
11) María Isabel Posada: jefa de la Oficina de Control Interno y secretaria general 
12) Consuelo Ordóñez: jefa de Planeación

CORTE SUPREMA INTEGRA TERNA DE ASPIRANTES A LA CORTE CONSTITUCIONAL

Con los juristas Diana Constanza Fajardo Rivera, Álvaro Andrés Motta Navas y Alejandro Ramelli Arteaga, la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia integró la terna de la cual el Senado de la República elegirá el reemplazo del exmagistrado de la Corte Constitucional Luis Ernesto Vargas Silva.

Diana Constanza Fajardo Rivera es abogada, politóloga y especialista en Gestión Pública e Instituciones Administrativas de la Universidad de los Andes. Actualmente se desempeña como directora técnica de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. Ha desempeñado, entre otros cargos, los de magistrada auxiliar de la Corte Constitucional, secretaria general y jefe de la oficina jurídica del Ministerio de Interior, secretaria privada de la Gobernación de Cundinamarca, directora ejecutiva de Colombia Internacional y docente e investigadora de la Universidad de Los Andes.

Álvaro Andrés Motta Navas es abogado especialista en Derecho Sustantivo y Contencioso Constitucional de la Universidad Javeriana y doctor en Derecho y Ordenamiento Constitucional de la Universidad de La Laguna, con maestría en Acción Política y Participación Ciudadana en el Estado de Derecho de la Universidad Rey Juan Carlos, Universidad Francisco de Vitoria y el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid. Se desempeña como director de la especialización en Derecho Sustantivo y Contencioso Constitucional de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Javeriana. Ha sido secretario general de la Superintendencia Nacional de Salud, asesor del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, director de la maestría en Derecho Constitucional de la Universidad Javeriana, asistente en la Cámara de Representantes y docente universitario.

Alejandro Ramelli Arteaga, abogado de la Universidad Externado de Colombia, es doctor en Derecho de la Universidad de Salamanca (cum laude) y máster en Derechos Humanos de la Universidad de París X Nanterre. En su trayectoria profesional ha sido magistrado auxiliar de la Corte Constitucional, cargo que desempeña en la actualidad; magistrado auxiliar del Consejo de Estado, fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia y jefe de la Unidad Nacional de Análisis y Contexto de la Fiscalía General de la Nación. Por postulación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, fue designado perito de la CorteIDH. Es reconocido profesor de posgrado en diversas universidades nacionales e internacionales en las áreas de Derecho Constitucional, Derechos Humanos, Derecho Internacional de los Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario y Derecho Penal Internacional. Autor de numerosos libros y artículos sobre derechos humanos, derecho internacional humanitario y derecho penal internacional.

AGENTES DEL CTI VENDÍAN Y BORRABAN INFORMACIÓN DE ANTECEDENTES A $100.000

Una investigación que por meses adelantó la Unidad Contra la Corrupción en la Rama Judicial de la Fiscalía puso al descubierto una red que incluyó a funcionarios de la propia entidad que durante años se dedicaron a vender información de la base de datos de antecedentes y borrarlos, según el pago.

Entre los capturados hay tres agentes del CTI que tenían acceso a la información del Sistema Penal Oral Acusatorio (donde se guardan las sentencias, órdenes de captura y procesos pendientes que tienen personas con algún enredo en la justicia), además, otros tres funcionarios judiciales serían los encargados de ubicar los futuros clientes de la red.

Luego de conseguir a los interesados en conocer los antecedentes de ciertas personas o de borrarlos, los funcionarios exigían pagos que van desde los $100.000 a los $2 millones, de acuerdo a la gravedad de los delitos y el tiempo en la base de datos, esos pagos se hacían a través empresas de giros.

Fuentes de la Fiscalía, aseguraron que la investigación ahora se dirige a quienes utilizaron los servicios ilegales de los funcionarios capturados, “el sistema registra el día, hora y responsable de acceder y modificar los datos”.

MADURO ORDENA MILITARIZAR FRONTERA CON COLOMBIA TRAS DISTURBIOS

El presidente venezolano, Nicolás Maduro, ordenó militarizar el estado Táchira, luego de varios días de saqueos y ataques contra instalaciones policiales y militares en la ciudad de San Cristóbal y y varios municipios cercanos .

"He ordenado el traslado de 2.000 guardias y 600 tropas de operaciones especiales", informó el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López.

El responsable de la Defensa en Venezuela hizo un llamado al cese de la violencia en el país.

“Rechazamos todas las muertes. Hay disparos de metras contra los manifestantes que actúan de manera violenta”, aseguró desde el Palacio de Miraflores.

Según Padrino López, con esta medida se eleva a partir de este momento "a una segunda fase" el estado de excepción a través del empleo del llamado "Plan Zamora".

HOY SE CELEBRA EL DÍA INTERNACIONAL CONTRA LA HOMOFOBIA, LA TRANSFOBIA Y LA BIFOBIA

Cada 17 de mayo, el mundo entero se alza en el Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia para pedir la mejora de los derechos y las libertades de todas estas comunidades

La Asamblea Mundial de la Salud (OMS) eliminó de la lista de enfermedades mentales la homosexualidad el 17 de mayo de 1990. Coincidiendo con esta fecha, se celebra cada año y desde el 2005 el Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia.

te día pretende hacer pública la falta de libertades de estos colectivos, al mismo tiempo que presiona a los líderes mundiales para que mejoren los derechos de todas estas personas.

