IMPLEMENTAR EL ACUERDO DE PAZ NECESITARÍA UNA NUEVA REFORMA TRIBUTARIA: FEDESARROLLO

Durante muchos años y durante la época de la negociación con las Farc, el Gobierno insistió en que la firma del acuerdo de paz le iba a representar al país entre 1 y 2 puntos adicionales de crecimiento económico. Este "dividendo de la paz" iba a ser producto de un aumento en la tasa de inversión y el consumo de los hogares, así como de una mayor inversión extranjera y un repunte de las exportaciones.

Un trabajo de Fedesarrollo publicado esta semana sobre los Efectos Económicos del Acuerdo de Paz muestra cómo estos cálculos que hacía el Gobierno en cabeza del Departamento Nacional de Planeación, lucen ahora demasiado optimistas.

Es más, según este reconocido centro de estudios los beneficios económicos del acuerdo de paz serán relativamente moderados y en todo caso menores a los costos de la implementación.

La razón fundamental de que las estimaciones del dividendo de la paz se hayan moderado, es que hoy es claro que aún con el proceso de paz, los gastos militares deberán mantenerse en los niveles de los últimos años de conflicto armado (aproximadamente 3,4 por ciento del PIB), "en la medida en que se hará necesario consolidar la presencia estatal en aquellas zonas que fueron afectadas por la guerrilla".

De hecho, según Fedesarrollo, el cambio en el uso de los recursos que se destinan al conflicto armado tomará más de una década en reflejarse en la composición del presupuesto.

Con esto, el Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP) de 2017 calcula que el dividendo total, en ausencia del conflicto armado con las Farc e incluyendo las inversiones para la paz, asciende a 0,3 puntos porcentuales del PIB en promedio durante los próximos 15 años.

Esto beneficios alcanzarían su pico entre 2024 y 2026, pero dado que se materializarán esencialmente en las zonas más afectadas por el conflicto "su impacto a nivel agregado es marginal y podría pasar desapercibido". Para esto, son los beneficios tributarios de las Zomac y herramientas como las obras por impuestos.

En contraste, los costos que podría traer el acuerdo serán mucho mayores y podrían estar subestimados. En el MFMP de 2017 se calcula que la implementación tendrá un costo de 129,5 billones de pesos constantes de 2016 durante los próximos 15 años, lo que representa aproximadamente un 0,7 por ciento del PIB por año. La mayor parte del gasto está asociada a una reforma rural integral. No obstante, este cálculo solo abarca los 170 municipios más afectados por el conflicto armado por lo que podría ser mucho mayor.

Ante las grandes restricciones fiscales que tiene hoy el país, es claro que la financiación del posconflicto representa un gran reto para los próximos años. Según Fedesarrollo, el país se enfrentará al dilema de "revisar nuevamente su estructura tributaria y/o el de hacer reformas estructurales profundas para aumentar la eficiencia y eficacia de los gastos en otros sectores, de tal forma que se puedan reasignar recursos hacia el desarrollo rural".

Esto significa que el próximo gobierno que sea elegido tendrá que hacer una nueva reforma tributaria y otra serie de complejas reformas.

ELIGEN NUEVOS PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE DEL CONSEJO DE ESTADO

La Sala Plena del Consejo de Estado eligió a los doctores Germán Bula Escobar y Ramiro Pazos Guerrero como nuevos presidente y vicepresidente del Consejo de Estado, respectivamente. 

El nuevo presidente de la corporación, quien integra la Sala de Consulta y Servicio Civil, es abogado de la Universidad del Rosario con maestría en ciencias económicas de la Universidad Nacional de Colombia y maestría en ciencia política y liderazgo democrático del Instituto de Altos Estudios Europeos de Madrid (España). 

Fue conjuez del Consejo de Estado; consultor en derecho administrativo, civil y comercial; director de la Agencia Colombiana de Cooperación Internacional de la Presidencia de la República, ministro de Educación Nacional, árbitro de conciliación de la Cámara de Comercio, vicecontralor general de la República y embajador en Venezuela, entre otros. 

Como docente se ha desempeñado en las universidades de Los Andes, Nuestra Señora del Rosario, Libre, Jorge Tadeo Lozano, Javeriana y en la Escuela Superior de Guerra. 

Por su parte, el nuevo vicepresidente, doctor Ramiro Pazos Guerrero, hace parte de la Sección Tercera. Obtuvo su título de abogado en la Universidad de Nariño, es especialista en derecho público de la Unidad Nacional, magíster en estudios avanzados y doctor en derecho de la Universidad Carlos III de Madrid (España), con mención Cum Laude. 

