GOBIERNO PIENSA REVIVIR TRIBUNAL DE AFORADOS EN LA REFORMA POLÍTICA

La idea es aprovechar el debate que se esta dando en la Cámara de Representantes y la indignación nacional que hay por los recientes escándalos de corrupción en la justicia, para incluir en la reforma política los artículos necesarios para que crear un tribunal de aforados que juzgue a los altos funcionarios del estado.

“Claramente estoy de acuerdo con esta necesidad, el presidente me consultó al respecto y celebramos si este tema se incluye en la reforma política (…) El otro tema es quitarle las funciones electorales a las cortes (...) Sin lugar a dudas el fiscal también necesita quien lo ronde y por eso creamos mecanismos de auditoría y veeduría para la Fiscalía y son temas que deben estar en la agenda de estas reformas”, precisó.

Dijo incluso que, ante la comisión interinstitucional de justicia, los presidentes de las cortes manifestaron no tener temor del tribunal de aforados y recomendó retirar el artículo de la reforma política, que propone que las cortes nombren tres magistrados del nuevo consejo electoral.

LA JUSTICIA EN CRISIS Y LOS CONGRESISTAS NO ESCUCHAN A ASPIRANTES A LA CORTE

Tuiteros alegan que "ni el Espíritu santo" llegó al Congreso para escuchar a los ternados a la Corte Constitucional. El nuevo integrante de ese alto tribunal podría cambiar el rumbo de las decisiones clave del proceso de paz.

En medio de una crisis institucional sin precedentes para la justicia, se presentaron ante un público desalentador los tres candidatos que concursan por quedarse con un cupo en la Corte Constitucional. Fernando Reyes Cuartas, Jhon Jairo Morales Alzate y Judith Bernal de Valdivieso se pararon frente a la poco concurrida plenaria del Senado a exponer sus posiciones, lo que ocasionó de inmediato las críticas de a quienes cada vez más les preocupa la lamentable situación a la que ha llegado la justicia. 

Como ya es usual, la antesala para la llegada de cada nuevo magistrado a la Corte Constitucional está rodeada por un fallo crucial para el acuerdo de paz con las Farc. Con la elección que haga el Congreso este miércoles, esta semana culmina lo que se conoció como la ‘renovación‘ de este alto tribunal -cambiaron cinco de los nueve magistrados- y el ciclo quedará marcado por la decisión definitiva alrededor del blindaje jurídico que tendrá el proceso de paz.

El miedo que genera entre la guerrilla y los seguidores del proceso que un Gobierno opositor tenga la capacidad de echar abajo lo acordado en La Habana, es uno de los temas más sensibles. Y mientras el Congreso de la República escucha y elige este miércoles al noveno magistrado en propiedad, que entrará a ocupar el cargo de Jorge Iván Palacio, en la Corte Constitucional cada voto suma en una discusión a la que llegan divididos. 

En su exposición, Judith Bernal -abogada de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, especializada en Derecho Penal- aseguró que la protección de los derechos fundamentales se deben dar a todos los ciudadanos, pertenezcan o no a una minoría. Ha sido jueza por más de 20 años y ante los parlamentarios aseguró que velará porque los acuerdos de paz con las Farc se ajusten a la ley. 

José Fernando Reyes Cuartas, abogado de la Universidad de Caldas, expresó que la defensa de las minorías es lo que caracteriza a una democracia moderna y aseguró que le interesa que se garantice la independencia de la justicia, teniendo en cuenta que se han ido cercenando de una manera muy dura las competencias del Congreso. Reyes es un reconocido miembro de la rama judicial que tiene décadas de experiencia como juez. 

El abogado graduado de la Universidad Santo Tomás Jhon Jairo Morales Alzate aseguró que la Constitución creó mecanismos de protección a minorías y que velará para que los proyectos que las afectan sean sujetos a la consulta previa. Aseguró que los acuerdos de paz deben ser ajustados a la institucionalidad.

