ASÍ TERMINAN EL AÑO LAS INVESTIGACIONES POR ODEBRECHT EN LA PROCURADURÍA

Uno de los mayores escándalos de este año fue el de los sobornos de Odebrecht y por éste la Procuraduría abrió 15 líneas de investigación. 

Nueve de ellas siguen en proceso de recolección de pruebas en el marco de indagaciones preliminares, tres están en la etapa de evaluación de evidencias para determinar si se abre investigación y otras tres ya están en investigación disciplinaria.

El senador Bernardo "Ñoño" Elías es quien tiene una de esas investigaciones por presuntas gestiones a favor de Odebrecht; en una línea de investigación se unen los procesos contra las ex ministras Cecilia Álvarez y Gina Parody por presunto conflicto de interés; y la tercera es la investigación contra el ex ministro Miguel Esteban Peñaloza, a quien se investiga por presunto enriquecimiento injustificado a partir de dineros de Odebrecht. 

Todas las líneas tienen que ver con los lugares o proyectos a donde llegaron los sobornos de la multinacional brasileña: el otro sí de la vía Ocaña Gamarra; los sectores I, II, y III de la Ruta del Sol; el contrato de la vía Chiquinquirá- Puerto Boyacá; el contrato Tunjuelo - Canoas; el crédito de Banco Agrario al consorcio Navelena y las irregularidades en el desembolso del mismo; y la recuperación de la navegabilidad del Río Magdalena, Cormagdalena.

Hay otra línea específica contra los representantes legales de los consorcios con participación de Odebrecht; una contra el consorcio Sion, intermediario en el pago de sobornos a funcionarios públicos, y otra por la falta de seguimiento de las licencias ambientales dentro de la Ruta del Sol II. 

Entre los indagados se encuentran: el Alto Consejero para las Regiones, Juan Manuel Barraza; el director Nacional de Regalías, Gabriel García Morales; y el viceministro de Transporte, Gabriel García Morales; la Junta directiva del Banco Agrario; el ex director de la ANI, Luis Fernando Andrade; el senador Antonio Guerra de la Espriella y el representante Ciro Rodríguez.

PEDRO PABLO KUCZYNSKI SE SALVA DE SER DESTITUÍDO POR EL CONGRESO EN PERÚ

La oposición no logró los 87 votos necesarios para declarar la vacancia del cargo, tras una sesión parlamentaria de 14 horas. El mandatario ha sido cuestionado por la relación que sostuvo con la empresa Odebrecht antes de ser jefe de estado.

El presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, se salvó este jueves de ser destituido por el Congreso, luego de que la oposición no lograra los 87 votos necesarios para declarar la vacancia del cargo, tras una sesión parlamentaria de 14 horas.

"No ha sido aprobado el pedido de vacancia por causal de incapacidad moral permanente", dijo el presidente del Congreso, Luis Galarreta, tras la votación, que arrojó 79 votos a favor de la destitución, 19 en contra y 21 abstenciones.

"Peruanos. Mañana empieza un nuevo capítulo en nuestra historia: reconciliación y reconstrucción de nuestro país. Una sola fuerza, un solo Perú", escribió el mandatario en Twitter, tras la votación este jueves en la noche, que implicó una derrota para la oposición fujimorista, que promovía la destitución del mandatario de 79 años. 

El jefe de estado salió al balcón de su casa, en el exclusivo municipio limeño de San Isidro, para saludar a decenas de personas que llegaron a felicitarlo.

Kuczynski se defendió ante el Congreso por la mañana afirmando que jamás recibió un soborno, en sus esfuerzos para evitar ser cesado por sus vínculos con la cuestionada constructora brasileña Odebrecht.

Dominado por la oposición fujimorista, el Congreso abrió un proceso de "vacancia" presidencial por "permanente incapacidad moral", días después de que Odebrecht revelara que pagó casi cinco millones de dólares por asesorías a empresas ligadas a Kuczynski, mientras él era ministro.

FISCALÍA PIDE ÓRDENES DE CAPTURA CONTRA JEFES DEL ELN POR ASESINATOS DE LÍDERES SOCIALES

Tras la petición de la Fiscalía General, un juez emitió las primeras órdenes de captura contra los comandantes de la guerrilla del ELN por su responsabilidad en los asesinatos de líderes sociales en el departamento del Chocó.

