lunes, 9 de octubre de 2017

SOLDADO BOLIVIANO AL QUE EL CHE PERDONÓ LA VIDA LO RESPETA PERO NO LO ADMIRA


El soldado boliviano Néstor Cuentas, que formó parte de un grupo de prisioneros al que el guerrillero Ernesto “Che” Guevara perdonó la vida el 9 de mayo de 1967, afirmó que respeta su ideología, pero no lo admira porque invadió Bolivia.

Cuentas tenía 18 años cuando se enroló en las Fuerzas Armadas para cumplir el servicio militar obligatorio para el período 1966-1967 y quedó acuartelado al estallar las operaciones de la guerrilla guevarista y los enfrentamientos con el Ejército.

“Lo respeto por su ideología, pero no por la invasión que hizo a nuestro país”, subrayó Cuentas a Efe, a propósito de recordar esa experiencia cuando los soldados de la época conmemoran estos días a sus caídos, mientras que el Gobierno de Evo Morales organiza actos de homenaje para el revolucionario comunista.

Recordó que sus superiores les dijeron en la Semana Santa de marzo de 1967 que estaban bajo bandera para intervenir “desórdenes” en Santa Cruz (este) y después 180 reclutas fueron trasladados desde La Paz a la zona de combate en la selva de Ñancahuazú (sureste).

“Sabíamos que había un movimiento, pero todavía no sabíamos si había guerrilleros”, relató Cuentas, cuyo grupo fue dividido para iniciar una incursión en la selva para buscar a los subversivos.

“Padecimos de hambre, sed, por los mosquitos y el calor. Atravesamos toda la montaña, eran varias semanas”, evocó.

Su grupo llegó hasta el cruce de los ríos Ñancahuazú e Iquiri sitio en que el grupo comandado por un teniente de apellido Arnez había decidido acampar en los primeros días de mayo de 1967.

El día 8 de ese mes, algunos de sus compañeros fueron a buscar algo que comer río abajo cuando se produjo el primer encuentro con los guerrilleros que inicialmente tomaron presos a dos soldados.

“Nos organizamos para atacar en tres grupos, río abajo, pero ellos se habían organizado en forma de ele (L) y comenzaron a dispararnos de costado y frontalmente. Nos emboscaron”, rememoró.

El combate duró casi dos horas en el lecho del río Ñancahuazú hasta que los fusiles mauser de los reclutas quedaron sin balas.

Según el soldado, el grupo, a cargo del teniente Henry Laredo, de 23 años, decidió la retirada cuando se escucharon los disparos que les impactaron.

“Me daba pena. En el momento de morir el teniente Laredo gritaba ¡sálveme, por mi madre, sálveme! Y los alumnos igual”, relató Cuentas, que salvó “la vida de milagro”.

En su diario de campaña en Ñancahuazú, Guevara da su versión de los hechos del 8 de mayo y asegura que Laredo “inició el fuego y cayó muerto, junto con dos reclutas más” y que el saldo total fue de tres muertos, diez prisioneros, dos de ellos heridos.

El 9 de mayo, Guevara relata que pasó la noche sin dormir, pero decidieron liberar a los prisioneros, previa charla.

“Se les quitaron los zapatos, se les cambió la ropa y a los mentirosos se les envió en calzoncillos”, escribió el Che.

Según Cuentas, cuando cayeron prisioneros, los guerrilleros les ordenaron desnudarse para caminar con las manos en la nuca hasta el campamento.

Agregó que el guerrillero al que llamaban “Coco”, que era el boliviano Roberto Leigue, fue el encargado de interrogarlos y de anunciarles que iban “a ser fusilados” y que debían comenzar a rezar.

“Desde ahí, algo más arriba, yo pude ver a unos 20 metros entre los matorrales y la selva a varios guerrilleros. Entre ellos había un señor con barba fumando, solamente pude mirar eso”, rememoró Cuentas en alusión al que ahora cree que era el mismo Guevara.

No obstante, “Coco” despertó a los prisioneros indicándoles que “el comandante les ha perdonado la vida” y que tenían media hora para abandonar el lugar llevándose a sus heridos y así lo hicieron.

Cinco meses después de ese hecho, el 8 de octubre de 1967, el Ejército boliviano capturó al “Che” Guevara, aniquiló su guerrilla y al día siguiente el presidente del país, René Barrientos, y su mando militar, decidieron que debía ser ejecutado en el poblado La Higuera.