Nuevo magistrado, clave para blindaje jurídico

Este martes, hubo sala extraordinaria para votar si aceptaban o no el impedimento de la magistrada Cristina Pardo en el estudio del acto legislativo, que le dio seguridad jurídica a lo acordado. El voto de la exsecretaria jurídica de Palacio está en discusión ya que es ella quien le entrega al presidente de la república el decreto que convoca a las sesiones extras en el Congreso, lo cual permitió aprobar mediante fast track el acto legislativo en estudio. Para unos magistrados, no se requería convocar a extras ya que el Congreso estaba haciendo uso de sus facultades extraordinarias, para otro sector la convocatoria era indispensable y Pardo revisó la constitucionalidad del decreto antes de pasarlo a firma presidencial. 

Lo que está en juego con este voto es la estabilidad jurídica de lo acordado, tema que tiene dividida a la Corte Constitucional por cuenta de la ponencia del presidente Luis Guillermo Guerrero, que propone tumbar un aparte del Acto Legislativo 2 del 2017. 

Lo que señala Guerrero es que dos expresiones del documento aprobado en el Congreso deben ser declaradas inexequibles: 1. La que indica que “las instituciones y autoridades del Estado tienen la obligación de cumplir de buena fe con lo establecido en el acuerdo final”. 2. La que asegura que las actuaciones de todos los órganos y autoridades del Estado quedan obligadas a guardar coherencia e integralidad con lo acordado, preservando los contenidos, los compromisos, el espíritu y los principios del Acuerdo Final.

Aunque para algunos analistas, los temas importantes del Acuerdo de Paz están protegidos bajo la sombrilla del Derecho Internacional Humanitario y los derechos fundamentales definidos en nuestra Constitución, intervenir el acto legislativo frente a la obligación de las entidades del Estado con el proceso, podría traer consecuencias. 

El tema en la corte no está fácil y si la división en este tribunal se mantiene frente al fallo de fondo, la conclusión será que una vez más la decisión definitiva estará en manos del noveno magistrado, que será elegido en el Congreso.

RAMA JUDICIAL IMPULSARÁ REFORMA INTERNA PARA EVITAR CASOS DE CORRUPCIÓN

La magistrada Martha Lucia Olano, presidente de la Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial, anunció una gran reforma al interior de la justicia, con el fin de evitar casos de corrupción como el que hoy salpica a dos expresidentes de la Corte Suprema de Justicia, tras su relación con el exfiscal extraditable Gustavo Moreno. 

La magistrada aseguró que "se revisarán las medidas anticorrupción y las buenas prácticas adoptadas en el sector justicia. Además, de la estrategia de control y autorregulación de la conducta de los funcionarios y empleados judiciales". 

La magistrada pidió celeridad y resultados en el corto y mediano plazo a los órganos que están adelantando las investigaciones. 

La Comisión la integra los presidentes de la Corte Suprema de Justicia, la Corte Constitucional, el Consejo de Estado y el Consejo superior de la Judicatura. Además, del fiscal General, el procurador y el presidente del sindicato

FISCALÍA EXIGE QUE EXMINISTRAS DECLAREN EN COLOMBIA

Ni el viernes 18 de agosto ni tampoco este lunes, las exministras Gina Parody y Cecilia Álvarez asistieron al búnker de la Fiscalía para la citación a interrogatorio que tienen pendiente con la justicia. 

Ambas fueron requeridas por un fiscal delegado ante la Corte para que expliquen las condiciones que rodearon la entrega del contrato para la construcción de la vía Ocaña - Gamarra, a través de un otrosí con el Consorcio Ruta del Sol tramo dos, del que hacía parte Odebrecht, y no por medio de una licitación. 

Este proceso tiene su origen en una denuncia del Centro Democrático por tres presuntos delitos: celebración de contratos sin requisitos legales, interés indebido e inhabilidad legal. Para los uribistas, a la Ruta del Sol tramo 2 se le adicionó irregularmente la vía Ocaña - Gamarra, y con ello Álvarez habría favorecido a su pareja y compañera de gabinete, Gina Parody. Esto en razón a que la familia de Parody es socia de la empresa Sociedad Portuaria de Cartagena, que proyectaba construir un puerto en Gamarra sobre el río Magdalena, que quedaría a tres kilómetros del final de la carretera. Los denunciantes sostienen que en el asunto se presentaron varias irregularidades.