En el campo profesional ha estado vinculado a la Rama Judicial, desempeñándose como juez promiscuo municipal, civil municipal, civil del circuito, magistrado auxiliar del Consejo de Estado y magistrado del Tribunal Administrativo de Cundinamarca entre el 2001 y el 2012. 

El doctor Bula reemplaza en la Presidencia al doctor Jorge Octavio Ramírez Ramírez, mientras que el doctor Pazos asume el cargo de vicepresidente, que hasta la fecha ocupó quien hoy funge como presidente de la corporación. 

Tomada de: Consejo de Estado

ARRANCAN INDAGATORIAS PARA MILITARES POR TORTURAS EN LA RETOMA DEL PALACIO

Tras 32 años, desde el holocausto del Palacio de Justicia, la Fiscalía sigue en diligencias y tratando de establecer con certeza qué ocurrió en el llamado operativo de retoma y que derivó en esta tragedia sin un cálculo exacto de víctimas. 

Ahora la Fiscalía le dio apertura a una serie de diligencias que incluyen indagatorias a oficiales en retiro del Ejército. Las indagatorias arrancan con el general en retiro Iván Ramírez Quintero y lo siguen 14 militares más involucrados en una larga investigación por las torturas a víctimas de esa retoma. 

Las diligencias salen de recientes declaraciones y hallazgos de los investigadores del caso y que en criterio de la Fiscalía es necesario investigar, incluso por petición de familiares de nueve trabajadores del Palacio de Justicia y dos estudiantes que estaban ese trágico día.

Tomada de: Caracol Radio.

PROCURADURÍA REVELA EXISTENCIA DEL CARTEL DEL SIDA EN CÓRDOBA

La Procuraduría alertó sobre la existencia de un nuevo cartel en el sector salud, en el cual las EPS estarían cobrando medicamentos, servicios médicos, citas de control para falsos pacientes de Sida en el departamento de Córdoba, departamento donde se desató el llamado ‘cartel de la hemofilia’.

La alerta es tan grande, en que procurador general, Fernando Carrillo, calificó como “un juego de niños” el escándalo de la hemofilia, al lado del nuevo cartel del Sida, el cual estaría conformado por funcionarios del sector salud y políticos.

Además, el procurador Carrillo anunció que la próxima semana el Ministerio Público se tomará el departamento de Córdoba para revisar la contratación de las EPS, incluso no se descarta que el fraude se haya desatado durante la administración del exgobernador Alejandro Lyons.

El anuncio se conoció desde el parque Libertadores, en donde Carrillo presenta el informe de gestión sobre su primer año a cargo de la Procuraduría General de la Nación.

En relación con el cartel de la hemofilia, según las investigaciones, se pagó cerca de 50.000 millones de pesos a centros médicos por suministrar medicinas a pacientes con hemofilia que nunca existieron.

Tomada de: RCN radio.

LA LUCHA PRESIDENCIAL EN BRASIL

La contienda para remplazar al presidente Michel Temer en octubre está tomando la forma de un asunto turbulento y amargo, con los votantes brasileños enfrentando opciones marcadamente diferentes.

Los dos candidatos que encabezan las preferencias están en los lados opuestos del espectro político y ambos aportan kilos de equipaje político a la contienda.

Luiz Inácio Lula da Silva, quien va a la cabeza, es una figura transformadora de la izquierda latinoamericana. Gobernó de 2003 a 2011 y está compitiendo para regresar en un tercer periodo, lo que representaría el dramático retorno de su Partido de los Trabajadores después de la destitución de la presidenta Dilma Rousseff en 2016.

El gran predicamento de Da Silva es que, en los próximos días, una corte de apelaciones podría hacerlo inelegible como candidato al cargo si confirma una condena y una sentencia de casi diez años en prisión por corrupción y lavado de dinero emitida en julio.

Detrás de él, en segundo lugar, está el diputado Jair Bolsonaro, un legislador de extrema derecha con una larga trayectoria de comentarios groseros e incendiarios de menosprecio hacia mujeres, negros y homosexuales.

El ascenso de Bolsonaro ha asombrado a los brasileños, algunos de los cuales lo consideran un síntoma de cuán conflictiva se ha vuelto la cuarta democracia más grande del mundo. En contraste, una base de fervientes simpatizantes ven al exmilitar como la solución radical necesaria para dar la vuelta a la suerte de una nación aquejada por una violencia agobiante, una epidemia de corrupción y una recuperación dispareja de una prolongada recesión económica.

Para los votantes que buscan algo intermedio, las opciones son limitadas.

