CORTE IDH REALIZARÁ AUDIENCIA EN PANAMÁ POR EJECUCIONES EXTRAJUDICIALES EN COLOMBIA

Varios casos de presuntas ejecuciones extrajudiciales ocurridas en Colombia en los años noventa serán llevados a audiencia en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que en octubre realizará su 58 período extraordinario de sesiones en Panamá.

El secretario general de la Corte Interamericana, Pablo Saavedra, informó este lunes en Panamá que tres audiencias de este organismo se realizarán del 16 al 20 de octubre de este año en el país centroamericano.

En una de las tres audiencias figura “un caso de Colombia sobre alegadas ejecuciones extrajudiciales cometidas por miembros de la fuerza pública contra determinados pobladores”, manifestó Saavedra.

Según la página web de la Corte, esta audiencia guarda relación con las “ejecuciones extrajudiciales” de Gustavo Giraldo Villamizar (1996), Elio Gelves Carrillo (1997), Carlos Arturo Uva (1992), Wilfredo Quiñónez, José Gregorio Romero y Albeiro Ramírez (1995).

“La Comisión estableció que todas estas muertes habrían ocurrido a manos de agentes de seguridad del Estado y tuvieron lugar en el contexto denominado como falsos positivos”.

Los llamados “falsos positivos” fueron civiles que murieron en operativos militares o policiales, en el contexto del conflicto armado, y que las autoridades los presentaron al público como miembros de grupos armados ilegales muertos en combate.

De acuerdo a la Corte en todos los casos “habrían existido múltiples factores de impunidad”, ya que las autoridades competentes no habrían investigado con la debida diligencia.

Recientemente la fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Fatou Bensouda, afirmó que los acuerdos de paz en Colombia no deben impedir que militares y guerrilleros implicados en crímenes de guerra respondan ante la justicia.

La CPI desde 2012 viene alertando sobre el riesgo de que estos asesinatos extrajudiciales queden en la impunidad, aunque el gobierno colombiano ha informado que hasta la fecha se han dictado 1.242 sentencias condenatorias por “falsos positivos”.

Sólo entre 2006 y 2008 se registraron en Colombia por los menos 2.500 casos de ejecuciones extrajudiciales, según la entidad humanitaria Human Rights Watch.

Además de este caso, la Corte también tendrá audiencias por la falta de respuesta de Nicaragua frente a la violación, presuntamente por su padre, de una niña de 9 años y por la posible negligencia de un hospital público chileno en la muerte de un enfermo.

CORTE IDH REALIZARÁ AUDIENCIA EN PANAMÁ POR EJECUCIONES EXTRAJUDICIALES EN COLOMBIA

Varios casos de presuntas ejecuciones extrajudiciales ocurridas en Colombia en los años noventa serán llevados a audiencia en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que en octubre realizará su 58 período extraordinario de sesiones en Panamá.

El secretario general de la Corte Interamericana, Pablo Saavedra, informó este lunes en Panamá que tres audiencias de este organismo se realizarán del 16 al 20 de octubre de este año en el país centroamericano.

En una de las tres audiencias figura “un caso de Colombia sobre alegadas ejecuciones extrajudiciales cometidas por miembros de la fuerza pública contra determinados pobladores”, manifestó Saavedra.

Según la página web de la Corte, esta audiencia guarda relación con las “ejecuciones extrajudiciales” de Gustavo Giraldo Villamizar (1996), Elio Gelves Carrillo (1997), Carlos Arturo Uva (1992), Wilfredo Quiñónez, José Gregorio Romero y Albeiro Ramírez (1995).

“La Comisión estableció que todas estas muertes habrían ocurrido a manos de agentes de seguridad del Estado y tuvieron lugar en el contexto denominado como falsos positivos”.

Los llamados “falsos positivos” fueron civiles que murieron en operativos militares o policiales, en el contexto del conflicto armado, y que las autoridades los presentaron al público como miembros de grupos armados ilegales muertos en combate.

De acuerdo a la Corte en todos los casos “habrían existido múltiples factores de impunidad”, ya que las autoridades competentes no habrían investigado con la debida diligencia.

Recientemente la fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Fatou Bensouda, afirmó que los acuerdos de paz en Colombia no deben impedir que militares y guerrilleros implicados en crímenes de guerra respondan ante la justicia.

La CPI desde 2012 viene alertando sobre el riesgo de que estos asesinatos extrajudiciales queden en la impunidad, aunque el gobierno colombiano ha informado que hasta la fecha se han dictado 1.242 sentencias condenatorias por “falsos positivos”.