Fuentes de la Fiscalía confirman que sin mediar explicación, las exministras no se presentaron este lunes, por lo que la cita tuvo que ser reprogramada. Al parecer las exfuncionarias estarían por fuera del país en actividades académicas por lo que el ente investigador informó que su comparecencia tendrá que ser personal. 

El contrato Ocaña - Gamarra es uno de los principales casos judiciales de la corrupción de Odebrecht en Colombia. La Fiscalía documentó millonarios sobornos que en principio alcanzaron los 4,6 millones de dólares, pero que a través de contratos simulados ya llegan a los casi 40.000 millones de pesos adicionales que habrían ido a parar a bolsillos de políticos y colaboradores de la firma en Colombia. 

El ex viceministro Gabriel García Morales dio una declaración en torno a la cual en ese momento la regla en el mundo de la infraestructura era que las obras que no estuvieran dentro del área del corredor no podían ser construidas a través de una adición. Se requería licitación, es su versión. Y mencionó la existencia de un concepto del Consejo de Estado que lanzó esta advertencia. 

“Ese proyecto (otrosí) no surge en la ANI ni en Planeación por ser un tema de competitividad, ese proyecto surge del Fondo de Adaptación. Se contrataron diseños preliminares con una coincidencia y es que la doctora Álvarez era la directora del Fondo y después era la ministra en el momento en que se hizo la adición”, dijo el exfuncionario, quien admitió haber recibido USD 6.5 millones de sobornos para la entrega de la Ruta del Sol tramo 2 al Consorcio en el que estaba Odebrecht.

La exministra ha salido a explicar en múltiples escenarios su intervención en este caso. Ha dicho que las decisiones de inversión que se toman en el Fondo de Adaptación se gestionan una vez los ministros hacen las solicitudes. Señala que las acusaciones en su contra vienen de las múltiples mentiras que ha dicho el Centro Democrático y que no tuvo nada que ver con la cancelación de ese contrato cuando llegó al Ministerio de Transporte, pues era un asunto de competencia exclusiva de la ANI. 

Parody y Álvarez también tendrán que explicar las razones por las cuales suscribieron el documento Conpes 3817 de 2014 que autoriza la construcción de la vía Ocaña-Gamarra. Ese documento fue firmado por todo el gabinete, incluido el hoy fiscal general, quien en ese momento era el superministro de la Presidencia.

En el caso de Parody, se busca establecer es si la exministra de Educación estaba impedida o se encontraba en conflicto de intereses al suscribir el Conpes. Puntualmente, se investiga si al ser su familia parte de la Sociedad Portuaria Regional de Cartagena S.A., la exministra debió dar un paso al costado en el Consejo Nacional de Política Económica y Social.

PEREIRA SIGUE RECITANDO POESÍA

Lo que empezó como un proyecto universitario de un grupo de amigos, hoy, sin duda, se ha convertido en un referente cultural a nivel nacional e internacional, pues año tras año reúne a poetas de todo el mundo para contagiar de poesía a los centros educativos y a la comunidad en general.

Este festival se caracteriza por tener una agenda propia, donde las nuevas promesas de la poesía y los que ya cuentan con gran experiencia hacen su debut para las más de 13.000 personas que, por gusto, curiosidad y pasión, asisten al encuentro donde los versos son los protagonistas.

Este año, como es costumbre, Luna de Locos reunirá a grandes exponentes de la poesía de todo el mundo: Luis García Montero, de España; Zoë Skoulding, de Gales; Herménégilde Chiasson, de Canadá; Tal Nitzan, de Israel; Walter Raffaelli, de Italia; Emilio Coco, de Italia; Raquel Lanseros, de España; Juan Arabia, de Argentina, Sara Vanegas, de Ecuador, y James Byrne, de Gran Bretaña, entre otros.

