martes, 19 de septiembre de 2017


EXFISCAL MORENO, TESTIGO ESTRELLA EN ESCÁNDALO DEL CARTEL DE LA TOGA


El exfiscal Luis Gustavo Moreno inició un proceso de acercamiento con la Fiscalía General y la Corte Suprema de Justicia con el fin de convertirse en testigo clave en los diferentes hechos de corrupción como el escándalo del llamado cartel de la Toga. (Lea acá: Luis Gustavo Moreno será citado a la Comisión de Acusación)

“En coordinación con la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, la Fiscalía General de la Nación dio curso a un proceso de acercamiento con el señor Luis Gustavo Moreno, cuyo abogado ofreció —ante la Corte y esta Fiscalía— colaboración con la justicia, en relación con los procesos que se adelantan en esa Corporación vinculados a corrupción judicial”, anunció la Fiscalía General.

De manera inmediata, el exfiscal Moreno fue trasladado a las instalaciones de la Fiscalía, donde se encuentra presentando la matriz de colaboración y rendirá testimonios relevantes para las investigaciones en curso, en busca de la verdad absoluta y plena en tales indagaciones.

La Fiscalía dejo en claro que ha de tenerse en cuenta que la eventual colaboración se circunscribirá a actuaciones adelantadas como abogado litigante y no en su calidad de exfiscal jefe de la Unidad Nacional Anticorrupción.

“Por lo tanto, los procesos que actualmente se le siguen y su extradición, continuarán su trámite normal”, hizo énfasis la Fiscalía.

Mientras se definen los términos de la colaboración respectiva, el señor Moreno permanecerá recluido en las instalaciones de la Fiscalía General.
NO TODOS SON “COLADOS”: FARC



Varios nombres que figuran en el listado de los 25 “colados”, son reclamados por la exguerrilla como parte de su organización. Según ellos, el Gobierno se contradice con personas a quienes las autoridades acusaron de pertenecer a las Farc.

Varios de los llamados “colados” en las listas que presentaron las Farc al Gobierno, para recibir los beneficios jurídicos que se pactaron en el Acuerdo de Paz, no son tan colados y algunos serán reclamados por la exguerrilla. Según le confirmó a este diario el abogado de presos políticos de la otrora insurgencia, John León, los siguientes nombres no solo son reconocidos por las Farc, sino que aparecen en las noticias judiciales que se registraron cuando las autoridades los capturaron como integrantes del grupo armado: Eduardo Cabrera, entonces señalado como el jefe financiero del Bloque Sur; Alejandro Camacho y Viviana López Calle, quienes tenían la función de proveer de intendencia y armamento a las Farc en Meta y Guaviare; y los acusados del atentado al exministro Fernando Londoño: Luis Alberto Mora Ramos y Wílmar Alejandro Tabares Marín, ambos reconocidos por la columna Teófilo Forero de las Farc, que comandó Óscar Montero, también conocido como El Paisa.

Cada caso tiene hechos particulares, pero en este momento los une un escollo: la batalla por el delito político y sus conexos (delitos relacionados con el conflicto armado): narcotráfico, secuestro, extorsión, homicidio, entre otros, para poder obtener la libertad condicionada y salir de las cárceles mientras aclaran su situación jurídica cuando entre en vigencia la jurisdicción especial de paz. Un round que se veía venir, sobre todo porque, como lo dice el abogado León, en Colombia son pocos los guerrilleros que durante la guerra fueron condenados sólo por rebelión.

“Los medios que hoy se escandalizan diciendo que las Farc están metiendo personas condenadas por narcotráfico en sus listados, son los que hace unos años, cada vez que había un parte militar, decían: capturado el cabecilla, financiero, encargado de llevar no sé cuántas toneladas (de cocaína) de Colombia a equis parte del mundo. Pero esos mismos son guerrilleros que hoy las Farc están reclamando”, explicó León.
Por eso, la pelea está centrada en los 1.500 presos que las Farc siguen reclamando y que, muchos, son del perfil de Eduardo Cabrera, conocido con el Cura, hermano del excomandante del desaparecido Bloque Sur, Fabián Ramírez. Al menos, así lo presentaron las autoridades a finales de noviembre de 2013, cuando Cabrera fue capturado en zona rural del municipio de Montañita (Caquetá). Entonces, la Sexta División del Ejército Nacional aseguró que el Cura se desempeñaba como enlace logístico y de narcotráfico del bloque sur de las Farc, comandando por su hermano José Benito Cabrera Cuevas (Fabián Ramírez), jefe de ese bloque”, se lee en la página oficial de la División y en los medios que replicaron la información.