Los cabecillas del Frente de Guerra Occidental y el Frente Guerrillero Resistencia Cimarrón estarían detrás del asesinato del gobernador indígena de la comunidad Docasina, Aulio Isarama Ballesteros, ocurrido el 24 de octubre de este año, en el municipio de Alto Baudó (Chocó).

La Fiscalía estableció que la retención y posterior asesinato del líder indígena correspondió a una decisión jerárquica y planeada en la organización guerrillera.

La investigación estableció que en el Darién y el Bajo Atrato Chocó se ha registrado una alta presencia del ELN tras desmovilización de las Farc, convirtiéndose en un nuevo factor de violencia y de conflicto armado.

Las personas afectadas con la medida son:

• Ogli Ángel Padilla Romero, alias ‘Fabián’, ‘Rosemberg’ o ‘Sandino’, comandante del Frente de Guerra Occidental del ELN.

• Emilcen Oviedo Sierra, alias ‘Martha’, ‘La Abuela’ o ‘María’, segunda comandante del Frente de Guerra Occidental del ELN.

• Levis Dairon Polo Regino, alias ‘Ricardo’ o ‘Cholo’, comandante del Frente Guerrillero Resistencia Cimarrón.

Las órdenes de captura fueron emitidas por los delitos de rebelión, secuestro extorsivo y homicidio agravado.

De la misma manera, la Fiscalía solicitó audiencia de imputación contra los tres comandantes del Frente de Guerra Occidental del ELN por secuestro extorsivo y 87 casos de reclutamiento ilícito.

Igualmente, se solicitó audiencia de declaratoria de persona ausente contra ocho autores materiales vinculados al Frente Ernesto ‘Che’ Guevara del ELN, por el secuestro extorsivo de seis personas en San José del Palmar, (Chocó), registrados en 2017.

BANCOS DEBEN ENTREGAR PAGARÉS-LIBRANZA A LA LIQUIDACIÓN DE ESTRAVAL

Un grupo de entidades financieras que compró cartera de crédito en la modalidad de libranza a Estraval no podrá cobrarla por derecho propia, pues afectaría a otras víctimas. Se trata de una suma del orden de los 62.000 millones de pesos.

En una decisión sin antecedentes, la Superintendencia de Sociedades les ordenó a los bancos que tienen en su poder pagarés-libranza de Estraval, devolverlos a la liquidación de la comercializadora. La Superintendencia les dio un plazo de 15 días hábiles a partir del 12 de enero para entregar dichos títulos.

La decisión tiene como fin no afectar al resto de víctimas de esta comercializadora, pues muchos de los pagarés fueron duplicados y hasta triplicados, es decir, los mismos papeles que tienen los bancos también están en manos de otras personas.

El grupo de entidades financieros entre los que están Sudameris, Occidente, Giros y Finanzas, Global Security, Juriscoop y Banco de la Mujer se presentó a la audiencia resolución de objeciones a la calificación de créditos que se realizó esta semana. La Superintendencia de Sociedades no aceptó los argumentos de los bancos que pretendían que se levantara la restricción y se les permitiera disponer de los pagarés en su poder para cobrarlos a los deudores. En total se trata de unos 62.000 millones de pesos. La Superintendencia en su análisis consideró que los bancos tenían mejor información y capacidad para entender el negocio de las libranzas, analizar si algo andaba mal y por lo tanto asumir el riesgo de esta cartera.

En aras de que todos los afectados estén en igualdad de condiciones, la liquidación de Estraval es la encargada de cobrar esta cartera para distribuirla posteriormente entre las víctimas de las libranzas. El juez fue tajante en afirmar que los pagarés-libranza negociados por Estraval o a través de esta sociedad deben permanecer como activos disponibles con el fin de servir como medio de pago para los afectados. Como se trata de una decisión que tiene que ver con la banca, la Supersociedades compulsó copia de la providencia a la Superfinanciera.

Dentro de la misma audiencia, algunas personas que fueron intervenidas en el proceso de captación ilegal en Estraval, pidieron ser excluidas de la lista. Sin embargo, el juez concluyó que analizados los documentos, no se logró desvirtuar su participación en la captación ilegal de recursos. El superintendente de Sociedades, Francisco Reyes Villamizar, señaló que los trámites “se han adelantado de forma eficiente, a pesar de la gran complejidad que reviste el proceso y del inmenso volumen de documentos que han debido ser analizados”. De igual forma, agregó que este proceso se está trabajando de la mano con diferentes autoridades como la Fiscalía General de la Nación.

