miércoles, 13 de diciembre de 2017

“BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS... Y PARA TODAS”: JUEZ ORDENA A PEÑALOSA CAMBIAR SU LEMA DE GOBIERNO


El 30 de junio de 2009, el Concejo de Bogotá aprobó el Acuerdo número 381 por medio del cual promovía el uso del lenguaje incluyente, el cual obligaba a todas las entidades distritales a utilizarlo en los documentos y actos públicos oficiales. Por lenguaje incluyente, dicho Acuerdo se refería al uso de expresiones lingüísticas que incluyeran tanto al género femenino como al masculino.

A partir de ese momento, por ejemplo, todas las autoridades distritales debían referirse a los “bogotanos y bogotanas” cuando se remitieran a todos los habitantes de la capital, y no podían utilizar solo el plural masculino para mencionar a toda la ciudadanía en su conjunto.

En virtud de ese Acuerdo, el alcalde mayor de Bogotá, Enrique Peñalosa, deberá modificar el nombre de su lema de Gobierno “Bogotá mejor para todos”, por la expresión “Bogotá mejor para todos y todas”.

Así lo determinó el juez 22 administrativo del circuito judicial de Bogotá, Luis Octavio Mora Bejarano, al fallar una acción de cumplimiento, interpuesta por el representante a la Cámara Alirio Uribe (Polo Democrático), ante lo que consideró el incumplimiento reiterado de la Alcaldía Mayor al Acuerdo que estableció el uso de lenguaje incluyente en la capital. 

En la sentencia, el juez le ordena al Distrito Capital que en un término de máximo 20 días, despliegue lo necesario para que se modifique el lema del gobierno distrital “Bogotá mejor para todos” para que el mismo corresponda a la expresión “Bogotá mejor para todos y todas”.

El fallo, expedido el pasado 4 de diciembre, también le ordena al Concejo de Bogotá para que en adelante use las expresiones concejales y concejalas en todos los documentos oficiales y eventos públicos de esa corporación.

En la sentencia, el juez 22 del circuito de Bogotá subraya que la Alcaldía “desatendió las peticiones ciudadanas que le pidieron usar el lenguaje incluyente”, así como la jurisprudencia constitucional y las recomendaciones de la Defensoría del Pueblo que expresamente ha considerado que no se puede asumir que el lema “Bogotá mejor para todos” es incluyente y democrático, pues aceptar eso es “aceptar y reforzar lo masculino como equivalente de lo universal, lo cual implica un retroceso en materia del reconocimiento y respeto de los derechos de las mujeres, por el que tanto han trabajado a lo largo de la historia numerosas mujeres y organizaciones defensoras de los derechos humanos”, según consignó Susana Rodríguez Caro, Defensora delegada para derechos de las mujeres y asuntos de género, en una carta dirigida a la Alcaldía del 18 de abril de 2016.

Esta historia comenzó el 9 de junio del 2016, cuando el Concejo de Bogotá adoptó el Plan de Desarrollo “Bogotá mejor para todos”. La ciudadana Carmen Cecilia López Rodríguez, interpuso derecho de petición en la Secretaría Distrital de la Mujer, solicitando la modificación del lema por considerar que incumplía el Acuerdo 381 de 2009.

La Secretaría General dio respuesta indicando que la palabra “todos” no es utilizada con perspectiva de género, sino en una visión de conjunto que integra los seres que habitan en la ciudad, en consecuencia, negó la modificación del tema.

El pasado 19 de julio, el representante Alirio Uribe elevó petición ante la Alcaldía Mayor solicitando información sobre el cumplimiento del Acuerdo 381 de 2009, y que se modificara el lema “Bogotá mejor para todos” al de “Bogotá mejor para todos y todas”. La Alcaldía se pronunció de forma negativa el 22 de agosto de 2017.

Fue por eso que el congresista presentó la acción de cumplimiento, y la justicia le dio la razón. Uribe aseguró que esta decisión no tendrá impacto fiscal, pues solo compromete las apropiaciones presupuestales futuras.