Eduardo Cabrera está en la lista de 25 supuestos narcotraficantes que, según el alto comisionado de Paz, Rodrigo Rivera, no han sido certificados como integrantes de las Farc. Esto pese a que en septiembre de 2015, en medio de los diálogos de paz en La Habana, el mismo presidente Juan Manuel Santos emitió la resolución 030 con el fin de firmar la extradición del Cura, pero al mismo tiempo la aplazó hasta que se resolviera su situación jurídica en Colombia por su relación con las Farc. El hermano de Fabián Ramírez es solicitado por una Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York, acusado de ser el dueño de 91 kilos de cocaína incautados en aguas de Cartagena del Chairá (Caquetá).

Una realidad que se tendrá que probar o desvirtuar en los tribunales de la Justicia Especial para la Paz (JEP). Como dice León, la rebelión no era el delito más común por el que condenaban a los miembros del grupo político en armas y, por eso, de los 3.800 nombres de presos que las Farc entregaron, solo 300 fueron indultados; del resto, 500 están en la zona de reclusión transitoria en el municipio de Mesetas (Meta), esperando la libertad condicionada; 1.000 aún están en las cárceles y otros ya se mueven por el país con libertad condicionada, como gestores de paz.

Las Farc no han negado que puedan existir equivocaciones y explicó que han recorrido cárcel por cárcel para garantizar la transparencia del proceso. En ese sentido, aseguraron que expulsaron de sus listas a Alexánder Romero, alias Fercho, quien perteneció a la insurgencia del otrora frente 22, luego pagó algunos años de prisión y cuando quedó libre se dedicó a actividades ilícitas por su cuenta, dijo el abogado León. “Los hechos por los cuales se encuentra privado de la libertad el señor (Romero) no corresponden a hechos cometidos en razón de su participación con las Farc”, fue el comunicado de la vocería política del partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (Farc).

Las Farc también reclaman a dos exguerrilleros acusados de cometer el atentado contra el exministro Fernando Londoño. De acuerdo con León, “lo que tiene que ver con el caso Londoño es asumido por las Farc, por ende, los que se encuentran acusados por esos hechos serán necesariamente incluidos en los listados de la organización. Ese es justamente el criterio, claro está, con la voluntad de los implicados”.

Igualmente, explicó el abogado, hay personas que por el hecho de pertenecer a las Farc en su momento les achacaron delitos graves y por eso, sólo por el lado de los presos, 3.500 pasarían por la Justicia Especial para la Paz para esclarecer todas estas acusaciones, con el fin de hallar la verdad y condenar a los responsables o absolver a los inocentes.

“Las Farc más que nadie tienen claro que si se la jugaron para participar en política, no van a tirar sus aspiraciones a la basura con alguien que no perteneció a su organización. Van a reconocer todo lo que haya sucedido con ocasión del conflicto”, dijo León, y agregó que la exguerrilla va a expulsar a quien sea necesario para depurar sus listas.

Sin embargo, una cosa son los que se colaron por homónimos, otra los que expulsarían si se comprueba que los delitos que les endilgan no se cometieron en relación con el conflicto, y otra es la discusión de fondo por la gente que reconocen las Farc como parte de la antigua organización armada y que para el Gobierno son narcotraficantes.

lunes, 18 de septiembre de 2017

EE.UU. EVALÚA CERRAR EMBAJADA EN LA HABANA POR AFECTACIÓN SONORA A FUNCIONARIOS



Este domingo el secretario de Estado de Estados Unidos, Rex Tillerson, anunció en entrevista con la cadena CBS que se tiene “bajo evaluación el cierre de la embajada estadounidense en Cuba”.

La declaración se da por un curioso suceso en que 21 funcionarios norteamericanos resultaron afectados con nauseas, mareos, pérdida de memoria y demás problemas nerviosos, al parecer por un ataque sónico.

Dicho escándalo, que recuerda épocas de la guerra fría en que se utilizaban armas del mismo corte, pareciese haber sido causado de forma intencional por el Gobierno cubano y países aliados y enemigos de EE.UU., según afirma el periodista, analista político, Nelson Rubio. 