Quienes están en el centro han batallado durante meses para apuntalar a un candidato moderado viable, pues los escándalos de corrupción han ensuciado a varias figuras de la clase dirigente.

Tomada de. The New York Times

EN SOLO CUATRO DÍAS, MÁS DE MIL PERSONAS FUERON DESPLAZADAS POR HECHOS VIOLENTOS EN EL PAÍS

La Defensoría del Pueblo alertó a las autoridades para que tomen medidas que garanticen los derechos de más de 1.000 personas que han tenido que desplazarse entre el 17 y el 20 de enero a causa de hechos violentos ocurridos en zonas como el Bajo Cauca, Sur de Córdoba y los límites entre Boyacá y Casanare.

El primer hecho se presentó el 17 de enero en el Consejo Comunitario La Voz de los Negros del municipio de Magüi Payán (Nariño), por enfrentamientos entre miembros del ELN y disidencias de las FARC, causando el desplazamiento forzado de 45 familias (172 personas).

Un segundo caso se produjo luego del asesinato del presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda San Pedrito de San José de Uré (Córdoba) el 18 de enero. Debido a éste hecho 75 familias (375 personas) tuvieron que salir de la zona por las amenazas que recibieron de miembros del grupo denominado “Caparrapos” y por los inminentes enfrentamientos entre estos y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC).

De igual manera, desde el Resguardo Indígena Dochama, colindante con el lugar de los hechos, se advierte sobre la posibilidad del desplazamiento de más personas.

En un tercer evento ocurrido el 19 de enero se desplazaron 149 familias (383 personas) miembros del Pueblo Zenú y comunidades campesinas, de las veredas Piamonte, Ponciano Bajo, Ponciano Alto, Tamaná, Alto del Tigre, El Tigre, Anará, San Francisco y Campanario del municipio de Cáceres (Antioquia) y 25 familias (125 personas) de la vereda Puerto Colombia del municipio de Caucasia.  Lo anterior debido a la presencia de hombres armados que se movilizaban por la zona informando a la comunidad que se enfrentarían con un grupo armado ilegal proveniente de Barro Blanco (Tarazá). De igual manera, se encuentran en riesgo de desplazamiento otras 350 familias residentes en la zona.

Una nueva situación se presentó el 20 de enero, cuando tres familias de la inspección Morcote del municipio de Paya (Boyacá) se desplazaron por la ocurrencia de enfrentamientos entre la Fuerza Pública y el ELN, y se encuentran en riesgo de desplazamiento otras familias de la región.

Ese mismo día, en el Consejo Comunitario Bajo Calima, en la vereda La Esperanza del municipio de Buenaventura, se dio el estallido de un artefacto explosivo y presencia e intimidación por parte del ELN a miembros de la comunidad. Allí, la Junta Directiva del Consejo Comunitario advirtió a la Defensoría del Pueblo sobre el riesgo de desplazamiento de cinco comunidades.

Por estos hechos el Defensor del Pueblo, Carlos Alfonso Negret Mosquera, hace un llamado a las autoridades del Gobierno Nacional y a los entes territoriales para que se dispongan las medidas necesarias para la atención integral a la población desplazada y para la protección de las personas que están en riesgo de desplazamiento.

Información de: Defensoría del Pueblo

LOS NOVIAZGOS NO PUEDEN CONFUNDIRSE CON UNIÓN MARITAL DE HECHO

La Corte Suprema de Justicia determinó, que los noviazgos no pueden confundirse con la unión marital de hecho al revisar el caso de una mujer que pedía que fuera reconocida como pareja permanente de un hombre miembro de Policía, que falleció.

La mujer acudió a la Corte porque las instancias judiciales que revisaron su caso le negaron cualquier derecho sobre lo que dejó el hombre, pero el alto tribunal les dio la razón. La relación que ella sostenía con él era amorosa, más no constituía un proyecto de vida.

“Es que dentro de las exigencias de la unión marital de hecho está la idoneidad de la alianza, es decir, que la pareja realmente quiera conformar una familia marital o, dicho en otros términos, que esté caracterizada por tratarse de un proyecto de vida, persistente en el tiempo compartiendo techo, lecho y mesa”, recalcó la corte en la sentencia. 

La mujer ni siquiera fue afiliada al sistema de salud de la Polícia por parte de su novio, y aunque ella argumentaba que eran dos años de convivencia juntos los que se exigían para hacer esa afiliación, el alto tribunal encontró que dicho requisito fue eliminado, por lo que su pareja pudo haberla afiliado sin ningún problema durante el tiempo que duraron juntos; que de hecho, al final alcanzó a ser de dos años y dos meses.

Tomado de: Caracol Radio