jueves, 5 de octubre de 2017

CAPTURAN A LUZ MARY GUERRERO, ACCIONISTA DE SERVIENTREGA, POR CASO PANAMA PAPERS


En abril de 2016 se inició una investigación a nivel mundial relacionada con los denominados “Panamá Papers”, la cual se refería a presuntas actividades ilegales de diversa índole a través de la firma de abogados panameña Mossack-Fonseca.

Desde el año pasado, y con una importante cooperación de la DIAN y las autoridades de Panamá, se inició una investigación a efectos de evaluar la comisión de posibles conductas penales en el marco de los mencionados hechos.

La investigación de la Fiscalía General de la Nación documentó que la oficina en Colombia de Mossack Fonseca ofreció dentro de sus servicios entre los años 2010 y 2016 un elaborado entramado financiero y societario, el cual tenía por objeto vender de facturas falsas a empresas colombianas por parte de sociedades en el exterior.

Dentro de la investigación, la Fiscalía comprobó que las sociedades extranjeras eran meras fachadas controladas por Mossack Fonseca, con las cuales las empresas colombianas firmaron contratos por servicios ficticios que nunca se prestaron. No obstante, las sociedades colombianas si pagaron las facturas falsas.

Por esta actividad ilícita, Mossack Fonseca Colombia, en asocio con su casa matriz en Panamá, cobraba un porcentaje, el cual oscilaba entre el 2,5% y el 4% del valor de las facturas dependiendo del país donde estuviera la empresa fachada.

Una vez cobrada su comisión, Mossack Fonseca enviaba los recursos a otros países según las instrucciones de sus clientes. Esto permitía ocultar el verdadero destino de los recursos e intenciones de los clientes de Mossack.

La Fiscalía tiene evidencia que al menos 14 sociedades colombianas, habrían acudido a este método para transferir de manera irregular recursos fuera de las empresas, falsificando así su contabilidad con el conocimiento de representantes legales, contadores y revisores fiscales.

A través de la falsificación de la contabilidad, estas empresas manipulaban las declaraciones de renta presentadas a la DIAN las cuales no reflejaban la realidad.

Capturas e Imputaciones

En virtud de estos hallazgos, en la mañana de hoy fueron capturadas las siguientes personas a quienes se les imputarán los siguientes delitos:

- Ciudadano Ecuatoriano JUAN ESTEBAN ARELLANO RUMAZO, representante legal de la firma Mossack Fonseca & Co. Colombia S.A.S. a quien se le imputarán los delitos de falsedad ideológica en documento privado, enriquecimiento ilícito de particular, lavado de activos y concierto para delinquir.

- LUZ MARY GUERRERO HERNÁNDEZ, accionista y representante legal de las empresas Efectivo Ltda. y Circulante S.A. a quien se le imputarán los delitos de falsedad ideológica en documento privado, estafa, administración desleal, fraude procesal, enriquecimiento ilícito de particular, lavado de activos y concierto para delinquir.

- SARA GUAVITA MORENO, representante legal suplente de SERVIENTREGA S.A. a quien se le imputarán los delitos de falsedad ideológica en documento privado, estafa, administración desleal, enriquecimiento ilícito de particular en favor de terceros, lavado de activos y concierto para delinquir.

- JORGE HUMBERTO SÁNCHEZ AMADO, revisor fiscal de Efectivo Ltda. y Circulante S.A., a quien se le imputarán los delitos de falsedad ideológica en documento privado, estafa, administración desleal, fraude procesal, enriquecimiento ilícito de particular en favor de terceros y concierto para delinquir.

En adición a lo anterior, en relación con estos hechos se ha citado a interrogatorio al abogado tributarista Giovanni Mauricio Vargas Uribe.

