IMPONEN CASA POR CÁRCEL A LUIS FERNANDO ANDRADE

Luego de un par de meses de incertidumbre la juez que tenía que resolver la situación del ex director de la ANI, Luis Fernando Andrade, determinó que el ingeniero permanezca en detención domiciliaria mientras se sigue el proceso en su contra. La fiscalía acusa a Andrade de tres delitos: interés indebido en la celebración de contratos, falso testimonio, y ocultamiento y destrucción de material probatorio

La argumentación de la juez para imponer la medida de aseguramiento contra Andrade culminó con un sabor agridulce para el ex director de la Agencia Nacional de Infraestructura, que permanece sentado en el banquillo de acusados. La petición de la Fiscalía era que Andrade fuera enviado a prisión para evitar que pudiera incidir en el desarrollo del proceso. El defensor del acusado, el penalista Albeiro Yepes, argumentó que no había ninguna razón para privar de la libertad a su cliente y solicitó que Andrade permaneciara en libertad. Al final la juez de garantías optó por una vía intermedia: la prisión domiciliaria.  

Si bien la juez 57 de control de garantías de Paloquemao, en Bogotá, consideró que como funcionario Andrade no obtuvo ningún beneficio económico por su gestión ni se encontró detrimento patrimonial alguno bajo su gestión, la togada también consideró que el director de la ANI pudo haber incurrido en interés indebido en la celebración de contratos relacionados con el Otrosi a través del cual se agregó a la mega troncal Ruta del Sol2, que operó Odebrecht, el tramo de la vía Ocaña-Gamarra. La juez tuvo la misma consideración respecto al proyecto de la navegabilidad del río Magdalena.

Para ocultar esos intereses, afirmó la juez, Luis Fernando Andrade habría incurrido en el presunto delito de falso testimonio y habría presionado a su subordinado, Juan Sebastián Echeverri, para mentir las autoridades.

Ese fue justamente el argumento que empleó el despacho judicial para afirmar que el ex director de la ANI trató de obstaculizar el buen desarrollo del proceso y el motivo crucial por el que le decretó prisión domiciliaria.

LAS PRUEBAS QUE TIENEN A ASHTON BAJO LA LUPA DE LA CORTE SUPREMA

En la Corte Suprema de Justicia hay en contra del senador Álvaro Ashton cinco investigaciones: una por parapolítica, una por irregularidades con la Dirección Nacional de Estupefacientes, otra por Odebrecht, por el Cartel de la Toga, y la más reciente que se adelanta de manera preliminar, por abuso a la libertad y poder sexual.

Desde hace 20 días, la que más se ha tratado en la Sala Penal de la Corte Suprema es la de la parapolítica, en el que se le acusa del delito de concierto para delinquir agravado y han dicho fuentes del alto tribunal que están a la espera de tomar una pronta decisión.

Pero, mientras el tiempo corre -pues la vacancia judicial está próxima a comenzar-, se han ido conociendo detalles sobre las 9.347 grabaciones y 10 CD’s que están en el expediente del senador liberal.

Entre ellos, se encuentra una llamada en la que habla con una mujer identificada como Margelis, y en la que según El Espectador, ella le pregunta “qué pasó con lo mío”.

Él le señala que la “Corcharon en la Fiscalía” y le asegura: “Entonces, ahora estoy pendiente de que hagan la reestructuración de la Fiscalía pa’ que te nombren ¿oíste?”

Y agrega: “Como estamos en el proceso de restructuración, ese en el que tú estás, entonces me dijeron que con mucho gusto”.

En las llamadas según el diario, también se evidencia cómo el senador reclamaba por el trato del Gobierno a la bancada Costeña.

EN COLOMBIA HAY 2.280 JUICIOS DISCIPLINARIOS CONTRA JUECES, MAGISTRADOS Y FISCALES

En la actualidad hay 568 jueces del país que están siendo investigados por cuenta del Consejo Superior de la Judicatura por aparentes acciones corruptas en el ejercicio de su cargo.

Al discriminar el número de dichas investigaciones en ciudades o regiones del país se obtiene que Bogotá, Ibagué, Medellín y Bucaramanga tienen el mayor número de jueces investigados.

Dichos jueces se exponen a sanciones como amonestación o multa y en casos más graves se exponen a suspensión o incluso la destitución.

Según el Consejo Superior de la Judicatura, un total de 1.191 jueces en el país han sido sancionados por corrupción relacionada con su oficio.

Una cifra de investigaciones disciplinarias aún mayor se adelanta en contra de magistrados. Según el organismo disciplinario, en la actualidad existen 1.342 procesos contra ellos en el territorio nacional, sin embargo hasta ahora las sanciones efectivas son 142.