Cuentas y un centenar de los soldados de la época asistieron el viernes a una misa en La Paz para recordar al medio centenar de sus camaradas caídos en los enfrentamientos en la guerrilla.
LO QUE HAY QUE SABER SOBRE VIAJES A CUBA EN LA NUEVA ERA DE TRUMP


Un ominoso comunicado del Departamento de Estado donde advierte sobre las visitas Cuba junto con la orden de expulsar a diplomáticos de la embajada cubana en Washington podría afectar los viajes de norteamericanos a la isla. Sin embargo, el problema tal vez no es tan grave como se podría temer.

Una de las razones es que las agencias de viajes, las aerolíneas y líneas de cruceros disponen de gran cantidad de visas de turista, documentos que muchos norteamericanos necesitan para viajar a la isla y cuentan con suficientes visas para que los viajeros elegibles puedan visitar Cuba en los próximos meses. De igual modo, los cubanoamericanos que tienen sus pasaportes cubanos actualizados aún pueden viajar.

“Por lo general le compramos entre 1,000 y 2,000 visas al consulado cubano. Tenemos muchas visas”, dijo Collin Laverty, presidente de la firma Cuban Educational Travel, que se dedica a organizar viajes a Cuba.

Después que Estados Unidos ordenó que 15 diplomáticos cubanos de la embajada cubana en Washington tenían que abandonar el territorio el martes, solo un empleado cubano -el cónsul general Alejandro Padrón Corral- se quedó en la sección consular.

El viernes, la embajada dio a conocer una declaración donde dice que a pesar de la “arbitraria e injustificada decisión” de expulsar a sus empleados, la sección consular continuaría ofreciendo “todos los servicios de forma ininterrumpida”. La embajada pidió disculpas por las posibles demoras a la hora de procesar la documentación y culpó del problema a la decisión “inaceptable” que tomó Estados Unidos.

Los viajeros norteamericanos que solo necesitan visas de turistas para viajar y algunas otras categorías de viaje elegibles por lo regular pueden comprar sus visas en el aeropuerto o en el puerto antes de partir si es que no lo hicieron antes en alguna agencia de viajes. No les hace falta ninguna aprobación de antemano por parte del gobierno cubano.

Sin embargo, aquellos que necesiten visas especiales, como es el caso de los periodistas, ejecutivos de negocios con agendas oficiales, investigadores y los estudiantes matriculados en programas académicos en Cuba, tal vez tengan que esperar más tiempo para que sus visas sean aprobadas.

Los cubanoamericanos nacidos en Cuba que quieran viajar deberán también tener actualizado el pasaporte cubano, documento que debe renovarse cada cuatro años y revalidarse cada dos años. Los que necesiten pasaportes, renovaciones y cualquier otra documentación del consulado cubano también podrían enfrentar demoras.

“Hablamos con el cónsul cubano y nos dijo que todo seguiría igual, excepto que las cosas irían más lentas”, dijo Yanni Toledo, gerente de la agencia de viajes Airline Brokers, que vende boletos de avión y brinda otros servicios a Cuba. Toledo dijo que acaba de comprarle al consulado 500 visas a $50 cada una.

Airline Brokers vende cada visa por $75. Otras agencias de viajes las ofrecen a costo o cobran hasta $100.

La decisión de expulsar a los diplomáticos cubanos se tomó luego que EEUU retiró el 60 por ciento de su personal en la embajada en La Habana ya que, según dijo un canal oficial, Cuba demostró ser incapaz de asegurar el bienestar de los diplomáticos norteamericanos acreditados en la isla.

Desde hace varios meses, 22 empleados de la embajada padecen distintos problemas de salud, entre ellos pérdidas de la audición, mareos y problemas cognitivos. Las lesiones, dijo EEUU, se deben a un ataque acústico de naturaleza desconocida. Aunque no responsabiliza a Cuba de los ataques, dijo que La Habana tiene la responsabilidad de asegurar que sus diplomáticos no corren peligro en el país.
ANTE LA PRESUNTA RESPONSABILIDAD DE MIEMBROS DE LA POLICÍA EN EL HOMICIDIO MÚLTIPLE OCURRIDO EN TUMACO, DEFENSORÍA DEL PUEBLO SOLICITA AL FISCAL Y AL PROCURADOR UNA INVESTIGACIÓN ESPECIAL


El Defensor del Pueblo, Carlos Alfonso Negret Mosquera, lamentó profundamente los hechos ocurridos el jueves 05 de octubre de 2017, en el marco de protestas por actividades de erradicación manual forzada, donde se registró la muerte violenta de al menos seis (6) personas, entre ellas dos comuneros del pueblo indígena Awá, por disparos de arma de fuego. Además, 20 personas resultaron heridas. 

