“SUSCRIBIREMOS UN PACTO DE TRANSPARENCIA ELECTORAL DE CARA AL PUEBLO COLOMBIANO”: MINISTRO GIL BOTERO

El pasado lunes 29 de enero, el Ministro de Justicia y del Derecho, Enrique Gil Botero, acompañado por el Viceministro de Política Criminal y Justicia Restaurativa, Carlos Medina Ramírez, presidió la sesión de la Comisión de Política Criminal Electoral y Seguimiento a Delitos Electorales celebrada en la Sala Plena del Consejo de Estado. Durante la reunión, Gil Botero aseguró que el gran objetivo es combatir, reducir y prevenir la criminalidad electoral en todas sus manifestaciones.

“Queremos posicionar la lucha contra la criminalidad electoral y en particular contra los carteles electorales como un asunto de seguridad nacional y de orden público, estimular el fortalecimiento institucional para afrontar tanto la prevención como la lucha contra estos carteles en lo judicial y en lo sancionatorio administrativo, así como también en las jurisdicciones penal y contencioso administrativo y en la responsabilidad disciplinaria, fiscal y administrativa”, dijo el funcionario.

Además indicó que esta Comisión busca mejorar la articulación y coordinación entre autoridades con responsabilidades directas e indirectas en lo electoral, primero en el orden nacional y luego en el territorial. “Destacamos la cooperación interinstitucional y el compromiso de todas las entidades que hacen parte de esta Comisión en la lucha contra los carteles criminales electorales”, indicó Gil.

De esta Comisión hacen parte el Ministerio de Justicia y del Derecho, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Educación, la Fiscalía General de la Nación, la Policía Nacional, la Procuraduría General de la Nación, la Registraduría Nacional del Estado Civil – Consejo Nacional Electoral-, la Defensoría del Pueblo, el Consejo de Estado y representantes del Senado de la República y la Cámara de Representantes.

En la sesión se conoció que algunos de los efectos adicionales de la criminalidad electoral son: deterioro en la calidad del debate público, disminución de los bienes públicos disponibles en calidad y cantidad para los más vulnerables, pérdida de confianza en el sistema democrático y las instituciones, entre otras.

El jefe de la cartera de Justicia, agregó que “necesitamos revertir la tendencia según la cual los delitos electorales no son graves y en donde la venta del voto se enraizó en nuestras costumbres políticas. Por eso queremos que toda la ciudadanía interiorice que nuestro voto no tiene precio. Sin el apoyo de la ciudadanía no podremos derrotar la corrupción que está destruyendo nuestra democracia”.

Gil Botero culminó su intervención asegurando que “estaremos vigilantes para garantizar el respeto a los topes electorales, prevenir y combatir la financiación ilícita de las campañas. Además vamos a convocar a todos los partidos políticos, movimientos políticos y grupos significativos de ciudadanos para suscribir un pacto de transparencia de cara al pueblo colombiano, en el cual quede claro su compromiso”.

EXEMBAJADOR JUAN JOSÉ CHAUX MOSQUERA PIDE PISTA EN LA JEP

El exembajador y exgobernador de Cauca, Juan José Chaux Mosquera, está buscando  entrar a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). 

Chaux, investigado por la Corte Suprema de Justicia por parapolítica, le solicitó al alto tribunal suspender el juicio en su contra considerando que quiere que su proceso sea estudiado por esa nueva justicia transicional. 

El investigado ya avanzó presentando un escrito de sometimiento a la JEP ante la secretaría de esa jurisdicción. Pero en medio del juicio, el magistrado Eugenio Fernández Carlier, ponente del caso, le dijo a Chaux que la Sala Penal estimó que "no es posible suspender el trámite de está actuación porque este es un rito establecido única y exclusivamente para las actuaciones penales en donde se encuentren vinculados miembros de las Farc que se hayan acogido al proceso de paz". 

Así, la Sala Penal consideró que no ha perdido competencia para seguir investigando a Chaux ya que, en caso de que se someta a la JEP, esa justicia podrá conocer su proceso sólo cuando esté operando. Para la Corte ese sistema de justicia aún no está vigente porque la Corte Constitucional no ha estudiado la ley estatutaria que estableció cuando entra en funcionamiento esa jurisdicción.  

Según la Corte, las normas establecieron que la JEP tiene tres meses para entrar en funcionamiento, contados a partir de la posesión de los magistrados, lo que quedó regulado con el artículo 33 de la ley estatutaria de esa jurisdicción.  Esa es la ley estatutaria que para la Sala Penal aún no ha entrado en vigencia ya que está pendiente del aval de la Corte Constitucional. 

Para la Corte "la solicitud de acogimiento a la JEP y la que ha de decidir si conoce este hecho delictivo, es la JEP", ya que ante el alto tribunal Chaux no ha hecho esta solicitud expresamente. 

El abogado del exdiplomático, Jesús Albeiro Yepes, aseguró que la ley que le dio vida a la Jurisdicción Especial para la Paz estableció que para los agentes del Estado hay un tratamiento especial y que su cliente está buscando acogerse a ese sistema de justicia transicional para "demostrar su inocencia en ese alto tribunal". 