En el caso de los fiscales, el Consejo Superior de la Judicatura reveló que 370 de estos funcionarios de la justicia están siendo investigados en este momento en razón de su oficio por aparentes acciones corruptas.

En el caso de los fiscales, la ciudad de Bogotá es de lejos el territorio donde hay mayor número de investigaciones con 245 del total de 370.

A la fecha en el país han sido sancionados 488 fiscales del país.

En total, entre jueces, magistrados y fiscales hay 2.280 investigaciones en curso por cuenta de presuntos hechos de corrupción en su labor dentro de la justicia y se han sancionado efectivamente tras surtirse el proceso disciplinario 1.821 personas.

HOY SE PODRÍA DEFINIR LA LIBERTAD DE EXPRESIDENTE DE LA ANI

Tras ser aplazada en tres ocasiones la audiencia a Luis Fernando Andrade que definiría si iría a la cárcel o quedaría en libertad por el caso Odebrecht, para este lunes está agendada nuevamente la diligencia judicial.

El exfuncionario de la ANI es investigado por las supuestas irregularidades que habrían rodeado la adición para la construcción de la vía Ocaña-Gamarra, en 2014.

La Fiscalía solicitó su medida de aseguramiento tras la investigación en su contra por los delitos de interés indebido en celebración de contratos, falso testimonio y ocultamiento, alteración o destrucción de material probatorio.

Andrade se declaró “inocente” de las imputaciones endilgadas por el ente acusador. “Por eso renuncié a mi posición para venir aquí cómo un ciudadano común", aseguró en una de la audiencias.e.

“SOMOS TILDADOS DE CORRUPTOS Y LADRONES”: EL TÍTULO QUE DEJA LA CRISIS EN LA JUSTICIA A ESTUDIANTES DE DERECHO

Según el Ministerio de Educación Nacional, en 2016, 262.516 estudiantes formalizaron su matrícula en primer curso del programa Derecho y afines en las universidades del país. Esto piensan de los escándalos que se viven en las altas cortes.

Colombia es el segundo país en el mundo con más abogados. La cifra puede sorprender, más aún en un momento en el que la justicia pasa por tiempos difíciles. Las revelaciones del ex fiscal anticorrupción, Gustavo Moreno, dieron paso al hoy conocido escándalo del cartel de la toga. Pero no es lo único. El país tiene más de 400 jueces investigados.

La carrera de derecho es quizás una de las más populares del país. Según la Corporación de Excelencia en la Justicia, CEJ, mientras que en 2007 había 72 programas, la cifra hoy asciende a 188, lo que significa un aumento de 81 por ciento en el número de abogados en los últimos 10 años. De todos estos, solo 39 tienen acreditación de alta calidad.

Sin embargo, esta proliferación de programas no ha abierto un debate a fondo y con acciones acerca de los estándares de calidad que se deberían tener para la apertura y oferta de esta carrera.

La crisis de la justicia no ha afectado esos números, pero si la percepción de lo que significa estudiar derecho. “No se puede generar una relación directa entre egresados de programas de Derecho y afines y crisis de la justicia, pues la mayoría de los involucrados en los escándalos de togados y jueces son egresados de universidades de gran trayectoria y con alto reconocimiento en el país”, afirma el decano de la facultad de derecho y ciencias políticas de la Universidad de Antioquia Luquegui Gil Neira

Los estudiantes aseguran que ser abogado hoy en Colombia no es tarea fácil, “primero por la competencia, somos muchos los abogados en Colombia y segundo porque somos tildados de ladrones y corruptos”, afirma María Fernanda Ortiz, estudiante de Derecho de la Universidad de Antioquia.

La crisis moral de la justicia que vive la Nación por cuenta de los actos ilícitos de magistrados, jueces y abogados hacen que el ejercicio judicial se vea como transacciones de favores políticos y dinero, lo que deja en evidencia que “la justicia en parte se ha vuelto un mercado, muchos funcionarios llegan a las altas instituciones no por méritos y conocimientos sino por un favor o porque pasan dinero por debajo y así también son favorecidos” opina Isabel Restrepo, estudiante de noveno semestre de la UdeA.