La Defensoría del Pueblo, de forma reiterada ha advertido los riesgos en los que se halla la población afrocolombiana, indígena y campesina del municipio de Tumaco por el accionar de los grupos armados ilegales, mediante la emisión de alertas tempranas.

Las autoridades han manifestado que la muerte de los pobladores fue causada por estructuras armadas ilegales que actúan en la zona, mientras que los habitantes de la región afirman que miembros de la Policía Nacional serían los presuntos responsables de esos homicidios. 

Debido a la gravedad de los hechos y a las versiones contradictorias que circularon por los medios de comunicación, se dispuso la conformación de una comisión humanitaria encabezada por el Vicedefensor del Pueblo, Jorge Enrique Calero Chacón, y el Director del Sistema de Alertas Tempranas, Mauricio Redondo Valencia, entre otros funcionarios, con el fin de que se desplazaran a la zona para verificar los hechos y brindar acompañamiento a las víctimas de ese crimen.

El viernes 6 de octubre la misión defensorial de alto nivel se desplazó a la zona rural del corregimiento de Llorente (Tumaco), para acompañar a la población civil afectada y hacer presencia en el lugar donde tuvo ocurrencia el hecho violento.

En dicho territorio se sostuvieron diálogos con las comunidades, las víctimas y miembros de la Fuerza Pública, como también se hizo verificación en el terreno donde se suscitaron los hechos. Al respecto, la misión defensorial acopió la siguiente información:

1. Los campesinos y campesinas coincidieron en afirmar que acudieron a la movilización de manera voluntaria, llevados por el inconformismo ante la falta de cumplimiento del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito– PNIS.

2. En la movilización participaban cerca de 1500 personas, de las cuales alrededor de 300 se encontraban en el lugar donde se había instalado unidades de la Policía antinarcóticos, el Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) y el Ejército Nacional. 

3. Los manifestantes, que provenían de las veredas Sonadora, Restrepo, Vallenato, El Divorcio, Playón y El Tandil, y algunos hacían parte del pueblo indígena Awá, aseguran que fueron atacados con arma de fuego por miembros de la Policía antinarcóticos. 

4. Señalaron que en el momento de los hechos no hubo intervención de grupos armados ilegales (disidencias de las FARC) ni tampoco se registró el lanzamiento o activación de cilindros bomba o los denominados “tatucos”, contrario a lo informado por las autoridades.

5. La versión de la comunidad descarta la participación del Ejército Nacional en los hechos violentos y exalta el apoyo brindado en la prestación de los primeros auxilios y en la evacuación de los heridos. 

6. En la visita realizada a la zona, la comisión de la Defensoría, no observó a simple vista ninguna evidencia de los efectos que genera la onda expansiva resultado de la activación de cilindros bomba, tales como cráteres, afectaciones por esquirlas, entre otros.

Con el objeto de brindar garantías a los derechos fundamentales de las víctimas y de los habitantes de las comunidades campesinas de los ríos Mira, Nulpe y Mataje, Consejo Comunitario de Alto Mira y Frontera y resguardos indígenas Awá, el Defensor del Pueblo formula las siguientes recomendaciones a las autoridades competentes: 

• A la Fiscalía General de la Nación, adelantar una investigación eficaz, oportuna y diligente, que conduzca a esclarecer los hechos y judicializar a los responsables. Para tal fin, se recomienda que la investigación sea asumida por un fiscal adscrito a la Dirección Especializada contra las Violaciones de los Derechos Humanos. 

• A la Procuraduría General de la Nación, en virtud del poder disciplinario preferente, adelantar las investigaciones a que haya lugar para determinar si los hechos ocurridos el 5 de octubre de 2017 constituyen falta disciplinaria para alguno de los miembros de la Fuerza Pública.

• Al Director General de la Policía Nacional, rendir un informe exhaustivo y detallado a la Defensoría del Pueblo, que relacione las circunstancias de modo, tiempo y lugar de los hechos ocurridos en la vereda El Tandil.

• Alta Consejería Presidencial para el Posconflicto, Derechos Humanos y Seguridad, establecer el cronograma de actividades concertado para la sustitución de cultivos de uso ilícito en la zona rural del municipio de Tumaco, en el marco del Acuerdo Colectivo de sustitución voluntaria suscrito el 4 de marzo de 2017. 

• A la Unidad para la Atención a las Víctimas, brindar la ayuda humanitaria de emergencia a las personas afectadas y desarrollar las gestiones tendientes a activar la ruta de reparación integral para las víctimas directas e indirectas.

• A la Unidad Nacional de Protección, realizar los estudios de riesgos a los líderes comunales y autoridades étnicas que se encuentren en condición de amenazados e implementar planes y medidas de protección individual y colectivas.