Asimismo, la participación de poetas colombianos es importante: Willian Ospina, Fernando Hernández, Mauricio Peñaranda, Juliana Gómez, Mery Yolanda Sánchez, Pedro Estrada, Alejandro Velásquez, Hernán Mallama y muchos más. 

Serán cinco días de programación donde los invitados y los asistentes participarán en diferentes espacios de lecturas, tertulias, talleres de poesía y conferencias.

Lo que más destaca Giovanny Gómez, director del festival, es que durante sus 10 ediciones, “se han recuperado lugares públicos de Pereira muy importantes para el disfrute de la poesía: el parque de la Vida, el viaducto, el Jardín Botánico, la Plaza de Bolívar, el parque El Lago y, desde esta edición, el parque Olaya Herrera; lugares que se relacionan con este tipo de propuestas culturales y, sobretodo, es un gran escenario para resignificar la ciudad y el paisaje cultural cafetero”.

Aunque es una realidad que en Colombia los índices de lectura son bajos, situación que puede alejar a los jóvenes de la poesía, el panorama no es tan desalentador. Hernán Mallama, poeta colombiano, dice que “los jóvenes tienen muchas posibilidades con este género literario y con la escritura, pues gracias a las nuevas tendencias nutren la visión del mundo. Hay que reconocer que ahora hay más jóvenes haciendo excelentes propuestas en literatura, como Alan González, Alejandro Velásquez o Andrés Uribe. Colombia tiene un gran abanico de oportunidades para la poesía”.

También recalca que espacios como el que ofrece Luna de Locos en los centros educativos “es algo esencial: allí se está generando públicos que se educan en la literatura. Este festival invita a los niños a que vean la poesía como un medio para existir y les hace entender que escribir y producir realmente construye sociedad y mejores hombres. Llevar esto a los colegios es una gran labor”.

En palabras de Gómez, se espera que este festival llegue a más colegios y a todos los municipios. La tarea es estar en todo el Eje Cafetero y hacer un festival más poderoso que involucre de manera importante los caminos creativos que tiene la región.

Nos permitimos dar a conocer la columna de la periodista María Jimena Duzán de la revista semana que titula El reencauche de Pastas

EL REENCAUCHE DE PASTAS 

Que Pastas, quien es una de las fichas de Bustos termine investigando al exfiscal Moreno, que siempre fue uno de sus protegidos, es como poner a los ratones a cuidar el queso.

Ala Fiscalía de NHM le va a tocar hacer mucho más que compulsar copias a la comisión de absoluciones para desactivar la red de corrupción que presuntamente habrían orquestado exmagistrados, abogados y fiscales, bajo la batuta de Leonidas Bustos, su gran aliado y elector.

El reencauche del magistrado auxiliar de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia Álvaro Pastas es una historia que muestra cómo el exmagistrado Bustos mueve sus fichas tras bambalinas. 

Pastas fue el magistrado auxiliar que reemplazó al investigado estrella de la parapolítica, Iván Velázquez, cuando este presentó su renuncia irrevocable con el argumento poderoso de que las investigaciones de la parapolítica tenían cada vez menos apoyo por parte de la mayoría de los magistrados de la Sala Penal y que en esas condiciones era mejor renunciar.

La salida de Iván Velázquez fue presionada por el magistrado Leonidas Bustos, como muchos periodistas lo denunciamos en su momento, cuando además advertimos que lo que se buscaba era acabar con los procesos de la parapolítica, cosa que efectivamente sucedió.

Pastas no duró mucho en ese cargo. Fue removido por la misma Corte Suprema de Justicia, por haber ‘refundido’ una grabación de una audiencia que él le había hecho a Macaco en Estados Unidos, y en la que este narcotraficante hablaba de toda la estructura de las autodefensas del Valle del Cauca y de los políticos con los cuales tenían relaciones.

Aunque la grabación apareció después, de la misma forma misteriosa en que desapareció, Pastas fue retirado del cargo, más por el empecinamiento de la magistrada María del Rosario González, que por la del propio Leonidas Bustos.