“Estos son ataques que se han dado, incuso, desde la administración Obama, lo cual llevaría a concluir que es increíble que el Gobierno cubano no tenga nada que ver con este hecho. Además, porque Cuba tiene relación con países como Rusia y algunos de oriente medio que, también son enemigos de EEUU y, por ende, usarían armas que pudieran afectarlos”, aseguró Rubio, en respuesta a las recientes declaraciones del mandatario cubano, Raúl Castro quien dijo no tener conocimiento del suceso.

Sobre el hecho, han salido a relucir varias hipótesis: la primera, que el ataque, efectivamente, fue perpetrado por el Gobierno cubano. La segunda, que data sobre un atentado realizado por grupos subversivos que estarían en contra del restablecimiento de relaciones entre ambos países y, una última, que habla sobre un intento fallido de espionaje de los cubanos a estadounidenses.

Según resaltó el periodista en diálogo con Blu Radio, la instalación de estos aparatos sónicos (la causa más probable de las afectaciones) no necesariamente se da de manera directa, “no necesitan ser ubicados dentro de residencias o lugares muy cercanos para afectar, se pueden activar a la distancia”.

El ataque perpetrado por aparatos de este tipo, se provocan a partir de sonidos no perceptibles que, históricamente, han sido utilizados por rusos, alemanes con el objetivo de desestabilizar las tropas.

A pesar de las especulaciones, lo que se tiene claro hasta el momento, es que las relaciones entre estos dos países están en vilo en un momento en que, el país cubano necesita de EE.UU. económica y financieramente. 

Cabe destacar que también hay diplomáticos canadienses que se han visto afectados de igual forma.

El presidente Raúl Castro hablará el próximo 22 de septiembre ante la versión 72 de la Asamblea General de la ONU.
¿DENUNCIARÁ ALGÚN ESTADO DE LA OEA A MADURO EN LA CPI?


Un panel de juristas independientes determinará en octubre si hay base para que algún Estado miembro de la OEA denuncie al presidente venezolano, Nicolás Maduro, y otras autoridades del país ante la Corte Penal Internacional (CPI).

Washington, 17 sep (EFE).- Un panel de juristas independientes determinará en octubre si hay base para que algún Estado miembro de la OEA denuncie al presidente venezolano, Nicolás Maduro, y otras autoridades del país ante la Corte Penal Internacional (CPI).

La Organización de los Estados Americanos (OEA) no puede enviar un caso al tribunal de La Haya como institución, pero sí cualquiera de los 28 Estados miembros del organismo que son parte también del Estatuto de Roma, el tratado fundacional de esa corte.

En los 15 años de la CPI, ningún Estado del mundo ha denunciado a otro, por lo que sería histórico que alguno de los países americanos lo hiciera ahora con Venezuela.

"Esta puede ser la primera vez en la historia de la CPI que un Estado refiere a otro Estado a la corte pero, para eso, este trabajo es fundamental, ningún Estado lo va a hacer si no hay un dictamen de los expertos que diga hay que hacerlo", explica a Efe Luis Moreno Ocampo, el primer fiscal jefe de la CPI (2003-2012).

El abogado argentino está a cargo de las audiencias que comenzaron esta semana en la OEA para recabar información sobre posibles crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela.

La Secretaría General de la OEA, que encabeza el excanciller uruguayo Luis Almagro, elaborará un informe con el contenido de las cuatro sesiones y el material enviado por 50 organizaciones.

Sobre la base de ese documento, el panel de expertos determinará si hay o no fundamento para llevar el caso a la CPI.

"Si este proceso que se abre en la OEA sirve para hacer incidencia en algún país o países para que denuncien a Venezuela, ese sería el gran éxito de estos foros", indica a Efe Carlos Ponce, director para Latinoamérica de Freedom House, organización independiente que promueve la democracia y la libertad en el mundo.

Si ningún país diera ese paso, Almagro podría simplemente "enviar la información", como ya han hecho senadores de Colombia, Chile, Perú y Argentina, quienes declararán en las audiencias de la OEA de octubre.

"Lo que pasa es que eso no abre una investigación, eso permite a la fiscal (de la CPI) actuar de oficio, pero un Estado que lo envía abre una investigación casi automáticamente", explica Moreno Ocampo.

Es decir, si lo hacen uno o varios Estados, tendría más impacto, ya que no se trataría de una mera "comunicación" (algo que puede presentar cualquier persona o institución) sino de una "referencia" (exclusivas del Consejo de Seguridad de la ONU y de los Estados parte del Estatuto de Roma).