Sólo entre 2006 y 2008 se registraron en Colombia por los menos 2.500 casos de ejecuciones extrajudiciales, según la entidad humanitaria Human Rights Watch.

Además de este caso, la Corte también tendrá audiencias por la falta de respuesta de Nicaragua frente a la violación, presuntamente por su padre, de una niña de 9 años y por la posible negligencia de un hospital público chileno en la muerte de un enfermo.

SE POSESIONÓ ANTE EL PRESIDENTE JUAN MANUEL SANTOS EL MAGISTRADO JULIO ROBERTO PIZA 

El presidente Juan Manuel Santos Calderón posesionó en el Salón Protocolario de la Casa de Nariño al jurista Julio Roberto Piza como magistrado del Consejo de Estado.

El nuevo magistrado es abogado de la Universidad Externado de Colombia, doctor en Derecho de la Universidad del Rosario y tiene una especialización en Instituciones y técnicas fiscales del Instituto de Estudios Fiscales de España.

En su trayectoria en el sector público Piza se ha desempeñado como secretario de Hacienda de la Alcaldía de Bogotá, director general de la Unidad Administrativa Especial de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), jefe de la División de Recursos Tributarios de la Administración de Impuestos de Bogotá.

Así mismo, fue director del Departamento de Derecho Fiscal del Externado, fundó la firma Piza y Caballero, y es catedrático desde hace más de 20 años e investigador en Hacienda pública, Derecho tributario y Régimen fiscal.

FISCALÍA INAUGURÓ URI EN FACATATIVÁ (CUNDINAMARCA)

Dos equipos de policía judicial compuestos por funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía y la Sijín de la Policía serán los encargados desde hoy de realizar los actos urgentes requeridos en el municipio de Facatativá (Cundinamarca), desde la nueva Unidad de Reacción Inmediata (URI).

Garantizar los derechos de los cerca de 140.000 habitantes del municipio de ese municipio cundinamarqués y facilitar su acceso a la justicia son los objetivos fundamentales de la apertura de la URI, que atenderá a la ciudadanía de domingo a domingo y durante las 24 horas del día.

Los funcionarios de policía judicial son los encargados de realizar inspecciones técnicas, entrevistas y recolección de elementos materiales probatorios, entre otras actividades investigativas, por los delitos que más afectan la seguridad ciudadana como el hurto, el microtráfico, el homicidio y la violencia intrafamiliar y sexual, según informó María Teresa Pineda Buenaventura, Directora Seccional de Cundinamarca.

Al evento asistió el alcalde (e) de Facatativá, Néstor Iván Cifuentes, y su secretario de Gobierno, Francisco Javier Beltrán.

CANADÁ ANUNCIA SANCIONES ECONÓMICAS A NICOLÁS MADURO

Junto al presidente de Venezuela, figuras claves de su régimen fueron sancionadas por el país centroamericano “para enviar un claro mensaje que su comportamiento antidemocrático tiene consecuencias”.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Canadá, dijo que las sanciones afectan a “figuras claves” del régimen de Maduro que son responsables “del deterioro de la democracia en Venezuela”.

La congelación de activos y la prohibición de que individuos en Canadá y canadienses fuera del país mantengan relaciones económicas con los 40 individuos nombrados por Ottawa, son las sancienos que impone Canadá.

La lista de personas afectadas por las sanciones incluye 40 nombres encabezados por el presidente Maduro, Tibisay Lucena, presidenta del Consejo Nacional Electoral; Elías Jaua, ministro de Educación; Tareck el Aissami, vicepresidente, y Tarek Saab, fiscal general.

La ministra de Asuntos Exteriores canadiense, Chrystia Freeland, declaró que “Canadá no permanecerá en silencio mientras el Gobierno de Venezuela roba al pueblo de sus derechos democráticos fundamentales”.

