ANTE LA PRESUNTA RESPONSABILIDAD DE MIEMBROS DE LA POLICÍA EN EL HOMICIDIO MÚLTIPLE OCURRIDO EN TUMACO, DEFENSORÍA DEL PUEBLO SOLICITA AL FISCAL Y AL PROCURADOR UNA INVESTIGACIÓN ESPECIAL
El Defensor del Pueblo, Carlos Alfonso Negret Mosquera, lamentó profundamente los hechos ocurridos el jueves 05 de octubre de 2017, en el marco de protestas por actividades de erradicación manual forzada, donde se registró la muerte violenta de al menos seis (6) personas, entre ellas dos comuneros del pueblo indígena Awá, por disparos de arma de fuego. Además, 20 personas resultaron heridas.
La Defensoría del Pueblo, de forma reiterada ha advertido los riesgos en los que se halla la población afrocolombiana, indígena y campesina del municipio de Tumaco por el accionar de los grupos armados ilegales, mediante la emisión de alertas tempranas.
Las autoridades han manifestado que la muerte de los pobladores fue causada por estructuras armadas ilegales que actúan en la zona, mientras que los habitantes de la región afirman que miembros de la Policía Nacional serían los presuntos responsables de esos homicidios.
Debido a la gravedad de los hechos y a las versiones contradictorias que circularon por los medios de comunicación, se dispuso la conformación de una comisión humanitaria encabezada por el Vicedefensor del Pueblo, Jorge Enrique Calero Chacón, y el Director del Sistema de Alertas Tempranas, Mauricio Redondo Valencia, entre otros funcionarios, con el fin de que se desplazaran a la zona para verificar los hechos y brindar acompañamiento a las víctimas de ese crimen.
El viernes 6 de octubre la misión defensorial de alto nivel se desplazó a la zona rural del corregimiento de Llorente (Tumaco), para acompañar a la población civil afectada y hacer presencia en el lugar donde tuvo ocurrencia el hecho violento.
En dicho territorio se sostuvieron diálogos con las comunidades, las víctimas y miembros de la Fuerza Pública, como también se hizo verificación en el terreno donde se suscitaron los hechos. Al respecto, la misión defensorial acopió la siguiente información:
1. Los campesinos y campesinas coincidieron en afirmar que acudieron a la movilización de manera voluntaria, llevados por el inconformismo ante la falta de cumplimiento del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito– PNIS.
2. En la movilización participaban cerca de 1500 personas, de las cuales alrededor de 300 se encontraban en el lugar donde se había instalado unidades de la Policía antinarcóticos, el Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) y el Ejército Nacional.
3. Los manifestantes, que provenían de las veredas Sonadora, Restrepo, Vallenato, El Divorcio, Playón y El Tandil, y algunos hacían parte del pueblo indígena Awá, aseguran que fueron atacados con arma de fuego por miembros de la Policía antinarcóticos.
4. Señalaron que en el momento de los hechos no hubo intervención de grupos armados ilegales (disidencias de las FARC) ni tampoco se registró el lanzamiento o activación de cilindros bomba o los denominados “tatucos”, contrario a lo informado por las autoridades.
5. La versión de la comunidad descarta la participación del Ejército Nacional en los hechos violentos y exalta el apoyo brindado en la prestación de los primeros auxilios y en la evacuación de los heridos.
6. En la visita realizada a la zona, la comisión de la Defensoría, no observó a simple vista ninguna evidencia de los efectos que genera la onda expansiva resultado de la activación de cilindros bomba, tales como cráteres, afectaciones por esquirlas, entre otros.
Con el objeto de brindar garantías a los derechos fundamentales de las víctimas y de los habitantes de las comunidades campesinas de los ríos Mira, Nulpe y Mataje, Consejo Comunitario de Alto Mira y Frontera y resguardos indígenas Awá, el Defensor del Pueblo formula las siguientes recomendaciones a las autoridades competentes:
• A la Fiscalía General de la Nación, adelantar una investigación eficaz, oportuna y diligente, que conduzca a esclarecer los hechos y judicializar a los responsables. Para tal fin, se recomienda que la investigación sea asumida por un fiscal adscrito a la Dirección Especializada contra las Violaciones de los Derechos Humanos.
• A la Procuraduría General de la Nación, en virtud del poder disciplinario preferente, adelantar las investigaciones a que haya lugar para determinar si los hechos ocurridos el 5 de octubre de 2017 constituyen falta disciplinaria para alguno de los miembros de la Fuerza Pública.
• Al Director General de la Policía Nacional, rendir un informe exhaustivo y detallado a la Defensoría del Pueblo, que relacione las circunstancias de modo, tiempo y lugar de los hechos ocurridos en la vereda El Tandil.
• Alta Consejería Presidencial para el Posconflicto, Derechos Humanos y Seguridad, establecer el cronograma de actividades concertado para la sustitución de cultivos de uso ilícito en la zona rural del municipio de Tumaco, en el marco del Acuerdo Colectivo de sustitución voluntaria suscrito el 4 de marzo de 2017.
• A la Unidad para la Atención a las Víctimas, brindar la ayuda humanitaria de emergencia a las personas afectadas y desarrollar las gestiones tendientes a activar la ruta de reparación integral para las víctimas directas e indirectas.
• A la Unidad Nacional de Protección, realizar los estudios de riesgos a los líderes comunales y autoridades étnicas que se encuentren en condición de amenazados e implementar planes y medidas de protección individual y colectivas.