Por el momento ningún Estado americano ha expresado su voluntad de denunciar a Venezuela en La Haya y la mayoría de las delegaciones de la OEA han dado una acogida cuanto menos fría a las audiencias, una iniciativa de Almagro y no de los países miembros.

En las dos audiencias celebradas esta semana en la sede de la OEA en Washington apenas se vieron embajadores titulares y la mayor parte del tiempo la mitad de las sillas de los 34 Estados miembros activos (Cuba no participa) estuvieron vacías.

"Eso es normal, están esperando, hay unas 14, 15 delegaciones", apunta Moreno Ocampo, que resta importancia al hecho de que ningún embajador respondiera a su invitación de hacer preguntas a los denunciantes en las sesiones.

Venezuela, que recibió la misma convocatoria que el resto de misiones, no acudirá a ninguna audiencia porque no quiere "validar" una actividad que considera "ilegal", según explicaron fuentes de esa legación a Efe.

Los representantes venezolanos pidieron que se aclare cómo se financia la actividad, a lo que la Secretaría General de la OEA respondió que se trata de "fondos externos y voluntarios" que se detallarán al término de las audiencias.

El país que más ha apoyado esta iniciativa públicamente es Canadá, incluso con un comunicado de su ministra de Exteriores, Chrystia Freeland.

Además, junto a Costa Rica (cuyo embajador estuvo en las dos audiencias) y Argentina, dio el beneplácito al nombramiento de un ciudadano del país como experto del panel sobre Venezuela.

El grupo lo integran el exministro de Justicia de Canadá Irwin Cotler; el argentino Santiago Cantón, ex secretario ejecutivo de la CIDH, y el costarricense Manuel Ventura Robles, exjuez de la CorteIDH.

Ellos dirimirán si hay base para que la CPI investigue crímenes de lesa humanidad en Venezuela.

Según el Estatuto de Roma, se considera "crimen de lesa humanidad" hechos como asesinato, exterminio, esclavitud, deportación, tortura, encarcelamiento o violación siempre que se cometan "como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque". EFE
POR TERCERA OCASIÓN EXMINISTRAS ÁLVAREZ Y PARODY, NO SE PRESENTAN A INTERROGATORIO DE LA FISCALÍA


Hasta las 6: 00 de la tarde de este viernes 15 de septiembre, fueron esperadas la exministras Gina Parody y Cecilia Álvarez, para que cumplieran con la diligencia de interrogatorio citada por la Fiscalía.

En el marco de las investigaciones por las presuntas irregularidades que rodearon la adjudicación de la vía Ocaña- Gamarra a la multinacional Odebrecht, cita a la que por tercera ocasión las exministras le incumplieron a la Fiscalía.

Debido a esta situación el ente investigador le exigió a las exministras que asistieran a la diligencia personalmente, por lo que no se permitió que se adelantara el interrogatorio vía teleconferencia desde Estados Unidos donde se encuentran Álvarez y Parody.

La Fiscalía continuará con la investigación, a las exfuncionarias, las cuales según el Fiscal General Néstor Humberto Martínez, no están obligadas a asistir, sin embargo, Jaime Lombana, abogado denunciante, le pidió a la Fiscalía tomar medidas como una imputación de cargos.

Según las denuncias, la familia de Gina Parody se habría beneficiado de la adjudicación de la construcción de la vía Ocaña-Gamarra, al consorcio en el que se encuentra la multinacional Odebrecht.
VAN MÁS DE 15.500 LIBERTADES EN LA JUSTICIA ESPECIAL PARA LA PAZ


Fueron 13.779 integrantes de las Farc que en la cárcel contaron como mínimo cinco años detenidos y por delitos lejos de la lesa humanidad.

Firmaron actas de compromiso para regresar a la calle, a la libertad.

De la fuerza pública: Ejército, Policía, Armada y Fuerza Aérea, 1.777 uniformados se comprometieron con el país, las víctimas, la verdad y la reparación, para que la Justicia Especial de Paz les diera una nueva oportunidad y regresan con sus familias.
También debieron cumplir con los requisitos mínimos: cinco años detenidos y delitos por fuera del genocidio, la tortura, la violencia de género o el terrorismo.

En total a septiembre de 2017 se firmaron 5.029 actas de compromiso, se concedieron 147 indultos, 579 amnistías y 380 de esos beneficiados se convirtieron en Gestores de Paz en las regiones.