En la audiencia, el juez del concurso argumentó las razones que llevaron a la entidad a ratificar el juicio de responsabilidades contra los directivos de Estraval.

Para la preparación de esta decisión el juez analizó las más de 1.076 carpetas que comprometen el expediente y realizó un estudio individualizado de 2.320 solicitudes de exclusión de activos. En total, fueron analizados uno a uno los 60.000 pagarés identificados en las bases de datos de la liquidación.

En la audiencia se advirtió que los afectados de Estraval, fueron objeto de un engaño. Los afectados “a pesar de que pensaron hacer un negocio, en realidad estaban siendo víctimas de un esquema de defraudación”.

Actualmente avanza el proceso de consolidación del inventario de bienes y recursos, dentro de los cuales se encuentran bienes muebles e inmuebles, así como acciones y documentos que acreditan la participación de directivos y accionistas de Estraval en otras compañías.

La Superintendencia de Sociedades ratificó que continúan en liquidación judicial como medida de intervención, los bienes, haberes, negocios y patrimonio de Estrategias en Valores y de varias personas naturales entre las que se cuentan las cabezas de la firma Cesar Mondragón y Juan Carlos Bastidas. Igualmente, los funcionarios Fernando Joya, José Ignacio Alemán Cárdenas, Juan Agustín Vergara, Juan Carlos Gil y Tatiana Quintero.

PROCURADURÍA ABRE INDAGACIÓN PRELIMINAR A SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

La Procuraduría General de la Nación determinó la apertura de indagación preliminar contra el Superintendente de Industria y Comercio, Pablo Felipe Robledo, por presunto abuso de autoridad en las indagaciones que adelanta por el supuesto desvío masivo de boletas con fines de reventa. 

Esta medida cobija también al superintendente delegado para la Protección de la Competencia, Jorge Enrique Sánchez Medina, y otros funcionarios como Francisco Melo Rodríguez, Camilo Alfredo Bustamante Ordóñez, Lina María Díaz Viera, Orlando Enrique Acosta, Nohemí Rodríguez, Óscar Fabián Ramírez Rodríguez y Andrés Camilo Capera. 

El abogado Jaime Lombana presentó una queja disciplinaria contra el Superintendente y varios funcionarios del ente de control, porque afirma sin mediar orden judicial le solicitaron a Christian Tadeo Daes, de la empresa Tecnoglass, su celular para revisar sus conversaciones privadas y ante su negativa lo “constriñeron” y lo habrían amenazado con una multa de más de 1.475 millones de pesos. 

Al final, aceptó dar su celular y al parecer también su computador. Esto, habría sucedido según Lombana, un día antes del 15 de septiembre cuando se presentaron órdenes en el caso, para tener acceso a los datos. Pero además, se habría permitido el acceso de esa información a terceros. 

La Procuraduría va a entrar a revisar si constituye una falta disciplinaria y si actuó dentro de sus competencias. Para ello, cita al abogado Jaime Lombana a declarar, a los señalados en la queja, incluidos los terceros que habrían tenía acceso a la información. Y, visitará la entidad para revisar el expediente de la indagación.

¿EN QUÉ VA LA NEGOCIACIÓN DEL SALARIO MÍNIMO?

Como todos los años, y por compromisos de Ley, en el mes de diciembre se sientan en la mesa de concertación del salario mínimo los empresarios, trabajadores (representados por los sindicatos) y el gobierno (donde está el Ministerio de Trabajo) a acordar el incremento. Una negociación que se ha alargado más de lo esperado y de la que hoy todavía no se ve un posible acuerdo.

¿Qué dicen los sindicatos?

Las propuestas de los sindicatos que se sentaron en la mesa rondan un incremento entre el 10 y el 12% al que hay actualmente, que se paga por $737.717. Mientras la Confederación de Trabajadores de Colombia (CTC) y la Confederación General del Trabajo (CGT) apelan por un aumento del 10%, la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) busca el del 12%. 

Para estos sindicatos, dentro de los argumentos para exigir este incremento en el salario mínimo están la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores debido a la reforma tributaria, para incentivar el consumo y dinamizar la economía y porque el salario mínimo no alcanza para suplir las necesidades básicas de los trabajadores.

De ese modo, el salario mínimo que buscan los trabajadores para 2018 rondaría los $826.214. 