Otras imputaciones

Por hechos similares relacionados con este elaborado esquema financiero y societario ofrecido por Mossack Fonseca en Colombia, la Fiscalía General de la Nación citará a audiencia de formulación de imputación por falsedad ideológica en documento privado a quienes se desempeñaban para la época de los hechos como representantes legales, contadores y revisores fiscales de las siguientes empresas:

- Pedro Julio Zambrano Pinzón, Juan Víctor Rozo Moreno y Ángela Rocío Rincón Marroquín, quienes se desempeñaban como representante legal, contador y revisor fiscal de la sociedad Inversiones Zambrano Pinzón Asociados S.A.S.

- Claudia Patricia Aristizábal Botero, Luis Alejandro Orego Peláez y José León Gutiérrez Carmona, quienes se desempeñaban como representante legal, contador y revisor fiscal de la sociedad Artextil S.A.

- Elaine Abuchaibe Auad, Beder Bernardo Pinto Mejía y María Fernanda Fadul Pineda quienes se desempeñaban como representante legal, contador y revisor fiscal de la sociedad El Heraldo S.A.

- Maria Lucelly Ortíz Herrera, Claudia Elena Mira Álvarez y Diego Alexánder Serna Ramírez desempeñaban como representante legal, contador y revisor fiscal de la sociedad Rymel Ingeniería Eléctrica S.A.S.

- Maritza Andrea Márquez Beltrán, Ernesto Fidel Varila Rojas y Carmen Benjumea Cárdenas, representante legal, contador y revisor fiscal de la sociedad Medicina Nuclear Diagnóstica S.A.S. En el caso de estas personas se les imputará igualmente el delito de Fraude Procesal.

La investigación continúa

Finalmente, la Fiscalía se encuentra investigando otros 7 casos en los cuales se espera dar resultados sobre los mismos en las próximas semanas.

Asimismo, dada la diversidad de conductas e información relacionada con esta firma de abogados encontrada en correos electrónicos y otros documentos de la firma Mossack Fonseca Colombia, la Fiscalía continúa investigando la posible comisión de otras conductas delictuales bajo la excusa de servicios de asesoramiento por parte de esta firma.

miércoles, 4 de octubre de 2017

LOS PULSOS QUE GANÓ EL FISCAL MARTÍNEZ EN LA LEY DE LA JEP


El trámite de la ley que reglamenta la Jurisdicción Especial de Paz comienza a desempantanarse. Tras dos días de discusiones en el Congreso, el Gobierno y los partidos políticos parecen llegar a puntos de encuentro con quienes han cuestionado los alcances de la futura ley, la que determinará cómo se aplicará justicia a quienes fueron partícipes del conflicto armado colombiano. 

Tras varias horas de discusión en la Casa de Nariño, el fiscal general Néstor Humberto Martínez, el ministro del Interior Guillermo Rivera y el ponente del proyecto, representante Hernán Penagos (la U), resolvieron seis de los nueve reparos que el jefe del ente investigador hizo a la reglamentación de la justicia transicional. 

"Celebro que se haya aceptado toda las preocupaciones que propuso la Fiscalía", dijo el fiscal Martínez a los miembros de las comisiones primeras de Senado y Cámara que este miércoles reanudaron el primer debate de esta ley, quizás la más determinante de la implementación del acuerdo de paz con las Farc. 

En ese sentido, los disidentes, reincidentes y desertores de las Farc perderán todos los beneficios de la justicia especial para la paz que se acordó en La Habana y que se ha venido moldeando en la implementación. Serán competencia de la justicia ordinaria quienes hayan delinquido después del 1 de diciembre de 2016. 

También perderán todos los beneficios de la JEP los testaferros de las Farc. El "testaferrato queda consignado como un incumplimiento grave sino se informa". Si hay terceros que tengan bienes o propiedades de las Farc y que no fueron reportados el pasadado 15 de agosto, perderán los beneficios y se les dará tratamiento de incumplimiento. 