Rubén Lugo, profesor de derecho procesal de la Corporación Universitaria Americana, asegura que “es vergonzoso y triste tener que dar una clase de Derecho en estas condiciones, en una clase ofrecí disculpas a mis estudiantes por todo lo que se estaba destapando, no podía dar la clase así, me daba pena la verdad” reconoce

La preparación profesional se hace requisito indispensable para impartir justicia pero no es suficiente para un buen ejercicio “los abogados deben ser más educados, no sólo un doctorado te hace educado sino educarse en valores y moral, esa es una de las soluciones a la corrupción que estamos viviendo hoy” concluye Alejandra López, estudiante de derecho de la UdeA.

PROCURADURÍA DESTITUYÓ E INHABILITÓ POR 18 AÑOS AL EXALCALDE DE IBAGUÉ

La Procuraduría  sancionó con destitución e inhabilidad por 18 años al alcalde de Ibagué Luis Hernando Rodríguez Ramírez (2012 – 2015), por las irregularidades presentadas en la construcción de los escenarios destinados para los Juegos Deportivos Nacionales de 2015.

La Procuraduría Primera Delegada para la Contratación Estatal determinó que el entonces funcionario no realizó el debido control y vigilancia de las obras en construcción, remodelación y adecuación de los distintos coliseos donde se efectuarían las justas deportivas, lo que ocasionó que las sedes quedaran inconclusas y en condiciones que no resultaban adecuadas, útiles y aprovechables.

Para la Procuraduría esa actuación de Rodríguez Ramírez ocasionó un detrimento al municipio y a la comunidad, que a la fecha no cuentan con escenarios deportivos para la práctica de deportes, comportamiento con el que violó el principio de responsabilidad.

La Procuraduría reprochó el desapego del entonces alcalde frente a las obligaciones adquiridas, que le obligaban a dar instrucciones, directrices, órdenes y hasta, incluso, asumir personal y directamente las facultades contractuales. Al no hacerlo, violó el principio de responsabilidad y lesionó la confianza que los ciudadanos depositan en las autoridades.

Por ese hecho, el órgano de control calificó su conducta como una falta gravísima cometida a título de culpa gravísima, que según el artículo 48 del Código Disciplinario Único establece como sanción la destitución, en virtud del numeral 44 de la Ley 734 de 2002.

Rodríguez Ramírez también fue hallado responsable disciplinariamente por violación al derecho de petición, al no responder de manera oportuna a las solicitudes de información realizadas por Coldeportes frente al avance de las obras, peticiones que el funcionario ignoró a pesar de contar con la información que era solicitada.

Por ese hecho, la Procuraduría calificó su comportamiento como una falta grave cometida a título de culpa gravísima, que de acuerdo con los artículos 35 (numeral 8) y 44 del Código Disciplinario Único establece como sanción la suspensión en el ejercicio del cargo.

SENTENCIA ABSOLUTORIA A FAVOR DE EXCONGRESISTA ZULEMA JATTIN

Mediante sentencia del 30 de noviembre del presente año, la Sala de Casación Penal absolvió a la excongresista Zulema Del Carmen Jattin Corrales de los cargos que le fueron formulados como presunta autora de los delitos de celebración de contratos sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación en favor de terceros.

Los hechos se remontan a los meses finales del año 2004 y a los de principios de 2005, cuando Jattin Corrales, en su condición de presidente de la Cámara de Representantes para ese entonces, suscribió tres “convenios interadministrativos” con la Universidad de Cartagena para remodelar las instalaciones de la comisión cuarta, mejorar el sonido e iluminación de dicha comisión y la interventoría de contratos de mantenimiento.

En el proceso se demostró que los “convenios interadministrativos” se cumplieron a satisfacción, por lo cual en la acusación se reparó en la formalidad de los convenios y no en el resultado de los mismos.

La Corte consideró que para la época de celebración de los convenios entre entidades públicas eran inaplicables las prohibiciones que introdujo la Ley 1150 de 2007 y por lo mismo estimó que Jattin Corrales muy posiblemente actuó con el convencimiento de que podía suscribir “convenios con entidades públicas” sin las exigencias que se imponen cuando se contrata con particulares.

La Sala encontró que esa era una opción admisible teniendo en cuenta la legislación vigente en esa época y la absolvió al considerar que se generaba una duda insalvable en relación con la legalidad de la alternativa que seleccionó, basada en conceptos de asesores externos y del equipo jurídico de la Corporación.

En cuanto al delito de peculado por apropiación, consistente en haberle pagado a la universidad $ 8.058.907.00 de pesos más de lo que un tercero podía cobrar por mejorar la iluminación y el sonido de dicha corporación, la Sala consideró que no existía evidencia de que esa suma de dinero la haya empelado la Universidad en sus objetivos misionales. Tampoco que haya sido desviada a favor de terceros. Por duda, entonces, se absolvió por dicho delito.