• Al Ministerio del Interior, a la Gobernación de Nariño y al municipio Tumaco, adoptar las medidas eficaces de prevención y protección con fundamento en las recomendaciones formuladas en los documentos de advertencia, tales como, la Nota de Seguimiento 015 de 2016 y los informes de riesgos número 014 y 043 de 2017.
CORTE SUPREMA EMPIEZA A PONERLE FRENO A LOS COLADOS DE LAS FARC


La polémica por la posibilidad de que personas ajenas a la guerrilla se beneficien en la Justicia Especial de Paz empezó a aclararse con el fallo sobre Jorge Leonardo Rodríguez Rivas conocido como ‘Pipoleta’, quien había solicitado la libertad condicionada por la Ley de Amnistía.

La Corte Suprema de Justicia negó la solicitud de libertad condicionada que hizo un hombre argumentando ser colaborador de las Farc. Esto porque los delitos por los cuales fue condenado no tienen relación con los delitos políticos y tampoco hay pruebas de que haya sido parte del grupo exguerrillero.

“Los hechos punibles por los cuales fuera condenado son comunes y no de carácter político; además el homicidio y el hurto calificado, conforme con la enunciación del artículo 16 de la Ley 1820 de 2016, no se consideran conexos con la rebelión, sedición, asonada, conspiración y seducción, usurpación y retención ilegal de mando, para efectos de la citada disposición”, explica la Corte.

Rodríguez Rivas disparó contra dos personas que iban en una moto con destino a Santander de Quilichao en el año 2014. En el año 2016 fue condenado y para ese mismo año el Tribunal Superior de Popayán lo absolvió del delito de porte o fabricación de armas, delito por el que sí habría podido argumentar conexidad con los delitos políticos.

Además, no hay pruebas que vinculen su conducta con el conflicto armado, nunca hizo parte de las lista de las Farc, ni fue investigado, juzgado o condenado por pertenecer a la agrupación que se desmovilizó.
EL PROFESOR QUE DICTA CLASE CON CHALECO ANTIBALAS-

La primera vez que Andrey Téllez entró al salón de clases del Instituto Cerros del Sur, en Bogotá, con su chaleco antibalas, los alumnos se asustaron: creyeron que era un policía encubierto.

Aunque lleva un año dictando clases con este elemento en el torso, los estudiantes todavía no se acostumbran a que su profesor de ciencias sociales tenga que llevar un chaleco antibalas.

Si bien es consciente de que portar esa protección no es más que un símbolo de que está en peligro, para Téllez es una medalla. Un orgullo.
“Ese chaleco para mí es como un trofeo. Es saber que estamos haciendo bien las cosas, saber que el trabajo territorial ha repercutido en que hemos generado procesos de organización social y comunitarios importantes para que la comunidad tenga un barrio distinto”, expresó Téllez.

Además de su labor como docente provisional, desde 2014 ha trabajado con la mesa ambiental No le Saque la Piedra a la Montaña’, colectivo que busca proteger los cerros de Ciudad Bolívar explotados por mineros ilegales.

Fue en medio de esta lucha como se ganó esa ‘medalla’, de cerca de 2 kilos, que debe portar a diario, pues, en caso de que le pase algo y no porte su chaleco, “el Estado no le responde a mi familia”.

Uno de los actos de movilización más fuertes que lideró Andrey, y que fue su sentencia de muerte, se dio hace dos años.

La muerte de Gineth Herrera, habitante del barrio Potosí, el 4 de abril de 2014, tras ser arrollada por una volqueta de una empresa ilegal que extraía materiales de la minería, fue el detonante para que la gente de esa zona, liderada por Téllez, decidiera que ese sería el último de los padecimientos que soportaron durante 20 años por culpa de esa explotación.

Al otro día, la comunidad se asentó en cambuches y, con actividades culturales y deportivas, bloqueó la entrada de los frentes extractivos de Canteras Unidas La Esmeralda, para impedir la circulación de volquetas que transportaban arena y arcilla, los dos principales materiales que se explotaban.

A partir de esta situación se iniciaron reclamos y acciones jurídicas ante la Secretaría de Ambiente de Bogotá, los cuales dieron como resultado, luego de treinta días de bloqueo, el sellamiento de esta cantera. La comunidad frenó la minería en su territorio.

“A raíz de esa movilización, algunos líderes se empezaron a visibilizar un poco más, entre ellos yo. Y, como vivo aquí en el territorio, me tenía que encontrar con las personas que cuidaban esa cantera”, recordó Téllez.

Defender la tierra, el agua y los recursos, cada vez más peligroso. 

Protección

Una de las razones para solicitar protección fueron dos amenazas verbales directas que recibió de personas que se beneficiaban de la minería.