“Peñalosa no lo quiso hacer por las buenas llevado por la soberbia que lo caracteriza, pues ahora le toca por orden judicial. Nos satisface mucho este fallo que le recuerda al alcalde que no está por encima de la ley”, dijo Alirio Uribe tras reivindicar su triunfo en los juzgados.egal.
PROCURADURÍA DICE QUE MANZUR DEBE SER CONDENADO POR VÍNCULOS CON LAS AUC


Ante la Corte Suprema de Justicia y en medio del juicio contra el ex congresista Julio Manzur, el procurador, Jorge Sanjuan Moreno, aseguró que el congresista sí tuvo relación con las Autodefensas Unidad de Colombia, AUC.

“Entre los años 1993 a 2006 tuvo injerencias y participación en el apoyo político los candidatos propuestos para diversas dignidades por parte de las AUC”, dijo.

Aseguró que realizó alianzas “con paramilitares Elonora Pineda y Miguel Alfonso de la Espriella con el fin de promover la candidatura de Juan Carlos Aldana a la gobernación de Córdoba”.

El abogado del congresista, Andrés Garzón, dijo que la posición de la Procuraduría “es selectiva” y que el próximo 1 de marzo, cuando se reanude el juicio, demostrarán que Manzur no tuvo vínculos con los paramilitares.

“Nosotros tenemos muchos más testimonios, incluso el propio Salvatore Mancuso, jefes de la AUC diciendo que denunciaron a los testigos que menciona la Procuraduría como miembros de un Cartel de falsos testigo”, dijo el abogado.

martes, 12 de diciembre de 2017

CONDENAN A CINCO AÑOS DE PRISIÓN AL EXVICEMINISTRO GABRIEL GARCÍA MORALES POR ODEBRECHT


Tras avalar el preacuerdo firmado con la Fiscalía General, el juzgado 31 de conocimiento de Bogotá condenó a cinco años y dos meses de prisión al exviceministro de Transporte, Gabriel García Morales por su responsablidad y participación en el manejo de los 6,5 millones de dólares enviados por Odebrecht en el 2009 para garantizar la entrega del contrato de la Ruta del Sol II.

En la diligencia judicial, la jueza determinó que García Morales reconoció su responsabilidad en los delitos de cohecho impropio e interés indebido en la celebración de contratos en el marco de este escándalo de corrupción. Igualmente, se comprometió a colaborar con las autoridades judiciales y a pagar una multa como reparación por sus actos ilegales.

Con aceptación de cargos desde las audiencias preliminares accediendo a la rebaja del 50% por la aceptación”, precisó la jueza de conocimiento en la audiencia. “Tras la imposición de la sentencia, Gabriel García Morales deberá cumplir la sentencia en establecimiento carcelario, en razón al monto de la pena, la cual no sustituye la medida de aseguramiento en este proceso”.

En el fallo se fijó una inhabilidad para ejercer cargos públicos por 6 años, así como el pago al pago de 70 millones de pesos como multa por los daños causados con su conducta ilegal.
RESPALDO AL FISCAL GENERAL EN MEDIO DE SEÑALAMIENTOS POR SUPUESTOS INTERESES POLÍTICOS


“Las decisiones judiciales y administrativas no son oportunas ni inoportunas, son las que se deben tomar al interior de un proceso en los tiempos en que la dinámica del mismo determine”, manifestó mediante un comunicado la Comisión de Seguimiento a los Delitos Electorales, esto en apoyo al fiscal Néstor Humberto Martínez, por los señalamientos que le han hecho de actuar bajo tintes políticos.

El Consejo de Estado, la Defensoría, el Consejo Nacional Electoral, las Registraduria, la Procuraduría y varias entidades más firmaron el pronunciamiento donde el apoyo se extiende a todos los organismos de control.

“Toda persona que infrinja las normas está sujeta a los resultados de la labor de las autoridades y ninguna de ellas está llamada a renunciar al ejercicio de su función por razones, pareceres o preferencias políticas” manifestaron.