Listado de individuos objetos de las sanciones anunciadas hoy por Canadá:

– Nicolás Maduro Moros
– Tibisay Lucena Ramírez
– Elías José Jaua Milano
– Tareck Zaidan el Aissami Maddah
– Tarek William Saab Halabi
– Néstor Luis Reverol Torres
– Roy Antonio María Chaderton Matos
– María Iris Varela Rangel
– Pedro Miguel Carreño Escobar
– Diosdado Cabello Rondón
– Susana Virgina Barreiros Rodríguez
– Freddy Alirio Bernal Rosales
– Delcy Eloína Rodríguez Gómez
– Tania D’AMelio Cardiet
– Aristóbulo Isturíz Almeida
– Jorge Jésus Rodríguez Gómez
– Francisco José AMeliach Orta
– Carlos Alfredo Pérez Ampueda
– Sergio José Rivero Marcano
– Jesús Rafael Suárez Chourio
– Carmen Teresa Meléndez Rivas
– Bladimir Humberto Lugo Armas
– Gustavo Enrique González López
– Elvis Eduardo Hidrobo AMoroso
– Remigio Ceballos Ichaso
– Antonio José Benavides Torres
– Hermann Eduardo Escarrá Malavé
– Sandra Oblitas Ruzza
– Socorro Elizabeth Hernández
– Maikel José Moreno Pérez
– Gladys María Gutiérrez Alvarado
– Juan José Mendoza Jover
– Luis Fernando Damiani Bustillos
– Lourdes Benicia Suárez Anderson
– Carmen Auxiliadora Zuleta De Merchán
– Arcadio de Jesús Delgado Rosales
– Calixto Antonio Ortega Ríos
– Andrés Eloy Méndez González
– Manuel Enrique Galindo Ballesteros
– Vladimir Padrino López

LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER Y LOS RIESGOS DE IMPUNIDAD

Las imágenes en las que un sujeto intenta asesinar a una mujer en el parque Cayetano Cañizares de Kennedy, en hechos ocurridos el 17 de septiembre, reactivan la preocupación sobre los casos de violencia contra las mujeres que, además, están en riesgo de quedar impunes.

En ese episodio, la mujer recibió una brutal golpiza que se prolongó por más de dos minutos, en la que su agresor se valió de puntapiés, ataques con arma blanca y golpes con una piedra para intentar acabar con su vida. La víctima fue trasladada casi media hora después a la unidad de cuidados intensivos del hospital de Kennedy, a donde llegó con un trauma severo de cráneo, heridas con arma cortopunzante y politraumatismos.

Entre tanto, a pesar de la contundencia del video que grabaron las cámaras de seguridad y que el agresor fue capturado momentos después, inexplicablemente hoy goza de detención domiciliaria. Luego de acoger los argumentos de su defensa, que aseguró que su cliente no tenía antecedentes penales, un juez de control de garantías decidió otorgarle ese beneficio.

“Al señor le dieron detención domiciliaria, porque los cargos fueron solamente por lesiones personales. Pero acá estamos hablando de un caso de tentativa de homicidio agravado o de feminicidio, pero aún no sabemos qué tipo de relación tenía el agresor con la mujer”, indicó la secretaria de la Mujer, Cristina Vélez.

Sin embargo, las autoridades se enfrentaron a otro problema: en su momento no lograron establecer la identidad de la víctima. Ella no contaba con documentos que permitieran contactar a sus familiares. Además, llegó con heridas en su rostro que podrían impedir su pleno reconocimiento. “Esperamos que nos digan su identidad y a partir de ese momento podremos representarla en el proceso”, agregó la secretaria de la Mujer.

Impunidad, común denominador

A este caso se suma el de Aura González Malagón, quien el pasado 31 de julio fue asesinada, según los testigos, por su excompañero sentimental. La hija de la víctima, Leidy Johana Gómez, también fue atacada con arma blanca por el agresor y sobrevivió luego de recibir atención prioritaria. Pese a que ella y otro testigo identificaron plenamente al feminicida, a la fecha las autoridades no lo han capturado. Incluso, Leidy Johana ha recibido amenazas en su contra por denunciar públicamente el caso y asegura que solo recuperará parte de su tranquilidad cuando el agresor esté tras las rejas, debido a que él reside en su mismo barrio, Patio Bonito (Kennedy).

Estos últimos episodios evidencian un común denominador: la impunidad que reina en la violencia contra las mujeres. En la histórica sentencia contra Rafael Uribe Noguera, de 51 años y 10 meses de prisión, la jueza 35 de conocimiento citó las cifras del Observatorio Nacional de Violencias del Ministerio de Salud para advertir sobre un panorama que se repite en Colombia: de 122 casos de feminicidios, menos del 10 % tuvo una sentencia en contra de los implicados.

Frente a este panorama, las autoridades aseguran que han enfilado baterías para combatir la impunidad. A corte de agosto de este año, la Fiscalía indicó que ha solicitado 148 imputaciones por los delitos de violencia sexual, feminicidio y violencia intrafamiliar.