Según Yepes, el delito por el que a Chaux "lo acusan es haber promovido un grupo instigándolo a la lucha contra las Farc, lo que tiene relación con el conflicto armado". 

Afirmó que "a la JEP pueden ir las personas a debatir su inocencia si se consideran inocentes o las que van a reconocer su responsabilidad". 

Según la investigación contra Chaux, el exrepresentante y exdiplomático habría tenido nexos con paramilitares. Mientras ostentaba su calidad de senador, Chaux asistió en el año 2001 a una ‘cumbre paramilitar’ en la finca La 21, en la que habría buscado apoyo para mantenerse en el Congreso en las elecciones del 2002. En ese momento no lo logró y se convirtió, un año después, en gobernador del Cauca.

Chaux fue embajador en el gobierno de Álvaro Uribe ante República Dominicana y hay versiones de jefes de las Auc, como Éver Veloza, ‘HH’, que lo señalan de haber buscado apoyo con los paramilitares que actuaron en Urabá, Antioquia y el Valle del Cauca.

LA CORRUPCIÓN, UN PROBLEMA QUE SURGE DE LA COTIDIANIDAD

Estudiantes de psicología de la Universidad Manuela Beltrán realizaron un experimento social que encontró que las conductas de corrupción no se dan solamente en un ámbito político o económico, sino que vienen de contextos más cotidianos.

El experimento consistía en poner una prueba que no podía ser solucionada: Escribir 100 palabras que iniciaran con la misma letra en 4 minutos, si la persona lograba cumplir el reto, ganaba un bono por $50.000 pesos; ante la inevitable pérdida, el investigador le ofrecía a los concursantes una nueva opción, decir que el concurso había sido solucionada y dividir el dinero entre el concursante y él.

El experimento fue realizado a 900 hombres y 475 mujeres entre los 18 y los 40 años, el 79% de las mujeres accedieron al igual que el 89% de los hombres.

Según estos resultados, los estudiantes y docentes realizaron un análisis para hacer algunas conclusiones: que existe en los hombres, tendencias mayores a entrar en conductas de corrupción a las mujeres; las personas acceden a este tipo de tratos cuando están acompañados, por lo que llaman los psicólogos como “presión o influencia social”.

Muchos de los participantes aceptaban el trato pensando que al acceder, estaban ayudando al investigador, “Es algo que ocurre en el contexto colombiano, las personas piensan que este tipo de comportamientos son los que se llaman Actos de viveza, sin pensar que un experimento como este puede afectar resultados o indicadores que pueden ser importantes incluso para todo el país” así puntualizó Jeisson Palacios, director del Programa de Psicología de la Universidad.

Otras conclusiones están relacionadas con el ambiente en general que vivimos los colombianos, según Palacios, “Un hogar que fomenta una competitividad no sana, está formando un adolescente o adulto que posteriormente no le importará pasar sobre los demás para cumplir sus objetivos.

Otros contextos que influyen en la creación de pensamientos y conductas corruptas son la educación, el ambiente laboral e incluso los productos que los colombianos consumen a través de medios como la televisión y las redes sociales.

Tomada de: Caracol Radio

ORDENAN CAPTURA AL EXFISCAL QUE HABRÍA RETRASADO INVESTIGACIONES POR EL ‘CARTEL DE LA HEMOFILIA’

Un juez de conocimiento revocó en segunda instancia la libertad que le fue concedida al exfiscal anticorrupción en Córdoba, Daniel Díaz Torres, investigado por el denominado escándalo del ‘cartel de la hemofilia’ en ese departamento.

El despacho ordenó la captura inmediata de Díaz Torres, quien es procesado por supuestamente de recibir 300 millones de pesos del senador Musa Besaile, para retrasar las investigaciones por las presuntas irregularidades en el programa de salud.

Las autoridades señalaron que el exfiscal se encuentra en la ciudad de Medellín. El funcionario judicial ordenó la reclusión del investigado en un centro de reclusión para adelantar un proceso penal en su contra.

La Fiscalía General le imputó en octubre de 2017 los delitos de cohecho propio por dar u ofrecer, y concierto para delinquir, de los cuales se declaró inocente. 

Según indicó la Fiscalía en la imputación, “entre los años 2013, 2014, 2015, y 2016, el exsecretario de Salud José Jaime Pareja, junto con otras personas se apropió de cerca de 50 mil millones de pesos, pertenecientes al programa para la salud en el departamento de Córdoba”.

En la investigación se reseñó que “Luis Gustavo Moreno, desde la Unidad Anticorrupción, removió a la Fiscal Martha Sepúlveda quien adelantaba las investigaciones por el cartel de la hemofilia en Córdoba, para nombrar en ese cargo a Daniel Díaz, y montar el cartel del desfalco y corrupción de la salud en ese departamento”.

Los señalamientos apuntan contra el Fiscal Daniel Fernando Díaz a quien la Fiscalía afirma “que estaba retrasando las investigaciones contra el Senador Musa Besaile, el Gobernador de Córdoba, hermano de Musa Besaile, Edwin Besaile, y al ex secretario de Salud de Córdoba José Jaime Pareja, por apropiarse de fuertes sumas de dinero del programa de salud de Córdoba para tratamientos de la hemofilia”.