En conjunto dicen que se debe seguir vigilando el proceso electoral, hacen un llamado para promover la pedagogía y al respeto por los procesos judiciales como disciplinarios.
CONTRA TODO PRONÓSTICO, PIEDAD CÓRDOBA ENTREGA 1,5 MILLONES DE FIRMAS PARA SER CANDIDATA


Con la propuesta de acabar el IVA, Piedad Córdoba inscribe 1,5 millones de firmas

Este martes el turno en la Registraduría fue para la exsenadora Piedad Córdoba. La dirigente antioqueña y su comité promotor, Poder Ciudadano, llegaron con 50 cajas de cartón, cada una de ellas con 30.000 firmas en su interior, para un total de 1,5 millones de firmas. Con ese respaldo Piedad entrará oficialmente a la contienda presidencial.

El pasado mes de agosto, cuando anunció que saldría a la calle a recoger el apoyo de los ciudadanos, pocos le auguraban éxito. Cuatro meses más tarde sorprendió por la cantidad de firmas recogidas, entre otras porque no contaba con el respaldo de maquinaria alguna. “Cada firma es una firma valiente y tiene una posibilidad alta de convertirse en un voto, a diferencia de las firmas cosechadas por otros candidatos a través de mecanismos de recolección. Quien firma por mí, vota por mí”, afirmó durante su presentación en la Registraduría.

Piedad reiteró que no está pensando en alianzas de cara a la primera vuelta. Dice que su coalición es con la gente. “Mi proyecto es el proyecto de las mayorías, de la gente del común, no importa que vengan de votar a la derecha o a la izquierda, de quienes ya están hartos de esas minorías que están saqueando el país y el próximo 27 de mayo van a decir que ya basta (…), yo nunca he sido burócrata ni me he enriquecido con el dinero público, esta no es una candidatura ni para cañar ni para negociar”.

Córdoba aprovechó el momento para presentar una de sus principales propuestas, la de eliminar el impuesto del IVA por considerarlo regresivo porque castiga a los que menos tienen, e ineficaz porque paraliza la economía.

Su propuesta IVA Cero contempla recaudar los 15.000 dólares anuales que ingresan al erario con impuestos a las 1.000 empresas más grandes del país, a los vehículos de gama alta y la eliminación de las exenciones tributarias a transnacionales y bancos. “La idea es que paguen más quienes más tienen, y no como viene ocurriendo hasta ahora en el sistema fiscal colombiano, donde la carga impositiva recae sobre las mayorías, la gente trabajadora y las familias. Es un sistema enormemente generoso con los que más tienen y muy cruel con los más débiles”.
PROCURADURÍA TAMBIÉN PIDE QUE SE LE REVOQUE LIBERTAD CONDICIONAL A ‘POPEYE’


Lo que se necesita es cambiar el chip, dijo el procurador Fernando Carrillo al manifestar su apoyo a la Fiscalía por pedir que se revoqué la libertad condicional de Jhon Jairo Velasquez, alias Popeye, por estar en la fiesta del narcotraficante alias Tom.

“Es evidente que acompañamos el proceso de la Fiscalía, aquí hay un incumplimiento de una persona que quedó en libertad sometido a un cumplimiento de unos deberes, que parece que no los está haciendo y yo creo que lo que es lamentable detrás de todo esto es la forma como la narcocultura en este país sigue ganando espacios y sigue ganando terreno”.

El procurador dijo que no se puede seguir pensando que los héroes de esta sociedad son narcotraficantes
POR DETENER A PERSONAS INJUSTAMENTE LA FISCALÍA DEBERÁ PAGAR $7.300 MILLONES


presuntos nexos con la subversión, que nunca se probaron, la Fiscalía capturó a 29 personas en el municipio de Quinchía, Risaralda y por esas capturas hoy en Consejo de Estado ordena al ente investigador pagar $7.300 millones. 

Para el alto Tribunal, “testimonios de oídas en torno a la supuesta colaboración de los investigados con la insurgencia no eran suficientes para probar su accionar delictivo”. 

En el 2003 y en el marco de la ‘Operación Libertad’, los capturaron, les dictaron medida de aseguramiento y los acusaron de rebelión, terrorismo, concierto para delinquir y algunas de ellas de secuestro extorsivo. 

Sobre el caso, en el 2011, el Tribunal Contencioso Administrativo de Risaralda ya se había pronunciado y había concluido que la actuación de la Fiscalía fue desproporcionada, pues las decisiones tomadas se basaron en testimonios no contrastados de ex militantes de la guerrilla del EPL.