Por otro lado, datos estadísticas de la Policía indican que ha habido una reducción del 56 % en las denuncias por lesiones personales en contra de las mujeres en la ciudad. Según esa información, se tiene que las vías públicas (con 3.464 casos), las viviendas (con 562) y los colegios (104) son los lugares en donde se registran agresiones y las víctimas más comunes son las mujeres entre 14 y 30 años. Mientras los objetos contundentes (con 3.423 denuncias) son los más usados por los agresores, en segundo lugar se ubican las agresiones sin el empleo de armas. Finalmente, se tiene que el 47 % de las lesiones ocurren los fines de semana, entre viernes y domingo.

Más allá de las medidas punitivas, la Organización Mundial de la Salud insiste en que se requiere reforzar la prevención para evitar que este tipo de violencia se produzca y se reproduzca. Lograrlo, indica, requiere de una intervención multisectorial y concretar cambios duraderos que busquen proteger a las mujeres, combatir la discriminación, fomenten la igualdad de género y adoptar normas culturales más pacíficas.

DESCUBREN DOBLE PAGO DE CESANTÍAS Y OTRAS PRESTACIONES LABORALES EN LA JUDICATURA

Solo para el periodo 2012-2015 se establecieron posibles dobles pagos por $1.046 millones.

Uniforme de la Contraloría General de la República revela que en el Consejo Superior de la Judicatura se presentaron irregularidades como el doble pago de cesantías y otras prestaciones laborales.

Estas inconsistencias superan los $1.000 millones de pesos. Según el organismo de control, “tras una auditoría realizada se evidenció que el Consejo Superior de la Judicatura viene girando sumas globales a los fondos de cesantías, sin que la entidad tenga la certeza de los montos individuales que le correspondían a los beneficiarios del auxilio respectivo, lo que generó riesgo de pagos en exceso a cargo del erario”.

Solo para el periodo 2012-2015 se establecieron posibles dobles pagos por $1.046 millones por este concepto. Similares deficiencias se detectaron en el recobro de incapacidades por parte de la entidad, donde si bien se evidencia gestión de cobro en algunas Direcciones Seccionales, en otras tales como Quindío se encuentran saldos hasta de $431 millones sin respuesta positiva por parte de las EPS.

“Como resultado de las debilidades detectadas en la gestión de liquidación y pago de procesos tales como cesantías, novedades y recobro de incapacidades, el Contralor General de la República ordenó la realización de una Auditoría de Cumplimiento a los procesos de administración de personal a cargo del Consejo Superior de la Judicatura, la cual se adelantará a lo largo del segundo semestre del año en curso”, se indicó en el reporte.

Otras inconsistencias

Otra de las situaciones que afectan la gestión de la Rama, se detectó en el reporte de novedades de nómina, donde debido a la alta movilidad de la planta de personal y la existencia de 5.900 nominadores, “generan un volumen de trabajo excesivo para el soporte humano y tecnológico actualmente existente, que impide efectuar un adecuado control a los pagos que se generan por este tipo de movimientos, ocasionando pagos en exceso y acciones de recobro que incrementan la carga de trabajo a las áreas involucradas”.

En la auditoría culminada en el mes de junio también abordó la gestión jurídica de la entidad, evidenciando los mínimos avances en la implementación y puesta en marcha de la función de cobro coactivo, donde para 2854 procesos se contaba con 4 profesionales para su atención.

También se descubrió que el Consejo Superior de la Judicatura no ha implementado acciones de mejora efectivas que le permitan incrementar sus índices de ejecución de recursos de inversión, situación que impidió el fenecimiento de su cuenta fiscal para el año 2015.

Sobre el particular, la Contraloría encontró que “a pesar de la reducción del presupuesto de inversión 2016 de la Rama en un 29%, al pasar de una apropiación inicial de $231.762 millones a una final de $165.547 millones, la entidad comprometió el 95% de esta suma, de lo cual solo logró ejecutar efectivamente el 37%, constituyendo como reservas de apropiación y cuentas por pagar $98.834 millones, es decir el 63% restante de los recursos“.

Cabe señalar que a 31 de diciembre de 2016, las pretensiones de procesos instaurados en contra de la Rama Judicial sumaban $17 billones y los fallos ejecutoriados pendientes de pago ascendieron a $162.103 millones.

No obstante lo anterior, para 2017 solo se apropió el 24% para el pago de estas obligaciones, lo que implica que el saldo restante continuará causando intereses moratorios, en perjuicio del erario.