LA JUSTICIA EN CRISIS Y LOS CONGRESISTAS NO ESCUCHAN A ASPIRANTES A LA CORTE
Tuiteros alegan que "ni el Espíritu santo" llegó al Congreso para escuchar a los ternados a la Corte Constitucional. El nuevo integrante de ese alto tribunal podría cambiar el rumbo de las decisiones clave del proceso de paz.
En medio de una crisis institucional sin precedentes para la justicia, se presentaron ante un público desalentador los tres candidatos que concursan por quedarse con un cupo en la Corte Constitucional. Fernando Reyes Cuartas, Jhon Jairo Morales Alzate y Judith Bernal de Valdivieso se pararon frente a la poco concurrida plenaria del Senado a exponer sus posiciones, lo que ocasionó de inmediato las críticas de a quienes cada vez más les preocupa la lamentable situación a la que ha llegado la justicia.
Como ya es usual, la antesala para la llegada de cada nuevo magistrado a la Corte Constitucional está rodeada por un fallo crucial para el acuerdo de paz con las Farc. Con la elección que haga el Congreso este miércoles, esta semana culmina lo que se conoció como la ‘renovación‘ de este alto tribunal -cambiaron cinco de los nueve magistrados- y el ciclo quedará marcado por la decisión definitiva alrededor del blindaje jurídico que tendrá el proceso de paz.
El miedo que genera entre la guerrilla y los seguidores del proceso que un Gobierno opositor tenga la capacidad de echar abajo lo acordado en La Habana, es uno de los temas más sensibles. Y mientras el Congreso de la República escucha y elige este miércoles al noveno magistrado en propiedad, que entrará a ocupar el cargo de Jorge Iván Palacio, en la Corte Constitucional cada voto suma en una discusión a la que llegan divididos.
En su exposición, Judith Bernal -abogada de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, especializada en Derecho Penal- aseguró que la protección de los derechos fundamentales se deben dar a todos los ciudadanos, pertenezcan o no a una minoría. Ha sido jueza por más de 20 años y ante los parlamentarios aseguró que velará porque los acuerdos de paz con las Farc se ajusten a la ley.
José Fernando Reyes Cuartas, abogado de la Universidad de Caldas, expresó que la defensa de las minorías es lo que caracteriza a una democracia moderna y aseguró que le interesa que se garantice la independencia de la justicia, teniendo en cuenta que se han ido cercenando de una manera muy dura las competencias del Congreso. Reyes es un reconocido miembro de la rama judicial que tiene décadas de experiencia como juez.
El abogado graduado de la Universidad Santo Tomás Jhon Jairo Morales Alzate aseguró que la Constitución creó mecanismos de protección a minorías y que velará para que los proyectos que las afectan sean sujetos a la consulta previa. Aseguró que los acuerdos de paz deben ser ajustados a la institucionalidad.
Nuevo magistrado, clave para blindaje jurídico
Este martes, hubo sala extraordinaria para votar si aceptaban o no el impedimento de la magistrada Cristina Pardo en el estudio del acto legislativo, que le dio seguridad jurídica a lo acordado. El voto de la exsecretaria jurídica de Palacio está en discusión ya que es ella quien le entrega al presidente de la república el decreto que convoca a las sesiones extras en el Congreso, lo cual permitió aprobar mediante fast track el acto legislativo en estudio. Para unos magistrados, no se requería convocar a extras ya que el Congreso estaba haciendo uso de sus facultades extraordinarias, para otro sector la convocatoria era indispensable y Pardo revisó la constitucionalidad del decreto antes de pasarlo a firma presidencial.
Lo que está en juego con este voto es la estabilidad jurídica de lo acordado, tema que tiene dividida a la Corte Constitucional por cuenta de la ponencia del presidente Luis Guillermo Guerrero, que propone tumbar un aparte del Acto Legislativo 2 del 2017.
Lo que señala Guerrero es que dos expresiones del documento aprobado en el Congreso deben ser declaradas inexequibles: 1. La que indica que “las instituciones y autoridades del Estado tienen la obligación de cumplir de buena fe con lo establecido en el acuerdo final”. 2. La que asegura que las actuaciones de todos los órganos y autoridades del Estado quedan obligadas a guardar coherencia e integralidad con lo acordado, preservando los contenidos, los compromisos, el espíritu y los principios del Acuerdo Final.
Aunque para algunos analistas, los temas importantes del Acuerdo de Paz están protegidos bajo la sombrilla del Derecho Internacional Humanitario y los derechos fundamentales definidos en nuestra Constitución, intervenir el acto legislativo frente a la obligación de las entidades del Estado con el proceso, podría traer consecuencias.
El tema en la corte no está fácil y si la división en este tribunal se mantiene frente al fallo de fondo, la conclusión será que una vez más la decisión definitiva estará en manos del noveno magistrado, que será elegido en el Congreso.