El delito de narcotráfico también será competencia de la justicia ordinaria siempre y cuando se siga cometiendo con posterioridad a la fecha del 1 de diciembre. "El narcotráfico que se haya hecho con anterioridad a la vigencia del acuerdo es competencia de la Jurisdicción Especial de Paz, los delitos que se inicien con posterioridad a la vigencia de los acuerdos son competencia de la justicia ordinaria", dijo Martínez.

Pese a los avances hay, se quedaron varios temas en el tintero: los artículos 78 y el 18. Una vez más el jefe del ente investigador puso sobre la mesa de discusión el limbo en el que anda la Jurisdicción Especial de Paz mientras entra en funcionamiento. Con preocupación Martínez ve que la justicia ordinaria no pueda seguir adelante con las investigaciones mientras el Tribunal de Paz entra en funcionamiento. 

A su juicio, hay varias actuacones procesales que se pueden sacar adelante con la intención de terminar de consolidar los informes que se trasladarán de la justicia ordinaria a la especial. En ese sentido, la propuesta contempla quitar el proyecto de ley la práctica de interrogatorios y diligencias de testimonios o careos. 

El otro, es el artículo 18 que tiene que ver con los principios de selección. Y es que la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas podrá determinar criterios para concentrar el ejercicio de la acción penal "exclusivamente en quienes tuvieron participación determianante en los hechos más graves y representativos". 

Así las cosas, para la Fiscalía "se podrá renunciar al ejercicio de la acción penal con base en los lineamientos en las normas de procedimiento de la JEP". 

El debate de la JEP ha preocupado tres días al Congreso, se espera que este miércoles el proyecto supere su primer debate.
ASÍ SE MOVIÓ LA CORRUPCIÓN EN CÓRDOBA CON EL "CARTEL DE LA HEMOFILIA"


Los detalles fueron revelados por la Fiscalía durante la audiencia de imputación de cargos en contra del fiscal 78 seccional contra la corrupción, Daniel Fernando Díaz, quien llevaba a su cargo las investigaciones por el desfalco a la salud con el denominado "Cartel de la hemofilia".

De acuerdo con la fiscal, Marcela Márquez, encargada de destapar los oscuros intereses de quienes frenaron las investigaciones, hubo millonarias peticiones de dinero y pagos en coimas.

LA MANO OSCURA DE LUIS GUSTAVO MORENO

De acuerdo con la fiscal Márquez, el entonces fiscal Anticorrupción, Luis Gustavo Moreno, hizo todo lo que estaba a su alcance para sacar del cargo a la fiscal Marta Inés Sepulveda, quien tenía grandes avances sobre el "Cartel de la hemofilia".

Señaló que en su lugar nombró a su hombre de confianza, el fiscal Daniel Fernando Díaz Torres, a quien le había designado, al parecer, la misión de frenar las investigaciones por este escándalo a cambio de millonarios sobornos.

"La fiscal Sepulveda y su investigador fueron objeto de presiones y fueron relevados. Gustavo Moreno conocía las investigaciones, Gustavo Moreno sabía de las proyecciones de la fiscal", indicó Márquez. Señaló que Moreno actuó para favorecer a gente de alto y mediano poder en Córdoba.
"Se trata de dos investigaciones, una por corrupción en la administración de servicios públicos y otra por corrupción en la administración de justicia", añadió.

Frente al papel de Moreno, en este caso, señaló que "el propio Luis Gustavo Moreno estaba cobrándole a Leonardo Pinilla Gómez, abogado de dos de los investigados por el "Cartel de la hemofilia" 1.500 millones de pesos por no judicializar al señor Jose Jaime Pareja y al gobernador Edwin Besaile".

Dijo que Leonardo Pinilla decidió negociar directamente con el fiscal Díaz Torres la no judicialización del exsecretario de Salud José Jaime Pareja por un monto de 300 millones de pesos, los cuales se habrían hecho en dos pagos, uno de ellos en Cancún, México.

"Se pagarían favorecimientos en la investigación a cambio de dinero, dádivas y prebendas de distinta naturaleza", añadió la fiscal.