Al poco tiempo se supo que Álvaro Pastas de ser el magistrado investigador de la parapolítica había pasado a ser el abogado de la Gata, hecho que contrarió a muchos magistrados que sabían que Pastas adelantó varias investigaciones de políticos que tenían relación con la Gata. Ante la sorprendente flexibilidad ética de Pastas, la propia Corte Suprema de Justicia lo denunció por haber recibido presuntamente dinero para arreglar un negocio que él tenía en su despacho y que tenía que ver con la empresa Servimos, a la que se le señalaba de financiar políticos con dinero de los paramilitares

Entretanto, su protector, Leonidas Bustos, ya era presidente de la Corte Suprema de Justicia. Hizo muy buenas migas con el fiscal Montealegre y logró que este les concediera un cupo de puestos a todos los magistrados de la Sala Penal de la CSJ. Uno de los fiscales delegados ante la corte que fueron nombrados como cuota de Bustos fue Luis Raúl Acero.

El 16 de agosto de 2016, a los pocos días de haber llegado NHM a la Fiscalía, Acero archivó la investigación contra Álvaro Pastas. (Al poco tiempo Luis Raúl Acero fue nombrado por NHM como fiscal delegado ante el Tribunal de Cundinamarca. Martínez también nombró como fiscal ante la corte –lo han dicho varios medios- a Mabel Parra, quien fue magistrada auxiliar de Bustos y la que prospectó el fallo inhibitorio a favor de Germán Vargas Lleras por un caso de parapolítica que adelantó la CSJ. Su exesposo es el famoso Yayo, quien hasta hace poco trabajaba en la UTL del senador de Cambio Radical Germán Varón. Igualmente , NHM confirmó como fiscal ante la corte a Carlos Iván Mejía, otra ficha de Bustos).

Hace unos meses, el magistrado de la Corte Suprema de Justicia Luis Antonio Hernández nombró al cuestionado Álvaro Pastas como magistrado auxiliar, con la anuencia de Leonidas Bustos, quien al principio se opuso al nombramiento, pero después le dio el visto bueno. 

Para cerrar este círculo pérfido: ahora se sabe que el magistrado Hernández, que trabaja con Pastas, es el designado por la Sala Penal de la corte para que examine las presuntas irregularidades del exfiscal Gustavo Moreno en los procesos que adelantó ante la corte.

No sobra recordar que Moreno también fue una ficha de Bustos que NHM heredó de Montealegre, y que luego él ascendió al puesto de jefe de la Unidad Anticorrupción. Que Pastas, quien es una de las fichas de Bustos, termine investigando al exfiscal Moreno, que siempre fue otro de sus protegidos, es como poner a los ratones a cuidar el queso.

Por lo demás, la relación entre Pastas y Bustos está atravesada por casos espinosos como el de Habib Merheg, proceso que estuvo dormido más de siete años en la CSJ, hasta que finalmente se falló en su contra cuando convenientemente Merheg estaba ya fuera del país. ¿Por qué durmieron ese proceso? ¿Hubo plata de por medio? ¿Será que nos va a tocar que la DEA intervenga para saber hasta dónde llegan los tentáculos de Leonidas Bustos?
No crean que la cabeza del monstruo de la corrupción ha sido cortada por una compulsa de copias a una comisión que nunca ha investigado nada. El monstruo todavía goza de muy buena salud.

MISTERIOS EN ROBO A CARROS DE VALORES

A plena luz del día y delante de la ciudadanía, en los meses recientes se han recrudecido los hurtos a carros transportadores de dinero. Un delito impune.

Como no había sucedido nunca, en julio los asaltantes de vehículos de transporte de valores hicieron su agosto. Durante el mes pasado cada cinco días en Bogotá y Cartagena fueron asaltados seis vehículos que llevaban en total más de $13 mil millones en efectivo para alimentar los cajeros automáticos de ambas ciudades. Lo misterioso del asunto es que en ninguno de los casos, en donde se investiga la supuesta complicidad de algunos empleados, miembros de la Fuerza Pública, presos y criminales a domicilio, no hay capturas y los nuevos ricos se pasean como Pedro por su casa por las calles, disfrutando del botín.

