GUSTAVO MORENO SERÍA EXTRADITADO A ESTADOS UNIDOS EN ABRIL
El exfiscal anticorrupción Gustavo Moreno estaría a punto de irse a Estados Unidos, a reponder por lavado de activos para promover el soborno y la corrupción en Colombia. Este martes se conoció que el presidente Juan Manuel Santos firmó su extradición el pasado 22 de diciembre, casi un mes después de que la Corte Suprema de Justicia avaló el procedimiento.
Su extradición, sin embargo, tiene la salvedad de que Moreno responda primero por sus procesos en Colombia, donde es el ventilador principal del cartel de la toga, y en especial de los que tiene pendientes ante la Procuraduría, luego de que, la semana pasada, el procurador general Fernando Carrillo le hizo una petición expresa al mandatario en ese sentido.
Moreno y el abogado Leonardo Pinilla fueron pedidos en extradición por una Corte del sur de Florida. Justo en ese estado gringo fue donde estalló el cartel de la toga, cuando a través de las interceptaciones que hizo la DEA a las conversaciones entre Pinilla y el exgobernador de Córdoba Alejandro Lyons, se empezó a delevar el funcionamiento del entramado de corrupción, en el que varios magistrados de la Corte Suprema pedían sobornos a congresistas y mandatarios para torcer sus procesos.
Las reuniones de Moreno en Estados Unidos fueron vigiladas, grabadas, y documentadas por agentes federales de ese país. En una de ellas habría recibido un abono de 10.000 dólares. Esas movidas son las que lo tienen en problemas con la justicia gringa, tanto que desde el comienzo del proceso en Colombia, la extradición era inminente, y los dos aparatos judiciales adelantaron convenios de cooperación en el caso.
En Colombia, por su parte, el exfiscal ha comparecido ante la Corte Suprema de Justicia y la Comisión de Acusación de la Cámara, donde ha mencionado a los magistrados Francisco Ricaurte (ya preso), Leonidas Bustos y Gustavo Malo como integrantes de la nómina del cartel, del que, según sus señalamientos, fueron clientes congresistas como Álvaro Ashton, Musa Besaile y Nilton Córdoba, entre otros.
Sin embargo, a partir de sus testimonios no queda claro si la lista de involucrados es mucho mayor, y si incluía o otros magistrados y también a funcionarios de menor rango dentro de la rama judicial. También hay espisodios alrededor de su figura que no se han esclarecido, como los padrinos y las movidas que se habrían dado para que llegara a ser el jefe de la unidad anticorrupción de la Fiscalía.
Por las cuentas que aún tiene que rendir en Colombia, precisamente, el procurador Carrillo le dirigió dicha carta al presidente Santos la semana pasada, en la que le pidió que no enviara a Moreno a Estados Unidos hasta que no atendiera todas las diligencias que tiene programadas en el país, especialmente las del Ministrio Público, donde se adelantan investigaciones disciplinarias alrededor del cartel. Ante esa solicitud, el mandatario le concedió cuatro meses más de estadía en Colombia al exfiscal, que está detenido en la Escuela de Artillería del Ejército.
Su extradición, sin embargo, tiene la salvedad de que Moreno responda primero por sus procesos en Colombia, donde es el ventilador principal del cartel de la toga, y en especial de los que tiene pendientes ante la Procuraduría, luego de que, la semana pasada, el procurador general Fernando Carrillo le hizo una petición expresa al mandatario en ese sentido.
Moreno y el abogado Leonardo Pinilla fueron pedidos en extradición por una Corte del sur de Florida. Justo en ese estado gringo fue donde estalló el cartel de la toga, cuando a través de las interceptaciones que hizo la DEA a las conversaciones entre Pinilla y el exgobernador de Córdoba Alejandro Lyons, se empezó a delevar el funcionamiento del entramado de corrupción, en el que varios magistrados de la Corte Suprema pedían sobornos a congresistas y mandatarios para torcer sus procesos.
Las reuniones de Moreno en Estados Unidos fueron vigiladas, grabadas, y documentadas por agentes federales de ese país. En una de ellas habría recibido un abono de 10.000 dólares. Esas movidas son las que lo tienen en problemas con la justicia gringa, tanto que desde el comienzo del proceso en Colombia, la extradición era inminente, y los dos aparatos judiciales adelantaron convenios de cooperación en el caso.
En Colombia, por su parte, el exfiscal ha comparecido ante la Corte Suprema de Justicia y la Comisión de Acusación de la Cámara, donde ha mencionado a los magistrados Francisco Ricaurte (ya preso), Leonidas Bustos y Gustavo Malo como integrantes de la nómina del cartel, del que, según sus señalamientos, fueron clientes congresistas como Álvaro Ashton, Musa Besaile y Nilton Córdoba, entre otros.
Sin embargo, a partir de sus testimonios no queda claro si la lista de involucrados es mucho mayor, y si incluía o otros magistrados y también a funcionarios de menor rango dentro de la rama judicial. También hay espisodios alrededor de su figura que no se han esclarecido, como los padrinos y las movidas que se habrían dado para que llegara a ser el jefe de la unidad anticorrupción de la Fiscalía.
Por las cuentas que aún tiene que rendir en Colombia, precisamente, el procurador Carrillo le dirigió dicha carta al presidente Santos la semana pasada, en la que le pidió que no enviara a Moreno a Estados Unidos hasta que no atendiera todas las diligencias que tiene programadas en el país, especialmente las del Ministrio Público, donde se adelantan investigaciones disciplinarias alrededor del cartel. Ante esa solicitud, el mandatario le concedió cuatro meses más de estadía en Colombia al exfiscal, que está detenido en la Escuela de Artillería del Ejército.