• Al Ministerio del Interior, a la Gobernación de Nariño y al municipio Tumaco, adoptar las medidas eficaces de prevención y protección con fundamento en las recomendaciones formuladas en los documentos de advertencia, tales como, la Nota de Seguimiento 015 de 2016 y los informes de riesgos número 014 y 043 de 2017.
La Defensoría del Pueblo, de forma reiterada ha advertido los riesgos en los que se halla la población afrocolombiana, indígena y campesina del municipio de Tumaco por el accionar de los grupos armados ilegales, mediante la emisión de alertas tempranas.
Las autoridades han manifestado que la muerte de los pobladores fue causada por estructuras armadas ilegales que actúan en la zona, mientras que los habitantes de la región afirman que miembros de la Policía Nacional serían los presuntos responsables de esos homicidios.
Debido a la gravedad de los hechos y a las versiones contradictorias que circularon por los medios de comunicación, se dispuso la conformación de una comisión humanitaria encabezada por el Vicedefensor del Pueblo, Jorge Enrique Calero Chacón, y el Director del Sistema de Alertas Tempranas, Mauricio Redondo Valencia, entre otros funcionarios, con el fin de que se desplazaran a la zona para verificar los hechos y brindar acompañamiento a las víctimas de ese crimen.
El viernes 6 de octubre la misión defensorial de alto nivel se desplazó a la zona rural del corregimiento de Llorente (Tumaco), para acompañar a la población civil afectada y hacer presencia en el lugar donde tuvo ocurrencia el hecho violento.
En dicho territorio se sostuvieron diálogos con las comunidades, las víctimas y miembros de la Fuerza Pública, como también se hizo verificación en el terreno donde se suscitaron los hechos. Al respecto, la misión defensorial acopió la siguiente información:
1. Los campesinos y campesinas coincidieron en afirmar que acudieron a la movilización de manera voluntaria, llevados por el inconformismo ante la falta de cumplimiento del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito– PNIS.
2. En la movilización participaban cerca de 1500 personas, de las cuales alrededor de 300 se encontraban en el lugar donde se había instalado unidades de la Policía antinarcóticos, el Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) y el Ejército Nacional.
3. Los manifestantes, que provenían de las veredas Sonadora, Restrepo, Vallenato, El Divorcio, Playón y El Tandil, y algunos hacían parte del pueblo indígena Awá, aseguran que fueron atacados con arma de fuego por miembros de la Policía antinarcóticos.
4. Señalaron que en el momento de los hechos no hubo intervención de grupos armados ilegales (disidencias de las FARC) ni tampoco se registró el lanzamiento o activación de cilindros bomba o los denominados “tatucos”, contrario a lo informado por las autoridades.
5. La versión de la comunidad descarta la participación del Ejército Nacional en los hechos violentos y exalta el apoyo brindado en la prestación de los primeros auxilios y en la evacuación de los heridos.
6. En la visita realizada a la zona, la comisión de la Defensoría, no observó a simple vista ninguna evidencia de los efectos que genera la onda expansiva resultado de la activación de cilindros bomba, tales como cráteres, afectaciones por esquirlas, entre otros.
Con el objeto de brindar garantías a los derechos fundamentales de las víctimas y de los habitantes de las comunidades campesinas de los ríos Mira, Nulpe y Mataje, Consejo Comunitario de Alto Mira y Frontera y resguardos indígenas Awá, el Defensor del Pueblo formula las siguientes recomendaciones a las autoridades competentes:
• A la Fiscalía General de la Nación, adelantar una investigación eficaz, oportuna y diligente, que conduzca a esclarecer los hechos y judicializar a los responsables. Para tal fin, se recomienda que la investigación sea asumida por un fiscal adscrito a la Dirección Especializada contra las Violaciones de los Derechos Humanos.
• A la Procuraduría General de la Nación, en virtud del poder disciplinario preferente, adelantar las investigaciones a que haya lugar para determinar si los hechos ocurridos el 5 de octubre de 2017 constituyen falta disciplinaria para alguno de los miembros de la Fuerza Pública.
• Al Director General de la Policía Nacional, rendir un informe exhaustivo y detallado a la Defensoría del Pueblo, que relacione las circunstancias de modo, tiempo y lugar de los hechos ocurridos en la vereda El Tandil.
• Alta Consejería Presidencial para el Posconflicto, Derechos Humanos y Seguridad, establecer el cronograma de actividades concertado para la sustitución de cultivos de uso ilícito en la zona rural del municipio de Tumaco, en el marco del Acuerdo Colectivo de sustitución voluntaria suscrito el 4 de marzo de 2017.
• A la Unidad para la Atención a las Víctimas, brindar la ayuda humanitaria de emergencia a las personas afectadas y desarrollar las gestiones tendientes a activar la ruta de reparación integral para las víctimas directas e indirectas.
• A la Unidad Nacional de Protección, realizar los estudios de riesgos a los líderes comunales y autoridades étnicas que se encuentren en condición de amenazados e implementar planes y medidas de protección individual y colectivas.
• Al Ministerio del Interior, a la Gobernación de Nariño y al municipio Tumaco, adoptar las medidas eficaces de prevención y protección con fundamento en las recomendaciones formuladas en los documentos de advertencia, tales como, la Nota de Seguimiento 015 de 2016 y los informes de riesgos número 014 y 043 de 2017.