Bajo esa información la Fiscalía, añadió que “el Fiscal Daniel Fernando Díaz Torres conocía el entramado de corrupción del cartel de la hemofilia, y quienes eran sus principales partícipes. Sabía cuáles eran los intereses de las dos IPS gravemente cuestionadas por este caso. Las IPS ´Unidos por su Bienestar´, y ‘San José de la Sabana’, representadas por el señor Guillermo Pérez Ardila, llamado también a imputación de cargos por estos hechos”.

La Fiscalía señala “al exfiscal Anticorrupción Luis Gustavo Moreno de cobrar a través del abogado Leonardo Pinilla, la suma de 1.500 millones de pesos al ex secretario de Salud de Córdoba José Pareja para no judicializarlo, así como al actual Gobernador Edwin Besaile, para no las investigarlo”.

Por estos hechos la Fiscalía ordenó investiga al exdirector anticorrupción Luis Gustavo Moreno, el abogado Luis Leonardo Pinilla Gómez, el senador Musa Besaile, y el representante de las IPS, Guillermo Pérez Ardila.

Tomada de: RCN Radio.

POLICÍA NACIONAL CAPTURA A TAXISTA POR FEMINICIDIO

El pasado jueves 25 de enero, a las 6 y 20 de la tarde, el taxista Javier Antonio Suárez Moreno, de 39 años, llevó en su vehículo a un hospital del municipio de Bello (Antioquia) el cadáver de su pareja sentimental, de 16 años, quien recibió más de 15 heridas por arma blanca, el hombre, quien presentaba rasguños en el cuello, manifestó a los médicos que la joven fue lesionada al oponerse a un hurto.

Moreno cambio la versión varias veces al ser interrogado por servidores de la Sijín de la Policía Nacional. 

Dentro del automotor conducido por Suárez Moreno se encontró abundante sangre en el puesto del copiloto y una navaja, también impregnada de sangre. De acuerdo con los testimonios obtenidos por los investigadores, el hoy procesado era demasiado controlador con la menor y constantemente le revisaba su celular.

El investigado, quien presentaba varias anotaciones judiciales por hurto, fue capturado por la Policía Nacional en el municipio de Santa Fe de Antioquia, la Fiscalía General de la Nación le imputo el delito de feminicidio agravado.

FISCALÍA PIDE CÁRCEL PARA ASALTANTE DE ROSALES

Por los delitos de homicidio agravado en modalidad de tentativa, hurto calificado, hurto agravado y fabricación, tráfico o porte de armas de fuego, en la tarde de este lunes será puesto a disposición de un juez el hombre capturado como supuesto responsable del atraco a una mujer en estado de embarazo en el norte de Bogotá. 

Se trata de Luis Alexander Peña, el segundo capturado por este caso y que de acuerdo con la Fiscalía estuvo en el lugar de los hechos. Él era el encargado de manejar el vehículo de escape con el resto de asaltantes, los mismos que se llevaron la camioneta de la víctima y que más tarde recuperó la Policía en el municipio de Facatativá. 

La Fiscalía tiene en su poder vídeos de las cámaras de seguridad, fotografías, testimonios y otros elementos recopilados, para imputar los cargos y solicitar al juez una medida de aseguramiento en centro de reclusión.

Tomada de: Caracol Radio

ELN SE ATRIBUYE ATENTADO CONTRA ESTACIÓN DE POLICÍA EN BARRANQUILLA

El Eln se atribuyó el ataque con explosivos ocurrido el pasado sábado contra una estación de Policía en Barranquilla y que deja, hasta el momento, varios uniformados muertos además de 41 personas heridas.

A través de una de sus cuenta de Twitter, @eln_ranpal_col, compartió un comunicado que había estado circulando en internet y cuya veracidad estaba siendo verificada por las autoridades, en donde se responsabiliza del ataque.

En el comunicado, del grupo armado afirma que el ataque "es una respuesta" del Frente de Guerra Urbano Nacional del Eln a un "panorama" en que "el Gobierno Nacional se rehúsa a dar respuestas a las necesidades de la población, inventa excusas para no garantizar sus derechos y usa a la fuerza pública para reprimir al pueblo que se cansa de aguantar y pelea por su sobrevivencia y dignidad".

La comunicación termina diciendo que "persisten en una solución política al conflicto social y armado que vive el pueblo colombiano, en un diálogo de Paz que atienda las voces de los más necesitados y excluidos".

Este ataque, ahora admitido por el Eln, ocurre luego de que el 21 de enero, atendiendo el llamado de la misión de la ONU, el presidente Juan Manuel Santos ordenara el regreso de Gustavo Bell, jefe negociador del gobierno con esa guerrilla a Quito para tratar de reactivar el cese del fuego, vigente entre el primero de octubre y el 9 de enero.Luego de la última reunión entre las partes, el pasado 26 de enero, se había dicho que Bell regresaría el 31 de enero a Quito.

Tomado de: El Tiempo