Más de 70 países criminalizan a día de hoy la homosexualidad, imponiendo para ellos incluso penas de cárcel o muerte. Por suerte, iniciativas como el Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia pretenden mejorar la situación de todos los ciudadanos del mundo, independientemente de su género o tendencia sexual.

PROYECTO DE REFORMA POLÍTICA INCLUYE LAS PROPUESTAS MÁS REITERADAS POR LOS CIUDADANOS

Las propuestas más importantes y reiteradas por los ciudadanos, a través del ejercicio #REDformaPolítica, anunciado hace tres meses por el Ministerio del Interior, fueron incluidas en el Proyecto de Reforma Política que se radicará en el Congreso de la República, en el marco de la reforma electoral, de partidos y de participación ciudadana que se desprende del Acuerdo de Paz.

Las propuestas de los colombianos que fueron incluidas en el proyecto de Reforma Política son:

1. No más curul vitalicia: nadie podrá ser elegido por más de dos periodos consecutivos en corporaciones públicas, poniendo fin al círculo vicioso de la reelección indefinida.

2. Se promoverá la renovación generacional para el Congreso de la República: La edad requerida para ser senador bajará de 30 a 25 años y para ser representante pasará de 25 a 21 años.

3. Se crearán incentivos para una mayor participación de jóvenes y mujeres: un 10% de la financiación estatal se distribuirá de manera proporcional al número de mujeres inscritas como candidatas en las listas y otro 10% en función del número de jóvenes inscritos.

4. Se promoverán soluciones tecnológicas para que TODOS los colombianos puedan votar. Se implementará la inscripción y voto a través de medios digitales, el cual iniciará con las personas residentes en el exterior.

5. Se les prohibirá a las campañas contratar transporte de electores para la fecha de las elecciones y actos y manifestaciones públicas, poniendo fin a esta práctica.

6. En aras de garantizar mayor transparencia en las elecciones, se implementará gradualmente el voto electrónico y se generalizará el sistema de identificación biométrica.

7. Se habilitará la recolección de firmas digitales para que los ciudadanos presenten iniciativas al Congreso de la República.

8. Se eliminará el origen político de los magistrados del Consejo Electoral Colombiano, respondiendo a la voluntad ciudadana de despolitizar la institución.

9. El Consejo Electoral Colombiano tendrá una unidad de Policía Judicial para controlar temas de financiación, campañas y seccionales departamentales con capacidad de investigación en el terreno, recogiendo así la propuesta que hicieron los colombianos de crear una Unidad de Fiscalización de Campañas Políticas.

10. El voto no se compra, de ninguna manera: se prohibirá a organizaciones políticas y campañas electorales entregar donaciones, dádivas o regalos a los ciudadanos.

11. Se castigará con pérdida de investidura la violación de las normas sobre financiación de campañas, prohibición de donaciones y manejo monetario.

12. La ley establecerá la responsabilidad penal para los representantes legales de las organizaciones políticas, los directivos de las campañas electorales, candidatos y particulares que violen estas disposiciones.

PARQUEADEROS DENUNCIADOS EN BOGOTÁ POR ILEGALIDAD Y ALTAS TARIFAS

Los cabildantes que llevaron al Concejo de Bogotá la denuncia sobre ciertas irregularidades que tienen parqueaderos en la capital son Emel Rojas Castillo, José David Castellanos, Yefer Vega y Rolando González.

El debate se adelanta el día de hoy y tiene como propósito buscar una regularización justa en la tarifa, además de que la capital se vea beneficiada con el recaudo de impuestos aportado por las empresas que prestan este servicio.

Según Castellanos hay parqueaderos en Bogotá que cobran entre $28 y $47 pesos de más en la tarifa autorizada, esta cantidad, conforme a lo dicho por el cabildante, representa al año por vehículo un valor de más de $5,4 millones para los sitios de estacionamiento. En total, según el concejal, los bogotanos pagan hasta $20.000 millones de más al año por el servicio.

Dentro de las empresas que prestan este servicio y que han sido identificadas por las investigaciones de este cabildante figuran Parking, Parqueaderos Tequendama, Royal Parking, Alek y Valet Parking.

Al pliego de inquietudes presentadas por los cabildantes se adiciona la del concejal Yefer Vega, quien afirma que los parqueaderos para bicicletas existentes en estos establecimientos son insuficientes a la demanda que actualmente tienen los bogotanos.

Este cabildante afirma que la norma que establece que por cada 10 parqueaderos a vehículos en un establecimiento que presta este servicio debe existir uno destinado a bicicletas está obsoleta, ya que: “Diariamente se realizan más de 800 mil viajes en bicicleta. El número de viajes se ha duplicado en los últimos 7 años”, por lo que el concejal propone que el número de cupo para bicicletas en los parqueaderos sea aumentado.