Agregó que en este entramado de corrupción participó, al parecer, el senador Musa Besaile, profugo de la justicia.

EL OTRO PAGO

Agregó la fiscal que, "en efecto, Leonardo Pinilla viaja a Miami a reunirse con el exgobernado Alejandro Lyons el 25 de mayo, donde le hicieron entrega de 100 millones de pesos al fiscal Daniel Fernando Torres, esa reunión está grabada por las autoridades norteamericanas y está en poder de la Fiscalía".

De igual manera, indicó que el fiscal Torres conocía muy bien el caso del "Cartel de hemofilia" y sabía bien quiénes eran sus participes.

"Sabia que se apropiaban de gruesas sumas de dinero del Sistema de Salud, negocio que consideraban altamente rentable defraudando a la salud en más de 50.000 millones de pesos (...) conocía además que se pagan gruesas sumas de dinero para que no se revisara la documentación", anotó.

Además, dijo que "con el fin de sepultar el caso del "Cartel de la hemofilia" se evidencia que para no continuar con la investigacion se había manipulado la investigación y se tergiversó lo acontecido para eximir de responsabilidad a quienes tuvieron que ver en este caso como Jose Jaime Pareja Aleman".

Por estos hechos, la Fiscalía le imputó los delitos de concierto para delinquir y cohecho al fiscal Daniel Fernando Torres y a Jose Jaime Pareja, al considerarlos presuntos responsables de los actos de corrupción que se presentaron con el "Cartel de la hemofilia".
PRIMERAS CUATRO CAPTURAS POR PANAMÁ PAPERS


Cuando se publicó la lista de investigados dentro del caso Panamá Papers, el listado de firmas colombianas llegó a 1.854 empresas. Tener empresas en el extranjero no constituye un delito, sin embargo, los seguimientos que desde entonces adelanta la Fiscalía llevaron a las primeras capturas.

El ente investigador reveló que dentro de la oficina Mossack Fonseca en Colombia se ofreció entre el 2010 y 2016 un elaborado entramado financiero y societario, que tuvo por fin vender facturas falsas. Eran expedidas por empresas fachada en el exterior a empresas colombianas que efectuaron los desembolsos. 

Las empresas extranjeras fueron credas por Mossack Fonseca y los objetos de la facturación era ficticios. Aún así, desde Colombia se emitieron los millonarios pagos.

La Fiscalía tiene documentadas al menos 14 sociedades colombianas que habrían acudido a este método para transferir de manera irregular los recursos; otras 7 firmas están bajo investigación. Para la Fiscalía, esta jugada ilícita les habría permitido falsificar la contabilidad y manipular las declaraciones de renta presentadas a la DIAN. 

Por estos casos fueron capturados: Juan Esteban Arellano Rumazo, representante legal de Mossack Fonseca en Colombia, quien deberá responder por los delitos de falsedad ideológica en documento privado, enriquecimiento ilícito de particular, lavado de activos y concierto para delinquir. 

Se confirmó la detención de Luz Mary Guerrero Hernández, accionista y representante legal de Efectivo SA y Circulante SA, a quien se le imputarán los delitos de falsedad ideológica, estafa, administración desleal, fraude procesal, enriquecimiento ilícito de particular, lavado de activos y concierto para delinquir.

Fue detenida Sara Guavita Moreno, representante legal de Servientrega SA, quien deberá responder por los delitos de falsedad ideológica en documento privado, estafa, administración desleal, enriquecimiento ilícito, lavado de activos y concierto para delinquir.

Finalmente, la Fiscalía anunció la detención de Jorge Humberto Sánchez Amado, revisor fiscal de Efectivo Ltda. y Circulante SA a quien le impiutarán falsedad ideológica en documento privado, estafa, administración desleal, fraude procesal, enriquecimiento ilícito y concierto para delinquir. 