“Luego llegaron panfletos a mi casa; decían que me tenía que ir o, si no, me mataban. Siempre hemos tratado de construir vida digna con las comunidades, y lastimosamente eso genera que pisemos callos de personas muy influyentes”, dijo Téllez.

Andrey cree que está en la mira de estos grupos delincuenciales porque desde la organización ambiental ha logrado arrebatarles los jóvenes que eran presas fáciles del consumo y la venta de psicoactivos.

El profesor recordó que poco después de la movilización que frenó la minería “llegaron unos supuestos policías” a su casa para hacer un estudio sobre seguridad. “Me preguntaron sobre mi familia y mis desplazamientos, pero a los pocos minutos me di cuenta de que fui el único del barrio al que encuestaron”, contó.

“A partir de esta situación tuve que llevar el caso a la Unidad Nacional de Protección. Casi dos años después, luego de hacer el estudio pertinente, me entregaron la resolución en la cual me otorgaron como protección un chaleco antibalas y un celular con minutos”, relató Andrey.

Saber que puedes perder la vida siempre genera como escozor

A diferencia de los otros docentes, él debe buscar rutas diferentes para movilizarse, pues no son pocas las veces que se ha encontrado con “personas extrañas” siguiéndolo.

“Saber que puedes perder la vida siempre genera como escozor”, aseguró, pero tiene claro que continuará en su labor.

El chaleco antibalas ha resultado para Andrey una herramienta pedagógica con la cual centra la atención de sus alumnos.

“Cuando me lo quito, los chicos se sorprenden porque saben que ese elemento es producto de que me la juego por ellos”, explicó.

Al escuchar a su profesor, los alumnos comprenden que los chalecos antibalas no son solo para la Policía y los presidentes, como antes pensaban, sino también para líderes, docentes y personas en riesgo.Los estudiantes comprenden que viven en un país en donde es normal que los maestros lleguen al salón de clases con chaleco antibalas.

sábado, 7 de octubre de 2017

REVELAN NUEVOS DETALLES DE “GUACHO”, SEÑALADO DEL ASESINATO DE CAMPESINOS EN TUMACO


se conocio nuevos detalles de la identidad y la trayectoria de “Guacho”, señalado de ser el autor material de los hechos que llevaron a la muerte de 6 campesinos y 21 más heridos en zona rural de Tumaco en Nariño.

El vicepresidente, Oscar Naranjo, al realizar un balance sobre el Consejo de Seguridad que se realizó en la Brigada del Ejército en la noche de este viernes recordó que por este individuo se ofrece una recompensa de $150 millones de pesos.

Se trata de Walter Patricio Arizala, ciudadano ecuatoriano, fue explosivista de las Farc y perteneció al Frente Daniel Aldana.
Cursa en la Fiscalía una orden de captura concierto para delinquir.

Es señalado además de presionar a las comunidades del Altomira en la zona para oponerse a la erradicación.
Además es indiciado por traficar coca hacia Esmeralda y Cachi en el vecino país de Ecuador.

Sobre este individuo, el general Naranjo dijo que, “lo revisamos ayer como un objetivo de alto valor, estuvimos trabajando hasta altas horas de la noche”.

“Es una prioridad neutralizarlo y someterlo a la justicia”, señaló.
El Ministerio de Defensa afirmó que es responsable de dirigir un grupo residual de las Farc denominado Los de Guacho, “enemigo del proceso de paz y autor de incidentes en Tumaco”.

El vicepresidente confirmó que se reunirá con el líder de Farc, Henry Castellanos Garzón, alias “Romana”, en la Zona de Capacitación y Reincorporación en Tumaco, para verificar allí la situación y buscar nuevos detalles de los hechos del pasado jueves que llevaron a la muerte de los campesinos.
FISCAL DANIEL DÍAZ ASEGURA QUE RECHAZÓ PETICIONES DE GUSTAVO MORENO Y LEONARDO PINILLA


Un juez de Bogotá debe decidir si deja en libertad o envía a la cárcel al fiscal Anticorrupción Daniel Díaz por supuestos actos de corrupción.

El fiscal asumió su propia defensa en la audiencia que se adelanta en los juzgados de Paloquemao y presentó una serie de pruebas para desvirtuar las acusaciones de la Fiscalía en su contra.

El funcionario dio a conocer unos audios donde el abogado Leonardo Pinilla, socio del ex fiscal Anticorrupción, Gustavo Moreno, lo abordó en el aeropuerto El Dorado para hacerle ofrecimientos para que actuara en contra de la ley, ofrecimientos que según Díaz él rechazó.