Lo evidente del asunto es que los propietarios de las empresas, originarios de Reino Unido, Estados Unidos, España y Francia, le apuntan a retirar sus inversiones porque dicen que con la inseguridad rampante no hay bolsillo que aguante tamaños hurtos. Entre tanto, sus representantes legales en Colombia no saben qué más hacer, excepto reunirse el miércoles con el fiscal Néstor Humberto Martínez para denunciar lo que ya tiene visos de una conducta sistemática.

Eran las tres de la tarde del pasado sábado 1° de julio. En el aeropuerto El Dorado, un avión de Latam procedente de Medellín descargó $4.000 millones de Bancolombia. De inmediato, personal de la aerolínea se los entregó a tres empleados de la compañía de seguridad privada. Diemer Chacón, Gustavo Rodríguez y Édgar Chillón recogieron el dinero en cuatro bolsas de $1.000 millones.

Según el registro de video y otros documentos conocidos por El Espectador, Chacón guardó la plata. Luego el vehículo de valores permaneció cargado en la plataforma y los tres fueron a tomar una gaseosa. Entre tanto, el conductor David Delgado, al notar que no ajustaron la cerradura electrónica del carro, extrajo el dinero de la bóveda del vehículo y la depositó detrás de la silla de la cabina.

Minutos después regresaron los custodios de hidratarse y emprendieron la ruta asignada para nutrir cajeros. Salieron del aeropuerto y a pocas cuadras el vehículo se desvió de su ruta hacia la carrera 99 con calle 24F, en Fontibón. Allí en una calle, bajo la sombra de un frondoso árbol, el vehículo con placas BNA 369 fue abandonado y los guardias se llevaron los $4.000 millones. El hecho fue denunciado ante la Policía y hoy está en investigación sin decisiones de fondo.

No habían pasado 24 horas del incidente cuando de nuevo otro vehículo de valores, esta vez de la compañía Prosegur, corrió la misma suerte. Hacia las 9 y 30 de la mañana de ese domingo, el carro transportador del dinero salió de las instalaciones de la compañía ubicadas en la zona industrial, por la avenida de las Américas de Bogotá, también con el propósito de alimentar varios cajeros.

Todo marchaba con normalidad hasta que en el sector de Lisboa, al norte de Bogotá, el vehículo fue interceptado por un taxi. La tripulación fue sometida con armas y el carro de valores apareció minutos después abandonado en una calle en mal estado del barrio Villa Cindy, en la localidad de Suba. Esta vez el hurto fue mayor: $5.650 millones en efectivo.

La indagación sobre el caso mostró que pese a las circunstancias el vehículo habría cambiado de la ruta asignada por la compañía. Ese día, el coronel Álex Hernández, comandante de la Policía de Suba, manifestó a los medios de comunicación que: “Estamos recopilando elementos y material de prueba con videos de las cámaras de seguridad para establecer la línea investigativa y resolver prontamente este evento”. Lo cierto es que un abogado conocedor del caso manifestó que casi dos meses después del incidente el caso está en indagación y no hay capturas.

Con dos historias como referente, El Espectador revisó episodios de robos de vehículos de transporte en el último cuatrienio con cifras inquietantes. Son 16 casos que afectan al menos a cinco compañías internacionales del sector, con hurtos de dinero en efectivo superiores a los $32 mil millones. Y una tendencia creciente en 2017 frente a los años anteriores. En este sentido la cifra llega a $13.500 millones.

Al respecto, este diario consultó a Natalia Gutiérrez, presidenta de Fedeseguridad, el gremio que reúne a 11 compañías del sector de la vigilancia y seguridad privada. “La situación es preocupante, tenemos reunión con el fiscal general la próxima semana. La Policía no ha contribuido mucho para controlar esta situación, por el contrario, todos los días nos retiran más los acompañamientos”.