El ente investigador también encontró que por la actividad ilícita, Mossack Fonseca asociada con su casa matriz en Panamá, cobraba un porcentaje que oscilaba entre el 2,5 % y el 4 %, dependiendo del país donde se ubicaran las empresas fachada. Podía ser en Panamá, Costa Rica, España e Inglaterra. 

La Fiscalía anunció imputaciones a personas que se desempeñaban como representantes legales, contadores y revisores fiscales de las siguientes firmas: Inversiones Zambrano Pinzón Asociados SAS, la sociedad Artextil SA, El Heraldo SA, sociedad Rymel Ingeniería Eléctrica SAS y Medicina Nuclear Diagnóstica.
XX ENCUENTRO DE LA JURISDICCIÓN ORDINARIA


La Corte Suprema de Justicia se encuentra cursando las invitaciones para participar en el XX Encuentro de la Jurisdicción Ordinaria, cuyo tema central será “Nuevas rutas hacia la transformación de la justicia”.

El evento tendrá lugar en la ciudad de Manizales (Caldas), durante los días cinco y seis de octubre y será anfitrión el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Manizales.

CAPTURAN OTRO FISCAL ANTICORRUPCIÓN


Junto al fiscal, los investigadores y compañeros del funcionario, capturaron al ex secretario de Salud departamental de Córdoba, José Jaime Pareja.

Los dos están involucrados en hechos de corrupción que tienen al ex gobernador Alejandro Lyons, al prófugo senador Musa Besaile y al ex director anticorrupción Luis Gustavo Moreno en enredos con la justicia.

El fiscal Díaz hizo parte de la dirección anticorrupción y era el encargado de adelantar el proceso por el “cartel de la hemofilia”. Estuvo al lado de Gustavo Moreno, aparentemente, beneficiando a los implicados en este escándalo, el objetivo, evitar su captura a cambio de millonarios pagos, los mismos hechos que tienen a Moreno en la cárcel.

El ex secretario sería un nuevo beneficiario de la corrupción judicial y al parecer coordinó con Díaz para salir ileso de los procesos que hace meses debieron dejar detenidos a un grupo de ex funcionarios públicos que se concertaron para quedarse con los recursos de los enfermos de hemofilia.

La imputación contra los dos, fiscal e investigado, será por el delitos de concierto para delinquir y cohecho, las audiencias se realizarán en la ciudad de Bogotá.

martes, 3 de octubre de 2017

CARTEL DE ENFERMOS MENTALES: NUEVO CASO DE RESPONSABILIDAD FISCAL EN SUCRE


La Contraloría General de la República dio apertura a un proceso de responsabilidad fiscal en cuantía de más de 1.055 millones de pesos por el denominado “Cartel de los Enfermos Mentales” en el departamento de Sucre.

Según en ente de control, se encontró que 155 de las facturas pagadas por la Gobernación de Sucre se debían a procesos y pacientes inexistentes durante los últimos años.

Por otro lado el ente de control informó que las órdenes de pago fueron suscritas por el entonces Gobernador del departamento, Julio César Guerra Tulena, quien fue vinculado al proceso por parte de la Contraloría.

Las irregularidades fueron detectadas por la Contraloría General de la República en una auditoria efectuada a la Gobernación de Sucre sobre la vigencia 2015, en la que se evidenciaron los pagos efectuados a favor de las IPS Clínica de Salud Mental y Rehabilitación Integral Manantiales S.A.S., Clínica Santa Isabel Ltda., Fundación Libertad y Fe, Fundación Nuevo Ser, Fundación Sembrando Esperanzas, y la Clínica de Rehabilitación Nuevos Amaneceres de Sucre S.A.S.

En el caso de la Clínica de Rehabilitación Nuevos Amaneceres de Sucre S.A.S., el médico psiquiatra que figura firmando las historias clínicas de los supuestos pacientes, Gustavo Zambrano San Juan, manifestó no haber firmado ninguno de los documentos usados por la IPS para soportar sus facturas y que nunca había prestado sus servicios a esa entidad, por lo que su nombre había sido usado ilegalmente.