La secretaria de la Jurisdicción especial para la Paz reportó otras cifras:

Derechos de petición: 8.293

Solicitudes de otras entidades: 1.839

Tutelas: 482

Habeas Corpus: 647
Nos permitimos dar a conocer la columna del periodista Daniel Coronell de la revista semana que titula El testaferro de Bustos


EL TESTAFERRO DE BUSTOS

El fiscal Acero actuó como prestanombres del magistrado, quien desembolsó el 20 por ciento de la cuota inicial y pagaba las cuotas mensuales del BMW 525.

Luis Raúl Acero Pinto, fiscal delegado ante el Tribunal Superior de Bogotá, admitió haberle servido de testaferro al magistrado Leonidas Bustos. En una entrevista con Blu Radio, el fiscal Acero confesó que puso a su nombre un lujoso automóvil BMW que en realidad era de Bustos, y cuya propiedad transfirió después al hoy detenido jefe de la división anticorrupción de la Fiscalía, Luis Gustavo Moreno. El tema no termina ahí, el fiscal testaferro tiene asuntos adicionales para explicar.

Empecemos por el carro. A instancias de la agencia antinarcóticos estadounidense DEA fue grabada en Miami una conversación entre el exgobernador de Córdoba Alejandro Lyons y el abogado Leonardo Luis Pinilla, conocido con el alias del Porcino, compañero de andanzas del fiscal Luis Gustavo Moreno.

En la transcripción de la conversación, revelada por Caracol Radio, Porcino le cuenta a su interlocutor que entre los bienes que Moreno recibió de Bustos está un BMW 525 que, según narra, estaba a nombre del fiscal Luis Raúl Acero Pinto, actual delegado ante el Tribunal de Bogotá que ha sido también fiscal delegado ante la Corte Suprema.

Al ser confrontado, Acero aceptó rápidamente que, junto con Bustos, compró el carro en la BMW de la 127: “A finales de 2010, el doctor Bustos quería comprar un vehículo y quería comprarlo a crédito. Entonces, me pidió el favor porque como yo tenía buena capacidad de endeudamiento, que yo comprara el carro a mi nombre”.

El fiscal Acero actuó como prestanombres del magistrado Bustos, quien desembolsó el 20 por ciento de cuota inicial y pagaba las cuotas mensuales del carro. El firmón no volvió a saber del carro hasta 2013 cuando Bustos le ordenó hacer el traspaso a nombre de Luis Gustavo Moreno.

Acero asegura que “Yo no le veo nada de particular ni de irregular a una típica transacción comercial. Se pagó el carro, me dieron paz y salvo”.

¿Por qué el carro no estaba a nombre de su verdadero dueño?, ¿cuál interés tenía Bustos en ocultar esa propiedad?, ¿por qué fue traspasado al fiscal Moreno? A esas preguntas hay que agregarles otras sobre el fiscal Acero que tiene su propio historial.

El fiscal Acero ha estado a cargo de un proceso por la apropiación de unos millonarios predios en Sapzurro por parte del magistrado del Tribunal Administrativo de Cundinamarca José María Armenta, cuyos abusos fueron denunciados en esta columna.

A pesar de las evidencias que existen en el proceso, el fiscal Acero ha favorecido con sus decisiones al magistrado José María Armenta, a su esposa y a su hermano. Por acción de tutela, la Corte Suprema le ordenó a Acero cumplir con su deber.

Mientras esto pasaba en el proceso contra Armenta, la Fiscalía General pidió declarar insubsistente al fiscal Acero. Este se opuso a su insubsistencia instaurando una acción de tutela que –por maravillosa coincidencia– le correspondió en reparto a la magistrada Patricia Manjarrés, compañera de José María Armenta en la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

Como era previsible, la magistrada ordenó restituir en su puesto al fiscal Acero. La Fiscalía impugnó la decisión ante el Consejo de Estado, que determinó que la tutela no era procedente.

Acero presentó entonces demanda ante el juez 17 administrativo de Bogotá que lo favoreció con una medida cautelar dejándolo en el puesto. La medida fue apelada y llegó para decisión a una sala del Tribunal Administrativo de Cundinamarca de la que hace parte –¿adivinen quién?– el señor magistrado José María Armenta.

Ni Armenta ni sus compañeros de sala piensan que están impedidos. Fue necesario que la Fiscalía los recusara para que se apartaran del caso.

Sin embargo, mientras todo esto sucedía, el fiscal Luis Raúl Acero ordenó archivar la investigación contra el magistrado José María Armenta.

Ahora las víctimas de los abusos de Armenta están pidiendo –sin mucha esperanza– que el caso se desarchive.