¿Qué dicen los empresarios?

Como suele suceder en esta negociación, las propuestas de los gremios fueron mucho menos ambiciosas. La ANDI y Fenalco abogan por un incremento del 4,7%, Asobancaria por uno del 4,5% y la Acopi y la SAC buscan proponen un 4,6%. 

Dentro de sus argumentos, los gremios consideran que un aumento muy alto del salario mínimo puede hacer muy costosa la contratación de nuevos trabajadores y afectar la generación de empleo. Además, consideran que su propuesta es atractiva considerando la inflación proyectada (alrededor del 4 por ciento) y que la productividad de este año fue negativa (-0,24 por ciento). 

Los gremios también resaltan que durante los dos últimos años, el aumento del mínimo ha estado por encima de la inflación por lo que ha aumentado el poder adquisitivo.

Así, la propuesta de salario mínimo de los empresarios estaría por los $770.914, es decir una diferencia de $55.329 respecto a lo que piden los sindicatos de trabajadores.

Las negociaciones continúan

El pasado 15 de diciembre se cumplió el primer vencimiento para que las partes llegaran a un acuerdo. Sin embargo, el plazo máximo legal para la expedición del decreto con el incremento del salario mínimo es el 30 de diciembre.

En los últimos 20 años sólo se ha llegado a un acuerdo en cinco oportunidades. Por tanto, solo hay un 25 por ciento de probabilidades de que se llegue a un acuerdo.

EDWARD RODRÍGUEZ Y ANGÉLICA LOZANO, LOS MEJORES REPRESENTANTES DEL 2017, SEGÚN SUS COLEGAS

Infortunadamente la medición de los mejores Representantes a la Cámara se enmarca inicialmente con quienes asistieron a todas las sesiones del Congreso de la República porque una de las razones que ha seguido empañando al órgano legislativo es el alto ausentismo que puso en peligro importantes proyectos de ley y reformas constitucionales como las de la implementación de los acuerdos.

En un sondeo realizado entre los representantes a la Cámara se establecieron varios puntos a resaltar en la búsqueda del mejor representante, como por ejemplo, las bancadas más juiciosas en la Cámara de Representantes fueron las del Polo Democrático, Alianza Verde y el Centro Democrático.

En los últimos años de este periodo legislativo se ha resaltado la labor del representante a la Cámara del partido de la U por Caldas, Hernán Penagos, un experto en constitucional quien ha sido el ponente de los proyectos de ley más importantes que ha debatido esta corporación.

Las mujeres han tenido gran importancia en esta legislatura, es el caso de las representantes Clara Rojas – Liberal, Olga Lucía Velásquez – Liberal, Ángela María Robledo – Alianza Verde, María Fernanda Cabal – Centro Democrático, y Angélica Lozano – Alianza Verde, entre otras congresistas. 

Los representantes que se han destacado en sus partidos por ser propositivos y defender los ideales de sus colectividades han sido, Samuel Hoyos del Centro Democrático, Alirio Uribe del Polo Democrático, Víctor Correa del Polo Democrático, Inti Asprilla de la Alianza Verde, Carlos Chacón del liberalismo, Jack Housni del Partido Liberal y Telésforo Pedraza del Conservatismo.

La Cámara de Representantes le hace un reconocimiento a dos representantes: Germán Navas Talero, por ser una de las autoridades en Derecho de las plenarias de la Cámara y la Comisión primera de ese mismo órgano legislativo y Rodrigo Lara, que pese a que para el Gobierno y un gran grupo de congresistas fue ‘piedra en el zapato’ de varios proyectos de ley y actos legislativos, al final del periodo sacó adelante los compromisos del órgano legislativo con la implementación del acuerdo de paz.

Los congresistas de la Cámara resaltaron la labor en este año de uno de los representantes que se convirtió en el vocero de su partido que es oposición al gobierno del presidente Santos y por su gestión en la Comisión de Acusación dentro del proceso del peor escándalo que ha vivido la Justicia, se ha ganado la admiración de muchos en la Cámara; es el representante Edward Rodríguez del Centro Democrático.

Al tiempo, los congresistas encuestados eligieron a Angélica Lozano de la Alianza Verde como la mejor mujer en la Cámara de Representantes por ser propositiva en los debates más álgidos tanto en plenaria como en su comisión primera. Ha sido ponente de varios proyectos de acto legislativo y ha denunciado la corrupción dentro del Congreso.